Urbanismo, el talón de Aquiles de Llanes

ELCOMERCIO/Asturias* : En los últimos tiempos si hay una cuestión que se les ha atragantado a los distintos gobierno municipales de Llanes, es claramente el urbanismo. Y es que desde hace unos años los tribunales han derogado una tras otra las distintas normativas en esta materia que se han ido aprobando el concejo, hasta tal punto de que actualmente el de Llanes es uno de los pocos municipios de todo el país que carece de un ordenamiento urbanístico vigente.
La historia reciente ha hecho que los distintos colectivos del concejo desconfíen de la eficacia de sus gobernantes locales en esta cuestión, como quedó patente tras la convocatoria de la Agenda 21, que tuvo lugar esta semana y en la que se presentó a las asociaciones, a grandes trazos, el documento de prioridades que este martes será llevado a Pleno y que, salvo sorpresa de última hora, será aprobado por el equipo de gobierno socialista gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Consistorio.

Y es que en los últimos años han sido numerosos los varapalos jurídicos, en forma de sentencias, que se han llevado los distintos planeamientos urbanísticos del concejo. El más sonado fue el de febrero de 2011, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de 2007, que anulaba el planeamiento urbanístico aprobado en el 2002. Este dictamen del máximo órgano jurídico del país dejó sin ordenamiento urbanístico al municipio, ya que las anteriores Normas Subsidiarias, previas a los planes generales, fueron también derogadas por los tribunales en 1997.
Aquella sentencia del TSJA anuló el plan «por su directa vulneración de la legalidad urbanística» argumentando, entre otros muchos puntos, que no se hubiese sometido a información pública las notables modificaciones que introdujo la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en el documento definitivo. Por lo que tanta o más culpa de que Llanes esté sin planeamiento tienen los que en aquel momento eran los dirigentes locales, pero también los regionales. Aquel documento, que suponía el soporte legal para la construcción de 5.000 viviendas en el municipio, quedó anulado definitivamente.
Pero es que las sentencias contrarias a las actuaciones urbanísticas llaniscas han sido casi una constante en los últimos años. En mayo de 2010 se anuló el Plan Parcial de la Talá, donde se iban a construir 480 pisos en vivienda en bloque, además de 90 chalets. Y por anular incluso anularon la adjudicación de la redacción del nuevo Plan General, que se otorgó a la empresa Malt. La sentencia más reciente se conoció hace escasas jornadas y condenaba al Ayuntamiento a pagar 500.000 euros en concepto de daños y perjuicios por demoler un chalet en Niembro que contaba con licencia de obra, pero que se estaba construyendo en unos terrenos que el Consistorio recalificó como urbanos y que los Tribunales anularon al entender que carecían de las exigencias legales reglamentarias que precisan este tipo de suelos.
Una sentencia que el Ayuntamiento recurrirá, pero que si finalmente los tribunales vuelven a dar la razón a los particulares, tendrán que pagar. Y lo harán, salvo sorpresa, con dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos llaniscos, que no tuvieron nada que ver en estas recalificaciones. Un hecho que duele, pero que aún lo hace más en unos tiempos de crisis como la actual en el que, por desgracia, tener un trabajo ha pasado de ser un derecho a convertirse en un privilegio. Y es que de los 14.000 vecinos censados en el concejo, 1.300 se encuentran en situación de desempleo. Y si trasladamos estos datos a la población en edad activa, nos da que el 26% de los llaniscos que podrían y quieren trabajar están en paro. Por eso la sociedad exige que los gestores de lo público, ya que su sueldo proviene de los impuestos de los vecinos, hagan bien su trabajo.
Lo que parece evidente es que los tribunales tienen puesto su foco en Llanes, en lo que a urbanismo se refiere, y no tienen previsto que los gobernantes políticos, ya sean locales o regionales, se salgan un ápice de la línea que marcan las normativas y la legalidad en este cuestiones de ordenamiento.
Técnicos municipales
El nuevo texto urbanístico comenzó a ser redactado a finales de verano por un equipo integrado, en su mayor parte, por técnicos municipales aunque también cuenta con abogados del bufete Garrigues para realizar las tareas de asesoramiento legal.
En dos días -este martes- se presenta ante el Pleno municipal para su votación el documento de prioridades del Plan General de Ordenación. Lo lógico es que el texto salga adelante ya que el PSOE tiene mayoría absoluta. Los dos partidos de la oposición están analizando estos días los cambios que se han acometido en el texto, respecto al borrador inicial, para decidir el sentido de su voto. Unas variaciones que buscan, principalmente, ajustar el documento a las distintas sentencias que se han ido emitiendo estos años contra los planeamientos llaniscos.
Entre estas modificaciones está la eliminación de los suelos urbanizables que se encontraban al sur de Nueva, donde estaba previsto construir 114 viviendas en el anterior PGO, pero también se suprime una zona urbanizable al oeste de Niembro -donde se encontraba el chalet que tuvo que ser demolido- o se borran este tipo de suelos en la zona de Buelna, justo al norte del vial ferroviario.
Colectivos de Llanes
Los principales colectivos de Llanes confían en que ésta vez vaya la vencida y que este Plan General que se está elaborando sea el definitivo, por el bien de Llanes y de sus 14.000 vecinos.
Desde el colectivo de constructores, su presidente lo dejó claro hace unas jornadas. «Pedimos a los políticos que piensen las consecuencias que se derivan de sus actos. Les pedimos que sean responsables y eficaces», exigió el constructor, quien recordó que «en España tenemos miles de ejemplos de planeamientos urbanísticos bien hechos».
El representante del colectivo de hosteleros Allares, José Vía, también reclamó a los políticos «que lleguen a un acuerdo entre todos porque eso será bueno para Llanes». Emilio Obeso, del Club Marítimo, apuntó, tras la Agenda 21, que «entendí que al hacer urbanos los núcleos rurales se potencia la vivienda en bloque en vez de la unifamiliar».
Por su parte el colectivo vecinal Avall cuestiona la legalidad del documento urbanístico que se va a llevar a Pleno. Su presidente, Domingo Goñi, ya indicó que se han puesto en contacto con la Fiscalía de Medio Ambiente para que «esté al tanto del documento porque no vamos a esperar otros 10 años».
Por el bien de todos los llaniscos sólo cabe desear suerte a los dirigentes locales para que elaboren un texto que permita el desarrollo del concejo, tanto a nivel económico como social e industrial, pero siempre bajo unos criterios de sostenibilidad y legalidad.


* El Comercio - 26.02.12 - TERRY BASTERRA
Foto: Imagen panorámica de Buelna, donde en las últimas modificaciones del PGO se han eliminado suelos urbanizables justo al norte del vial ferroviario. :: NEL ACEBAL

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