La Fiscalía de Granada pide 28 años de inhabilitación y dos de cárcel para el alcalde de Otura

IDEAL* : Está acusado de presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
La Fiscalía pide 28 años de inhabilitación especial y otros dos de cárcel para el alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), por presunta prevaricación urbanística en la concesión de licencia de ocupación de unas viviendas y posterior recepción de las obras sin que estuvieran acabadas.
En su escrito de acusación, el fiscal solicita también 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público y otros dos de cárcel para los cuatro miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron la operación junto al alcalde.
La Fiscalía atribuye a los cinco la presunta autoría de un delito continuado de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria, mientras que al alcalde lo acusa también de un delito continuado de prevaricación ordinaria, según el escrito.

Los hechos se remontan a julio de 2007, cuando los acusados adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización del plan parcial de desarrollo de las normas subsidiarias, conscientes, dice la Fiscalía, de que este proceder era contrario a las normas urbanísticas vigentes.
Y ello porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) prohíbe expresamente la concesión de licencias de primera ocupación sin la previa finalización de las obras.
Los acusados prescindieron también del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad, pese a que tal omisión había sido advertida por el secretario municipal.
En octubre de ese año, los acusados, también de forma unánime, votaron a favor de la concesión de licencia de ocupación para un total de 46 viviendas de la misma urbanización, "con idénticas infracciones legales", pues las obras seguían sin estar terminadas ni recepcionadas por el Ayuntamiento, había un informe contrario del técnico municipal y se prescindió del informe jurídico.
Según el fiscal, la concesionaria de las obras pidió la recepción parcial de las mismas, si bien el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable al entender que éstas tenían importantes defectos y omisiones, entre otras consideraciones.
Pese a ello, la Junta de Gobierno Local acordó la recepción de las obras de urbanización sin hacer referencia a su "carácter parcial" (para favorecer así la recepción total) y condicionándola a que en el plazo de 90 días se subsanasen las deficiencias.
Pero "transcurridos solo quince días de los noventa fijados" y en virtud de un escrito de la concesionaria en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde "tomó la decisión de poner fin al procedimiento cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización" y en noviembre de 2007 ordenó al técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.
El técnico volvió a informar en contra de la recepción, pese a lo cual el alcalde, "llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras (..) aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables y haciendo caso omiso a lo informado por el funcionario de la corporación", dio por subsanados los defectos y recepcionó las obras, según la Fiscalía.


* Ideal - 09.02.12 - EFE
Foto: Otura (Granada), ayuntamiento - foro-ciudad.com

1 comentarios :

pepeman dijo...

Concedieron licencia de obras, sin que las viviendas estén en condiciones de ser ocupadas por graves fallos, algunos de ellos irrecuperables. La promotora no puede poner a la venta las viviendas, porque no hay quien compre viviendas con todo tipo de fallos. Me da igual que este alcalde sea del PP, o del PSOE y que cada palo aguante su vela. No se pueden permitir los abusos.


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