El Consell adjudicó a Sedesa dos obras sin haber ganado los concursos

ELPAÍS/Valencia* : Unas obras de “conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte” fueron adjudicadas en 1999 por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte a una unión temporal de empresas (UTE) que lideraba Sedesa. Por otra parte, en 2008, la Consejería de Infraestructuras y Transporte adjudicó a Sedesa la construcción de un puente sobre el río Bergantes, en Sorita. En ninguno de ambos casos la empresa que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de la Cortes, Juan Cotino, había ganado el concurso.
Así lo revela la documentación a la que ha tenido acceso el diputado socialista Francesc Signes, después de tres años de reclamar reiteradamente los expedientes de contratación de la Generalitat con el grupo Sedesa.

El concurso para la reparación de la carretera en Castellón, efectivamente, fue ganado por la oferta de Lubasa, que obtuvo una puntuación de 8,43. La UTE de Sedesa quedó en segundo lugar de las tres que fueron aceptadas a la licitación, con 7,69 puntos, seguida de Pavasal, que logró 7,58. Sin embargo, el proyecto se adjudicó a la UTE de Sedesa con el argumento de que “el licitador mejor puntuado ya ha sido propuesto como adjudicatario en dos expedientes dentro de esta misma provincia”.

“Ese criterio es totalmente ajeno a las determinaciones de la legislación que regula la contratación pública”, señala Signes. “La ley exige una motivación de la adjudicación de acuerdo con los criterios que la propia Administración ha preestablecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la contratación”. El diputado añade otro aspecto llamativo del concurso: el hecho de que se adjudicó a la UTE de Sedesa por 820 millones de las pesetas de entonces (4,92 millones de euros), que era el precio de licitación inicial, pese a que se recoge en el expediente que la UTE había propuesto una baja del 6,59%.

Por lo que se refiere al otro concurso, se trataba de la construcción de un puente sobre el río Bergantes en la CV-14, en Sorita del Maestrat. El acta de adjudicación, de abril de 2008, afirma que entre las ofertas económicas recibe la mayor puntuación, 98,86 puntos, la oferta presentada por Sedesa, Obras y Servicios, por 2,42 millones de euros, cuando la tabla misma que se recoge a continuación incluye dos ofertas mejores, por 2,40 y 2,39 millones respectivamente. En la puntuación total, es decir, sumando la puntuación de la oferta económica y la puntuación técnica, Sedesa queda en segundo lugar, con 83,8 puntos, por detrás de Pavasal, que logra 84,4 puntos. Pese a ello, se le adjudica la obra a la empresa de la familia Cotino asegurando que se trata de “la oferta que ha obtenido mejor puntuación”.

Para el parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, tanto en un caso como en otro “es evidente que se adjudicó indebidamente” a Sedesa los concursos, “en perjuicio de los intereses públicos y de los principios que rigen la contratación pública”.

No son las únicas contrataciones de la Generalitat con Sedesa en las que Signes ha encontrado irregularidades. Como ya publicó este periódico, en 2007, la empresa Sedesa Concesiones, SLU, consiguió la adjudicación para construir y explotar durante 38 años un aparcamiento subterráneo y en altura en el hospital Doctor Peset, en Valencia. El aparcamiento no se construyó porque la propia empresa pidió rescindir el contrato, pese a lo cual cobró de la Consejería de Sanidad 336.380 euros como resarcimiento. En 2006, Sedesa, Obras y Servicios, SA, ganó un concurso de algo más de seis millones de euros del Instituto Valenciano de la Vivienda para construir 105 pisos destinados a alquiler en Pilar de la Horadada pese a que fue solo la tercera en puntuación. En aquel caso, la propuesta consistió en “adjudicar indistintamente” a una de las tres empresas mejor puntuadas las obras. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, optó por la tercera.


* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 28 ENE 2012
Foto: Puente sobre el río Bergantes, en la CV-14, en Sorita del Maestrat. / ÀNGEL SÁNCHEZ

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'Malaya'.- El promotor Fidel San Román admite que pagó tres millones a Roca

ELPAÍS/Málaga* : El constructor Fidel San Román ha ratificado hoy, uno por uno, todos los pagos al cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, de los que le acusa la Fiscalía. Los abonos, que suman 3,08 millones de euros, fueron realizados siempre a cambio de la concesión de licencias de primera ocupación de sus promociones. La declaración de San Román, de 72 años, ha sido el plato fuerte de la sesión de hoy del juicio del caso Malaya. El promotor ha sido absolutamente contundente en sus respuestas al fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.
“Cuando las viviendas estaban ya para entregar a los compradores, nos dicen desde el Ayuntamiento que hace falta el dinero, y que, si no, eso no sale adelante”, ha afirmado en relación al permiso de primera ocupación para una promoción de 800 apartamentos. Según él, sólo en 2005 pagó a Roca, más de tres millones de euros en “dinero físico, blanco y sacado de las cuentas de la empresa”. Los pagos se efectuaban normalmente en las oficinas de Roca en Marbella y otras veces en Madrid, ha relatado San Román.

La declaración del promotor desmonta en parte con lo manifestado por Roca a lo largo del juicio. El exasesor urbanístico marbellí admitió que recibió pagos de San Román, así como de los dueños de Aifos y de Construcciones Salamanca, pero que lo hizo no a cambio de resoluciones urbanísticas favorables, sino por “trabajos de asesoramiento”. “En mi empresa nunca ha habido asesores externos, somos una empresa familiar”, ha asegurado San Román, que ha llevado, entre otros negocios, la explotación de la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.

Ahora, el promotor, que pasó 18 días en prisión tras su arresto en la segunda fase de la Operación Malaya en julio de 2006, se presenta más bien como víctima de un chantaje: “Todas las entregas de dinero han sido en 2005, cuando se solicitan las licencias de primera ocupación”. Según él, después de que los propietarios de los apartamentos le hubieran pagado por sus viviendas, no pagar y arriesgarse a ser llevado a los tribunales era una especie de suicidio empresarial: “O accedía [a pagar a Roca por la licencia] o me colgaba de la soga (...) Sabía que hacía algo mal pero no tenía otra opción", ha afirmado San Román, para quien el fiscal reclama nueve años de cárcel y multas de 48 millones de euros por cohecho y blanqueo.


* El País - FERNANDO J. PÉREZ Málaga 30 ENE 2012
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Cuando vivir en una urbanización no es sólo sinónimo de paz sino de cambiar luces de farolas

ELCONFIDENCIAL* : Limpiar las aceras, cambiar las bombillas de las farolas, contratar a una empresa para que recoja la basura, encargarse de la construcción de una depuradora o reparar el socavón en una acera… A simple vista, éstas parecen las tareas propias del Ayuntamiento de cualquier localidad. Pocos se imaginan, sin embargo, que en algunas ocasiones están bajo la responsabilidad de muchas urbanizaciones.
Urbanizaciones que, tal y como contemplaba su Plan Parcial, una vez fueron construidas, la promotora o constructora las entregó al Ayuntamiento correspondiente, delegando en los propietarios de las viviendas el mantenimiento y la conservación de los bienes de dominio público que la integran. Las calles, las zonas verdes, las farolas son propiedad del Ayuntamiento, pero de su conservación y mantenimiento se encargan los propietarios de los inmuebles.

Recordar su denominación no es tarea sencilla. Desde un punto de vista jurídico se las conoce como Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación (EUCC) y están reguladas por el Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto. Su aparición en el mercado residencial español no es, ni mucho menos, reciente. Algunas tienen hasta veinte años de antigüedad, aunque sí es cierto que han continuado surgiendo al calor del boom inmobiliario.

Sólo en la Comunidad de Madrid aparecen censadas más de 200, según un estudio del despacho Manga Abogados. Destacan municipios como Galapagar, con 21; Boadilla del Monte y Fuenlabrada con 14 entidades cada una, aunque el censo oficial es el del Registro de Entidades de la Comunidad.

Con la crisis, muchos vecinos ya no quieren pagar esos gastos

Con la crisis económica, el desconocimiento en torno al correcto funcionamiento de estas entidades ha comenzado a generar importantes fricciones entre quienes viven en ellas y los Ayuntamientos. “Muchos propietarios no entienden por qué tienen que hacerse cargo de gastos que en otras urbanizaciones asumen los ayuntamientos y estos no están precisamente en las mejores condiciones para asumir más gastos”, explica a El Confidencial Lola Pérez Bellón, abogada y experta en Urbanismo de Manga Abogados.

“En un entorno de crisis como el actual, muchos vecinos que utilizan esas viviendas como segunda residencia quieren ahorrarse algunos gastos y han comenzado a solicitar la disolución de estas entidades. No entienden por qué tienen que pagar y reponer el cableado eléctrico robado o los elevados gastos que exige, por ejemplo, la limpieza constante de un pinar, como sucede en una de las entidades ubicadas en El Espinar, Segovia”, comenta Pérez Bellón.

Y pone un ejemplo. En una de estas urbanizaciones sólo los gastos anuales en vigilancia ascienden a 200.000 euros. “Hablamos de 750 parcelas, por lo que cada vecino asume sólo en este concepto 266 euros. Si sumamos otra serie de gastos, no es de extrañar que muchos, si pueden, intenten ahorrarse más de 2.000 euros al año en una vivienda que no es la habitual”.

Muchos ayuntamientos no quieren ni pueden asumir los gastos

Ahora, con la crisis, el intento de disolución de estas entidades se ha multiplicado, tal y como reconoce Lola Pérez Bellón. El objetivo es devolver a los Ayuntamientos la responsabilidad de asumir esos gastos de conservación de lo urbanizado. Sin embargo, el problema ahora es que estos, agobiados también por la situación económica intentan, a toda costa, dilatar el proceso lo máximo posible.

La abogada explica que “hay entidades en cuyos estatutos de constitución figura un periodo máximo o una fecha a partir de la cual deben ser los entes locales los que deben asumir esos gastos. En otros casos, no existe fecha pero el Tribunal Supremo ha reconocido en una sentencia que estas entidades no pueden estar constituidas bajo esta figura jurídica eternamente y que pasados unos años, si se verifica que han cumplido con las obligaciones para las que fueron constituidas, se pueden disolver”.

Cada comunidad es un mundo. “En Castilla y León, por ejemplo, la legislación establece desde hace unos años que estas entidades deben durar un mínimo de 4 años y un máximo de 10”, explica a El Confidencial Julián Vivanco, alcalde de Marugán, un pueblo de la provincia de Segovia con tres EUCC donde reside el 70% de los cerca de 650 habitantes del pueblo.

En esta localidad, una de esas entidades ha solicitado su disolución. “Como Ayuntamiento no estamos en contra. Pero nos gustaría que las tres se decidieran a la vez”. Vivanco reconoce que existe un problema económico para hacerse cargo de esos gastos, que estima entre medio millón y 800.000 euros al año. “Para que el Ayuntamiento pueda asumirlos necesitaríamos tener más ingresos y eso significaría subir los impuestos, por ejemplo el IBI, lo que afectaría a todos los propietarios. Y ahora, tampoco es el mejor momento para hacerlo”.

La disolución, un proceso largo y complicado

Muchas de las entidades que deciden dar el paso se enfrentan a un proceso lago -puede alargarse entre año y año y medio- y nada sencillo ya que, en primer lugar, tendrá que estudiarse si esto es posible –algunas fueron constituidas para un periodo determinado de tiempo pero en otras no está especificado y deptende de la legislación de cada comunidad-. Si es posible, ésta deberá ser aprobada en una junta por la mayoría que determinen los estatutos de la entidad. Una vez aprobada, se entraría en una de las fases más complejas, la de la liquidación de los bienes, ya que en algunos casos hay que hacer frente a los deudores y los morosos. Finalmente tiene que obtener luz verde por parte del Ayuntamiento correspondiente.

Sin embargo, no todas las entidades ni todos los vecinos quieren disolverse. "Es muy importante la gestión de estas entidades. La experiencia puede ser muy buena o muy mala en función de quién haya asumido la gestión", comenta a El Confidencial Consuelo Torres, vecina de una EUCC del Ayuntamiento de Batres.

"Para nosotros, vivir en una de estas urbanizaciones no ha sido un problema en ningún momento. Desde el principio conocíamos que íbamos a formar parte de una EUCC. Tenemos ciertos costes pero no son demasiado elevados. Además, cuando algo se estropea avisamos a quien corresponde y nos lo arreglan de inmediato. Si tuviéramos que avisar al Ayuntamiento no estoy segura de que esos problemas se fueran a resolver tan pronto", añade.

Lo que, en su opinión está sucediendo en muchos casos es que "hay gente a la que ahora le interesa decir que no sabía en qué consistía la entidad ni por qué tiene que hacer frente a unos gastos que, en su opinión, debería asumir el Ayuntamiento".

Lo que sí es cierto, a tenor de una encuesta realizada por Manga Abogados, es que existe mucho desconocimiento en torno a las funciones, derechos y obligaciones de estas entidades.

"El desconocimiento de los propietarios del concepto, las funciones y derechos de la propia entidad es precisamente lo que está causando enfrentamientos con los Ayuntamientos", explica Lola Bellón. "Muchos vecinos de estas urbanizaciones consideran que se encuentran en general desatendidos por parte de la Administración, al no cumplir aquella con sus obligaciones y por no contar con su apoyo a la hora de solucionar los problemas que surgen en ellas".


* El Confidencial - Elena Sanz - 29.1.12
Foto: Urbanización, maqueta - elconfidencial

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El tratamiento de la vivienda vacía en España

JAVIER BURÓN* : España cuenta en estos momentos con unos 25,5 millones de viviendas, así como con uno de los ratios vivienda habitantes más alto de la UE. En función de la fuente que se consulte, tenemos algo más de un millón de viviendas vacías de segunda mano (VVSM), generalmente en manos de particulares de manera muy atomizada; y algo menos de un millón de viviendas en stock (VVS), que son viviendas de promotores o entidades financieras recién construidas, nunca utilizadas y a la espera de comercialización). Es fácil perderse en esta materia, pues las fuentes dan cifras que van desde 2 millones hasta más de 3,5 millones de viviendas vacías. Los datos del nuevo censo del INE, aún por confirmarse, van mucho más lejos y apuntan a 6 millones de viviendas vacías, un 20 % de nuestro parque. Por otra parte, nuestro parque de alquiler supera a duras penas el 10 % del total de viviendas, cuando en la UE la media se sitúa entre el 40 % y el 50 %. Además, nuestro parque público de alquiler está en torno al 0,5 % del total, cuando en la UE lo habitual es que sea entre el 20 % y el 30 % del total de viviendas de un país. Así pues, España es, casi con toda seguridad, el único país de la UE con dos o tres veces más viviendas vacías que en alquiler. Por sí solo, este dato nos debería hacer reflexionar.

En relación con la VVSM, en España se ha partido siempre de un mito que está aún por demostrar: que las personas que disponen de viviendas vacías en España no las alquilan por miedo a no cobrar, sufrir destrozos en las viviendas o no poder recuperarlas. La realidad es que en el año 2010 solo el 1,5 % de los alquileres en España acabaron en los tribunales (datos del fichero de inquilinos morosos). Así, no parece que las explicaciones al uso sirvan para entender el anómalo comportamiento del mercado de alquiler español en el contexto europeo. Hay que buscar las raíces de nuestro «propietarismo» y alergia al alquiler en los años 50 del pasado siglo —el franquismo entendió que un país de propietarios era mucho menos susceptible de derrocar al régimen que un país de inquilinos— y en el pacto que desde 1956 (nuestra primera ley del suelo) se ha mantenido entre la Administración, el sector financiero y la propiedad del suelo para hacer extraordinariamente rentable la venta de vivienda y muy poco atractivo el alquiler. Las razones de nuestra anorexia arrendaticia no son culturales o técnicas, sino políticas y mercantiles.
Para tratar de acercarnos a la UE en materia de vivienda vacía (lo que indirectamente supone actuar sobre el mercado de alquiler), en la pasada década se han intentado en España, al menos, tres tipos de estrategias diferentes: el fomento del afloramiento de las viviendas no utilizadas hacia el alquiler, el favorecimiento de los desahucios con la esperanza —a mi juicio, cínica— de que esto dinamice el mercado privado de alquiler, y la penalización de la situación de desuso de las viviendas.
En relación con la primera, aunque con diferentes niveles de afección a la materia, ha habido cuatro instrumentos de actuación principales:
1. Ayudas públicas a la puesta en alquiler social de vivienda privada vacía. Hablamos de vivienda previamente vacía y convertida en alquiler accesible. Esto supone beneficios económicos para el propietario, pero también gasto público para conseguir alquileres más sociales y la utilización de un stock con una huella ecológica ya producida. Como principal ejemplo, podemos citar Bizigune en Euskadi o el Avalloguer en Cataluña.
2. Ayudas públicas a la puesta en alquiler de mercado de vivienda privada —vacía o no—. Hablamos de la asunción por parte de los presupuestos públicos de seguros y avales para que se establezcan relaciones arrendaticias privadas entre arrendadores e inquilinos que fijan precios de mercado. Un ejemplo destacable es la SPA estatal, así como varias agencias locales de intermediación.
3. Ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes. Hablamos de ayudas públicas al pago del alquiler de jóvenes sin discriminación en función de renta personal o precio del alquiler y con grandes posibilidades de fraude y efectos inflacionistas en ciclo alcista y no deflacionistas en crisis. Como principal ejemplo, podemos citar la Renta Básica de Emancipación estatal.
4. Ayudas públicas de emergencia para el pago del alquiler a colectivos en riesgo de exclusión social. Se trata de ayudas de emergencia social que no deberían existir si dispusiéramos de un parque de vivienda social en alquiler público que pudiera atender esta y otras situaciones socialresidenciales. Hay varias CC. AA. que disponen de este tipo de ayudas, aunque las cantidades y los destinatarios varían de manera significativa.
En puridad, solo el primer tipo de programas apunta de forma expresa a la movilización de vivienda previamente vacía hacia el alquiler social, accesible o no de mercado. El segundo busca la dinamización del mercado privado de alquiler, pero sin que los alquileres sean sociales o las viviendas estén previamente vacías. Lo que pretenden los dos últimos programas es crear, entre jóvenes y personas en riesgo de exclusión social, una demanda mínimamente solvente de alquileres a precios moderados, a la espera de que afloren al mercado viviendas privadas (vacías o no) susceptibles de ser alquiladas por estas personas.
En relación con la segunda estrategia ensayada para movilizar vivienda vacía y dinamizar el mercado de alquiler, el favorecimiento de los desahucios, hay que señalar que las dos reformas legales realizadas en los últimos años (leyes 19/2009 y 4/2011, que han reducido las garantías del desahuciado hasta límites vergonzosos) y, sobre todo, la crisis, han producido un inmenso alud de desahucios que en nada han ayudado a incrementar el número de inquilinos en España o a reducir el número de viviendas vacías. Es más, a pesar de los casi 200 000 desahucios —propietarios e inquilinos— que se han producido desde el comienzo de la crisis, España sigue a duras penas en el entorno del 10 % de parque de alquiler. Además, las viviendas vacías no solo no han disminuido, sino que han doblado su tamaño. Un análisis causal erróneo siempre lleva a aplicar medidas erróneas, cuando no contraproducentes.
Respecto a la tercera estrategia, tímida y discontinuamente ensayada, de penalización de la vivienda vacía, solo dos CC. AA. (Euskadi y Cataluña) trataron en la pasada década de combinar programas públicos de garantía estatal del alquiler para propietarios privados (que incluían ayudas a la rehabilitación, ayudas financieras casi a coste cero, seguros, avales, alquiler garantizado por la Administración, etc.) con las penalizaciones como instrumento de ultima ratio. Concretamente en el caso de Euskadi, se ha legislado la expropiación de las viviendas vacías, que empezó a realizarse en el caso de viviendas protegidas vacías, y se trató de dar respaldo legal a un canon parafiscal sobre la vivienda vacía, así como a la venta forzosa de las viviendas vacías. No obstante, no se consiguieron aplicar estas dos medidas, pues la ley en este punto fue rechazada por PNV, PSE y PP. En el caso de Cataluña, su aún vigente ley de vivienda (Ley 18/2007) prevé un sistema en el que si las viviendas vacías privadas, a las que durante varios años se les ha ofrecido todo tipo de ayudas públicas para su rehabilitación y alquiler garantizado, se rechazan y están en un área de acreditada necesidad de vivienda, pueden finalmente ser objeto de expropiación temporal del usufructo. O lo que es lo mismo, pueden ponerse en alquiler público forzoso. La norma será derogada en unas semanas por el nuevo gobierno de CiU, con el apoyo de su socio preferente el PP y sin que disguste mucho al PSC.
Este tipo de medidas, francamente pacatas si se comparan con el derecho europeo, han sido aplicadas en un número muy reducido de casos y han dado lugar a ríos de tinta en los medios de comunicación. Buena parte de los partidos y medios españoles, como ya he señalado, defienden que la propiedad privada es sagrada. No se sabe si desconocen el contenido de nuestra Constitución en este punto o si se hacen interesadamente los despistados. La realidad es que, como hemos reseñado, nuestra Carta Magna constitucionaliza la función social de la propiedad, la subordinación de toda forma de riqueza al interés general y la intervención pública en la economía. No admite debate que nuestro Tribunal Constitucional haya respaldado claramente la constitucionalidad de las leyes de Andalucía y Extremadura de fincas rurales y urbanas de rendimiento manifiestamente mejorable (incluían cánones parafiscales e incluso la expropiación). Tampoco el hecho de que el Consejo Consultivo de Cataluña haya respaldado la estatutariedad de la polémica expropiación temporal del usufructo de las viviendas vacías que rechazan ayudas públicas y permanecen vacías en zonas de acreditada necesidad de vivienda de la Ley 18/2007.
Acabo estas notas con un apunte sobre las VVS. Son uno de los restos del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria y, como tal, deberían ser asumidos (en forma de pérdidas) por parte de promotores y entidades financieras.
Lo que ha ocurrido en otros países con problemas similares es que las entidades financieras han puesto en el mercado de venta y alquiler ese stock de viviendas a unos precios moderados, de forma que les han dado salida. Esto implica reconocer pérdidas, pero permite seguir adelante con la lógica económica del mercado: volver a dar crédito para la compra de suelos, urbanización, edificación, venta, hipoteca, alquiler, etc. Sin embargo, nada de esto ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir en España. Los activos tóxicos inmobiliarios privados, que ascienden a más de 150 000 millones de euros (el 15 % del PIB anual español), han sido objeto de todo tipo de ayudas públicas por parte del contribuyente, lo que ha aprovechado el sistema financiero para preservar sus beneficios, seguir especulando con otros productos financieros, no restablecer el crédito y congelar el valor de los activos tóxicos inmobiliarios en los precios y expectativas del año 2007.
A finales del 2007 diversos expertos pidieron al Estado que adquiriera parte de las VVS de promotores, cajas y bancos para crear un parque público de vivienda en alquiler. El Gobierno consideró la idea muy cara y poco factible. Desde entonces, el flujo de dinero del contribuyente hacia el sistema financiero es inmenso[1], no se ha recibido ningún tipo de contrapartida (refluir del crédito, viviendas y suelos para el Estado, etc.), los activos tóxicos inmobiliarios continúan congelados a la espera de un banco público malo que se haga cargo de todas las pérdidas, los desahucios se cuentan por cientos de miles, y el suelo y la vivienda siguen teniendo unos precios artificialmente altos en España.
Sinceramente, no acabo de entender las razones por las que España, un país que ha hecho docenas de convergencias sectoriales con la UE y que lidera algunas actividades a nivel planetario, es incapaz de converger con la UE en lo que se refiere a la vivienda vacía, el alquiler, la rehabilitación y la vivienda pública. Nuestro rechazo de la eficacia y la eficiencia es casi un asunto de salud mental colectiva. Mucho es el poder del complejo inmobiliario financiero. Grande es el servilismo de nuestros políticos. No menor es la tentación de la inercia. Quimérica es la esperanza de la vuelta a los «buenos tiempos pasados» del ladrillo patrio. Innegable es cierta anemia de la academia española en el análisis de estos problemas. Afortunadamente, grupos casi heroicos, como la Plataforma por una Vivienda Digna y VdeVivienda de antaño; y hoy el movimiento 15M, Democracia Real Ya y, sobre todo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han contribuido a que parte de la población en España considere que un país con millones de viviendas vacías, casi sin viviendas de alquiler, sin parque público de vivienda y con cientos de miles de personas desahuciadas es un país enfermo que debe ser sanado. Eso sí, aún está casi todo por hacer. Empezando por vencer en este debate que primero es cultural, después será político y finalmente requerirá financiadores, profesionales, empresarios, funcionarios y Administraciones a la europea en materia de vivienda. En nuestras manos está…

* Javier Burón Cuadrado es miembro de Ekiten Thinking
Revisión y corrección de estilo del texto a cargo de Sara Hernández Pozuelo
http://paisajetransversal.blogspot.com/

* Madrilonia - Opinión - 29.1.12

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Orihuela autorizó 200 urbanizaciones inacabadas

ELPAÍS/Alicante* : Las secuelas del urbanismo salvaje que campó en la primera década del siglo son palpables en la mayoría de urbanizaciones que copan el litoral. Pero un ejemplo de este fenómeno de crecimiento urbano desordenado es el término municipal de Orihuela, y de manera especial su tramo costero, donde en época estival se concentran unos 250.000 residentes, la mayoría extranjeros.
Entre 1997 y 2010 con el PP en el Gobierno local, en Orihuela se construyeron 38.000 nuevas viviendas, distribuidas en unas 200 urbanizaciones, la mayoría inacabadas. El PP, no obstante, aceptó las actas de recepción sin verificar que estaban ejecutadas al cien por cien, según denuncia el actual equipo de Gobierno (un tripartito integrado por Los Verdes, PSPV y Los Liberales).

En respuesta a esa situación, el Ayuntamiento está elaborando un informe sobre las deficiencias que presentan esas urbanizaciones y obligará a los promotores a corregir las carencias. “Nuestro objetivo es no recepcionar ninguna urbanización hasta comprobar que están totalmente acabados y ejecutados todos los aspectos”, asegura Antonio Zapata, concejal de Urbanismo, del PSPV. “Para ello enviaremos a los técnicos municipales para que comprueben el estado final de las obras”, añade.

Según Zapata, el anterior equipo de gobierno del PP firmó las actas de recepción, en algunos casos parciales, y autorizó las cédulas de habitabilidad, sin verificar si los promotores habían ejecutado el 100% de las obras de urbanización.

Las recepciones parciales de las urbanizaciones, que a partir de ahora no aceptará el Consistorio, “provocaron una cierta relajación de los promotores a la hora ejecutar las obras pendientes”, precisa el responsable del área de Urbanismo. Zapata también acusa al anterior equipo de Gobierno del PP “de falta de diligencia” a la hora verificar las actas de recepción con los trabajos supuestamente completos.

Cuando los dueños de las casas ocuparon las mismas comenzaron los problemas y las posteriores quejas. Lo habitual en estas urbanizaciones inacabadas es observar calles sin aceras o sin asfaltado, que no se hayan construido las zonas verdes comprometidas, que no esté completo el alumbrado o que la red de alcantarillado esté incompleta. En otros casos, las áreas de recreo están incrustadas en descampados o algunos residentes conviven en medio de grúas de otras urbanizaciones en obras.

Otra denuncia común de los residentes de las urbanizaciones es el abandono de las zonas verdes y jardines, en algunos casos emplazados en medio de barrancos.

Y en paralelo con esta batalla contra las urbanizaciones inacabadas el Ayuntamiento tiene abierto otro frente urbanístico, la regularización de miles de viviendas ilegales diseminadas por el término. El edil zapata señala que, en breve, estará redactado el pliego de condiciones para comenzar el proceso. El proceso de regularización de las viviendas ya construidas está consensuado y aprobado por la Consejería de Territorio, y será voluntario.

El coste del proceso dependerá de situación de cada vivienda y de los servicios e infraestructuras que tengan que ejecutarse. Esta masiva incorporación de casas al ordenamiento urbano del municipio supone una ley de punto final para el urbanismo salvaje.

El Ayuntamiento aplicará tolerancia cero con los nuevos infractores. Y nada más detectar la infracción urbanística se abrirá el correspondiente expediente que, además de imponer una sanción, tiene como primer imperativo restituir la legalidad urbanística. Las multas previstas en el nuevo protocolo municipal contra el urbanismo clandestino oscilarán entre los 600 y 3.000 euros. La edil socialista asegura que, además, se trasladará el expediente a la fiscalía y se cortarán los servicios básicos, como luz, teléfono o agua.


* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 29 ENE 2012
Foto: Un parque en una urbanización de la zona costera de Orihuela. / DAVID RODRÍGUEZ

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Avilés.- Las organizaciones ecologistas de la comarca critican el desprecio al interés ambiental

LNE/Asturias* : Los miembros del grupo ornitológico Mavea y del Colectivo Ecologista de Avilés, las dos principales organizaciones comarcales de defensa del medio ambiente, reclaman a las autoridades locales y regionales la apertura de un debate «sin cortapisas» sobre cuál sería el mejor trazado para la ronda del Puerto, también llamada ronda norte de Avilés. «Que el concejal de Urbanismo de Avilés, Teófilo Rodríguez, o la Alcaldesa, Pilar Varela, aseguren que el trazado de la ronda ya está consensuado desde hace tiempo no es de recibo y denota que sus intenciones son imponer determinada alternativa técnica (la que pasa por la cantera de Mota) sin más miramientos», declaró ayer a este diario un portavoz del grupo Mavea.

Entre los miembros de Mavea, y también en el Colectivo Ecologista, existe el convencimiento de que el estudio informativo sobre la ronda del Puerto está «teledirigido» en favor de determinada opción (la que discurre al norte del término municipal de Avilés), e incluso «chapuceramente falseado» para «minusvalorar» las ventajas de uno de los cuatro posibles trazados, el que se basa en construir un túnel bajo la ría. En este sentido, recalcan que «el estudio de impacto ambiental realizado sobre la alternativa que incluye la construcción de un túnel bajo la ría es de vergüenza».

Ni Mavea ni el Colectivo Ecologista se decantan abiertamente por un trazado para la ronda, pero a la vista de las consideraciones que realizan sus preferencia parecen claras en favor del túnel sobre la ría: rechazan el trazado que incluye un puente sobre el estuario por «aberrante», critican la supuesta «imposición» política del trazado que discurre al norte de Avilés y abogan por que criterios como el interés ambiental y la funcionalidad portuaria de la obra sean tenidos en cuenta.


* LNE - 26.1.12
Foto: Avilés (Asturias), ayuntamiento - asturiasverde

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Sevilla.- Urbanismo funciona gracias a un uso anómalo del Patrimonio Público

DIARIODESEVILLA* : Teóricamente, la ley se respeta. Pero en realidad es una simple ficción sostenida en el tiempo por los sucesivos gobiernos municipales de los últimos quince años. Una de las cuestiones más llamativas del informe secreto que el PP está usando para diseñar su política urbanística se refiere a la salud financiera de la Gerencia. La situación es delicada. Crítica. Los gastos se mantienen estables -con leves descensos; insuficientes, en todo caso- mientras que los ingresos, como consecuencia directa del estallido de la burbuja inmobiliaria, se han venido abajo. De forma sustancial, además.
El alto cargo de Urbanismo que viene pasando información al equipo de Zoido desde un año antes de llegar al poder explica en su informe secreto que en este organismo municipal se viene funcionando desde hace ya varios años gracias a un "criterio de unidad de caja" que consiste en usar parte del dinero del Patrimonio Municipal de Suelo -jurídicamente segregado del presupuesto ordinario- para asumir gastos corrientes de tesorería. El alto directivo no da muchos más detalles de esta práctica -irregular desde el punto de vista legal- pero sugiere nítidamente que son las entradas en metálico por venta de suelo, solares y urbanizaciones las que han permitido a Urbanismo no dejar de funcionar en todos estos años.

La Gerencia, en teoría, debería recibir anualmente una transferencia de capital del Ayuntamiento del orden de 21 millones de euros. Sucede, sin embargo, que desde 1993 -cuando Urbanismo se constituyó como organismo autónomo- esta partida no siempre llega o, en muchos casos, ni se ingresa. La deuda resultante ronda ahora los 160 millones de euros. El Ayuntamiento destina sus fondos prioritariamente a Tussam o Lipasam (empresas públicas deficitarias) y deja a Urbanismo en una clara situación de "dependencia financiera". El Consistorio -no la Gerencia- es quien cobra la mayor tasa por ocupación del dominio público municipal, que pagan las empresas de telefonía, gas y energía, y quien cobra los impuestos asociados a las construcciones. Urbanismo vive de las licencias, los timbres por obras y las tasas menores por ocupación de la vía pública, además de los ingresos por multas e infracciones. El alto cargo se pregunta en su informe: "¿Si el Ayuntamiento debe una cantidad tan elevada cómo ha conseguido sostenerse Urbanismo? En virtud del principio de unidad de caja [sic], gracias a los ingresos del PMS, afectos por ley, que constituyen el gran soporte de las entradas en metálico de la Gerencia. También, en menor medida, de los fondos extrapresupuestarios, fianzas en metálico o depósitos previos para el pago de tasas". Prácticas heterodoxas. Quizás ilegales.

Esto supone que la principal vía de financiación de Urbanismo es irregular. La ley es expresa a la hora de definir cuáles son los destinos del Patrimonio Municipal de Suelo: operaciones para comprar u obtener terrenos públicos, urbanización y promoción de VPO. En ningún caso el pago de gastos corrientes. "El Ayuntamiento", explica el alto cargo que asesora a Zoido, "se está apoyando indirectamente en los fondos legalmente afectados del PMS, que constituyen el músculo principal de la tesorería de la Gerencia, que ha conseguido sobrevivir gracias a estos fondos a pesar de no recibir las transferencias para gastos corrientes previstas en los presupuestos.


* Diario de Sevilla - 19.1.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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¿Por qué Camps era ‘el amiguito del alma’ de ‘El Bigotes’?

ENRIC SOPENA* : ¿A qué espera Mariano Rajoy para elevar de nuevo al altar de la Presidencia del Gobierno valenciano a Francisco Camps? ¿Es que no están suficientemente exultantes las huestes conservadoras tras conocerse, hace tres días, el veredicto del Jurado en el 'caso de los traje's? ¿Por qué una bucólica Barberá -tan dada por lo general a la ira- se ha puesto a recitar un poema campestre, a través del cual le viene a decir a Camps que se olvide de volver a su poltrona presidencial?
Camps ha sido, en efecto, absuelto. La sentencia ha desatado aún más la euforia de la derecha gobernante. No faltan quienes se recrean imaginándose a un Camps “no culpable” que entra de nuevo –triunfador- en su despacho de la Generalitat. Hemos oído cómo voceros de Rajoy –María Dolores de Cospedal y el resucitado González Pons, entre otros- van exigiendo a los socialistas que pidan perdón porque la justicia le había eximido de su presunto cohecho llamado impropio. ¡Aleluya, aleluya!, cantaba, mientras tanto, el coro de los palmeros.

Limpio de polvo y paja
¿Pero por qué, siendo así, la cúpula del PP no se atreve, por lo visto, a reponerlo como presidente del ejecutivo autonómico? Si, según dicen sus correligionarios constantemente, es tan honrado, tan impecable, tan digno y tan despegado siempre de los bienes materiales -aparte de otras virtudes sobresalientes-, no se acaba de entender que no le dejen volver victorioso, una vez limpio de polvo y paja.

Los suyos no se fían de él
Sólo hay una explicación verosímil en torno a semejante episodio. Y es simplemente que los suyos no se fían de él. Saben que, antes o después, el veredicto del Jurado –que es técnicamente infumable- será rectificado por instancias judiciales bastante más solventes. O sea, y sobre todo, por el Tribunal Supremo [con la salvedad de los jueces que ahora intentan liquidar, con maniobras más bien repugnantes, a Baltasar Garzón].

Lo diga el Jurado o lo diga el Papa de Roma
El cuento de que sí pagó los fastuosos trajes no se lo cree nadie con más de dos dedos de frente. Lo diga el Jurado o lo diga el Papa de Roma. Pero todos sabemos que previsiblemente esto de los trajes no es más que la punta del iceberg o el prólogo de no pocas corrupciones vinculadas a la trama Gürtel. Quedan por consiguiente numerosos capítulos que pueden convertirse en un via crucis para determinados sectores del Partido Popular.

La boda imperial
Hablamos demasiado de los trajes de Camps y apenas hablamos de quienes, como los jefes de Gürtel, fueron contratados para servir a un emergente José María Aznar. ¿Qué hacían los jefes de la Gürtel en la boda imperial de Alegandro Agag y Ana Aznar Botella?

Pecata minuta
Los trajes de Camps son, al fin y al cabo, pecata minuta. ¿Dónde está el botín de la Gürtel? ¿Qué negocios tenebrosos empezaron en Madrid y siguieron en Valencia? ¿Por qué Rajoy apoyaba a Camps en lugar de abrir una investigación interna sobre los que manejaban los hilos de la trama? ¿Por qué Camps era el amiguito del alma de El Bigotes? Con esto está todo dicho.

* Enric Sopena es director de ELPLURAL.COM

* El Plural - Opinión - 27.1.12

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Sanxenxo.- El juzgado permite al concejal F.Villaverde legalizar su vivienda de Areas

LAVOZ/Pontevedra* : El concejal de Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), Francisco Villaverde, dispone hasta el próximo 20 de abril para acometer en su vivienda de Areas las obras necesarias para adecuarla a la licencia otorgada en el 2004. Así al menos lo estipula el juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ha tenido en cuenta los argumentos presentados por el arquitecto municipal y ha optado por permitir la legalización del inmueble.
Fue la asociación Salvemos Pontevedra la que llevó el caso a los tribunales en el año 2006. Según explican en el Concello, el entonces concejal de Urbanismo contravino la licencia de obras que tenía al añadir un sótano para garaje y modificar la distribución interior autorizada. Ahora, el juzgado admite que el edil regularice la situación acometiendo una serie de obras.

Para que la vivienda sea legal, Villaverde deberá eliminar la conexión interior con la planta del sótano, mediante la cubrición y sellado del hueco de la escalera ejecutando una losa de hormigón de quince centímetros de espesor. A su vez, deberá suprimir la rampa exterior de acceso al nivel bajo mediante el aterrado de la pendiente existente y compactación de la misma. Por último, deberá retirar los elementos móviles en el nivel bajo rasante y anular las instalaciones eléctricas y de fontanería del sótano.
El auto de la jueza también establece que será el Concello de Sanxenxo el que deba responder de la ejecución de todos estos trabajos. En caso de no contemplarse su realización en el plazo establecido se le impondrá «al alcalde una primera multa de 1.500 euros, reiterable mensualmente en idéntica o superior cuantía», explica. Y serán los técnicos municipales los que deban valorar si los trabajos de redistribución interior de la vivienda se ajustan a la normativa urbanística. La resolución del juzgado es susceptible de recurso, que deberá presentarse en un plazo no superior a quince días.


* La Voz de Galicia - M. ALFONSO - 29.1.12
Foto: El juzgado obliga al edil a cerrar todos los accesos al sótano para poder legalizar su vivienda. RAMÓN LEIRO

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Las cartas de ‘Sandokán’

PÚBLICO/Córdoba* : Espoleado por su tremendo apoyo popular (se ha convertido en la segunda fuerza política de la ciudad de Córdoba) y a escasos dos meses de las elecciones al Parlamento andaluz, a las que aspira a presentarse, Rafael Gómez, el constructor y joyero metido a político, le ha escrito dos cartas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que les sugiere cómo "atajar" la crisis y el paro: volviendo al urbanismo salvaje. El constructor, apodado Sandokán, está siendo procesado por cohecho en el caso Malaya y es concejal de un Ayuntamiento al que le debe en sanciones urbanísticas más de 30 millones de euros.
Una de las misivas, colgadas en la web de la formación política de Sandokán (www.unioncordobesa.es), insta al Gobierno a aprobar una ley por la que los empresarios de la construcción, como el propio Gómez, se hagan con "los suelos" de "la banca" y que en esas parcelas se permita una densidad de viviendas muy superior a la que prevén los planes generales.

"Quiero decirle señor presidente que la única empresa que es capaz de crear empleo en este país se llama construcción", escribe Gómez, quien sugiere que levantaría viviendas de un dormitorio a 45.000 euros, de dos dormitorios a 55.000 y de tres dormitorios a 75.000, como si se tratara de un anuncio de una inmobiliaria. Eso sí, según su carta "serían viviendas sociales".

Sandokán, en su carta, asegura que si los bancos sueltan todo el suelo que tienen embargado y se impulsa la construcción se podrían llegar a crear entre 1,5 y 2,5 millones de empleos en los próximos cuatro años. "En estos momentos, los españoles no estamos preparados para competir con ningún país del mundo" por lo que "no podemos dedicarnos a otra cosa que no sea la construcción", concluye el concejal cordobés, que además niega la existencia de la burbuja inmobiliaria y culpa de la crisis a los "especuladores" de la banca, y no a los constructores, "que nos hemos dedicado a crear empleo y bienestar para los españoles".

En la misiva, el ahora político cordobés apela al sentimentalismo usando la misma estrategia que cuando declaró ante el Juzgado por el caso Malaya, que tuvo que interrumpir cuando rompió a llorar. Sandokán hace un recorrido por su vida de empresario hecho a sí mismo recordando sus orígenes como cabrero, pavero y emigrante a Francia que hizo fortuna a través de la joyería y la construcción.

Pero, en un discurso extremadamente populista, arremete contra China y sugiere a Rajoy que España imponga unos fuertes aranceles a las mercancías que procedan del país asiático. "Estamos invadidos por la invasión de la fabricación china hacia nuestro país", escribe. Pero Sandokán olvida su propio pasado. En 2005 comenzó a construir en Córdoba más de 40.000 metros cuadrados de naves industriales sin licencia ni permiso municipal que le acabaron costando la mayor sanción urbanística de Andalucía: una multa de 24,6 millones de euros que aún no ha pagado. En esas naves, el empresario quería montar un centro comercial de productos importados de China, principalmente. De hecho, el complejo aún está lleno del material que no ha podido vender.

Pero hay más cartas. En otra, dirigida al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), el mayor deudor del Ayuntamiento exige que se condone el pago de sanciones y multas urbanísticas en la ciudad. Sandokán habla al principio de que el importe de las sanciones se reduzcan un 90% para, párrafos más adelante, pedir que "les quiten las multas a todos aquellos ciudadanos que se han construido sus viviendas con su esfuerzo y no tienen dinero para pagarlas". Gómez obvia que se levantaron incumpliendo la ley. Y concluye: "Desde Unión Cordobesa le pedimos al Ayuntamiento que no ponga tantas multas y que mire más por cordobeses".


* Público - ALFONSO ALBA - CÓRDOBA 26/01/2012
Foto: Marbella, caso'Malaya', Sandokán entrando como imputado - diariode sevilla.es

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Catral.- El Síndico de Agravios discrepa con el Consell sobre la ilegalidad de El Olivo

LAVERDAD/Alicante* : El Síndico de Agravios ha aceptado las quejas del propietario del mercadillo irregular de El Olivo ubicado en la huerta de Catral. El órgano independiente del Consell quiere indagar sobre la paralización de la concesión de la licencia de apertura a un empresario , si bien la Conselleria de Comercio calificó que este tipo de actuación puede ser considerada como «falta grave» al abrirse unas instalaciones en terrenos no urbanizables.
Por una parte, el empresario al contar con un plazo de dos meses para obtener la licencia por parte del alcalde, Aurelio Albero, solicitó una consulta al Síndico de Agravios, que ha contestado a Amal Errrayhany. El órgano autonómico afirma que va a averiguar el porqué de esta decisión, es decir que el Síndico indagará la causa sobre la paralización de un proyecto que ya fue aprobado por el propio equipo de gobierno.

De otra parte, el PSOE puso una denuncia ante el Defensor del Pueblo y en diferentes áreas autonómicas, como la Conselleria de Comercio, reflejando la situación y acompañada de una denuncia con acta del Seprona.
El área del Consell en cambio respondió a la demanda de la edil María Asunción Salinas que en la Ley Urbanística Valenciana 16/2005 abrir este tipo de actividades en suelo no urbanizable «se contempla como infracción grave, por el incumplimiento de las normas relativas al uso del suelo». Aunque no establece de forma directa si este hecho es grave o muy grave, como apuntan desde el grupo municipal socialista.
En cualquier caso Errayhany puso en tela de juicio la actuación del equipo de Albero, ya que critica que «el Ayuntamiento ha incurrido en una arbitrariedad manifiesta con el alejamiento de los intereses generales a los que debe servir, sin tener en cuenta la función social de la propiedad». El afectado se queja de que en un primer lugar se haya aprobado el plan parcial especial y luego el mismo gobierno municipal se haya desdicho por un error de forma.
A pesar del aparente malestar del dueño, que roturó varios bancales para dar cabida a una gran explanada, hacia el alcalde, ambos comparten una buena relación puesto que el regidor dijo que estas instalaciones se podrían utilizar como recinto ferial y para albergar cualquier tipo de actuación de gran calado que en el casco urbano no se pudiera instalar.
Ahora el asunto queda en manos de la Conselleria de Urbanismo que deberá investigar si hay una falta grave, al tiempo que el Síndico investigará por su cuenta si el Ayuntamiento se ha equivocado en algún paso de la tramitación. Por otra parte, la oposición aprobó con su mayoría en el Pleno cerrar las instalaciones de forma inmediata hace dos meses, un acuerdo que no se ha cumplido.


* La Verdad - 27.01.12 - F. AMAT
Foto: Catral (Alicante), mercadillo ilegal - laverdad

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Torres más altas

ALBERTO VILLADIEGO* : El debate que se está desarrollando últimamente en Sevilla se ha polarizado a extremos de exacerbación. Dos posiciones totalmente enfrentadas entre, por un lado, quienes apoyan la construcción de la Torre Pelli, y aquellos otros que no aceptan la elevación de un rascacielos en zona tan delicada desde el punto de vista patrimonial.
Estos últimos se apoyan en los informes preliminares de la UNESCO, organismo técnico cultural de la ONU. Y frente a ello, hay un sector de opinión que primero no entiende cómo puede afectar la Torre a la zona patrimonial del triángulo Catedral-Alcázar-Archivo de Indias, dada su lejanía del centro. Para defender su posición, incluso llegan a minusvalorar la labor de la UNESCO, afirmando que jamás la capital perderá su alto valor turístico pese a que la degradaran con la suspensión de la calificación de Patrimonio de la Humanidad de su casco histórico.
Lo que cabe preguntarse es cómo hemos llegado a la desfachatez de inventarnos una supuesta invasión de órganos internacionales contraponiéndolo a una hipotética defensa de los valores de sevillanía. Parece que estamos reviviendo, al rebufo de las conmemoraciones de la Pepa de Cádiz, una invasión seudonapoleónica de la UNESCO sobre la auténtica sevillanía a la vez armada de navaja afilada y trabuco. Nos obligan a posicionarnos de un lado o del otro: o eres afrancesado (extranjero) o eres español (sevillano). No se trata de eso.

Ni tampoco se trata de vertebrar la discusión entre modernos y rancios. Los autodenominados modernos quieren que Sevilla arraigue definitivamente en el siglo XXI mediante un rascacielos. Y a la otra orilla, parecen querer desterrar a los melancólicos del adoquín y las calesas. De una burda manipulación de conceptos estamos hablando.

Se pretende alcanzar la modernidad a través de un rascacielos, cuando estas estructuras tienen ya dos siglos de antigüedad. Dicho lo cual tal vez se trate de que los defensores relacionen los rascacielos con su época de florecimiento en EE.UU, en los años veinte del siglo pasado, cuando los norteamericanos se convirtieron en el líder mundial de las finanzas. Este argumento se cae por su propio peso, porque supone pensar que es lo mismo contenido que continente. ¿Qué tendrá que ver una estructura edificada con la inventiva y riesgo de los empresarios neoyorquinos de Wall Street que trabajaban en su interior? Estos modernillos actúan a la manera de un cantautor novel que para alcanzar la genialidad utiliza el modelo de gafas redondas que llevaba John Lennon. Pues muy bien, volvamos a utilizar pajarita y a bailar el charlestón.
Ni siquiera ha de centrarse el debate en la patrimonialidad de Sevilla. Más bien, nos encontramos ante un supuesto de agresión a la ciudad entera. Me explico: del año 2000 es el Convenio Europeo del Paisaje, un instrumento con el cual se trabaja la conservación y desarrollo sostenible de los paisajes rurales y urbanos de nuestro entorno. En él se habla del cuidado del paisaje a que se obligan a los Estados firmantes, entre ellos España, por medio del vínculo espaciotemporal sensible creado entre las personas y sus territorios. Por ello, se esperaría del Gobierno de España una acción firme puesto que la Torre Cajasol es dañino al paisaje de Sevilla, basado tradicionalmente en la horizontalidad y remarcado ésta por el gran río. Este paisaje debe ser protegido en todo caso en sus aspectos significativos, y así lo exige el Convenio Europeo del Paisaje al reconocer textualmente que “el paisaje es un elemento importante de calidad de vida de las poblaciones”. La verticalidad excesiva es una aberración para el skyline no sólo capitalizado por la Giralda sino también para la línea ribereña de Triana. ¿O es que muchos que están vociferando permitirían un rascacielos en la calle Betis pese a estar alejado de la zona patrimonial histórica de la Catedral? Y no me olvido de señalar que el Convenio señala en su artículo 4 que cada Estado lo aplicará según el reparto de competencias territoriales existentes, es decir, la responsabilidad del caso Pelli-Cajasol se reparte entre Ayuntamiento, Estado y Junta de Andalucía. A cumplir la ley, en concreto la publicada en el BOE de 5 de febrero de 2008.
Me entristece especialmente que esto suceda en Sevilla porque aquí surgió el germen del paisajismo responsable, del urbanismo sostenible. Fue la conocida como Carta de Sevilla, la Carta del Paisaje Mediterráneo que proyectaron en 1992 las autoridades de la Junta de Andalucía, la Toscana y el Sur de Francia. Donde se recogían bellas palabras sobre el paisaje como “manifestación de la relación sensible de los individuos y sociedades con su territorio”. Esa sensibilidad que parece queremos destruir aquí en Sevilla, paradójicamente sede oficial de la Mesa Técnica de la Red Europea de Autoridades Locales y Regionales para el Desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP-ENELC).


* Giralda Info - Opinión - 29.1.12

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Imputados el alcalde de Arroyo (Valladolid) y otras siete personas

EUROPAPRESS* : El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha dictado auto por el que imputa al alcalde de Arroyo, el independiente José Manuel Méndez Freijo, y otras siete personas, entre ellas el portavoz del Grupo del PP en la Diputación Provincial, Jesús García Galván, por delitos contra la administración pública, el orden socieconómico y el urbanismo, así como, en el caso del munícipe, por otro de malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con el denominado 'Caso Arroyo'.
En su auto el juez instructor dirige la imputación contra el primer edil de Arroyo, José Manuel Méndez; el popular Jesús García Galván, quien en 2003 fue presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, así como contra el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar; el entonces concejal de Industria, Comercio, Obras y Servicios, Javier Cruz Sánchez, y el de Infraestructuras, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, junto con José Presas Zobra y Ramón López Casal, ambos representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, y la apoderada de dicha mercantil en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández.

En su relato de hechos, el juez sitúa como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.


* Europa Press - 27.1.12
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid), barrio Vega Mahía edificabilidad anulada TSJ - M.A.Santos, nortecastilla.es

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Derrumbe en Brasil: seis muertos y 11 heridos

DÍA A DÍA* : Tres edificios del centro de Río de Janeiro se derrumbaron durante la noche del miércoles. Equipos de socorro se encuentran trabajando en el lugar removiendo escombros, y confirmaron que ya son seis las víctimas fatales, mientras que hay 11 heridos y decenas de desaparecidos.
La zona del derrumbe está localizada detrás del Teatro Municipal carioca. El lugar quedó cubierto de polvo, y despide un fuerte olor a humo por los pequeños incendios generados en los otros edificios. Si bien en la lista primera de desaparecidos figuraban sólo 21 nombres, los familiares de los desaparecidos confirmaron que el número sería mucho mayor.
Eli Dias do Nascimento, empleada de una empresa que tenía oficina en uno de los edificios caídos informó a La Nación que: "sólo en mi piso sé que en ese momento habría unas 20 personas que todavía no fueron ubicadas. Es una tragedia”.

"Se dijo al principio que hubo gente que sintió mucho olor a gas y una explosión, pero por lo que estamos viendo, el derrumbe en el edificio Liberdade se produjo de arriba hacia abajo. Y la caída de ese edificio puede ser que haya llevado al derrumbe de los otros dos", indicó el encargado de Análisis y Prevención de Accidentes del Consejo Regional de Ingeniería y Arquitectura del estado de Río de Janeiro, Luiz Antonio Cosenza.

Ver también CAOS Y DUDAS SOBRE EL DERRUMBE

* Día a Día - 26.1.12
Foto: Río de Janeiro (Brasil), derrumbe edificios - diaadia

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Las constructoras de la balsa de Aznalcóllar tampoco pagan por el vertido

ELPAÍS/Sevilla* : La salida del laberinto judicial del desastre de Aznalcóllar se complica todavía más. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la filial española de Boliden, Boliden Apirsa, contra las constructoras (y sus aseguradoras) encargadas de la construcción y recrecimiento de la balsa, cuya rotura desencadenó en abril de 1998 el desastre del vertido tóxico de Aznalcóllar. Boliden era la propietaria de la presa, pero entendía que las empresas ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, que se encargaron del proyecto para recrecer la balsa de residuos, eran las responsables de la rotura. La sueca Boliden reclamaba a estas empresas 115 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios. Además, pedía que se hicieran cargo de las cantidades exigidas por la Junta de Andalucía (89,9 millones) y el Gobierno central (43,7) por el daño medioambiental causado en la zona. Con lo que, en total, Boliden les reclamaba 248,6 millones de euros. El Juzgado de 1ªInstancia 9 de Madrid rechazó en noviembre de 2006 esta pretensión de Boliden al no apreciar responsabilidad alguna en las empresas constructoras. La Audiencia Provincial de Madrid, en septiembre de 2009, confirmó en segunda instancia esa sentencia. Y ahora es el Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 11 de enero, el que vuelve a rechazar el recurso de Boliden y le condena a pagar las costas.

Para defender sus tesis, los abogados de Boliden esgrimieron que en la vía penal sus empleados y directivos habían sido exculpados, con lo que se debe derivar una responsabilidad por “incumplimiento contractual” de las constructoras de la balsa. El Supremo rechaza esta argumentación al entender que no existe “un efecto vinculante” del auto de archivo de las diligencias previas en la vía penal con la decisión que luego tomó el juez de lo civil en 2006. Además, según el Alto Tribunal, “el auto de archivo de las diligencias previas (…) tampoco declara lo que la recurrente le atribuye, pues se remite un informe de los peritos para descartar, como idea fundamental del mismo, que toda actuación sobre la presa se atuvo a la práctica habitual o convencional”.

Esta vía cerrada ahora por el Supremo es un nuevo capítulo en esta catástrofe impune, por la que nadie ha pagado casi 14 años después. Nadie, excepto la Junta y el Gobierno, que se han gastado alrededor de 240 millones de dinero público en la restauración ambiental de la zona.

La primera vía que se abrió, y cerró sin culpables, fue la penal. Tras producirse el vertido, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) abrió una investigación en la que estuvieron imputados 26 técnicos de Boliden, de la Junta, del Ministerio de Medio Ambiente y de las empresas constructoras. Pero el juzgado archivó el caso a finales de 2000 y cerró esa vía.

La Junta intentó entonces reclamar por la vía civil el coste de la retirada de los lodos y la restauración. Pero la justicia entendió que tampoco ese era el camino y en 2003 se indicó que la vía adecuada era la administrativa. Por eso, el Gobierno regional abrió en 2004 un expediente por el que se obligaba a Boliden y a su filial a pagar los 89,9 millones. La compañía llevó ese expediente a al Supremo, que a finales del año pasado, anuló esa decisión de la Junta al entender que la vía administrativa tampoco es el camino. La Junta ha planteado ahora ante el Supremo un “conflicto negativo de jurisdicción” para que le indique qué vía se tiene que seguir para obligar a Boliden a asumir el coste del daño medioambiental provocado por la rotura de la balsa.

Por su parte, el Gobierno central también ha intentado ejecutar la sanción de 43,7 millones que le impuso a la compañía, confirmada por el Supremo en 2005. Pero la multinacional declaró en quiebra a la filial de la que dependía la balsa, Boliden Apirsa, con lo que, hasta ahora, ha conseguido esquivar también esta sanciones.


* El País - MANUEL PLANELLES Sevilla 25 ENE 2012
Foto: Imagen de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), que sufrió una rotura en 1998 / EL PAÍS

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La okupación, ¿delito o derecho?

MAITE ASENSIO* : La okupación suele tener como compañeras de viaje a las operaciones policiales y la criminalización, pero, según dicen los miembros del movimiento, su objetivo es materializar el derecho a la vivienda. La okupación suele estar en la encrucijada entre la defensa de la propiedad privada y la función social del uso de los espacios; entre el daño que infligen al sistema económico y las administraciones públicas y los beneficios que aportan a los vecinos de la zona. Pero ¿es delito limpiar, pintar, reutilizar y dar vitalidad a un edificio abandonado? ¿Puede ser delito si el objetivo de la acción es reivindicar y materializar el derecho a la vivienda?
«El delito, por definición, es una conducta que, a juicio de la sociedad, debe castigarse», responde el miembro de la Oficina de Okupación de Bilbao y abogado Iñaki Carro. Aporta un dato llamativo en torno a los casos de usurpación que ha examinado la Audiencia Provincial de Bizkaia: en casi 200 sentencias, dos tercios de los jueces se han pronunciado por el archivo o la absolución. Pone como ejemplo un caso de principios de 2009, cuando juzgaron a veinte jóvenes que habían ocupado una casa de la calle Ribera de Bilbao: «Todos reconocieron que habían vivido en la casa y algunos incluso lanzaron un discurso político contra la especulación. Ocurrió lo que esperábamos: la absolución.»
Así, ¿cuándo empieza y cuándo acaba el delito? «Normalmente, la clave es que el edificio esté abandonado», explica el abogado. Sin embargo, el concepto de abandono también puede ser subjetivo, incluso mensurado desde la perspectiva temporal: «El Código civil considera abandono tener el edificio sin utilizar durante un año; a mí me parece poco. Normalmente, se habla claramente de abandono a partir de diez años.» Pero, en opinión de Carro, los jueces consideran la dimensión cualitativa, esto es, «que el edificio no cumpla su función social».

En efecto, ése es el límite, a juicio del abogado, que tiene la propiedad privada. «La gente se equivoca si piensa que los propietarios tienen derecho a tener la casa vacía. No existen derechos absolutos: la función social de la propiedad debe respetarse, y dejar abandonada una vivienda es contrario a ella, es hacer mal uso de la propiedad.»

Según la Oficina de Okupación de Bilbao, sólo en la capital vizcaína hay 16.000 viviendas vacías. «Pero sólo sacan al mercado 200», explica el abogado; a consecuencia de ello, el precio de alquileres e hipotecas aumenta terriblemente. «Si hubiera una oferta de 16.000, serían más baratos. Conscientes de ello o no, quienes tienen las casas deshabitadas están subiendo los precios artificialmente.» El objetivo del movimiento okupa es precisamente «luchar contra la espiral de la especulación». Y así lo entienden los jueces. Carro explica que «el Código civil dice que puedes convertirte en propietario de una casa si vives en ella 30 años». «En consideración a ello, los jueces concluyen que la okupación no es delito.» «Al contrario», añade, para expresar que el delito debería ser abandonar viviendas y especular con ellas. Habría base para ello en la Constitución española: «el artículo 47 dice que todos los ciudadanos tiene derecho a una vivienda y que los poderes públicos deben regular el uso del suelo para evitar la especulación».

De las vías civiles a las penales

La legislación, empero, ha optado por criminalizar la okupación. En 1995, el Código penal español la tipificó como delito y, lo que hasta entonces se había dirimido por la vía civil, pasó a la vía penal. «Da la opción de imponer condenas de dos años y cuatro meses, pero nunca se ha aplicado nada semejante», especifica el doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona y profesor de Sociología Robert González, que ha investigado la influencia de la okupación en las políticas públicas. El peor efecto que ha tenido ha sido en las políticas sobre orden público: la represión. «Pero en el sistema judicial ha habido críticas, considerando que, en lo tocante al derecho a la vivienda, el legislador ha ido demasiado lejos en la defensa de la propiedad privada.» Hay, por tanto, una gran diferencia entre lo que concluyen los tribunales y lo que proclaman otras instituciones públicas. González afirma que «los poderes públicos realizan sobre todo discursos criminalizatorios, pero, en la práctica, el código penal jamás se ha aplicado hasta el final». «Parece que el propio sistema se ha percatado de que la represión contra este movimiento es desmesurada.»

A juicio del sociólogo, empero, esos discursos institucionales no son casuales: «Son un intento de legitimar la represión contra el movimiento. La okupación les hace daño, ya que denuncia las injusticias del sistema capitalista.» «Obstaculizamos el modelo de ciudad que aparece en las postales», añade Asier, miembro de la asamblea de Kukutza, en alusión al Ayuntamiento de Bilbao: «llegamos a convertirnos en un punto de referencia y eso les escocía». En septiembre desalojaron y derribaron el gaztetxe de Errekalde. Durante esos días, Kukutza III se convirtió en símbolo del reconocimiento que tiene la okupación en la sociedad y muestra de ello fueron las brigadas de resistencia, el apoyo de los agentes y las protestas. «Se legitimó la okupación», dice Asier, y añade que también cambió la mala fama del movimiento: «Muchos pensaban que la okupación eran unos cuantos punks que te entraban en casa cuando estabas de vacaciones, pero creo que vieron que somos gente normal, que hay pluralidad en el movimiento y que nos une un problema: la falta de vivienda para los jóvenes y de espacios públicos para crear y hablar». A su lado tiene a Ibai, también de Kukutza, y a Gisèle, miembro del gaztetxe de 7katu de Bilbao. Más allá del «impresionante eco mediático» de aquellos días, Gisèle prefiere destacar el trabajo realizado durante trece años: «el apoyo de la gente se obtiene con el trabajo cotidiano y así sucedió con Kukutza: cuando empezó todo el jaleo casi la mayor parte del barrio estaba a nuestro favor».

Fuera del País Vasco, a González, además de Kukutza, le quedaron clavadas en la memoria las «manifestaciones gigantescas» contra el desalojo del gaztetxe Euskal Jai, que funcionó en Pamplona entre 1994 y 2004: «Lograron amplio apoyo, por encima de las campañas mediáticas y las declaraciones de los poderes políticos. Al cabo, el discurso del movimiento okupa se compadece con el buen sentido de muchos habitantes». Cita diversas investigaciones para confirmar que el movimiento tiene «un alto nivel de simpatía, sobre todo porque se percatan de la injusticia que denuncia». Por eso, al hablar de legitimación social, el sociólogo distingue entre dos percepciones: por un lado, la tendencia de la opinión pública, conducida por los grandes medios de comunicación, y, por el otro, la de quienes viven cerca de los edificios ocupados. Él también conoció Kukutza: «Los vecinos ven con buenos ojos ese tipo de casas sociales: se han fortalecido durante muchos años, funcionan abiertas al barrio, realizan actividades plurales…». En el propio movimiento se trabaja esa convivencia. «En el barrio, hemos trabajado mucho para explicar a los vecinos la idea de la okupación», explica Gisèle, hablando de 7katu. Admite que recién ocupado un local o un edificio los vecinos suelen tener miedo, «porque lo gestionará la asamblea, porque esa asamblea la forman jóvenes…». Pero, al final, la vida cotidiana demuestra su trabajo: «intentamos no hacer demasiado ruido, nos reunimos con los vecinos, les decimos que vengan si tienen problemas…».

Los que viven en el edificio recientemente ocupado en Dendarikale de Bilbao también están «muy contentos», según el abogado Carro. Es habitual: «cuando en una casa no vive nadie, hay mucha humedad, suciedad, aparecen ratones, plagas, etc.».

Grietas en el sistema

A juicio de Carro, es parte de la estrategia de muchas empresas: «compran un edificio histórico y, como los ayuntamientos no les darán permiso para derribarlo, esperan a que se caiga solo». La okupación les malogra los planes, «les rompe el negocio». Esa grieta del sistema capitalista es precisamente la que quieren activar, en palabras de Ibai: «La especulación ha sido para muchos un modo fácil de lograr dinero y el movimiento okupa ha actuado muy bien contra ese sistema. Tienen las casas vacías y sin uso para especular. ¿Cómo actuar contra eso? Ocupando y dándoles vida.» No obstante, en opinión de González, la okupación, «desafortunadamente», no ha tenido mucha influencia en el ámbito de la vivienda: «el sector de los constructores y las finanzas domina las políticas de vivienda y el sector privado es muy cerrado al influjo de los movimientos sociales». En cambio, la influencia del movimiento ha sido más perceptible en las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, «a pesar de que la política no es un espacio nuclear». En muchos lugares, los jóvenes han obtenido un espacio, mediante acuerdos con la administración local. El sociólogo considera que esos acuerdos legitiman al movimiento: «el hecho de dar un espacio demuestra que existía la necesidad de ese espacio». El Local de Jóvenes de Deusto, en Bilbao, acaba de cumplir veinte años así. En la misma época se acordó también el Local de Jóvenes de Irala «y el ayuntamiento lo cerró de un día para otro», como recuerda Gisèle: «hubo un cambio generacional, necesitaban tiempo para ir aprendiendo, se estaban poniendo en marcha... pero el ayuntamiento decidió que el proyecto no iba a ninguna parte».

González reconoce que en los acuerdos se detectan grandes contradicciones. Por ejemplo, es extraño que las negociaciones fueran más fáciles en Madrid, con el PP tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, que en Cataluña con el gobierno tripartito de PSC-ERC-ICV. «Los partidos políticos no están dispuestos a dar vía a la autogestión. Y los partidos de izquierda, además, consideran al movimiento okupa como un competidor, de cara a sus bases sociales, y no le quieren dar más espacio.» Precisamente uno de los debates de actualidad en el seno del movimiento es la relación con las administraciones públicas. «No las necesitamos», dice Asier. «Hemos demostrado que somos capaces de autogestionarnos.» Ibai destaca la importancia de la necesidad de actuar críticamente: «Creo que las relaciones con las instituciones deben ser de confrontación, siempre y en todos los ámbitos. Las subvenciones, al cabo, son una forma de control.» Gisèle declara que «eso crea grietas en el sistema: ser dueños de nosotros mismos y que la creación esté por encima del dinero». Además, la práctica les ha demostrado que las relaciones con las administraciones son «imposibles». Asier recuerda lo ocurrido con Kukutza: «nos reunimos con el Ayuntamiento, recogimos firmas, propusimos soluciones y no sirvió para nada; se burlaron de nosotros; nos engañaron».

El sábado, la reivindicación a la calle

La desaparición del gaztetxe de Errekalde ha dejado «huérfano» al movimiento okupa. Era un «punto de referencia», dice Gisèle, porque era un edificio muy grande, se hacía de todo. «Eso implicó un trabajo en el modo de organización, que acaso no se haga en otros gaztetxe porque el espacio no lo exige.» Pero ha dejado otra pérdida, más evidente: «el propio espacio ya no está y quienes estaban allí tienen problemas para proseguir sus actividades». 7katu también se ha convertido en punto de referencia: «simbólico, porque nos han echado cuatro veces y lo hemos ocupado cinco». A partir del jueves, celebrarán el quinto aniversario y, el sábado, realizarán una manifestación en Bilbao. Para decir que, después del derribo de Kukutza, siguen con ganas. Para proclamar que la okupación es un movimiento social. Pero Asier va más allá: «La vivienda es básica, necesaria, y la están utilizando, están jugando con los sentimientos de la gente. El modelo del ladrillo es insostenible, además de económicamente, también por los valores que trae consigo. La okupación puede ser una salida, pero, para mí, también es un modo de vida. Yo vivo ocupando, en una casa ocupada. A veces lo que es difícil también es bonito.»

* Fuente: Berria, 25 de enero de 2012

http://paperekoa.berria.info/harian/2012-01-25/020/001/delitua_ala_eskubidea.htm

Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull

* Rebelión - Opinión - 26.1.12

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Un acusado en Malaya dice que el urbanismo de ahora es peor que con el GIL

MÁLAGAHOY* : Un empresario ataca a la permisividad de la Junta y a las políticas del Ayuntamiento.
Tú me atacas y yo te ataco. El promotor Cristóbal Peñarroya continuó ayer en el juicio por el caso Malaya la estrategia defensiva que desplegó el martes y que pasa fundamentalmente por arremeter contra todo y contra todos. El empresario, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho, devolvió con ferocidad todos y cada uno de los golpes que le lanzaron ayer las acusaciones. Atacó a la Junta de Andalucía porque, según dijo, recurría las licencias municipales y sin embargo no ponía ninguna pega a las 30.000 viviendas ilegales de Marbella mientras cobraba los impuestos, aunque aludió al IVA, que es un tributo estatal.
También se volvió a despachar con la gestora que tomó las riendas del municipio cuando fue detenida Marisol Yagüe y su equipo de gobierno en el caso Malaya. El constructor dijo que la Junta la colocó en el Ayuntamiento "para que arrasara Marbella", y le reprochó, entre otras cosas, que no se personara en los pleitos que había promovido la Junta de Andalucía contra las licencias ilegales y que, de esa manera, permitiera que los tribunales declararan la nulidad de cientos de permisos de obra.

Y de nuevo ayer le volvió a tocar el turno al actual gobierno que dirige Marbella bajo la presidencia de la popular Ángeles Muñoz. Cristóbal Peñarroya afirmó sin rubor que "el urbanismo de ahora es peor que el de aquella época", en alusión a la política municipal que se realizó durante el gilismo.

Gran parte del choque de Peñarroya con el Ayuntamiento de Marbella y su actual alcaldesa reside en que el promotor pagó 270.000 euros al Consistorio en un convenio para que unos suelos que estaban catalogados como no sectorizados pasaran a urbanizables sectorizados. Este acuerdo debía ser recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el que elaboraba el GIL en 1998 nunca fue de aplicación y el actual, aprobado en 2010, no sólo no recoge el convenio firmado la etapa del GIL sino que gran parte del terreno lo cataloga de verde.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 26.1.12
Foto: Marbella es España - nosevende.org (archivo)

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Cerdanyola pide que Can Planes sea declarado suelo contaminado

ELPAÍS/Barcelona* : El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès reclamará a la Generalitat que declare contaminado el espacio afectado por el vertedero de Can Planas, terreno que acumula 330.000 metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos. Así lo aprobó ayer por unanimidad el pleno municipal del Consistorio, gobernado por el PSC, concretando un giro insólito de los planes municipales: hace apenas un año, el Ayuntamiento pretendía construir 4.000 viviendas en la zona pero la presión de la plataforma ciudadana 'Cerdanyola sin vertederos' ha logrado que reclame ahora considerarla como área contaminada. Ello podría suspender los derechos de edificación de los terrenos y acarrear pérdidas económicas a los promotores del proyecto.
“Es lo justo para los ciudadanos”, celebró un portavoz de la plataforma. “Ha habido muchas presiones de los promotores pero construir allí es un riesgo enorme”, destacó. “Hemos recibido muchas presiones”, afirmó en este sentido el concejal del PP, Manuel Buenaño. “Estos días he estado por tirar el móvil”, señaló.

La petición municipal, que ahora deberá estimar la Agencia Catalana de Residuos, también permitirá que las empresas que se lucraron empleando la zona como vertedero asuman algún coste por la limpieza del terreno. “Es una vergüenza tener esto al lado de casa”, lamentó la concejal de ERC, Helena Solà. “El terreno no dispone de protección y los productos tóxicos siguen filtrándose al subsuelo”, precisó.

Los concejales del Ayuntamiento se deshicieron en aplausos para la plataforma ciudadana. Se trata, sin embargo, del mismo Consistorio que sacó adelante el proyecto para construir en esos terrenos pese a que varios estudios técnicos advertían de la peligrosidad de los residuos almacenados.

Can Planas es un depósito de 18 hectáreas de superficie y hasta 40 metros de profundidad que contiene 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada por residuos industriales, entre ellos cadmio, hidrocarburos y cromo. La antigua explotación de arcilla de la zona dejó un agujero cuyos dueños decidieron rentabilizar cobrando a las empresas que vertían allí todo tipo de residuos.

El suelo es venenoso e incluso tiene “riesgo de explosividad” en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.


* El País - FERRAN BALSELLS Barcelona 27 ENE 2012
Foto: Vertedero de Can Planas, en Cerdanyola. / MASSIMILIANO MINOCRI

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Andalucía.- Una amnistía vergonzosa

JUAN CLAVERO* : En estas últimas décadas se ha generado en Andalucía un cáncer que ha devorado su territorio, sus recursos naturales, la honestidad de los políticos y la conciencia ciudadana. El Defensor del Pueblo ha llegado a calificarlo de «hecatombe ecológica». Este fenómeno es la prueba evidente de que la ilegalidad es la norma en el urbanismo andaluz. La invasión de viviendas ilegales en suelos no urbanizables no es entendible sin la complicidad de los responsables municipales y de la Junta de Andalucía. Y no es por falta de instrumentos legales. Tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como el Reglamento de Disciplina Urbanística dan suficientes facultades a los alcaldes para paralizar cualquier construcción o urbanización ilegal y ordenar su demolición. La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención, y Junta y ayuntamientos han actuado con una permisividad delictiva. Si la mayoría de alcaldes y concejales de urbanismo no están procesados es porque la generalización de la ilegalidad hace crecer la impunidad; con más medios de la Policía anticorrupción y de los fiscales, se multiplicarían las actuaciones judiciales en los ayuntamientos.
Ante la envergadura que ha tomado este problema en muchas comarcas andaluzas, la respuesta de la Junta –en clara connivencia con alcaldes y alcaldesas responsables de estas ilegalidades y con los propietarios de las viviendas ilegales–, no ha sido exigir el cumplimiento de la legalidad y retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que demuestran una inacción evidente, sino intentar sacarles del embrollo, dándole cierta cobertura legal a estas miles de viviendas ilegales en suelos no urbanizables.

El Decreto sobre viviendas en suelo no urbanizable es un auténtico golpe de estado contra la legalidad vigente y contra el interés general de la sociedad. La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y supone un claro desprecio a la LOUA, que sólo permite viviendas en suelo no urbanizable como parte de una explotación agropecuaria, prohibiendo las segundas residencias.
Este Decreto tendrá consecuencias demoledoras. Aviva la percepción ciudadana de que las leyes urbanísticas están para incumplirlas, porque al final tendrán premio. Y lo más lamentable es que la alternativa a este Gobierno que, sin escrúpulos, utiliza la apología de la ilegalidad para arañar unos miles de votos, está el PP –tan responsable como el PSOE de este desastre en los ayuntamientos que gobierna-, que le parece insuficiente esta amnistía. Hasta que la sociedad andaluza no se conciencie de las gravísimas consecuencias del urbanismo ilegal y de la especulación y corrupción que ha generado, los partidos políticos que gobiernen los ayuntamientos y la Junta seguirán utilizando el recurso fácil de favorecer a los infractores y delincuentes urbanísticos para sacar unos réditos electorales envenenados.

* Juan Clavero - Secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-A

* La Razón - Opinión - 22.1.12

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Medio ambiente y hormigón, un matrimonio incompatible

HAZEL MORGAN/Ibiza* : Crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la salida de la crisis sin merma de la protección medioambiental». Estas declaraciones, realizadas por el nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, son preocupantes. Su intención de reformar la Ley de Costas de 1988 abre las puertas a la descontrolada especulación inmobiliaria que ha destrozado nuestro litoral durante décadas.
La Ley de Costas, en su exposición de motivos, ya alertaba de que un 40% de la costa española estaba urbanizada. «Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar...», decía.
La Ley de Costas es una de las más avanzadas de Europa. Aun así, no ha cumplido sus objetivos porque las administraciones locales no han asumido la importancia de conservar los valores naturales del litoral, ni de garantizar los derechos públicos de su disfrute.

Son muchos los casos de irregularidades e ilegalidades que llegan a Amics de la Terra, y la mayoría se debe a la permisividad de las instituciones o tratos de favor. Un buen ejemplo fue la excavación de dunas para construir un restaurante en Cala Nova. Este atentado ecológico, prohibido por la Ley de Costas, recibió el visto bueno del responsable municipal de Urbanismo (familia del propietario), argumentando que las dunas se situaban en suelo urbano. Aunque al principio no era verdad, durante el proceso judicial hubo un cambio de deslinde y, milagrosamente, el área de las dunas (ya destrozadas) paso a ser suelo urbano. ¡Así son las cosas!, un despilfarro de tiempo y dinero público.

Otro ejemplo de incumplimiento y dejadez administrativa, aunque esta vez parado por el empeño y denuncia de Amics de la Terra, fue el intento de construir un camino excavando el acantilado a lo largo de la costa para llegar al faro de sa Punta Grossa de Cala de Sant Vicent. El promotor tuvo licencia municipal y un estudio de impacto ambiental en la mano, pero nadie había averiguado si el proyecto aprobado (restauración del sendero), correspondía al proyecto que se estaba llevando a cabo.

Si la Ley de Costas no ha podido contener el 100% de las actuaciones ilegales en el litoral, sí ha sido nuestra aliada a la hora de defender nuestro derecho de acceso al mar, tantas veces cortado por la propiedad privada. Ha servido también para eliminar las barreras, paredes o vallas que obstaculizan nuestro paso por la costa.

La gran polémica de la ley radica en un error: su aplicación es retroactiva, algo expresamente prohibido por la Constitución Española. No se pueden eliminar los derechos legítimos de los propietarios de inmuebles construidos con anterioridad a la Ley. El derribo de las tradicionales casetas varadero es un buen ejemplo, que ha levantado ampollas. Pero, en gran parte, ha sido una ley útil e importante, salvando nuestras costas de la especulación urbanística salvaje, que ha formado gran parte de la burbuja inmobiliaria que ha llevado a la crisis económica. La solución no se encuentra en una reforma profunda de la ley, sino en velar por su cumplimiento y eliminar su carácter retroactivo.

* Hazel Morgan. Presidenta de Amics de la Terra Eivissa.

* Diario de Ibiza - Opinión - 22.1.12
Foto: Ibiza - mma.es

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Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)




* YouTube - Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis (por Aleix Saló)


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Aranjuez.- Un juzgado anula la decisión de la Junta de Gobierno sobre la construcción de un parking subterráneo

EUROPAPRESS*: El juzgado de lo Contencioso-administrativo 12 de Madrid ha estimado el recurso que interpuso la Comunidad de Madrid contra la decisión de la Junta de Gobierno local de Aranjuez de enero de 2009 de construir un aparcamiento subterráneo en la calle del Rey, en Aranjuez, que tuvo un coste de 3,1 millones de euros.
La sentencia, fechada el pasado 23 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de la Comunidad contra la decisión de la Junta de Gobierno, que declara que "no es ajustada y conforme a derecho, anulándola".
La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, determina en sus fundamentos de derecho que el aparcamiento es "ilegal" ya que, entre otros motivos, no se construyó a nivel de la calzada.
En este sentido, recuerda que la "ilegalidad imputada" al Ayuntamiento arancetano consiste en "haber construido un aparcamiento subterráneo en pleno casco histórico cuando la normativa urbanística del propio municipio señala que ahí sólo caben aparcamientos a nivel de superficie".

La sentencia prosigue que las pruebas practicadas y los informes periciales emitidos por los técnicos de la Dirección General de Urbanismo "acreditan la ilegalidad de la construcción del aparcamiento".

Ante la sentencia, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez (PP), ha adelantado este martes en rueda de prensa que pedirá un informe a los "servicios técnicos municipales y a la Comunidad de Madrid" para ver con qué "usos" puede ser "compatible" el aparcamiento y cómo sacarle "utilidad" a un parking que, tras esta resolución judicial, "no se puede destinar a aparcamiento".

Según la regidora, como la construcción no se puede demoler "ni echar tierra encima", los técnicos municipales y regionales deberán determinar su uso.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Martínez ha comparecido ante la prensa para presentar la sentencia y ha anunciado que solicitará a los servicios jurídicos municipales un "informe sobre las posibles responsabilidades penales o patrimoniales en que hubieran podido incurrir, de acuerdo con los antecedentes oficiales habidos y los informes técnicos de organismos competentes conocidos desde el inicio del proyecto, quienes informaron favorablemente e intervinieron en las decisiones que llevaron a la ejecución de la obra", entre ellos el exalcalde y concejal socialista Jesús Dionisio.

Martínez ha considerado que este aparcamiento supone actualmente unas pérdidas anuales de 100.000 euros a las arcas municipales y, por ello, ha anunciado que solicitará al organismo competente un "informe de evaluación de los costes reales de la obra" en el que se estime, además, "la racionalidad y ajuste de las desviaciones presupuestarias producidas".

Además, ha añadido que el Ayuntamiento "estudiará iniciativas en el Pleno municipal para que se visualice la responsabilidad política en este derroche de dinero público del concejal Jesús Dionisio, a sabiendas de que la obra era ilegal por las reiteradas advertencias técnicas de los órganos competentes".

Por ello, Martínez ha adelantado pedirá la reprobación de Dionisio en Pleno por haber perjudicado "gravemente al interés de los ribereños y al patrimonio municipal".

Por su parte, el viceconsejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Hernández, ha expuesto este martes en rueda de prensa la "satisfacción" de la Comunidad de Madrid porque, según ha argumentado, "la sentencia ha dado la razón a lo que vimos claro: un incumplimiento palmario de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Aranjuez".

Así, tras lamentar "los daños" que haya podido causar esta infraestructura, ha asegurado que las obras no se ajustaron al proyecto presentado y ha manifestado que "los términos de la sentencia son en algún momento duros y severos con la actuación del Gobierno anterior".

En cuanto al gasto económico en la obra, ha señalado que el precio medio de cada plaza --teniendo en cuenta el coste final de 3,1 millones de la obra-- superaría al coste medio de una plaza similar "en la ciudad de Madrid".
COSTES

Sobre el capítulo de gastos, el Gobierno 'popular' ha informado este martes de que "se hizo un modificado de costes, de modo que el montante total de la obra fue de 3.145.988 euros, de los cuales 2.204.000 euros se imputaron al 'Plan E' y 941.988 euros se cargaron directamente a las arcas municipales".

Ahora, según la alcaldesa, "el aparcamiento subterráneo supone unas pérdidas anuales de 100.000 euros para el Ayuntamiento, que en la actual situación económica de ruina heredada no se puede afrontar". Además, ha cuestionado las expectativas "falsas" de esta infraestructura, puesto de que de las 74 plazas de aparcamiento puestas a la venta, "sólo se ha vendido una".

La resolución judicial del juzgado es fruto del acuerdo adoptado en consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 10 de enero de 2010, cuando el Ejecutivo regional decidió interponer el recurso Contencioso-administrativo.

La Dirección General de Urbanismo hizo varios requerimientos al Ayuntamiento (el 25 de mayo y el 18 de septiembre de 2009) para que remitiese la documentación justificativa de que las obras del aparcamiento cumplían la normativa, esto es, el Plan General de Ordenación Urbana y demás normas urbanísticas vigentes. "Los requerimientos no fueron atendidos por el Ayuntamiento", según fuentes municipales.

El 14 de octubre, la Dirección General de Urbanismo requirió al exalcalde para que procediese a la inmediata paralización de las obras "incluida la tala de árboles de alineación afectados por las mismas". Según el actual Gobierno local, el exregidor "despreció el requerimiento y consintió la tala de quince árboles sanos y centenarios, reincidiendo en anteriores atentados perpetrados por él contra el Patrimonio Cultural e Histórico", desoyendo además las denuncias de la Asociación de Vecinos y Comerciantes para la Protección del Casco Histórico de Aranjuez.

Por su lado, fuentes del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento han informado este martes, en declaraciones a Europa Press, de que no han recibido comunicación de la sentencia y, en este sentido, han emplazado cualquier "valoración" al momento en que tengan conocimiento de la resolución.


* EuropaPress - 25.1.12
Foto: EP

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