El TSJ anula un PAI de Benissa porque no pidió el informe sobre agua a la CHJ

LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) Pedramala 2 de Benissa porque "no recabó el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar" sobre garantía del suministro de agua. La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo considera que "se ha incumplido un requisito esencial del trámite, por lo que necesariamente procede, por esta causa, la anulación del plan parcial, de la aprobación y la adjudicación" del PAI, según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Desde la Asociación ¡Abusos Urbanísticos No!, con varios socios afectados por el proyecto, consideran la sentencia "muy importante y aplicable, no sólo a otros PAI de Benissa, sino a otras poblaciones en la misma situación".
El PAI Pedramala 2 prevé urbanizar 180.000 m2 en uno de los parajes más bellos de Benissa, que linda con suelo no urbanizable de especial protección de Calp, aunque en el PGOU de Benissa esta zona de montaña consta como urbanizable. La previsión es construir 72 viviendas en parcelas de 2.500 m2.

El equipo de gobierno de Benissa, del PP, logró adjudicar en 2008 el PAI de Pedramala 2 a la empresa Construcciones Benimarco SL gracias al voto de calidad del alcalde, Juan Bautista Roselló. La oposición de entonces, -un edil del PSD que apoyaba al PP, tres ediles del CIBE-Bloc y cuatro concejales socialistas- pidieron que el PAI se dejara sobre la mesa para consensuar su construcción entre las dos alternativas técnicas que se barajaban.

El portavoz del PSPV-PSOE, Vicent Cabrera, tuvo que ausentarse de la votación ya que asesoraba como letrado a la promotora que finalmente logró la adjudicación. Gracias a la ausencia de Cabrera, el alcalde popular, Juan Bautista Roselló, hizó valer su voto de calidad para desempatar las votaciones: primero desestimando que el punto quedara sobre la mesa y después adjudicando el programa a Construcciones Benimarco SL, una decisión que ahora ha sido anulada por el TSJ.

El PAI aspiraban a a ejecutarlo dos empresas. La que resultó adjudicataria es Construcciones Benimarco SL, apoyada por propietarios de terrenos en la zona. La otra mercantil, Pedramala 2 SL, que aglutinaba a propietarios de viviendas en la zona, presentó su propio diseño de PAI que era menos agresivo con el paisaje, ya que contemplaba 14 casas menos y evitaba un vial de conexión entre Benissa y Calp con un fuerte impacto visual. Fueron los propietarios agrupados en la entidad Pedramala 2 SL los que recurrieron la aprobación del PAI ante el TSJ y y los que ahora han conseguido que les den la razón y se anule su aprobación y adjudicación.

"La sentencia de Tavernes es el ejemplo de la política del PP"
El portavoz del PSPV-PSOE en las Corts, Francesc Signes, consideró ayer que el caso Vergeret de Tavernes de Valldigna "es el resultado de la política de la CHJ practicada hasta 2004 durante los gobiernos del PP". Como ayer informó en exclusiva Levante-EMV, el TSJ ha anulado la urbanización del Vergeret en Tavernes de la Valldigna (ya construida) porque afecta a zona inundable. El drama del caso es que ya se han construido 500 casas en la zona del Vergeret. Signes asegura que esta forma de actuar es "la forma de actuar que tiene el PP y la Generalitat de Camps: no informar este tipo de planeamientos y aprobarlos sin el informe preceptivo y vinculante del organismo de cuenca". Según datos recabados por el diputado socialista, la Conselleria de Urbanismo aprobó en el año 2000 el plan parcial Vergeret "sin informe de la confederación, supeditándolo a respetar la ley de aguas respecto a su servidumbre legal, es decir: 100 metros desde los límites del río Vaca donde solamente se permitiría un itinerario peatonal". El 20 de octubre de 2006, con el PSOE en el gobierno central, cuando la CHJ informó sobre la modificación del plan parcial y recordaba que se tenía que respetar la zona de dominio público-hidráulico de la zona de servidumbre, "cosa que no se hizo ni por el ayuntamiento ni por la conselleria, ambas gobernadas por el PP. De ahí esta sentencia del TSJ, que pone en riesgo a miles de personas, sin que tengan ninguna culpa de ello", denuncia Signes. Al margen de si el ayuntamiento, ahora gobernado por PSOE-Bloc-EU, recurre al Supremo o no, "lo importante es que se ejecute el plan contra inundaciones del río Vaca, que Acuamed, dependiente del gobierno de España, licitó la redacción del proyecto en agosto de este año. El Gobierno del PSOE está cumpliendo, por tanto, en la solución a a un problema que él no ha creado", asegura el diputado. "Ahora tendrán que ser el gobierno del PP y Rajoy quienes cumplan y concluyan este plan", reta el socialista. Además, también cabe recordar que la zona del Vergeret está incluida en el Patricova de 2003, como de alto riesgo de inundación, por lo que "también cabe reprochar a la Generalitat, la aprobación del plan parcial, cosa que por otra parte, ha hecho también en más de 100 actuaciones en zonas inundables, con una superfície de 2.240 hectáreas desde 2003", denuncia Signes.


* Levante - 12.12.11
Foto: El TSJ anula un PAI de Benissa porque no pidió el informe sobre agua a la CHJ Levante-EMV

.................................... Leer más...

Citan a declarar al ex alcalde de Gondomar y a un ex edil por prevaricación

ELMUNDO/Pontevedra* : El Jugado de Instrucción 3 de Vigo ha citado al ex alcalde de Gondomar, Martín Urgal, y al ex concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, para prestar declaración en relación con un presunto delito de prevaricación administrativa, tras haber cesado de sus cargos a dos funcionarias municipales. En su lugar, contrataron una asesoría externa para realizar las tareas que ellas llevaban a cabo.
La medida judicial se encuentra dentro de las diligencias previas que instruye la juez a raíz de la denuncia presentada por las dos empleadas del Ayuntamiento y por uno de los partidos de la oposición, el BNG. La secretaria municipal y la técnica de Administración ya prestaron declaración en su día, así como la anterior interventora, ahora en otro destino. El ex regidor del PP y el ex edil tendrán que acudir este jueves a testificar ante la Fiscalía de Vigo.
El asunto salió a luz pública el pasado mes de febrero, cuando el regidor decidió retirar las facultades a las dos funcionarias por entender que estaban bloqueando la concesión de licencias de obras en el municipio. Mediante una resolución de la Alcaldía, ambas perdieron sus facultades para emitir dictámenes sobre asuntos urbanísticos y fue contratado un asesor con un coste total de 17.500 euros.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo y la Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, abrieron posteriormente sendas investigaciones para determinar si existía algún tipo de irregularidad en las nuevas licencias concedidas. Desde el relevo de las funcionarias, el Ayuntamiento ha autorizado medio centenar de permisos que ahora están en el punto de mira.

Sin documento urbanístico

"Estamos ante una denuncia totalmente falsa, estoy muy tranquilo e iré a declarar lo que haga falta", señala Martín Urgal tras recibir la citación judicial. El ex alcalde, hombre que logró el consenso de PP e independientes para que saliese adelante la moción de censura en 2009, asegura que actuaron en todo momento con el respaldo de administraciones locales y autonómica.

"Hicimos todo conforme a la ley, teníamos informes de la Fegamp (Federación Gallega de Municipos y Provincias) y de la Xunta favorables", añade Urgal.

El fondo del problema consiste en la negativa de las funcionarias a conceder licencias sin la existencia de un documento urbanístico que sigue pendiente de aprobarse. Gondomar ha estado en la última década en el ojo del huracán, con continuos procesos judiciales, detenciones, sentencias y políticos inhabilitados para desempeñar sus caros, por lo que cualquier dictamen supone un riesgo para los técnicos municipales.

Esa situación llevó a la secretaria y a la técnica a poner especial cuidado, sobre todo después de que la concejalía que dirigía Alfonso de Lis recuperase las normas subsidiarias de 1991. La anulación judicial del plan urbanístico de 1997, que diez años más tarde supuso la condena del 90 por ciento de los concejales del gobierno local, provocó una inseguridad jurídica que aún tiene bloqueado actualmente al sector de la construcción en la villa del Val Miñor.

Expedientes paralizados

"Nosotros nos encontramos con el petate que ya venía de la etapa anterior, con peleas entre ellas y el arquitecto, y con una falta de diligencia total por parte de las funcionarias, que tenían sin despachar expedientes de los los últimos cinco años", explica Urgal. Los roces entre De Lis y el comité de personal del Ayuntamiento fue en aumento y, a principios de año, el concejal llegó a leer públicamente durante un pleno un escrito acusando a las empleadas municipales de tener bloqueada la concesión de licencias.

"Se me imputa un delito que no he cometido y lo voy a demostrar, la Fiscalía ha recibido documentación con información sesgada, le hurtan información", indica el ex edil de Urbanismo. Alfonso de Lis menciona una sentencia de este mismo año de un juzgado contencioso-administrativo en el que les concedía la potestad de dar licencias. "Todas las licencias que hemos dado tienen los informes técnicos y jurídicos, están concedidas basándose en la normativa urbanística", argumenta.

El ex regidor recuerda por su parte que las funcionarias fueron encomendadas en aquel momento a la gestión del pago de facturas. "Ante las quejas de la gente y al estar sin interventor, necesitábamos pagar a los proveedores porque había muchos atrasos", recuerda. "Yo no me siento responsable de ningún delito, ni de haber prevaricado nada, cómo voy a hacer esas tonterías", sentencia De Lis.


* El Mundo - 11.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

.................................... Leer más...

Santa Cruz.- El asesor de Zerolo cobraba de empresas que tenían contratos con el Ayuntamiento

LAPROVINCIA/Tenerife* : Un grupo de empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ingresaban dinero en la cuenta de una sociedad propiedad del periodista Jorge Bethencourt, al que la policía considera un presunto testaferro del ex alcalde Miguel Zerolo y que fue asesor municipal en materia de Urbanismo. En varios informes policiales del sumario del caso Las Teresitas, desclasificado la pasada semana y en el que se investiga la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, los investigadores detectaron ingresos de al menos seis sociedades diferentes en la cuenta de una mercantil propiedad de Bethencourt, Agencia de Prensa BG. La empresas son Vemate, S.A.; Urbaser, S.A.; Ecocivil Electromur, S.L.; Emocional Base, S.L., Juandro (propiedad de Julio Bonis) y Coalición Canaria. Todas menos las dos últimas tenían contratos públicos con el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Todo ello se produjo en una época en la que Agencia de Prensa BG adquirió un ático y dos plazas de garaje en el Edificio Beleyma de la capital tinerfeña, propiedades que, según afirmaron algunos confidentes a los investigadores del caso Las Teresitas, pudieran pertenecer realmente al ex alcalde Miguel Zerolo. La policía deja abierta la posibilidad de que estos ingresos obedecieran al presunto pago de comisiones ilegales, toda vez que Bethencourt, además, fue asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto los pagos podrían ir destinados a sufragar los gastos de la hipoteca de la vivienda comprada en el Edificio Beleyma a cambio de contratos públicos en Santa Cruz.

"Del análisis y estudio de la cuenta bancaria de Agencia de Prensa B.G. se puede extraer la conclusión de que mediante los ingresos efectuados en esta cuenta se pueden cubrir los gastos generados por el pago de la letra en concepto de pago del préstamo que nos ocupa", explican los investigadores.

Siempre según el informe, "los clientes mayoritarios de Agencia de Prensa B.G. son empresas que a su vez han tenido relaciones contractuales con el Ayuntamiento, y que según las informaciones recibidas manifiestan que Jorge Bethencourt podría estar recibiendo y encubriendo pagos que empresarios podrían haber realizado al alcalde Miguel Zerolo por concesiones u obras municipales adjudicadas a éstos".


* La Provincia - 12.12.11
Foto: Miguel Zerolo, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a la salida del TSJC durante una de sus declaraciones.- laprovincia

.................................... Leer más...

Camps.- Su herencia, más corrupción

PÚBLICO/Valencia* : El principal objetivo de Francisco Camps al frente de la Generalitat fue, según repitió su partido una y otra vez, "poner a Valencia en el mapa" a través de los grandes eventos deportivos. Sin embargo, la realidad es que hoy, cinco meses después de su dimisión, el País Valencià es famoso por sus casos de presunta corrupción cometidos en el seno del PP o por administraciones gobernadas por este partido.
En este momento hay cinco instrucciones judiciales en marcha cuyos sumarios narran un presunto robo masivo de dinero público por parte de políticos conservadores o empresarios vinculados a ellos, realizado bajo el mandato de Francisco Camps. El más llamativo es el caso Gürtel, por el que cinco dirigentes conservadores de la confianza del expresident están imputados. Se les acusa de amañar contratos a favor de empresas de la trama corrupta, al tiempo que, presuntamente, esta misma red les ayudaba a financiar de manera ilegal el partido.

En el sur de la comunidad, el caso Brugal analiza si otra de las dirigentes más cercanas a Camps, la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, recibió regalos y favores de un constructor a cambio de darle información privilegiada sobre los planes urbanísticos del Ayuntamiento. Pese a que el caso ya estaba siendo investigado, Camps premió la lealtad de Castedo con un escaño en el Parlamento autonómico. En el norte, Camps apoyó y elogió la gestión de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, pese a estar imputado por siete delitos contra la Administración pública.

La lista sigue en la provincia de Valencia. La depuradora de Pinedo se ha hecho famosa en los últimos meses por haber albergado un monumental desfalco que podría alcanzar los 40 millones de euros, según el PSOE, efectuado por miembros del PP de Valencia. La lista se completa con los contratos firmados por la Administración autonómica con la entidad presidida por Iñaki Urdangarin, que se embolsó 3,5 millones gracias a varios convenios. Fuera del ámbito judicial, son conocidos también los pagos al arquitecto Santiago Calatrava, que recibió más de 17 millones de euros por proyectos de obras que nunca se llevaron a cabo.

En el origen de todos estos escándalos está la falta de transparencia que Camps impuso como rutina en la gestión de la Administración. Durante años, los partidos de la oposición solicitaron los contratos con Calatrava y las empresas de la trama Gürtel y los convenios con Urdangarin, entre otra documentación. También la prensa preguntó sobre estos temas con insistencia.

La respuesta de la Administración fue, sin embargo, la ocultación de los datos. Los portavoces de la Generalitat explicaron en repetidas comparecencias públicas que los acuerdos con el yerno del rey y con el arquitecto eran confidenciales, a pesar de que la ley obliga a la publicidad de los contratos y convenios públicos. En cuanto a las adjudicaciones a las empresas de la trama Gürtel, la oposición los solicitó formalmente en Les Corts Valencianes, pero el Ejecutivo de Camps los negó porque ya estaban siendo auditados por el Tribunal de Cuentas autonómico, entre otras razones. Cuando el caso Gürtel estalló, volvió a negarlos, esta vez con el argumento de que estaban bajo secreto de sumario.

Condena por opacidad
Este oscurantismo le valió a la Administración autonómica una sentencia en contra. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) condenó en junio a la Generalitat a mostrar los contratos menores con la trama Gürtel a la oposición. El Gobierno regional, sin embargo, optó por recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y todavía no los ha mostrado.

El sucesor de Camps, Alberto Fabra, prometió al principio de su mandato aumentar la transparencia. En los meses siguientes, hizo algunos gestos en este sentido, como mostrar algunos de los contratos firmados con Orange Market y con el arquitecto Santiago Calatrava. Sin embargo, Fabra sigue defendiendo la confidencialidad para negar convenios firmados con Urdangarin, y mantiene en sus escaños a seis imputados y dos implicados en casos de presunta corrupción.


* Público - 11.12.11
Foto: Protesta ciudadana contra la corrupción (archivo)- público

.................................... Leer más...