La Xunta defiende el fichaje de un promotor como jefe de Urbanismo

ELPAÍS/Pontevedra* : Con meses de retraso llegó ayer al Parlamento la polémica por el nombramiento como jefe de la Consellería de Territorio en Pontevedra de José Luis Díez Yáñez, exapoderado de una promotora inmobiliaria vinculada a la red Gürtel que aún pleitea con el Ayuntamiento de Sanxenxo por un negocio fallido para construir una urbanización de lujo sin viviendas públicas. El fichaje fue defendido por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que no vio problema en que alguien que trabajó para 14 promotoras pasase al poco tiempo a ser garante de la legalidad urbanística. Al contrario, la circunstancia le parece deseable. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", leyó.

El asunto se debatió en la comisión de ordenación territorial del Parlamento a instancias del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que partió del caso específico de Díez para criticar el estrecho vínculo entre el urbanismo de Sanxenxo y la consellería que dirige Agustín Hernández. La propia Rivas fue gerente de Urbanismo del municipio costero en la época de Telmo Martín, y un asesor de Hernández, José Luis Narbón -uno de las artífices de la normativa territorial en tiempos de José Cuiña-, es responsable de un bufete que defiende a infractores urbanísticos, por un lado, y al propio Ayuntamiento de Sanxenxo por otro, al que en cuatro años cobró más de 345.000 euros en minutas judiciales. "Sanxenxo es una escuela de formación para cargos del PP en materia de urbanismo", cargó Lobeira, que pidió el cese de Díez.

La cuestión no era plantear la legalidad de los nombramientos, que el diputado del BNG no puso en duda, sino su ética. Díez Yáñez fue director de relaciones institucionales de Sedesa, empresa vinculada al caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Entre las 12 compañías relacionadas con Sedesa en las que estuvo empleado, fue apoderado de Mirador de Sanxenxo, una promotora que pactó con el Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés, con Martín de alcalde y Rivas de gerente de Urbanismo, pagar al consistorio 4,8 millones de euros para eludir la obligación de construir viviendas de protección oficial en una urbanización en Monte Faro con 1.330 viviendas de lujo.

El acuerdo se vio frustrado por los requisitos extra que instauró el bipartito. Díez Yáñez trató de recuperar el montante ingresado para la empresa, por lo que firmó personalmente un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. El conflicto siguió en el juzgado. Un año después de rubricar el recurso, fue nombrado jefe territorial, cargo que lleva aparejado el de presidente de la comisión provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sustituyó en el puesto a Evaristo Juncal, que cesó tras desvelar EL PAÍS sus negocios con testaferros de narcotraficantes. "Los cargos de responsabilidad en un Gobierno no deberían estar vinculados a actividades privadas recientes en el mismo ámbito en que ejercen responsabilidad política en la actualidad", reprochó Lobeira.

En su respuesta, Rivas recordó la tramitación del acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y la promotora, insistiendo en su legalidad. También quiso sacar pecho por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, del que destacó que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos en su contra menos uno. Olvidó decir que el trasiego judicial de la norma le ha costado a las arcas locales más de 900.000 euros, según las propias cuentas municipales. Lobeira le reprochó que fuese ella la encargada de responder a una pregunta que afectaba a su gestión. "Es una versión de parte", protestó. Después llamó a "terminar con la impunidad del PP en Sanxenxo y en Galicia para asumir como normal este tiempo de procesos".

Rivas se ciño de entrada a la legalidad del nombramiento. "No incurre en incompatibilidades. Renunció en acta notarial a los apoderamientos que ostentaba en la empresa privada". Y deslizó una acusación al propio BNG. "El acceso a puestos directivos desde el sector privado no es nuevo, como tampoco el camino inverso y cualquiera que sea el color político, como ustedes saben".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 26/11/2011
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Madrid.- 15 'okupas' se instalan en un bloque de viviendas abandonado

ELPAÍS* : Un grupo de unos 15 okupas se han instalado hoy en un nuevo bloque de viviendas abandonado ubicado en el nº11 de la calle Concepción Jerónima de la capital, entre Tirso de Molina y la calle Carretas. El edificio, que desde fuera parece estar reformado y en bastante buen estado (además de con materiales de calidad, la puerta, de madera maciza, es moderna).
El edificio ha sido ocupado durante la noche, ha confirmado a Efe una de las personas que se encuentran en el interior de este inmueble de cinco plantas y 28 viviendas. El nuevo espacio tiene como objetivo, según han explicado, realojar a familias madrileñas que se han quedado sin vivienda porque han sido desahuciadas. El bloque de pisos, conocido en el barrio por su fachada rosa, está abandonado desde hace años.

Sus nuevos ocupantes tienen la puerta cerrada a cal y canto y algunos de ellos se encuentran asomados a los numerosos balcones del edificio, muchos de ellos con la cara cubierta por pañuelos u otras prendas. "Tomamos lo que el Gobierno nos niega", reza una de las pancartas que han colgado de las ventanas. Otras son Okupar es la solución y No os da vergüenza echar a gente a la calle.

Una mujer ha asegurado desde dentro que "han liberado este espacio" para que vivan personas desahuciadas y ha matizado que están "relacionados con el Hotel Madrid (de la calle Carretas)" pero que emprenden esta acción "a título individual". En la cuenta de Twitter de Hotel Madrid informan de "una nueva liberación en la calle Concepción Jerónima 11". "Necesitan ayuda!!!!", añaden. Varias personas pertenecientes a la Oficina de vivienda 15-M y del Hotel Madrid consultadas por este periódico no tenían conocimiento de esta nueva okupación.

Se trata de la segunda okupación que surge de este grupo en poco más de un mes. El domingo pasado anunciaron que se han instalado junto a 16 familias en el número 33 de Corredera Baja de San Pablo, en Malasaña.

La entrada de los Cines Madrid, tapiada para evitar la 'okupación'
La entrada de los Cines Madrid, ubicados en la plaza del Carmen, en el centro de la capital, se encuentra tapiada por un muro de ladrillos con el objetivo de evitar la okupación de este espacio cerrado desde hace casi 10 años. Según fuentes de la empresa que gestiona este espacio, Deportes y Espectáculos S.A., con sede en San Sebastián, la entrada por la plaza del Carmen ha sido bloqueada tras conocerse "en prensa" de que el cine "era objetivo" de las okupaciones que se están realizando en las últimas semanas en el centro de Madrid.

Los cines están cerrados a raíz de un ERE en 2004, según han señalado desde la empresa, si bien han asegurado que el espacio no se encuentra abandonado. Una trabajador de la empresa acude al establecimiento diariamente para acondicionar el espacio y limpiar los alrededores, al ser un lugar que ocupan de forma habitual indigentes de la zona. Asimismo, los cines siguen contando con tomas de luz y agua.

La empresa planea reabrirlo del año que viene con una explotación mixta que pudiera combinar salas de cine y un hotel con unas seis habitacines, por ejemplo, o incluso viviendas. Mientras tanto, y para evitar que sea okupado, se baraja alquilarlo para actividades de ocio audiovisual.


* El País - C. PÉREZ-LANZAC / AGENCIAS - Madrid - 25/11/2011
Foto: Varios okupas se asuman a las ventanas del bloque "liberado" en la calle Concepción Jerónima de Madrid.- elpais

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'Malaya'.- Roca afirma que pagó 1,5 millones en sobornos a Marisol Yagüe en dos años

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca entregó cerca de 1,5 millones de euros a Marisol Yagüe durante los poco más de dos años que fue alcaldesa de Marbella. Así al menos lo reconoció ayer el principal procesado del caso Malaya, a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Roca contó que desde el otoño de 2004 hasta su detención, en marzo de 2006, repartió sobres a los 14 concejales que gobernaban Marbella, aunque el sobre más abultado siempre era el de Yagüe. El objetivo era evitar que se fracturara el equipo de Marisol Yagüe, construido con una moción de censura que agrupó a concejales del GIL, del PSOE y del PA para desalojar a Julián Muñoz de la Alcaldía.
El acusado explicó ayer en el juicio por el caso Malaya que la idea de "gratificar" a los concejales en una suerte de fórmula "antitransfuguismo" la ideó Jesús Gil para aplacar a Carlos Fernández, el edil andalucista procesado en Malaya y huido de la Justicia desde marzo de 2006. Sin embargo, fue él quien propuso ampliar los pagos a los tres grupos que gobernaban.

Se estableció un sistema por el que la alcaldesa cobraba el doble que los primeros tenientes de alcalde y, a partir de ahí, el modelo de retribuciones se reducía a un tercio a medida que bajaba el escalafón. No había cuantías concretas y periodicidad establecida de antemano. Roca pagaba cuando tenía dinero. Los sobres se preparaban en su cuartel general, las oficinas de Maras Asesores: dentro de cada uno la suma exacta que correspondía a cada concejal y en el exterior las iniciales del destinatario. Él se los entregaba a los portavoces de los grupos municipales y ellos se encargaban de distribuirlos entre los ediles.

El exasesor de urbanismo de Marbella relató que le dio a Marisol Yagüe cerca de 1,5 millones de euros, admitió que le entregó a la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos los 312.000 euros que figuran en sus archivos intervenidos en Maras Asesores. Los ediles Tomás Reñones, José Jaén Polonio y Vicente Manciles, de acuerdo con Roca, recibieron otros 60.000 euros, José Luis Fernández Garrosa 36.000 euros, Rafael Calleja 210.000, aunque parte de esta cantidad fue un préstamo para comprar una casa, y Antonio Luque otros 24.000 euros.

El argumento de que estas sumas de dinero sólo buscaban mantener la unidad y cohesión del equipo de gobierno tiene su lógica defensiva. Con esta tesis Juan Antonio Roca admite haber pagado cohechos pero no para conseguir que alcaldesa o concejales firmaran ninguna licencia, acuerdo o convenio sospechoso o ilegal. La diferencia de hacerlo para que se mantuvieran unidos o para lograr favores reside en que en el primer caso se pena con multas de tres a seis meses de cárcel y, en el segundo, con hasta seis años de cárcel y sanciones que triplican el valor de la dádiva. Es decir, trata de minimizar las penas que pueda imponer el tribunal.

El dinero con el que sobornaba a los concejales, de acuerdo con la versión de Roca, procedía de aportaciones realizadas por los promotores de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción entiende que en realidad los empresarios lo que pagaban eran cohechos para conseguir beneficios urbanísticos. El acusado, en cambio, hace días que se desgañita asegurando que los promotores le pagaban porque tenían negocios con ellos o les cobraba honorarios, siempre sin factura, por mediar en la compraventa de suelos prestarles asesoramiento profesional. En todo caso era dinero de su bolsillo que él según dice, pretendía que Gil le devolviera pero que Gil nunca le devolvió.

Además de pagar generosas dádivas, Roca operaba como banquero del equipo de gobierno. Declaró también que Yagüe acudió a él porque necesitaba más de 400.000 euros en B para comprar un piso en Madrid, aunque luego la operación no se formalizó. Después le llamó desde Barcelona para que le adelantara 9.715 euros para pagar a su cirujano plástico. Él además se ocupó de prestar dinero para comprar su casa a Rafael Calleja, le pidió a Ávila Rojas que "cuidara" a Tomás Reñones cuando se disponía a comprarle una casa y le compensaba a Rafael González el sueldo que le había embargado el Tribunal de Cuentas.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 24.11.11
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es


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Condena a España por el desastre ambiental de las minas a cielo abierto de León

ELPAÍS* : Uno de los mayores desmanes ambientales de España, la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (León), consentido durante más de una década por todas las Administraciones, ha recibido un varapalo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha condenado a España por incumplir las directivas ambientales en las minas de carbón de la zona, fuertemente subvencionadas por Industria.
En 1998, España designó la comarca como lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves. En esta región habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. Esta protección no impidió a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno aprobar y subvencionar las minas.
Las explotaciones de carbón a cielo abierto horadan la montaña mediante enormes voladuras y son más rentables que la minería de pozo. En concreto, estas minas eran de la empresa MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, la mayor beneficiaria de las ayudas de Industria. El Ministerio de Industria ha defendido la importancia del carbón nacional y las subvenciones a estas instalaciones, mientras desde Medio Ambiente se enarbolaba un discurso ecologista.

En 2001, un vecino y la asociación ecologista Filón Verde llevaron el caso a la Comisión Europea. Ese mismo año y después en 2004 y 2008, Bruselas advirtió a España contra esas minas, entre las que se encuentran la polémica de El Feixolín. Ahora, el fallo del Tribunal de la UE declara que España incumplió la directiva de impacto ambiental al aprobar, sin una correcta evaluación sobre el oso y el urogallo, las minas de Nueva Julia y Los Ladrones.

El Gobierno justificó que las autorizó por la importancia que tenían para "la economía local", pero el Tribunal considera que esa excepción valdría si se hubiera alegado antes de emprender el proyecto y no después, ya que las autorizó "sin medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000".

Las minas de El Feixolín, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, ampliación de El Feixolín y Nueva Julia vulneran también directivas ambientales europeas, porque España no ha hecho nada para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones, que en ocasiones han arrasado con el entorno protegido.

El Tribunal destaca que la ampliación de El Feixolín funcionó cuatro años sin permiso pero con conocimiento de las autoridades.

"El tribunal da un repaso a toda la minería de la zona después de que España mirara para otro lado durante una década", explica Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y quien denunció el caso. La condena no implica multa, pero sí un varapalo enorme, ya que Bruselas no suele llegar al Tribunal en casos ambientales y menos a conseguir una condena. Sí puede llegar a multa si el Gobierno y la Junta siguen desoyendo el fallo, además de influir en los procedimientos judiciales en marcha.


* El País - R. MÉNDEZ 24/11/2011
Foto: Vista de la mina de El Feixolín, en León.- elpais

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El piso a cambio de una pensión: otro ‘cadáver’ del crash inmobiliario

ELCONFIDENCIAL* : Las llamadas hipotecas inversas, aquellas en las que los ancianos ponían su vivienda como garantía a cambio de una pensión vitalicia, han caído víctimas de la burbuja inmobiliaria. Es difícil hoy encontrar una entidad financiera que ni tan siquiera considere la posibilidad de otorgarlas. Los ancianos que firmaron en su momento han hecho, pese a lo que se pensaba entonces, un gran negocio: hoy, no hay mayor ‘condena’ para un banco que quedarse con otro piso.
La hipoteca inversa nació como producto financiero en España en mal momento, gracias a una disposición adicional en la reforma de la Ley del mercado inmobiliario, publicada en diciembre de 2007, cuando ya casi todo el mundo menos el Gobierno Zapatero se estaba barruntando lo que llegaba: el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por eso, no fue un alumbramiento feliz. Más bien quedó en aborto. Apenas se constituyeron unos pocas miles de esas hipotecas, según Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), aunque precisa que no hay datos exactos al respecto. Hoy, parece como si un tupido velo se hubiera corrido sobre ellas. Ni la Asociación de la Banca Española (AEB), ni la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) dicen tener datos sobre un producto que, en principio, estaba destinado a asegurar una vejez digna a ciudadanos con pocos recursos pero con alguna propiedad inmobiliaria.

Los bancos y cajas de ahorro quisieron hacerse con cuanto mayor capital inmobiliario mejor, antes del pinchazo de la burbuja, claro. Sebastiá Rodés, abogado de la Asociación de Usarios de Banca (Ausbanc), cree que donde más hipotecas inversas se dieron fue en Cataluña. “Las primeras en comercializarlas fueron Caixa Penedès (ahora en BMN) y Caixa Terrassa”. Les siguió la Caixa d’Estalvis y Pensions, “La Caixa”, aunque no publicitaba el producto, “pero lo ofrecía”, dice Rodés.

Incertidumbre

Dos factores han eliminado a esta hipoteca del mercado, opina Rodés. Uno, el hundimiento de los precios de los pisos, que hace que a los bancos ya no les interese seguir acumulando patrimonio, cuyo nivel actual en manos de entidades financieras es el segundo factor que impide la constitución de hipotecas inversas: los bancos no quieren más activos de dudoso valor.

El presidente de la AHE, Santos González, concide indirectamente con Rodès. “El escenario financiero ha cambiado”, dice. Además cree que la hipoteca inversa no ha cuajado porque “le faltan ajustes desde el punto de vista financiero y jurídico: genera incertidumbres”.

Y añade una tercera causa. Va contra la costumbre española de tener como objetivo vital poseer una vivienda propia para transmitir algo a los hijos. “Es un choque cultural”, piensa González, “porque significa renunciar a dejar herencia” para muchos pensionistas que no tenían otra opción de asegurarse su corto futuro que constituir una hipoteca inversa.

Hubo algún caso de abuso por parte de entidades bancarias con este tema, como muestra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Blanes (Gerona) que obligó a Caixa Manressa Vida a devolver el importe de una prima única de riesgo de 51.000 euros camuflada en la letra pequeña de la hipoteca inversa suscrita con Caixa d’Estalvis de Manressa por un anciano de 92 años que falleció cuatro meses después de firmar.

La juez Eva María Gil González estimó que la entidad de ahorro había abusado de la buena fe de F.H., fallecido el 6 de octubre de 2007, cuatro meses después de firmar la hipoteca, como se reveló cuando su hija acudió a la caja a devolver lo devengado por la entidad y recuperar el piso: le pidieron además esos más de 50.000 euros.

F.H. recurrió a esa vía pues era ya la única para poder pagar los cuidados médicos que precisaba por su delicado estado de salud. El hombre sufría ceguera, entre otras dolencias. La sentencia ni siquiera fue apelada por la entidad bancaria, ahora integrada en Catalunyacaixa.


* El Confidencial - Vidal Coy - 24/11/2011

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