Barcelona.- La rebelión de los invisibles

ELPAÍS* : Cientos de máscaras blancas han cubierto hoy los rostros de personas sin techo en plaza de Sant Jaume de Barcelona. El motivo de la protesta, denunciar una situación que afecta alrededor de 900 personas en la capital catalana, según informa Cáritas. Este acto, organizado por 28 entidades involucradas en la ayuda a personas sin hogar, se ha convocado en una treintena de ciudades españolas y forma parte de la campaña de denuncia que se organiza a lo largo de toda esta semana bajo la consigna "Todos somos ciudadanos, nadie sin hogar".
En el momento justo en que el reloj de la catedral marcaba las 12.00, alrededor de 200 personas han ocupado el centro de la plaza de Sant Jaume. Los brazos alzados hacia el Ayuntamiento de Barcelona de los manifestantes dejaban claro el mensaje: "Todos somos iguales, todos somos personas", y las caras cubiertas con máscaras blancas, todas iguales, daban fe de ello.

"Tenemos derecho a que se nos respete", ha denunciado Joseph Kweku Mensah, una de las personas sin hogar concentradas hoy en el centro de Barcelona. Kweku, que llegó a España desde Ghana hace más de 30 años, colabora con la Fundación Arrels, una de lasentidades que forma parte de esta campaña de sensibilización. Para Isabel Alonso, colaboradora de dicha fundación,el acto es una forma de concienciar a la sociedad sobre la "difícil situación" que algunas personas sufren cuando viven en la calle.

Por su parte, Ramón Noró, portavoz de la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar, considera "de forma positiva" que Barcelona se haya sumado por primera vez a esta campaña ya que "las personas sin hogar también tienen derechos". Dentro de esta iniciativa, también se han organizado otras actividades como jornadas de puertas abiertas en centros de acogida o charlas informativas sobre la situación de las personas que viven en la calle.

"La ineficacia a la hora de tramitar los empadronamientos es uno de los principales problemas que sufren las personas sin hogar", ha asegurado Tere Bermúdez, responsable contra la exclusión social en Barcelona de Cáritas y coordinadora de esta campaña, y ha pedido una mayor eficacia en estos trámites así como la posibilidad a acceder a viviendas de protección oficial por parte de las personas sin hogar. El derecho a una vivienda ha sido una de las principales reivindicaciones que se han escuchado hoy en plaza de Sant Jaume. "Somos personas que nos rebelamos contra la invisibilidad", decía uno de los manifestantes sin hogar y ha añadido: "Se nos criminaliza por ser pobres, pero somos ciudadanos".

Esta campaña, que lleva activa en Europa desde hace 20 años, persigue luchar precisamente contra esta invisibilidad y contra la falta de derechos de las personas sin hogar a través de la concienciación social. Reivindica también una respuesta de las sdministraciones y el Parlamento Europeo ya que, tal y como recuerda Bermúdez, este organismo hizo una declaración el año 2010 en la que buscaba erradicar de las calles a los sin hogar en cinco años.


* El País - IZAR ORTIZ - Barcelona - 24/11/2011
Foto: Unos 200 sin hogar y miembros de las asociaciones protestan con máscaras blancas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona contra la marginación que sufre el colectivo discriminación del colectivo.- elpais

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Valladolid.- El TS anula la modificación del PGOU que permitía la construcción de un centro comercial

ICAL* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha anulado la Orden de la Consejería de Fomento de la Junta por la que se aprobó definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para construir un centro comercial junto al Estadio José Zorrilla, un proyecto conocido como Valladolid Arena.
La sentencia, que responde a un recurso interpuesto por el anterior portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital, Alfonso Sánchez, anula la modificación porque destaca que los sistemas generales han de ser “necesariamente de titularidad y uso públicos, y estar directamente destinados a satisfacer una finalidad pública”.
El tribunal entiende que “una gran superficie comercial no es un servicio público susceptible de ser gestionado ni directa ni indirectamente por el Ayuntamiento, por lo que no puede formar parte de un sistema general, que por definición no puede tener aprovechamiento lucrativo”. En esta línea, remarca que “no basta con que la titularidad del sistema general sea pública” y con que “el uso público sea mayoritario” porque “no cabe un uso privado por pequeño que sea”.

Por ello, la sentencia señala que la regulación aprobada vulnera lo establecido en el artículo 62.3 LUCyL porque las condiciones de los usos globales no pueden ser distintas para un mismo uso ni tampoco “se justifica suficientemente sobre la base de la singularidad” de albergar un gran centro comercial junto al estadio de fútbol.

Sin embargo, sí aprecia que existe un “interés público” en la voluntad de configurar alrededor del estadio de fútbol una auténtica Ciudad Deportiva capaz de albergar las principales competiciones protagonizadas por equipos vallisoletanos e indica que “tampoco parece objetable” el propósito de asociar el estadio a la práctica de otros deportes con gran arraigo en la ciudad mediante la construcción de un pabellón cubierto y de otras instalaciones necesarias para esos deportes, así como las oficinas para las federaciones deportivas.

Por otra parte, los magistrados creen que en esta tramitación se ha incurrido en “reserva de dispensación” al haber dado “un trato excepcional” a ese equipamiento que “no está justificado”.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación en un plazo de diez días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.


* rtvcyl - Ical - 24.11.11
Foto: Valladolid, estadio fútbol - google

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El juez niega a los vecinos la propiedad de las casas de Ons

LAVOZ/Pontevedra* : El Juzgado de 1ª Instancia nº3 de Pontevedra rechazó la reclamación de un grupo de vecinos de Ons que aspiraban a acceder a la propiedad de sus viviendas en la isla. La sentencia entiende que no pueden ser más que arrendatarios o concesionarios, y que ellos eran conscientes de este hecho cuando interpusieron la demanda.
Esa era la última vía que les quedaba después de que la Consellería de Medio Rural y el Parlamento de Galicia rechazasen las vías administrativa y política. Se discute la propiedad de 82 casas, situadas en varios puntos de la isla, para lo que apelaron al concepto de prescripción adquisitiva inmemorial. Dijeron que ellos y sus antepasados «son los únicos y más antiguos habitantes de la isla», mucho antes de que cualquier Administración se hubiese interesado.

La Xunta recalcó que los vecinos no tienen ningún derecho a las casas, ya que Ons fue «propiedad particular desde tiempo inmemorial» y que, en tal concepto, su último dueño particular fue expropiado por el Estado en 1941. Pero el juez precisa que «no hay documento alguno que acredite fehacientemente que los actores vienen poseyendo sus casas a título de dueño», lo que rechaza la principal línea argumental de los afectados. El juzgado recalca que hay pruebas, «sin lugar a dudas», del carácter de colonos de los isleños y del pago de una renta o canon a los dueños hasta la expropiación por el Estado, que mantuvo también ese régimen.

Los demandantes indicaron que ellos y sus antepasados pagaron IBI y licencias de obra al Concello de Bueu, por lo que entienden que sí hay pruebas. Pero el juez dice que documentos como un inventario de Agricultura de 1997 refuerzan el carácter de usuarios y arrendatarios, y nunca el de propietarios.

Desde Medio Rural no valoraron la sentencia, pero incidieron en que parece «claro que los denunciantes «estiveron mal orientados por intereses que pouco teñen que ver cos dos veciños». El juez niega el «reconocimiento tácito» de la propiedad a los vecinos que defendió el alcalde, el nacionalista Félix Juncal. Con la documentación del Concello, la sentencia sostiene que el Ayuntamiento no les reconoce legalmente el carácter de propietarios, «simplemente que esas casas están ahí porque ellos las conservaron».


* La Voz de Galicia - Marcos Gago - 24.11.11
Foto: Movilización vecinal contra el derribo de dos casas en Ons en el año 2009.- lavoz

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La lucha contra el urbanismo ilegal en la provincia de Cádiz da un paso atrás

DIARIODEJEREZ* : La lucha contra el urbanismo ilegal en la provincia de Cádiz acaba de sufrir un importante retroceso, un inexplicable paso atrás que ha levantado ampollas en la Fiscalía de Cádiz.
La Sección 1ª de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso interpuesto por la fiscal de Medio Ambiente contra la paralización sine die de la ejecución de una sentencia de demolición de una edificación ilegal en Chipiona, que fue dictada hace más de tres años. El propio juez que impuso una condena por delito contra la ordenación del territorio y ordenó la demolición de la edificación en cuestión, el magistrado del Juzgado de lo Penal nº1 de Cádiz, acabó paralizando la ejecución del fallo. El magistrado, según fuentes de la Fiscalía, ordenó primero el derribo al condenado. Al hacer éste caso omiso, requirió al Ayuntamiento para que acometiera la demolición de forma subsidiaria, orden que no fue atendida. Y entonces, sorprendentemente, paralizó la ejecución. Por dos veces. Primero, por providencia de 21.09.2009, en la que el juez señalaba que "visto que se halla en curso una reforma del PGOU que puede afectar a la vivienda, se acuerda conceder al Ayuntamiento un plazo de 8 meses para ejecutar la demolición de la obra, en tanto se resuelve la reforma citada". Pasó ese plazo y la obra no llegó a legalizarse. Y ahora, el mismo juez ha dictado, el 5 de septiembre de este mismo año, un auto en el que requiere al Ayuntamiento de Chipiona para que informe si la obra ha cambiado de calificación, y en su caso, "si se prevé este cambio y cuándo tendría lugar".

Así las cosas, la fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, optó por interponer un recurso ante la Audiencia contra esta paralización, que ha sido desestimado.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Sección Primera empieza señalando que las sentencias firmes deben ser ejecutadas en sus propios términos. Aunque finalmente, se acaba señalando que "en los casos que como el presente, se ha iniciado ya un procedimiento de revisión del planeamiento que podría culminar en la futura legalización de la vivienda desahuciada, parece comprensible adoptar soluciones como la que ha adoptado el juez". De ahí que confirme la resolución judicial.

El auto de la Audiencia ha sentado como un tiro en la Fiscalía. No en vano han luchado primero para lograr que los jueces ordenaran la demolición de viviendas ilegales, y ahora batallan para que los jueces ejecuten sus propias sentencias.

Entre medias, se topan con no pocos 'Donde dije dijo, digo diego', a través de fallos como éste ahora de la Sección Primera de la Audiencia, que entran en clara contradicción con otro de la misma sección, de mayo de 2009, que rechazó el argumento de un nuevo PGOU en ciernes que permitiría la legalización para otra casa ilegal.

De modo textual, ese primer fallo señalaba que "aunque el PGOU se hubiera aprobado inicialmente, serviría de argumento para enervar la demolición pues aún no tendría plena validez y eficacia jurídica".


* Diario de Jerez - ROSA ROMERO - 24.11.11
Foto: Derribo vivienda - diariodejerez

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Rafael Martínez, implicado en el caso Gürtel, dimite como presidente de la patronal alicantina

ELPAÍS* : El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez Berna, ha renunciado este jueves a su cargo, en el que será sitituido por el vicepresidente, Enrique Martín Alvarez, hasta que se celebren las elecciones, según ha informado la patronal alicantina en un comunicado.
La empresa de Hormigones Martínez ha sido multada recientemente por la Comisión Nacional de la Competencia con 5,3 millones de euros por amañar supuestamente contratos por un valor de cinco millones de euros, junto a otras 46 empresas. Martínez ha recurrido la multa. Hormigones Martínez también es una de las empresas supuestamente relacionadas con la financiación ilegal del PP valenciano, según recoge el sumario del caso Gürtel. Compromís había exigido reiteradamente su dimisión.

En el transcurso de la reunión de Comité Ejecutivo y la posterior Junta Directiva, que han tenido lugar en la sede central de la confederación, Martínez Berna ha presentado su "renuncia irrevocable" a la presidencia de Coepa para "centrar toda su atención en el desarrollo de los planes de diversificación de negocio de CHM y en la expansión internacional de su empresa, puestos en marcha con el objetivo de compensar las dificultades que, ante la actual situación económica, está atravesando el sector de la obra pública".

"Estas nuevas áreas de trabajo, que dependen de la presidencia de la compañía que él ostenta, van a requerir una mayor dedicación y un notable esfuerzo para la apertura de nuevas líneas de negocio y de nuevos mercados en todo el mundo, lo que le restará capacidad de atención a las labores institucionales que la presidencia de la confederación requiere", ha explicado la misma fuente.

Además, según ha añadido Coepa, "esta decisión evitará, además, cualquier confusión entre su papel institucional -como representante de una organizción patronal- y su faceta empresarial -como presidente de CHM-". Según la patronal, Martínez Berna entiende que ésta "es la manera más adecuada para poder afrontar con total autonomía y dedicación la defensa de los intereses de la empresa que preside".

Ante esta decisión, la Junta Directiva en pleno le ha reconocido "su intensa labor y su dedicación como representante empresarial y le ha despedido con una calurosa ovación". A partir de ahora y hasta la convocatoria de elecciones asumirá la presidencia con la unanimidad del Comité Ejecutivo el vicepresidente Enrique Martín Alvarez, quien estará al frente de la institución, en aplicación del artículo 19 de los estatutos de la Confederación.

La empresa CHM, presidida por Martínez Berna, fue sancioanda el pasado mes de octubre por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), con una multa de 5 millones de euros, por ponerse de acuerdo con otras firmas para repartirse los contratos de la administración pública. CHM ha recurrido esta sanción y el propio Martínez Berna siempre ha negado "tajantemente" estos hechos.


* El País - ROSA BIOT - Alicante - 24/11/2011
Foto: Alicante, registro policial en Diputación - diarioinformacion.com (archivo)

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No puedo pagar la hipoteca, ¿me declaro en concurso de acreedores?

ELENA SANZ* : Los datos son reveladores. En 2004, cuando la crisis económica todavía no era una realidad, apenas nueve personas físicas se declararon en concurso de acreedores. En 2009, la cifra superó el millar y un año más tarde, volvía a acariciarse esta cifra. En los primeros seis meses de 2011, en plena debacle económica, ya han sido más de 500 personas las que se han declarado insolventes, según el INE.
Si bien es cierto que hasta 2003 las personas físicas no podían acogerse al concurso de acreedores, la realidad es que en España esta figura, “típica del derecho anglosajón, está muy estigmatizada”, comenta a El Confidencial Santiago Viciano socio del despacho de abogados Viciano y Álvaro / V Abogados. Aun así, la cifra no deja de aumentar. Desde que comenzó la crisis supera los 4.000 concursos. Su despacho ha llevado este año más de 30 casos.
“En España muy pocas personas se acogen al concurso a diferencia de lo que sucede en Alemania o Reino Unido donde cada año miles de familias, independientemente de si hay crisis o no, o de si aumenta el paro no, recurren a esta fórmula para declararse insolventes”, explica a este diario el abogado Carlos Guerrero socio responsable del bufete MAB Legal & Corporate. “Aquí falla la ley”, añade. En los primeros seis meses de 2011, su bufete atendió 15 casos, mientras que desde el verano, la cifra se ha multiplicado por cuatro.

La explosión de la crisis, especialmente en los dos últimos años, ha provocado un vuelco en las cifras. Numerosas familias españolas se encuentran entre la espada y la pared a la hora de hacer frente a sus deudas con el banco. Llegar a fin de mes se ha convertido en una auténtica aventura para muchas de ellas a quienes la hipoteca y los préstamos personales ahogan cada vez más.

Más de 170.000 familias han sido desahuciadas y otras tantas se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria, y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó entre 2004 y 2008, en pleno boom, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas.

El concurso no exime del pago de la hipoteca

Pero, quien se se declara en concurso de acreedores ¿debe seguir pagando la hipoteca? "Para que un juez admita el concurso deben darse, entre otras circunstancias, que exista pluralidad de acreedores. En nuestro bufete, el perfil más frecuente son personas con un préstamo con garantía hipotecaria, un leasing sobre el coche y varios préstamos personales con bancos o financieras", explica Viciano.

“Cuando una persona o una familia recurre a esta opción es porque, por culpa del paro y de la crisis, cuenta con menos ingresos, y aunque puede pagar la hipoteca no llega a pagar el resto de sus deudas. En estos casos puede presentar el concurso en el Juzgado de lo Mercantil e intentar paralizar el pago de las deudas”.

Pero, una vez admitido el concurso, "no se paraliza el pago de la deuda hipotecaria sino el de los préstamos personales como tarjetas de crédito, préstamos al consumo, intereses de la deuda…”, añade Guerrero. “Por eso, cuando el mayor problema del deudor es que no puede pagar la hipoteca, no tiene sentido que pierda el tiempo y el dinero acogiéndose al concurso de acreedores”, añade.

Liquidación de bienes o acuerdo con los acreedores

Al paralizar esos pagos, la persona o la familia gana tiempo. "Consiguen un balón de oxígeno. Esto les permite ir ahorrando y poder pagar la hipoteca mensualmente”, comenta Santiago Viciano. "Imagina, por ejemplo, una familia con 2.500 euros de ingresos y 2.000 gastos de hipoteca (1.000 euros) y préstamos al consumo (otros 1.000 euros). Con el concurso pueden continuar pagando la hipoteca y no llegar tan asfixiados a fin de mes", añade.

Una vez presentado el concurso, se abren dos vías para el deudor. La liquidación de todos sus bienes -casa, coche, fondos de inversión, etc- o un convenio entre los acreedores. Para que esto último sea posible, la ley establece que es necesario conseguir que la mayoría de ellos vote a favor de la propuesta del deudor. Ésta puede incluir quitas de la deuda -nunca sobre la hipoteca, sólo sobre los préstamos personales- y aplazamientos en el tiempo del pago de la misma.

¿Es fácil lograr el acuerdo de los acreedores? “No. Cuando hablamos de préstamos personales hay un amplio abanico de posibilidades. Hay clientes que mantienen deudas sólo con bancos o cajas, otros con financieras especializadas en préstamos al consumo y tarjetas de crédito y otros con ambos. Dependiendo del peso que unos y otros tengan en el conjunto del préstamo, el concurso tendrá o no éxito”, explica Carlos Guerrero.

“Hoy en día no los grandes bancos se oponen a cualquier tiempo de acuerdo, mientras que la banca mediana y sobre todo las financieras son mucho más propensas a firmarlo", reconoce Santiago Viciano. "Los primeros no lo ven bien y sólo lo están haciendo de manera excepcional o cuando se ven arrastrados por el voto favorable de los acreedores que controlan el 50% de la deuda", añade Guerrero. "La gente está desesperada y los bancos hacen oídos sordos".

El deudor gana tiempo

Como se ha explicado anteriormente, cuando una persona o familia se declara en concurso de acreedores -si es un matrimonio se presentan dos concursos-, gana tiempo a corto plazo, para poder hacer frente al pago de la hipoteca, pero también a largo plazo, ya que el cliente que se declara en concurso puede conseguir hasta seis años para hacer frente a sus préstamos personales.

"En el convenio aprobado por los acreedores se establece si hay o no quita, por qué importe y en qué plazo", explica Guerrero. "Por ejemplo, si se llega a un acuerdo para que el deudor pague en cinco años, desde que se declara el concurso, hasta que se llega a un acuerdo y se aprueba la sentencia, puede pasar perfectamente un año. En total, seis años para pagar la deuda. En ese año, el cliente puede haber ahorrado algo de dinero, está menos ahogado para pagar la hipoteca. Además, también puede haber pactado que el pago sea progresivo, primero el 10% de la deuda, luego el 20%..."

Carlos Guerrero apunta que los acuerdos que normalmente se suelen conseguir son del 50 % de quita de deuda y 5 años de espera o aplazamiento de la misma, si bien, primero se realiza un estudio para ver si el concurso es viable para la familia.

Cuando no hay acuerdo, la única salida es la liquidación de todos los bienes, incluida la vivienda. "En estos casos, se sigue el mismo procedimiento que si se tratase de una ejecución hipotecaria. El resto de los bienes se liquidan como si se tratase de un comercio. Se malvenden", apunta Viciano.

Fresh start o ¿volver a empezar?

El próximo 1 de enero de 2012 entra en vigor la reforma de la Ley Concursal, recientemente aprobada por el Congreso, que busca subsanar algunos errores que se habían producido con la anterior y, a la vez, facilitar los concursos de acreedores y fomentar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación, si bien, los letrados consultados por este diario aseguran que "no se ha tocado la ley en lo referente al concurso de las personas físicas".

Las miradas se giran ahora hacia el vencedor de las elecciones del 20-N, el Partido Popular que en su programa electoral se comprometió a reformar la Ley Concursal para introducir, en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, "mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable". Eso sí, precisa que se hará con "las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos".

¿Qué significa? "Los movimientos de los populares en este sentido pueden girar en torno a la idea del fresh start o volver a empezar anglosajón. Algo que la regulación española todavía no contempla", explica Carlos Guerrero. "Yo creo que la idea es dar la posibilidad al deudor de “comenzar de nuevo” sin deudas (fresh start) una vez liquidado de manera ordenada todo el patrimonio".

En su opinión, esta solución provocaría que los bancos, principales acreedores de las familias, se verían obligados a aceptar acuerdos razonables planteados en las propuestas del convenio en el concurso de acreedores, ya que por el contrario una vez liquidada la vivienda habitual, no podrían continuar con la ejecución de por vida.

Para Carlos Guerrero, la solución propuesta por el PP se acercaría a la postura que interpretó el magistrado Fernández Seijo en su celebrada sentencia del juzgado mercantil número 3 de Barcelona.

* El Confidencial - opinión - 24.11.11

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