#Op20N - Anonymous: operación 20 de noviembre



* YouTube - http://youtu.be/9xqhbx_DYoI

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El 15-M invita a los votantes a denunciar a pie de urna el sistema electoral

PÚBLICO* : DNI, papeletas (en el caso de que se haya optado por ejercer el derecho al voto) y hojas de reclamaciones. Ese es el kit que la plataforma Democracia Real Ya (DRY), integrada en el Movimiento 15-M, promueve que lleven a los colegios electorales el próximo domingo los ciudadanos disconformes con el sistema electoral vigente y la democracia representativa.
Para ello, han puesto en marcha una iniciativa a la que han denominado DoRiYakiTU y con la que pretenden informar a los indignados con el sistema electoral sobre su derecho a presentar reclamaciones a pie de urna, por escrito y por la vía administrativa correspondiente.
Para fundamentar su derecho a formular quejas en las mesas electorales, los promotores de esta iniciativa recurren al artículo 99 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que dictamina que "el presidente, los vocales y los interventores de la mesa firmarán el acta de la sesión" y consignarán a la Junta Electoral Provincial "las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus apoderados e interventores y por los electores sobre la votación y el escrutinio".

Kike Castelló, portavoz de DRY, asegura que el objetivo de esta iniciativa es "dejar constancia del desacuerdo con la Ley Electoral o el sistema bipartidista que perjudica a los partidos minoritarios", unas reclamaciones que no se ciñen exactamente a los términos "sobre la votación y el escrutinio" que incluye la LOREG.

Fuentes de la Junta Electoral Central insistieron ayer en que esta es "una situación nueva", por lo que es complicado "aventurar" cómo se desarrollará. En este sentido, vuelven a recordar que la legislación actual garantiza "el derecho de los electores a reclamar sobre aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de votación y escrutinio, pero no sobre otros asuntos". Asimismo, señalan que la LOREG "no dice nada" del proceso por el cual debe hacerse la reclamación. En cualquier caso, DRY difunde a través de internet modelos de formulario de reclamación que aconsejan llevar por duplicado el domingo para que sean compulsados por la mesa.

De forma individual
La pelota podría caer entonces sobre el tejado de los presidentes de las mesas electorales, admiten en la Junta Electoral. "En el caso de que se formara un gran alboroto o de que esta acción pudiera ser considerada como una concentración, el presidente de la mesa podría decidir que eso perturba el desarrollo de la jornada electoral y acudiría entonces a la Junta Electoral", asegura un portavoz de este órgano.

Castelló recuerda que DRY pretende "movilizar a la ciudadanía informando de que existe la opción de reclamar", pero en ningún momento quiere "torpedear" el proceso electoral. Asegura, además, que los ciudadanos que reclamen lo harán de forma "personal" e "individual". En este sentido, DRY recomienda "proporcionar las explicaciones necesarias" a los miembros de la mesa y explica que esta acción "se mantiene al margen del sistema de elección y reparto de escaños".


* Público - ELENA HERRERA - 17/11/2011
Foto: Indignados 15M - publico

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Madrid.- Los promotores cederán un 50% menos de suelo para uso público

MADRIDIARIO* : El año que viene, los promotores tendrán menos obligaciones con la Administración. El suelo que están obligados a ceder para uso público se reducirá un 50 por ciento a partir de enero. Con ello, la Comunidad pretende dar más facilidades para emprender nuevos proyectos urbanísticos y crear urbanizaciones más 'esponjosas'.
Menos obligaciones y más facilidades para los promotores urbanísticos. Esa es la máxima que ha seguido la Comunidad de Madrid, por segundo año consecutivo, para tratar de reactivar el maltrecho negocio del ladrillo.
El año pasado dio el primer paso y renunció a su 'parte del pastel' del suelo que los promotores estaban obligados a entregar a las Administraciones para uso público. Ello suponía ahorrarles la entrega de un 20 por ciento del total de superficie edificada. Ahora, sobre ese 80 por ciento que quedaba, les eximirán de la obligación de ceder otro 50 por ciento. En total, en dos años, se habrá reducido un 60 por ciento ese "impuesto revolucionario" -según lo calificó el año pasado la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Ana Isabel Mariño- que tendrán que pagar a las Administraciones.

La medida se incluye en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año que viene, que este jueves fue remitido al Consejo Económico y Social por el Ejecutivo regional. Según explicó Mariño este jueves, esta superficie no se detraerá del porcentaje de cesiones locales (que suponen el 30 por ciento y que afectan solo a la zona donde se construye), sino a las generales, destinadas a usos que afecten a todo el municipio (por ejemplo, viales). Este porcentaje que deben ceder las promotoras para uso público, que actualmente es del 70 por ciento, se verá reducido al 20.

Los objetivos, continuó, son varios. Por un lado, facilitar más la rentabilidad de las promociones de vivienda; por otro, crear nuevas urbanizaciones más 'esponjosas', es decir, con más separación entre edificios. Ello se debe, según explicaron fuentes de la Consejería, a que la envergadura de las anteriores cesiones obligaba a los constructores a agrupar más los edificios dentro de la superficie edificable y a concentrar en grandes áreas sin solución de continuidad la parte cedida. Ahora, al poder disponer libremente de más superficie, podrá haber más 'aire' entre las edificaciones, añadieron las mismas fuentes.


Las zonas verdes privadas computarán como públicas
Pero esta no es la única modificación relativa al suelo que incluye el anteproyecto. Hay otra que afecta a las zonas verdes. En concreto, según avanzó Mariño, consiste en que el terreno destinado a zonas verdes privadas pueda computar como cesión destinada a zona verde pública. Es decir, que el promotor podrá restar del suelo que está obligado a ceder a la Administración para este fin los metros cuadrados que destinará a parques privados dentro de su proyecto urbanístico.

El argumento, en este caso, consiste en reducir los parques públicos en zonas cuyos habitantes ya dispongan de jardines privados, ya que, presumiblemente, necesitarían hacer un menor uso de estos. La consejera arguyó, además, que esto supondrá un mayor ahorro para los municipios, que se ahorrarían los gastos de mantenimiento de estos parques que ahora se hacen por imperativo legal en zonas que ya disponen de zonas verdes privadas.

La presidenta, Esperanza Aguirre, se mostró convencida de que estas medidas servirán no solo para incentivar la construcción de nuevas viviendas y reactivar la economía, sino que además abaratarán el precio final de la vivienda.


* Madridiario - 17.11.11
Foto: madridiario

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Un plan en Bétera usa una vía pecuaria para tener más edificabilidad

ELPAÍS/Valencia* : El urbanizador de un plan urbanístico aprobado y desarrollado en la localidad de Bétera computó los metros de la vía pecuaria Cordel de Llíria para aumentar la edificabilidad de la parcela. Una particular afectada por este plan urbanístico denunció ayer así el caso ante la Fiscalía Anticorrupción para que lo investigue.
En el texto, el abogado de la denunciante -Raquel Hoyos- arguye que las vías pecuarias no pueden incluirse en un área de reparto, puesto que no tienen aprovechamiento urbanístico lucrativo. En el escrito a la fiscalía se explica que la edificabilidad ganada en el plan gracias al cómputo de esta vía arrojaría un beneficio de casi cinco millones de euros, a los que hay que restar unos 800.000 euros de cuotas de urbanización. Los más de 417.000 metros cuadrados que integran este plan urbanístico, ya ejecutado, se conocen como PAI del sector I-3 de L'Horta Vella del PGOU de Bétera.

"El Ayuntamiento de Bétera ha dado una aplicación privada a un bien público" (como es una vía pecuaria), que pertenece a la Consejería de Hacienda de la Generalitat, concluye la denuncia. Según se desprende de la denuncia, la vía pecuaria no debió contabilizarse nunca, pero si se hizo, al menos, el dinero debe abonarse a la Generalitat, que es la propietaria.

Fuera de plazo
El alcalde de la localidad, Germán Cotanda, del PP, dijo que el plan, que empezó a tramitarse en el año 2000, es "absolutamente legal" y un portavoz del agente urbanizador -Urbanizador Bétera, SA- subrayó que el plan se sustanció cuando la LRAU estaba en vigor y que el planeamiento es correcto. Un informe del Consistorio, que ayer esgrimió Cotanda, asegura que la familia de la afectada debió de recurrir el planeamiento recogido por el PGOU y no el plan parcial, como hizo en su día, además, fuera de plazo. Según el regidor, el plan contó con los informes favorables de la Generalitat.

Al final del escrito a la fiscalía, la denunciante describe toda una serie de entrevistas que ha mantenido con cargos del PP y asesores de cargos públicos de este partido para exponerles la situación. "Pero lo cierto es que al día de hoy no tengo constancia de que se esté tramitando una solución", afirma.

La Fiscalía Anticorrupción deberá de responder ahora si acepta a trámite la denuncia o la archiva.


* El País - C. VÁZQUEZ - Valencia - 17/11/2011
Foto: Bétera (Valencia), vista aérea - levante-emv.com

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'Malaya'.- Roca afirma que los promotores pagaron la campaña de Muñoz

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca dice ahora que recaudaba dinero entre los promotores con intereses en Marbella por orden de Jesús Gil para financiar la campaña de Julián Muñoz en las elecciones locales de 2003. El argumento, expuesto ayer en el juicio de Malaya, es nuevo y sorpresivo. El exasesor de urbanismo trata por todos los medios de proporcionar explicaciones que justifiquen por qué los empresarios del ladrillo le aportaron más de 30 millones de euros en diferentes entregas que él anotaba en la documentación que la Policía intervino en su cuartel general, en Maras Asesores. Hasta ahora había esbozado dos vías: negocios en común con estos promotores y servicios de asesoramiento que ejecutaba para ellos y que cobraba en negro. La tercera explicación la proporcionó ayer cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le preguntó por 4 millones de euros que el empresario Fidel San Román le entregó, según su contabilidad, en ocho pagos realizados entre febrero y diciembre de 2005 y otro de 75.000 euros registrado en diciembre de 2002.

Según Roca, San Román le había pagado 1 millón de euros por un informe de asesoramiento y cerró con él negocios que supusieron el desembolso de cerca de 3 millones más. Sin embargo, los 75.000 euros de diciembre de 2002 no fueron por nada de esto, sino una donación a la campaña electoral del GIL en 2003, con Julián Muñoz de cabeza de cartel. El principal acusado en el caso Malaya reconoció que esos 75.000 euros figuraban anotados en un archivo denominado cña.xls y que ese documento lo abrió siguiendo "instrucciones de Jesús Gil para anotar las aportaciones que realizaban los empresarios a la campaña electoral de 2003".

Este argumento afecta también a los promotores Manuel Lores, Javier Arteche, Eusebio Sierra y Francisco Zambrana, porque la Fiscalía Anticorrupción señala que las iniciales que figuran en el documento cña.xls junto a aportaciones que en total suman 215.000 euros corresponden a estos empresarios. Esta versión tiene algunas complicaciones porque el Ministerio Público mantiene que el dinero de cña.xls fue a parar a las empresas de Roca (Helioponto, Socotora, Perinal, Maras, Vanda y Aragonesas).

También aparecen en este documento las siglas J. M. que, según la versión del Ministerio Público, corresponden a Julián Muñoz. En esa hoja de cálculo figuran dos entregas por valor de 150.000 euros que Juan Antonio Roca realizó a J. M. o, como entiende el fiscal, a Julián Muñoz, en noviembre de 2002. Aunque su relación en el pasado fue tormentosa, Juan Antonio Roca está siendo muy cuidadoso con el exalcalde. Ha confesado que pagó sobornos al equipo de gobierno que presidió Marisol Yagüe, pero ni media palabra sobre Julián Muñoz.

El exalcalde comenzó a distanciarse de Jesús Gil antes de las elecciones de 2003, hasta el punto de que para concurrir en las elecciones tuvieron que negociar una candidatura cremallera con ediles de Gil y suyos. El enfrentamiento llegó a su cénit en el verano de 2003. A finales de julio Muñoz cesó a Roca como gerente de Urbanismo y el día 1 de agosto los herederos del gilismo con ediles del PSOE y del PA presentaron una moción de censura que lo desalojó de la alcaldía. De hecho, Julián Muñoz se ha defendido hasta hace meses de los sobornos alegando su manifiesta enemistad con Roca. Hasta que comenzó el juicio no se sabía que hubieran vuelto a hablarse.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 17.11.11
Foto: Muñoz, Román y Roca en el banquillo 2007 - elpais.com

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