El Consell inyectó 160 millones en la Ciudad de la Luz, que debe 190

ELPAÍS/Alicante* : El anuncio para la venta de la Ciudad de la Luz resulta ruinoso. El complejo arrastra una deuda de 190 millones de euros (115 millones a largo plazo y 75 a corto), pese a los créditos, de 160 millones de euros, que a través de Sociedad de Proyectos Temáticos el Consell ha ido aprobando. Las inyecciones de dinero han sido constantes. El 28 de abril de 2004 la Generalitat concedió un préstamo participativo con un límite máximo de 95 millones de euros y vencimiento en abril de 2015; en 2007 otro préstamo con un límite de 20 millones de euros hasta 2017; en 2009 otro por 32 millones que se amplió en 13 millones adicionales, habiendo dispuesto en dos años de 45 millones cuyo vencimiento se amplió hasta diciembre de 2011, según consta en las cuentas de la Sociedad Proyectos Temáticos Comunidad Valenciana.
La Ciudad de la Luz se ha convertido en una rémora insoportable para la Generalitat. La empresa pública, ubicada en la partida de Aguamarga, en Alicante, acumula deudas millonarias y varios pleitos. Una reciente sentencia embarga provisionalmente sus cuentas bancarias. Con este escenario, lograr una salida es casi imposible.

El Consell admite que busca "inversores privados", incluso en los Emiratos Árabes. Pero otras fuentes consultadas consideran que la Generalitat pretende "malvender" Ciudad de la Luz el próximo año. El problema es que con la actual crisis pocos están dispuesto a arriesgar su dinero para intentar arreglar todo un cúmulo de dispendios.Pero cualquier operación de rescate o venta del complejo destinado a rodajes cinematográficos está condicionada por la resolución de los litigios abiertos en los tribunales. El juzgado de primera instancia número 6 de Alicante condenó a la Ciudad de la Luz a pagar 1,5 millones de euros a la empresa Valoriza, del grupo Sacyr Valhermoso, por el impago de 780.802,33 euros correspondientes a la última certificación de obra de la construcción del tanque de agua

una gran piscina adaptada para el rodaje de escenas acuáticas. Valoriza realizó la obra con sobrecostes debidos a supuestas mejoras. Pero la empresa no cobró la última certificación (diciembre de 2008) por importe de 780.802,33, cuando era director José María Rodríguez Galant, que fue relevado por Elsa Martínez en agosto de 2009.

Al no cobrar, Valoriza presentó la demanda contra Ciudad de la Luz 11 meses después de pasar al cobro la última factura. Ahora el juzgado de instrucción número 6 de Alicante condena a la Ciudad de la Luz a pagar a Valoriza 956.499 euros por indemnización, 215.839 en concepto de intereses y 287.000 que se fijan provisionalmente para pagar las costas.

La Ciudad de la Luz ha presentado un recurso en el que ofrece un bien e inmueble tasado en 1,4 millones de euros para levantar el embargo provisional de las cuentas, ordenado por el juez, y evitar el cese de la actividad. En ese escrito el complejo cinematográfico reconoce ante el juez una deuda a proveedores de 8,5 millones de euros, y unos gastos fijos mensuales de 675.000 euros.

Pero el pleito y la deuda con Valoriza no son los únicos. Ciudad de la Luz arrastra otros conflictos judiciales, pendientes de resolución. Uno de ellos es con los propietarios de terrenos a los que se expropió para construir el complejo, y que exigen 42 millones en indemnizaciones. El otro conflicto es con la empresa Aguamarga Gestión de Estudios (AGE). Merced al convenio suscrito en 2004 y vigente hasta 2014, Aguamarga debe cobrar de la Generalitat 2,5 millones de euros anuales por su trabajo, pero no cobra desde agosto de 2009. Por eso, en septiembre de 2010 AGE demandó por el impago de dos millones de euros a Ciudad de la Luz. La contestación de Elsa Martínez fue la resolución unilateral del contrato con Aguamarga y el envío de cartas a clientes y proveedores anunciando que a partir del 1 de enero Ciudad de la Luz gestionaría el complejo.

En febrero de 2011 se celebró una vista de medidas cautelares para decidir quién ostentaría la posesión del complejo. El juzgado falló que la gestión correspondía a Aguamarga y nombró un administrador judicial para supervisar las cuentas de ambas partes. Todos coincidieron en que Luis Lobón, persona de confianza de Gerardo Camps, entonces consejero de Economía, fuera administrador judicial, pero tuvo que dimitir en junio por incompatibilidad al ser nombrado secretario autonómico de Turismo. Y por ahora no hay sustituto.

En julio de 2011 el juzgado número 7 de Alicante falló que la Generalitat deberá pagar 3,5 millones de euros que debe a AGE, y unificó todo en un mismo proceso. "Ahora hay una voluntad negociadora", reconocen fuentes de Aguamarga, pero no hay avances. La salida de la exdirectora Elsa Martínez abre la puerta a la "conciliación", según reconocen.

Esta compleja situación judicial abre la puerta, según fuentes consultadas, a que varios proveedores a los que los estudios deben dinero alcancen un acuerdo y exijan que se nombre un gestor judicial para administrar el complejo y forzar un concurso de acreedores. Entre las empresas a las que se les adeuda importantes cantidades de dinero figuran, además de Valoriza, Aguamarga Gestión de Estudios y todas las encargadas del mantenimiento o de la seguridad del complejo. Mientras estos pleitos no se resuelvan la venta de Ciudad de la Luz está bloqueada.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ / ARTUR BALAGUER - Alicante - 30/10/2011
Foto: Alicante, ciudad de la luz - ciudaddelaluz.com

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Asociaciones vecinales de Valladolid critican el despilfarro municipal y anuncian movilizaciones en caso de recortes

EUROPAPRESS* : Las asociaciones vecinales de Valladolid han expresado su más profunda "repulsa" ante las, a su juicio, actuaciones de "pésima gestión o dilapidación" de recursos públicos efectuados por el Ayuntamiento de la capital y han amenazado con el inicio de movilizaciones en caso de que se registren recortes en materia de servicios sociales.
En esa política de "despilfarro", los colectivos vecinales hacen referencia al establecimiento de una "innecesaria" sección ecuestre de la Policía Municipal, el abandono del Parque de Aventuras del Pinar de Antequera, tras una inversión de 1,6 millones de euros procedentes del Plan E, dejando asimismo en el abandono el Parque Infantil de Aventuras de Juan de Austria, además de la contratación de un equipo externo, por 1,2 millones, para la elaboración del PGOU, cuando el área de Urbanismo dispone de 17 funcionarios Grupo A1 con un presupuesto para 2011 de cerca de 900.000 euros y sueldos por encima de 45.000 euros cada uno; y 12 funcionarios grupo A2, con sueldos por encima de 35.000 euros cada uno.

También incluyen la contratación de un gerente de Urbanismo con un sueldo de 75.000 euros, tercer sueldo más alto del Ayuntamiento, además de la participación económica del Consistorio en el futuro aparcamiento subterráneo rotatorio del Mercado del Val y en la urbanización en superficie del aparcamiento subterráneo de La Antigua.

Y es que para las asociaciones vecinales, tal y como apuntan en un comunicado recogido por Europa Press, las dificultades que atraviesan los vecinos por la crisis exigen que el Ayuntamiento que se centre en acciones que mejoren la vida diaria de los que peor lo están pasando y no en acciones que, o directamente suponen "dilapidación económica", o que en los tiempos actuales no son prioritarios. El movimiento vecinal también reprueba este tipo de decisiones municipales "grandilocuentes de cara a la galería o al beneficio de determinados colectivos".

En consecuencia, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid ha advertido de cualquier tipo de recorte presupuestario injustificado que se produzca en los presupuestos municipales de 2012 o cualquier subida no proporcional en el coste que pagan los vecinos por los servicios municipales no será consentido por el movimiento vecinal y provocará la convocatoria pública de movilizaciones ciudadanas de rechazo o cualquiera otra medida legal que esté a su alcance.


* Europa Press - 31.10.11
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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Cantabria.- La Ley del Suelo permitirá construir en zonas rústicas de especial protección

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El borrador del anteproyecto de la Ley de Vivienda Unifamiliar en Suelo Rústico recoge una serie de supuestos en los que será posible la construcción de este tipo de viviendas en suelo rústico de especial protección en municipios sin planeamiento. Su autorización corresponderá a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que reúne a representantes del Gobierno de Cantabria y la Federación de Municipios. Por otro lado, en el suelo rústico de protección ordinaria la decisión deberá ser tomada por el ayuntamiento -en los municipios sujetos al plan general, previo informe vinculante de la Crotu-, y por la Comisión Regional en los municipios sin plan.
Para autorizar construcciones en suelo rústico de especial protección en los municipios sin planeamiento, el borrador del anteproyecto establece que debe haber una distancia máxima de 100 metros del suelo urbano, que la tipología de la edificación sea la tradicional del núcleo y que genere «el mínimo impacto visual» sobre el paisaje. Asimismo, la cantidad de viviendas admisible no podrá superar en número a las preexistentes en la zona en el momento de la entrada en vigor de la ley.

Para el suelo rústico de protección ordinaria, se establece que los ayuntamientos con plan general o normas subsidiarias, hasta la aprobación del Plan Especial de Suelo Rústico, podrán autorizar la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar en un radio máximo de 200 metros del suelo urbano, siendo el resto de 'reglas' idénticas a las señaladas anteriormente.
Con carácter general, la altura máxima de las viviendas que pueden autorizarse no será superior a ocho metros; la parcela mínima será al menos de 2.000 metros cuadrados; y la separación de la vivienda de las fincas colindantes no será inferior a diez metros, con tres metros de distancia mínima del cerramiento hasta la calzada.
Este borrador establece, tal y como adelantó el pasado 7 de octubre el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, la posibilidad de obtener «licencia directa», con todos los controles y limitaciones que sean precisos para la protección del suelo rústico» y hace especial hincapié en «todas las cautelas y limitaciones necesarias para llevar a cabo una auténtica protección del suelo rural».
En el texto se consideran insuficientes las medidas que se aprobaron en la anterior reforma y que, en la práctica, no han colmado las expectativas. Por ello, se intenta completarlas «con nuevas posibilidades y alternativas que hagan posible realmente obtener las autorizaciones y licencias necesarias para poder llevar a cabo la construcción en el suelo rústico de las tan demandadas viviendas unifamiliares aisladas». El borrador introduce la posibilidad de autorizar la construcción de estas viviendas, así como de pequeñas instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural.
Demanda social
El Gobierno busca, a través de esta iniciativa, «atender una demanda social de dar al suelo rústico un uso que, respetando la protección de esta clase de suelo, permita su puesta en valor y darle un destino que ayude tanto a un crecimiento sostenible, como a la dinamización económica de los núcleos rurales». De esta manera, constituiría un espaldarazo para facilitar que la gente joven apueste por permanecer en los núcleos rurales si ése es su deseo, en unos época marcada por la crisis económica, que necesita de «un elemento dinamizador de gran importancia», como pretenden que sea esta reforma y reactivar la economía y el empleo.
En este sentido, sostiene que la «auténtica defensa» del medio rural consiste en ofrecer a éste «una alternativa real de futuro». Así, la reforma apuesta por un crecimiento «moderado y sostenible» en torno a los núcleos urbanos o tradicionales existentes, y busca ser «real y efectiva».


* El Diario Montañés - EP - 30.10.11
Foto: Cantabria, vista - wikipedia.org

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Carballo.- La planificación urbanística se decide a golpe de sentencia

LAVOZ/A Coruña* : Aunque la prioridad en estos momentos es agilizar la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el desarrollo urbanístico de Carballo se sigue realizando en función del planeamiento aprobado en el 2003. Aquel documento motivó cientos de alegaciones y 24 recursos contenciosos administrativos. La mayor parte fueron desestimados, pero algunos fueron aceptados total o parcialmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Entre estos últimos figuran la anulación del PGOM -pendiente del inminente fallo del Supremo- y los que afectan a los ámbitos de la antigua estación de trolebuses, la rúa Xasmíns y la esquina de las calles Vila de Ordes y Vila de Noia, junto al colegio Fogar.
-¿Cómo repercuten las sentencias judiciales en el planeamiento?
-Las repercusiones van desde la posible anulación del propio planeamiento -el Tribunal Supremo se pronunciará al respecto en breve- hasta las modificaciones puntuales que se están tramitando estos días y que ya fueron aprobadas por el pleno de la corporación en el 2007 a raíz, precisamente, de tres sentencias del TSXG.

¿Qué suponen las modificaciones puntuales?

Depende de cada caso. La estimación parcial de la demanda presentada por los propietarios de la antigua estación de trolebuses supone la desaparición del polígono 25 del PGOM y la clasificación de ese suelo como urbano consolidado. Lo mismo ocurre con cuatro parcelas de la calle Xasmíns, que obtienen la misma clasificación y, en consecuencia, deben ser excluidas del polígono 31. El caso del edificio ubicado en la esquina de las calles Vila de Noia y Vila de Ordes es algo distinto. Los propietarios tenían licencia para edificar antes de la aprobación del PGOM del 2003, pero este extremo no se tuvo en cuenta en el plan. Para poder mantener ese permiso, el Concello de Carballo tramitó a posteriori una modificación puntual, pero la Dirección Xeral de Urbanismo la rechazó. El TSXG dio la razón a los dueños del solar, que quedó excluido así del polígono 8.

¿Cómo afecta la desaparición del polígono 25?

El TSXG consideró que los terrenos de la antigua estación de trolebuses tienen los servicios necesarios para ser considerados como suelo urbano consolidado, de manera que sus titulares podrían solicitar licencia sin necesidad de realizar el complicado proceso que llevan aparejadas las unidades de actuación y sin realizar las cesiones para zonas verdes, equipamientos o 10 % de aprovechamiento edificatorio para el Concello de Carballo, algo que sí tendrían que hacer si se mantuviese el polígono. Sin embargo, la estimación de la demanda fue parcial, y el tribunal no entra en el diseño urbanístico previsto para ese ámbito. De este modo, se mantienen las alturas previstas en el PGOM y la apertura de un tramo de calle peatonal que enlazará la zona del Rego da Balsa con la calle Vázquez de Parga, «si bien el suelo necesario tendrá que ser adquirido de alguna de las formas que la ley prevé cuando es suelo urbano consolidado», dicen los jueces.

¿Qué pasa con el polígono 31?

Como ocurrió con el 8, ha tenido que ser redelimitado, al excluir las cuatro parcelas consideradas por el TSXG suelo urbano consolidado, y ese trámite es el que acaba de realizar el Concello de Carballo, cuatro años después de la sentencia. En este caso, los solares tienen tres clasificaciones distintas: una parte queda como zona residencial intensiva con aprovechamiento de bajo y cuatro plantas, otra se destinará a viales por los linderos norte y este, y la tercera será para zonas verdes y espacios libres.

¿Será anulado el PGOM del 2003?

El Tribunal Supremo todavía no ha dictado sentencia, pero políticos y juristas coinciden en que el recurso del Concello de Carballo para evitar la anulación dictada por el TSXG tiene pocas posibilidades de salir adelante. En estas circunstancias, y tras la negativa de la secretaria xeral de Urbanismo a elaborar un planeamiento provisional, en el municipio carballés volverán a regir las normas subsidiarias de 1981 hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOM, lo que podría demorarse incluso años. De hecho, el documento fue presentado el viernes en la Xunta para que emita informe, y todo indica que será desfavorable en varios puntos, fundamentalmente en lo que respecta a las necesidades de vivienda, al desarrollo urbanístico del área costera y a la ampliación de varios núcleos rurales. La secretaria xeral tiene el compromiso de agilizar la emisión del dictamen, pero es poco probable que lo haga este año. Mientras, el alcalde ya ha convocado para el miércoles a los miembros de la comisión informativa para empezar a trabajar en los aspectos que requerirán cambios.

¿Qué normativa rige en estos momentos en Carballo?

Aunque sea cuestión de días o semanas, el único planeamiento vigente en Carballo es el PGOM del 2003. Aunque su desarrollo se ha ralentizado de una manera especial a raíz del parón inmobiliario, las gestiones para sacar adelante los polígonos urbanos continúan. Por ejemplo, esta semana se ha publicado en el BOP la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del polígono 49, en la zona de A Cristina, y continúan también las reuniones para sacar adelante el 3.


* La Voz de Galicia - 30.10.11
Foto: La antigua estación de trolebuses está en suelo urbano consolidado, según los tribunales.. lavoz

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Murcia.- El juez mantiene las imputaciones por el derribo del Molino de Oliver

LAVERDAD* : David Castillejos, juez titular del juzgado de instrucción nº8, el mismo que investiga la 'Operación Umbra' -supuesta trama de corrupción en la Gerencia de Urbanismo relacionada con seis convenios-, mantiene la imputación a Sigifredo Hernández, presidente de la Junta de Hacendados, de un delito sobre el patrimonio histórico por el derribo del Molino de Oliver de Aljucer el 2 de enero de 2008, que causó daños en el escudo heráldico del edificio, considerado un bien de valor histórico, cultural y artístico. El juez también imputa los daños a José Frutos, vocal de la Junta, y a Antonio Hernández, administrador de Torrealhama SL, que realizó las obras de derribo. Los hechos fueron denunciados por la Asociación Villa de Aljucer y la Asociación para la Conservación de la Huerta (Huermur).
El juez refleja en su auto que a consecuencia de unas obras de entubamiento en la acequia mayor de Barreras, con autorización de la Junta de Hacendados y sin la preceptiva licencia urbanística, se procedió al derribo del molino, en cuya fachada se encontraba un escudo heráldico catalogado, como todos ellos, Bien de Interés Cultural (BIC).

Según la versión recogida por el juez instructor, al iniciar las obras de derribo se intentó quitar el escudo de la pared mediante un pico mecánico, pero durante la maniobra cayó al suelo fracturándose. El juez mantiene que los tres imputados tenían conocimiento de la existencia del escudo y del riesgo que la demolición del molino suponía, y así consta en la prueba obrante en autos. Por este motivo, Castillejos considera que los hechos constituyen un delito sobre el patrimonio histórico del artículo 323 del Código Penal al causarse daños en el BIC, o bien en la modalidad culposa del artículo 324, teniendo en cuenta que el bien está valorado entre 1.800 y 2.200 euros. Los imputados, según el juez, conocían la existencia de elementos de valor, a pesar de lo cual autorizaron y ejecutaron las mismas.
Ajva y Huermur mostraron ayer su satisfacción por la decisión del juez de continuar con las diligencias y esperan la inminente apertura del juicio oral. Los denunciantes piden que los imputados cumplan la pena máxima prevista -entre uno y tres años de prisión y una multa dede 12 a 24 meses- y que paguen la restitución del escudo, recuperado por el Centro Regional de Restauración.
Fuentes de la Junta de Hacendados apuntaron que la apertura de juicio oral no implica la culpabilidad de los acusados. En todo caso, califican de accidente los hechos e intentarán defender la ausencia de culpabilidad. La Junta ha solicitado al juzgado pruebas sobre la protección del escudo.


* La Verdad - 27.10.11
Foto: El antiguo Molino de Oliver sigue abandonado tres años después del derribo parcial.- laverdad

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