Madrid.- Ocho bofetadas judiciales a la ordenanza de licencias

ELPAÍS* : Ocho recursos judiciales se han interpuesto contra la ordenanza que regula la gestión y el control de las licencias urbanísticas, y los ocho los ha perdido el Ayuntamiento de Madrid. El último de ellos, hace unos días, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló gran parte de la norma aprobada por el Pleno municipal el 29 de junio de 2009 a instancias del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. La decisión última queda ahora en manos del Tribunal Supremo, ante el que ha recurrido el Ayuntamiento.
Como en las anteriores sentencias, el TSJM considera que el Gobierno local carece de "cobertura legal suficiente", dado que la competencia para la homologación y registro de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) corresponde a la Comunidad (que interpuso uno de los recursos).
Tras el caso Guateque, el mayor escándalo de corrupción reciente en el Ayuntamiento de Madrid, que afectó al proceso de concesión de licencias, el Gobierno local delegó la gestión de estos permisos en empresas privadas, las mencionadas ECLU (hasta el momento se han registrado 27).

El Gobierno local defiende que el nuevo sistema ha reducido considerablemente los tiempos (de más de un año a menos de un mes, asegura) y costes de gestión, aunque el PSM ha denunciado que estos últimos se han llegado incluso a triplicar.

Además, el TSJM cree que el artículo 34 de la ordenanza (que regula las inspecciones técnicas) "choca abiertamente" con el artículo 18.2 de la Constitución (que garantiza que "el domicilio es inviolable"), "pues obliga al titular de la actividad a autorizar a otro particular [un inspector] el acceso a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas". A este respecto, según el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el Gobierno municipal alegará en su recurso al Supremo que la inspección se hace con consentimiento del usuario, como las revisiones del gas.

Por último, la sentencia asegura que la norma crea "indefensión" al obligar a reclamar ante la ECLU si se deniega el certificado previo al trámite de la licencia, lo que "puede dilatar en el tiempo notablemente la concesión" de esta. Según Bravo, la ordenanza garantiza de forma "insoslayable" una "tutela judicial adecuada, sin merma alguna para los derechos del ciudadano".

El Ayuntamiento ha recurrido todas las sentencias anteriores, y hará lo mismo con esta última, la semana que viene, por lo que la decisión final queda ahora en manos del Tribunal Supremo. Bravo ha precisado que los argumentos jurídicos son "débiles", y, aun en el caso de que los magistrados obligaran finalmente a modificar la ordenanza, las licencias concedidas seguirían siendo válidas. A ese respecto, el portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, señaló jocoso: "Esas licencias serían más sospechosas que un contrato fijo en este país".


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid - 28/10/2011
Foto: Madrid, caso Guateque (archivo) - madridiario.es

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Jerez.- Pacheco afronta una pena de 22,5 años de cárcel y 59 de inhabilitación

LAVOZDIGITAL* : La fiscal le imputa por el caso de los asesores tres presuntos delitos de malcersación, tres de prevaricación y dos de falsedad documental.
«No sé si reír o llorar». Con esta emotiva sentencia se expresó ayer el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, tras conocer que la fiscal Anticorrupción solicita para él 22,5 años de cárcel y 59 de inhabilitación en el marco del caso de los asesores denunciado por la exalcaldesa, Pilar Sánchez. Tocado, aunque no hundido, se mostró el edil al hacer pública una calificación que tachó de «barbaridad, atrocidad, disparate y fusilamiento» y detrás de la que, según él, se esconden intereses políticos que escapan al sistema meramente judicial. «Si cuando era joven dije que la justicia era un cachondeo –recordó–, ahora digo que lo que es un cachondeo es el Ministerio Fiscal. España entera se llevará las manos a la cabeza cuando se entere de esto. El por qué de esta petición lo sabremos en un mes: la explicación más simple es que es fruto de la presión política y se ha hecho al dictado de una posición partidista; ya veremos qué se recibe a cambio».

En concreto, la fiscal Virginia Alonso imputa a Pacheco tres presuntos delitos de prevaricación y pide para cada uno de ellos la inhabilitación durante 9 años; tres de malversación, para los que solicita en cada caso 8 de inhabilitación y 4,5 de cárcel; y dos de falsedad documental, con 4 de inhabilitación, 4,5 de cárcel y una multa de 16 euros diarios durante 15 meses para cada uno de los dos. La calificación también se extiende a los dos asesores directamente implicados, José López y Manuel Cobacho, para los que se pide una pena total de 9,5 años de prisión y 30 de inhabilitación, y 5,5 años de prisión y 15 de inhabilitación, respectivamente, además de una multa de 16 euros diarios a razón de 9 meses.
En el documento fiscal, facilitado por el propio imputado, Alonso asegura que el exalcalde, valiéndose de sus cargos como presidente de Speed Festival en el primer mes y como vicepresidente el resto y sin cumplimiento de requisito alguno, dio órdenes de transferencias bancarias según facturas a favor de José López. Unos hechos que se desarrollaron entre marzo y septiembre de 2005 y que según el Ministerio respondían a unos supuestos trabajos de asesoramiento realizados en la sociedad Speed Festival que sin embargo nunca llegaron a ser efectuados.
En total, estas cantidades ascienden a 32.407,31 euros, lo que supone como subraya la fiscal «un perjuicio para el erario público», ya que el capital social mayoritario del parque de ocio Speed Festival era de la corporación municipal. Asimismo, alude al hecho de que el exalcalde y exdelegado de Urbanismo, en su calidad de vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo, sin conocimiento de la presidenta ni del consejo de administración de ésta, suscribió un contrato de consultoría con López en noviembre de 2005 para la consulta y asistencia de proyectos urbanísticos.
El asesor recibió entonces la cantidad de 74.580 euros procedente de dinero público que tampoco se llegaron a justificar, según Alonso. En lo que respecta a Cobacho, asegura que percibió 99.846 euros procedentes de Emusujesa «a cambio de no efectuar ejecución de obra o servicio alguno». Todo ello en virtud de un contrato que fue firmado «con el exclusivo fin de dar apariencia de legitimidad» al montante percibido. Por todo ello, se fija en 106.987,43 euros la cifra que Pacheco y López tendrán que abonar a modo de indemnización de forma solidaria a la sociedad Speed Festival y 99.846,23 la que deberán pagar Cobacho y el exalcalde a Emusujesa.

Respondían al perfil

Ante esta apabullante calificación, el líder del Foro intentó defenderse ayer explicando que tanto en la etapa en la que pactó con el PP como con el PSOE, siendo alcalde y delegado de Urbanismo, se contrató a una serie de asesores que debían cumplir con dos características, según la Ley de Régimen Local: que fueran personas de confianza y que su relación contractual estuviera sujeta al mandato político.
Según Pacheco, López y Cobacho respondían perfectamente a este perfil. «Los dos pasaron a ser mis asesores, y no hay más. Ha habido asesores para maquillar a la alcaldesa o llevarle el maletín; lo que ocurre es que la confianza lo engloba todo. La única novedad de estos casos es que López cuando se le contrató tenía una empresa pequeña y me pidió que cobrara a través de facturas para no disolverla cuando se incorporó al Speed Festival. Yo le dije que siempre que no sobrepasara su sueldo de asesor, no había ningún problema».
A juicio del perjudicado, la petición de la fiscal es totalmente desproporcionada por lo que su abogado pedirá el archivo de las actuaciones y llegará «a donde tenga que llegar para parar este disparate». «Le han echado 24 años a un violador... A mí me echan prácticamente lo mismo y mucho menos que a los etarras, a los de los ERE o a los del caso Gürtel. Me pregunto qué dirán los padres de Marta del Castillo. Lo único que se desea es ajusticiar a Pacheco».


* La Voz Digital - 29.10.11
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu

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Cáceres.- Ecologistas presenta un recurso contencioso contra la resolución que homologa el PIR Valdecañas

EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción CODA, a través de su Federación de E.A. Extremadura, ha presentado la interposición del recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura por la que se aprueba definitivamente la homologación del Proyecto de Interés Regional (PIR) 'Complejo Turístico de Salud, Paisajístico y de Servicios Marina Isla Valdecañas'.
En nota de prensa, Ecologistas en Acción Extremadura ha recordado la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre este proyecto que los "partidos mayoritarios no acatan y modifican la Ley del Suelo". "Y es no solo para no acatar la sentencia, dejando sin protección el suelo extremeño a especuladores y abriendo la puerta a promotores de macro-urbanizaciones como la que se pretende en la Garganta de los Infiernos en Cabezuela del Valle, en el Jerte", asegura la asociación ecologista.

Igualmente ha recordado que en fecha de 27 de septiembre de 2011 fue publicado en el BOE la admisión del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la modificación de la Ley del Suelo de Extremadura.

Dicha admisión supone un "nuevo mazazo" al camino adoptado por Junta de Extremadura de "poner a disposición de grandes promotoras urbanísticas gran parte de los espacios protegidos de Extremadura sacrificando el interés general en beneficio de unos pocos", asevera Ecologistas en Acción Extremadura.


* Europa Press - 29.10.11
Foto: Cabezuela del Valle (Cáceres) - camping

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Miembros del 15-M Sevilla toman el antiguo Mercado de la Encarnación

INDYMEDIA* : En la tarde de ayer, tras la manifestación por el derecho universal a la vivienda, un grupo de miembros del movimiento 15-M han tomado el mercado provisional de la Encarnación anexo. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, encabezado con el llamamiento “si el mercado nos gobierna, toma el mercado”, las personas que han impulsado esta acción han denunciado que “la plaza de ‘las setas’, donde estuvo la acampada y se celebran las asambleas de coordinación del 15-M, es ahora mismo propiedad privada y que de hecho Sacyr la cierra al público a su antojo”, por lo que han ocupado el antiguo mercado bajo el lema “Si privatizan lo público, tomaremos lo privado”.
En ese comunicado se denuncia que “la cesión a Sacyr de la plaza de ‘las setas’ supone una vuelta de tuerca en la privatización de lo público que ya no solo amenaza a las empresas municipales o estatales, a la sanidad o a la educación, sino que pretende también “privatizar los lugares de encuentro y debate ciudadano”. Al mismo tiempo, se ha enviado el siguiente comunicado a las asambleas de barrios y pueblos del movimiento 15M de Sevilla, para que acudan hoy domingo, a las 18h, a la asamblea constituyente de este nuevo espacio social y ciudadano.

"Amigas y compañeras, un grupo de indignadas hemos creído necesaria la toma temporal y simbólica del mercado provisional de la Encarnación. Los motivos son innumerables y debatibles en próximas asambleas para consensuar los más importantes, necesarios o comunes.
Para empezar podríamos destacar algunos como pueden ser: Denunciar concretamente el regalo que el ayuntamiento ha hecho a la empresa Sacyr con la cesión del inmueble y el espacio privado que ahora es la plaza Mayor o popularmente conocida plaza de “las setas”. La constante y creciente privatización de espacios públicos. La especulación con los espacios ciudadanos. El abandono consciente por parte de ayuntamientos y particulares de edificaciones y zonas, tanto públicas como privadas, en convivencia con la realidad de una gran falta y necesidad de disponer de ellas para el uso y disfrute de los sevillanos. La falta total y absoluta de lugares de reunión para organizaciones ciudadanas que no estén dadas de alta en el registro de asociaciones. La falta de espacios autogestionados por el pueblo y la ciudadanía. La inexistencia de locales donde llevar a la práctica la participación directa, el diálogo, la reflexión y el debate.
Es por ello que hemos querido tomar este espacio, para visibilizar estas cuestiones y para denunciar lo antes mencionado. El grupo de indignadas que tomamos el espacio en un principio, no queremos de ninguna manera “apoderarnos” de él, sino ponerlo al servicio de las diferentes asambleas y comisiones del movimiento 15M para que, después de un debate conjunto, se decida entre todas qué hacer. También somos conscientes de que no representamos al movimiento, pero sí nos sentimos parte de el. Por eso proponemos tener el mismo domingo 30 de octubre una asamblea constituyente que se reúna y debata sobre estas y otras cuestiones que puedan ponerse sobre la mesa".

http://sevilla.tomalaplaza.net/2011/10/30/miembros-del-15m-de-sevilla-to...


* Indymedia - 30.10.11
Foto: Sevilla, ciubierta Metrosol Parasol en Pza. Encarnación - diariodesevilla

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El Consell retiene desde 2009 el permiso de la desaladora de Torrevieja

LEVANTE/Alicante* : La Generalitat Valenciana mantiene su bloqueo sobre la desaladora de Torrevieja, ya terminada, y verdadera piedra angular del Plan Hidrológico propuesto por el Gobierno socialista, que hizo de esta instalación uno de los símbolos de la nueva política hídrica que sustituyó al trasvase del Ebro.
La inversión está realizada, las conexiones con las redes de distribución hechas y el suministro eléctrico habilitado a través de una línea de media tensión pero la «nuclear» del mar, como la definió despectivamente el candidato por el Partido Popular en Valencia al Congreso de los Diputados y viceportavoz del PP nacional, Esteban González Pons, no puede arrancar. El bloqueo de los permisos impide producir 80 hectómetros cúbicos anuales de agua de gran calidad y rentabilizar los 219 millones de euros invertidos hasta ahora en la instalación.
Según un informe interno de Acuamed, la empresa pública que ejecuta por delegación del Ministerio de Medio Ambiente la desalinizadora de Torrevieja, los trabajos de construcción de la planta están finalizados, así como las conducciones de distribución del agua ya desalada.

Para completar la construcción de toda la infraestructura —añade el informe— solo queda por concluir la parte marítima de las conducciones de toma y vertido. Las obras no se ha podido «ni siquiera iniciar» al no disponer del permiso de la Generalitat Valenciana colocar las tuberías adosadas a las instalaciones del Puerto de Torrevieja.
Los permisos fueron solicitados en marzo de 2009, según fuentes de Acuamed.

Suministro de energía

Por otra parte, el abastecimiento eléctrico a la desaladora quedó resuelto de forma provisional hace un año con la construcción de una línea de media tensión. Si fuera necesario y estuviera hecha la conexión con el mar, la planta podría entrar hoy mismo en servicio, explican en Acuamed.
Mientras tanto, Iberdrola ejecuta a unos metros de la desalinizadora una nueva subestación — diseñada hace años para atender el crecimiento urbano de Torrevieja— que proporcionará alta tensión a la planta, permitiendo que funcione al 100%.
Hace unos meses, a Generalitat atribuyó a la falta de suministro eléctrico el retraso en la entrada en servicio de la instalación.


* Levante - 29.10.11
Foto: Imagen de la desaladora de Torrevieja con paneles solares incorporados a la planta y completamente terminada - levante

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