El exgerente de Emarsa implica al alcalde de Manises: "Lo sabía todo"

ELPAÍS/Valencia* : El exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet con el PP, Esteban Cuesta, declaró ayer ante el juez que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública, dedicada a la depuración del agua del área metropolitana de Valencia. En el caso Emarsa están imputados, además de Cuesta, otros dos directivos de la sociedad así como seis empresarios que presuntamente cobraron decenas de millones de euros por servicios que en realidad nunca prestaron y por suministros que no llegaron a entregar. Cuesta, según fuentes conocedoras de su declaración, afirmó ante el juez que Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, del PP, "tenía conocimiento de todos los contratos" ahora investigados.
Cuesta aseguró que se reunía una media de seis veces al mes con Crespo y que en esos encuentros le mantenía al tanto de los contratos. En ocasiones, afirmó el exgerente, era el propio alcalde de Manises quien le instaba a pagar a las empresas ahora bajo sospecha cuando se producían retrasos. Los empresarios, precisó Cuesta, se quejaban a Crespo y a continuación este le daba al exgerente la orden de que les pagara.

No solo eso. Según Cuesta, fue el mismo alcalde de Manises el que le dio indicaciones para contratar con una de las empresas investigadas, Viajes Benimàmet. Crespo acusó a Cuesta de faltar a la verdad y dijo que su declaración no le sorprendía.

Viajes Benimàmet facturó a Emarsa 300.000 euros entre 2006 y 2010. Algunas facturas revelan lo que parece un poco elaborado sistema de estafa. En 2009 la firma cobró a Emarsa exactamente por los mismos supuestos viajes que ya le había cobrado en 2005: el 7º Congreso de Calidad, la 1ª Cumbre de Excelencia... El exgerente no pudo, según las fuentes consultadas, dar una explicación coherente. Ni tampoco de cómo fue posible que en solo seis meses Emarsa comprara 174 teclados de ordenador cuando solo tenía 30 puestos de trabajo informatizados.Las empresas de informática Microprocesadores Valencia y Sofitec suministraron igualmente a Emarsa, entre enero y julio de 2010, 149 ratones de ordenador, 141 licencias antivirus, 140 placas base, 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros internos y 49 discos duros externos. El administrador de ambas empresas, que facturaron 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas) a la empresa pública en los seis años en que estuvo gestionada por Cuesta y presidida por Crespo, es Sebastián García Martínez, imputado en el caso.

En una muestra del aparente descontrol en el que se hundió Emarsa, Sebastián García Martínez actuaba al mismo tiempo como jefe del departamento de informática de la sociedad pública. Era el encargado, entre otras cosas, de verificar que el material pagado efectivamente llegaba a las instalaciones de Emarsa, según declaró ayer Cuesta ante el juez.

El exgerente reconoció que la situación era "extraña" porque Sebastián García Martínez figuraba en la web de Emarsa como jefe de informática, y actuaba como tal, pero no llegó a estar en nómina de la sociedad.

Cuesta reconoció también que durante dos años, de 2004 a 2006, estuvo cobrando al mismo tiempo como alcalde pedáneo de Benimàmet, cargo en el que le nombró la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a pesar de que su contrato como gerente de Emarsa le exigía exclusividad. Cuesta afirmó que fue él quien solicitó cesar como alcalde pedáneo en una carta remitida a Barberá.

Una hermana de Sebastián García Martínez, María Paz, también imputada, administraba otras dos empresas de mantenimiento y reformas que facturaron 4,2 millones de euros a Emarsa. El juez interrogó al exgerente sobre la sorprendente circunstancia de que buena parte de los trabajos que ambas firmas cobraron figuran como realizados en edificios y maquinaria que nunca han existido. Y por el hecho de que una de las empresas cobró en enero de 2010 910 horas de mano de obra. El problema es que según la investigación el trabajo fue realizado por solo dos empleados. De modo que, descontados los días festivos, los dos obreros tendrían que haber trabajado ese mes unas 21 horas al día para que las cuentas cuadrasen.

El juez continuará el lunes interrogando al exgerente de la sociedad pública.

El escándalo de la empresa pública de depuración del agua de Valencia
- Emarsa. Era la empresa pública dedicada a sanear el agua del área metropolitana de Valencia.

- Controlada por Valencia. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia.

- Más sueldo que Zapatero. Nueve directivos de Emarsa cobraban en 2010 bastante más de 78.200 euros al año, que es el salario del presidente del Gobierno.

- Agujero de 17 millones. Cuando las primeras sospechas de irregularidades saltaron a la luz, Enrique Crespo, alcalde de Manises y presidente de la sociedad pública, optó por disolverla debido a su mala situación económica. La disolución dejó un agujero de 17 millones de euros.

- Denuncia a la fiscalía. Los socialistas llevaron la gestión de Emarsa a la fiscalía. Entre otras cosas por haber violado los "principios de publicidad y competencia" en la contratación.

- Millones por nada. La investigación reveló que la sociedad había pagado decenas de millones de euros por servicios y trabajos que nunca se realizaron.

- Seis imputados. El juez ha imputado a tres dirigentes de Emarsa y seis empresarios por malversación y estafa. Esas seis empresas facturaron a Emarsa 30 millones.


* El País - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 08/10/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia

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Nuevas construcciones destruyen los últimos arenales de la Manga del Mar Menor (San Javier)

ANSE/Murcia* : ANSE denunció ayer diferentes actuaciones urbanísticas que se han desarrollado en el interior de la única microrreserva de flora propuesta por la Comunidad Autónoma en La Manga del Mar Menor, destruyendo un 25% de su superficie inicial (0,5 ha frente a las 2ha totales). En concreto, se ha ejecutado una calle que parte la microrreserva en dos y se está procediendo a la construcción de un chalet en primera línea del Mar Mediterráneo. Asimismo, se ha instalado un bar portátil y una caseta de obra sobre los últimos retazos de arenal existentes en la Playa Snipes, frente al casino de La Manga.
Las actuaciones han afectado a un número no evaluado de ejemplares de zanahoria marítima, pero conviene destacar que la microrreserva propuesta albergaba, según datos de la propia comunidad Autónoma, el 90 % de la población de esta especie protegida. La zanahoria marítima es una especie catalogada como Vulnerable por el Decreto 50/2003. Esta especie se distribuye en la Región por las riberas del Mar Menor no urbanizadas, pero la única población con un número apreciable de ejemplares se encuentra en el interior de la microrreserva propuesta por la Comunidad Autónoma en La Manga.

La Asociación ha remitido sendas denuncias ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier pidiendo la paralización de las obras.

ANSE lamenta que las Administraciones hayan sido incapaces de conservar ni siquiera 2 hectáreas de arenal con especies en grave peligro de extinción. A juicio de ANSE, la responsabilidad por tales hechos corresponde tanto a la Comunidad Autónoma (que ha sido incapaz de garantizar la conservación de un enclave destacado por la propia Dirección General de Medio Ambiente) como al propio Ayuntamiento de San Javier (que debería garantizar la ausencia de afecciones sobre la flora protegida de los desarrollos urbanísticos).

Mas info relativa a Echinophora spinosa (1,2)

Polaris promueve más de 60 apartamentos turísticos en el límite con el espacio protegido Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

ANSE denuncia igualmente que hace varias semanas la empresa Polaris World ha iniciado la construcción de más de 60 apartamentos a orillas del Mar Menor, en el tramo norte de La Manga, lindando con la zona de conservación prioritaria de Las Encañizadas, en el Parque Regional, LIC, ZEPA, Humedal de Importancia Internacional Ramsar y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Paradójicamente, la urbanización se denomina “Arenales del Mar Menor”, hábitat que contribuye a destruir a pesar de utilizarlo como reclamo publicitario. La urbanización se realiza en dos fases de 22 y 44 apartamentos cada una, donde la normativa urbanística permitía la construcción de viviendas unifamiliares.

La obra fue informada favorablemente por el Concejal de Medio Ambiente del anterior gobierno municipal a finales de mayo, y aprobada a finales de julio por el nuevo equipo de gobierno.

Polaris ha aprovechado que las Normas Subsidiarias del Término Municipal de San Javier permiten aumentar la edificabilidad aprobada en la zona para la realización de instalaciones hoteleras, multiplicando por 10 el número de viviendas que pueden construirse en la zona presentándolas como apartamentos turísticos, y construyendo en tres alturas junto al mismo límite del Parque Regional. Los apartamentos se encuentran a la venta por precios comprendidos entre los 120.000 y los 200.000 €, como puede comprobarse en la página web..A pesar de su proximidad a una zona de gran fragilidad y elevado valor natural, no consta en el expediente del Ayuntamiento que se haya realizado una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2.000, ni se haya solicitado informe a la Dirección General de Medio Ambiente (antes de Medio Natural).

Sin embargo, constan sendos informes técnicos del mismo Ayuntamiento en el expediente en los que advertían que, dada la proximidad a un espacio de la Red Natura 2000, “por el órgano ambiental (la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental) debe decidir sobre la necesidad de que el proyecto deba someterse a evaluación ambiental”.

ANSE ha pedido al Ayuntamiento de San Javier que paralice las obras de la primera fase de la urbanización, y que no conceda licencia definitiva a la segunda. Las licencias fueron solicitadas inicialmente por Hacienda Riquelme S.L y Polaris World Development, S.L., que se fusionaron posteriormente en Polaris ¨World Real State, S.L. y ahora se ha solicitado la subrogación de la licencia a nombre de Sand Paradise, S.L perteneciente también al parecer al Grupo Polaris.

Igualmente, ANSE ha pedido a la Consejería de Presidencia que respalde la paralización de las obras por su afección a un espacio de la Red Natura 2000, y obligue a la empresa a realizar una evaluación de las repercusiones ambientales del proyecto.

La Asociación de Naturalistas del Sureste denuncia que, mientras desde la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma se anuncia la aprobación de una nueva Ley de Protección del Mar Menor (cuando en 2001 derogó la de Protección y Armonización de Usos), la misma Comunidad Autónoma y el único término municipal de La Manga que conserva aún unas pocas parcelas sin urbanizar, San Javier, aprueban nuevos proyectos urbanísticos que destruyen los últimos arenales y aumentan la presión sobre los espacios protegidos.

ANSE lamenta especialmente las declaraciones del Consejero de Turismo de la Comunidad Autónoma, anunciando una campaña para mejorar la imagen del Mar Menor y La Manga, en lugar de preocuparse porque su misma Consejería apoya el aumento de edificabilidad para favorecer a una empresa como Polaris Word, que ha visto como muchas de sus promociones han sido embargadas por los bancos por falta de pago.

La Asociación teme que otras empresas constructoras promuevan actuaciones similares en el tramo norte de La Manga, proponiendo apartamentos turísticos donde se autorizan viviendas unifamiliares para lograr más edificabilidad, aunque las construcciones se venderán a particulares.


* Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) - 8.10.11
Foto: Mar Menor (Murcia), destrucción litoral - ANSE

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Boadilla.- Arnaiz diseña desde el Consistorio operaciones urbanísticas para sus empresas opacas

ELCONFIDENCIAL/Madrid* : Leopoldo Arnaiz, el arquitecto asesor del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, diseña desde el consistorio madrileño operaciones urbanísticas para su red de empresas pantalla. El urbanista municipal, que cobró del Santander a través de un testaferro en el caso de la Ciudad Financiera, se ha especializado en trabajar simultáneamente para decenas de ayuntamientos y para sí mismo a través de una trama de 33 empresas encabezadas por socios y testaferros. En Boadilla ha hecho varias de estas operaciones.
Una de ellas es el caso del palacio del Infante don Luis. El Ayuntamiento de Boadilla firmó en julio de 1998 un convenio urbanístico con el propietario del palacio, Enrique Rúspoli. El consistorio adquiría el palacio, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, y siete hectáreas de terreno a cambio de 2.000 millones de pesetas (doce millones de euros). El propietario recibiría 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) en metálico y el resto en fincas municipales con un aprovechamiento urbanístico fijado.

El estudio de Leopoldo Arnaiz estaba contratado por el Ayuntamiento de Boadilla desde dos años antes como consultor y asistente técnico para todos los trabajos relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana. Por ello, fue Arnaiz quien elaboró el convenio urbanístico y lo envió al ayuntamiento para su aprobación, tal y como demuestran los faxes a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Tras la ejecución del convenio urbanístico y según datos del Registro de la Propiedad, el 5 de octubre de 1999, Enrique Rúspoli vendió las cuatro fincas que le había entregado el ayuntamiento a cambio de su palacio, así como el aprovechamiento urbanístico de las mismas. El comprador fue la sociedad Valle del Duero. Oficialmente, se trataba de una promotora burgalesa. Pero en realidad el 52% de las acciones de esta firma pertenecen a Gamadortiz e Inmotexter, dos de las 33 empresas de la estructura creada por Leopoldo Arnaiz usando distintos testaferros (la valoración más conservadora de la trama empresarial supera los 500 millones de euros en suelo y otros inmuebles). La venta de las parcelas se firmó en la misma notaría madrileña que Arnaiz usó para constituir su trama inmobiliaria (el arquitecto y sus testaferros también firmaron transmisiones de empresas en dos notaría de Londres). Es decir, Arnaiz diseñó un convenio desde su puesto de asesor del Ayuntamiento, incluyendo las valoraciones, según fuentes municipales, y, por detrás, compró el resultado de ese convenio.

Una denuncia de una antigua socia del arquitecto que está tramitando el Juzgado Mercantil Mercantil número 4 de Madrid detalla la estructura de la trama, cuya titularidad Leopoldo Arnaiz reconoce. El abogado de la denunciante aseguró en la audiencia previa que el motivo de no figurar en estas operaciones es que “Leopoldo Arnaiz es redactor de los planes urbanísticos de muchas localidades de la Comunidad de Madrid, en las cuales tienen propiedades muchas de sus empresas y él no puede aparecer como socio por incompatibilidad y para eso busca testaferros”. El urbanista siempre ha defendido que lo que hace es legal y que usa “empleados” al frente de sus empresas para no llamar la atención, aunque está imputado en dos juzgados por distintos delitos. Arnaiz tiene una veintena de empresas en las que sí figura oficialmente, pero con las que no opera en negocios urbanísticos que pueden generar polémica.

Concluida la operación del palacio, que recientemente fue noticia por su cesión ilegal a la SGAE, los tribunales anularon el Plan General de Boadilla y, por lo tanto, también el convenio de venta del inmueble. En mayo de 2003 el entonces alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, presentó un nuevo convenio para evitar que Rúspoli tuviera que devolver las fincas municipales. El problema era enorme, pues Rúspoli ya había vendido el suelo a las empresas de Arnaiz.

El encargado de elaborar ese nuevo convenio fue el propio Arnaiz, con la particularidad de que él era el dueño de las fincas resultantes de ese convenio. En un fax con fecha 20 de mayo de 2003, que obra en poder de este diario, los abogados de Enrique Rúspoli, el despacho Ramón&Cajal, le comunicaron al secretario del Ayuntamiento madrileño, Manuel Acosta, que los últimos flecos de la operación están “negociándose entre D. Enrique Rúspoli y D. Leopoldo Arnaiz”.

Todos los trabajos que realiza Arnaiz son después aprobados por el ayuntamiento madrileño, en manos del PP. El arquitecto ha declinado hacer cualquier tipo de declaración a El Confidencial.

Operación Cortijo Sur

El 30 de enero de 2004 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte acordó la aprobación definitiva del Plan Parcial 6.1. Cortijo Sur: 717.000 metros cuadrados, repartidos en unas 400 parcelas para construir unifamiliares. Cuatro empresas habían solicitado la citada recalificación: Valle del Duero, Gamadortiz, Construcciones Aragón Izquierdo e Inmobiliaria Maidan. Las dos primeras pertenecen al entramado empresarial del arquitecto y las otras dos, a sus socios.

El arquitecto, como redactor del PGOU de Boadilla del Monte, contratado por el ayuntamiento, tuvo que supervisar el plan parcial entregado por las citadas empresas para que encajara en el plan general. Además, su despacho también fue contratado por los propietarios del suelo –la junta de compensación- para la elaboración de los planes que se presentan en el ayuntamiento.

Otra de las empresas de la trama de Leopoldo Arnaiz, Beltraex, que alquila un edificio al Banco Santander, tiene parcelas en distintos sectores de Boadilla del Monte, cuyas actuaciones urbanísticas controla el propio Arnaiz contratado por el ayuntamiento, organismo responsable de aprobar las “sugerencias” del consultor Arnaiz. El urbanista consigue contratos municipales presentando ofertas por debajo de mercado, ya que su negocio está en conocer y trabajar para quienes tienen intereses en el urbanismo del municipio en cuestión o, directamente, operar con sus promotoras, encabezadas por socios o testaferros. Ser el autor de los planes urbanísticos municipales –o de las modificaciones- de más de 60 municipios en toda España le da una gran ventaja para sus intereses privados.


* El Confidencial - Javier Chicote 07/10/2011
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es

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La Audiencia de Girona acepta que una familia entregue su vivienda para saldar la hipoteca

20MINUTOS* : Un juzgado de Girona defiende la dación en pago y acusa a las entidades financieras de "enriquecimiento injusto".
Con la crisis son muchas las familias (15.000 en lo que llevamos de año) que están siendo desahuciadas. El problema es que además de quedarse sin casa y en la calle le deben dinero al banco. Todo porque no se acepta lo que llamamos dación en pago, es decir, que la entrega de la casa sea suficiente para saldar la deuda con el banco. En diciembre de 2010, la Audiencia Provincial de Navarra aceptó en un caso la dación en pago. Ahora, se le suma la Audiencia de Girona. En un auto, que ha dado a conocer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no sólo acepta que una familia ya ha pagado su deuda con la entrega del piso sino que acusa a bancos y cajas de "enriquecimiento injusto".
En este caso resuelto en primera instancia por un Juzgado de Girona, la vivienda se había tasado en la hipoteca por el Deustche Bank en 325.000 euros. En el procedimiento de ejecución hipotecaria el banco se la adjudicó en la subasta por 162.500 euros, el 50% del valor de tasación (fue anterior al incremento del 50% al 60% del pasado mes de julio). Ante el juez, el banco sostenía que después de desahuciar a la familia afectada y quedarse con la vivienda, tenía además derecho a cobrar 141.158,10 euros más.

Abusos y derechos del consumidor

El texto del auto del juez afirma que "no puede sostenerse que 'el producto' obtenido por la entidad financiera fuera insuficiente para cubrir el crédito. El banco no recibe 162.500 euros de un tercer postor que se adjudica el bien, sino que lo hace suyo para reducir o extinguir su crédito. El bien pasa así a integrar su patrimonio. Lo que el banco obtiene entonces no es la suma mentada, sino el valor que tiene el bien hipotecado que en la propia escritura de concesión del crédito hipotecario se ha fijado (también por el banco) en 325.000 euros".

El juez alude a la Ley de defensa de los consumidores para sugerir que se prohiban las cláusulas que se incluyen en los contratos y sean abusivas. En este sentido indica que son cláusulas abusivas las que imponen perjuicios desproporcionadamente altos para el consumidor que no cumpla sus obligaciones. Y propone "la nulidad parcial de aquellas de las que se deriva una asunción personal de la deuda cuando la garantía hipotecaria cubre sobradamente el crédito".

El Tribunal califica la actuación del banco de abuso de derecho, y considera que ha incurrido en un ejercicio antisocial del mismo: "La actuación de la entidad financiera se considera contraria al principio de buena fe que debe presidir el ejercicio de un derecho".

Enriquecimiento injusto

El auto entiende que en caso de no aceptar la dación, el banco obtendría un enriquecimiento injusto, ya que después de cobrar su deuda con la vivienda, podía ingresar nuevas cantidades con la venta de la vivienda.

El juez concluye que "una decisión justa que es lo que, en última instancia, la ciudadanía espera de un 'tribunal de justicia'". Por ello, propone "una solución que no conlleve un beneficio injustificado a favor de aquella parte que interviene en una posición de fuerza en la firma de un contrato de adhesión".

De este modo, la Audiencia Provincial de Girona muestra su acuerdo con criterio del auto de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 2ª), de diciembre de 2010. El denunciante reclamaba que el banco seguía exigiéndole el pago y el juez le dio la razón. Fue la primera vez que una sentencia así daba la razón a un ciudadano.


* 20 Minutos - 7.10.11
Foto: Integrantes de asociaciones vecinales y el Movimiento 15-M durante una concentración para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija menor de una vivienda en Madrid. (Juan Carlos Hidalgo / EFE)

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Carta de invitación a la #mareaverde: el 15 de octubre será un gran baile

MADRILONIA* : Nos hemos visto, nos reconocemos por la calle. Tenemos gestos comunes. Nos hemos cruzado. Nos defendemos mutuamente. Sin ser lo mismo, nos reconocemos. Hay mucho de la #mareaverde en el 15M. Muchísimo ¿Acaso no fue la puerta del Sol una escuela? ¿Acaso no entendimos que habíamos ido hasta allí para aprender? ¿No es cierto también que en las esquinas de la plazas colindantes a Sol se juntaron maestros y maestras a hablar de educación, a conformar las primeras comisiones? Hay mucho también del 15M en la #mareaverde. Hemos visto a los profesores y profesoras en las asambleas de los barrios, contando, convocando, explicando en primera persona lo que los medios narran en cifras. Hemos visto el deseo de construir un espacio incluyente para cualquiera.
Hemos caminado nuestros propios pasos en el mismo baile… ¿Que tal si nos damos la oportunidad de bailar juntos? ¿Que tal si nos pedimos salir? Nuestra primera cita de las importantes, después de tanto agradable ligoteo, podría ser el próximo 15 de Octubre.

Como bien sabes, llevamos meses preparando esta movilización internacional. En las últimas semanas los lugares del planeta que han decidido unirse a esta llamada crecen y crecen. Desde Libery Square en Nueva York, donde miles se han plantado en uno de los corazones financieros del mundo, hasta las calles de Egipto, Chile y tantos otros lugares.
Queremos que vengas a una manifestación mundial sin banderas, sin nada que nos distinga más que las ganas de estar juntos y decir alto y claro que no vamos a ser mercancías en manos de banqueros y políticos, que no nos representan y que no tenemos miedo.
Sería tan bonito ver vuestras camisetas verdes acompañando a las miles de personas anónimas que saldremos a la calle el próximo 15 de octubre. Si hay que elegir un color que marque tendencia en este otoño caliente… que sea el verde.
El 15M estará a tu lado, hagas lo que hagas, pondremos nuestra inteligencia y perderemos horas de sueño para que ganes la batalla, porque es la nuestra.
Y el próximo 15 de Octubre, con nervios y mucha ilusión, queremos invitarte a bailar con las paradas y los desahuciados, con los precarios y las jubiladas, los informáticos y las amas de casa, los jóvenes y las familias… con todo el mundo que tenga ganas de cambiar lo que nos rodea.
Si te animas, te estaremos esperando hasta el último minuto.

* Madrilonia - 15M - 6.10.11


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