El ex alcalde de Ronda, entre los detenidos en el registro del Ayuntamiento de Ronda

SUR/Málaga* : Varios agentes de la Policía registran esta mañana desde muy temprano el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda así como la sede de Urbanismo. Por ahora se desconocen los motivos que han llevado a la inspección, aunque se estima que podría deberse a posibles delitos urbanísticos relacionados con la anterior Corporación. Los primeros datos apuntan a que habría al menos cuatro detenidos, entre los que se ha confirmado la presencia del anterior alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara.
La operación ha levantado una gran expectación en la ciudad del Tajo. Incluso entre los propios funcionarios del Ayuntamiento, algunos de los cuales no han podido acceder a sus puestos de trabajo y otros se han encontrado con el bloqueo cuando han vuelto de desayunar. La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística. Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación.
Los primeros indicios apuntan a que podría habría cuatro miembros de la anterior corporación municipal implicados más un abogado. Aunque este extremo está aún por confirmar, sí ha trascendido que uno de los arrestados en esta operación por presuntos delitos urbanísticos. El anterior equipo de gobierno estaba presidido por el exalcalde Antonio Marín Lara, la exconcejal de Urbanismo María José Martín de Haro y el primer teniente de alcalde y el secretario local del PSOE, Franciso Cañestro. Marín Lara, que fue alcalde de Ronda por el PA en 2004, con el apoyo del PP y el GIL, ocupó la Alcaldía de Ronda también en 2007 y se pasó al PSOE. durante bastantes años hasta que fue desbancado por el acuerdo PP-PA, partidos que rigen actualmente el Consistorio.


* SUR - 27.09.11 - VANESSA MELGAR / EFE
Foto: Policías esta mañana en el Ayuntamiento de Ronda - sur

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Valencia.- El Ivvsa debe más de 8,5 millones a 17 constructoras en obras de rehabilitación y mantenimiento

LEVANTE* : El objetivo anunciado por el Gobierno central de afianzar un nuevo modelo urbanístico basado en fomentar las obras de rehabilitación en lugar de la construcción de obra nueva se va al garete si se tiene en cuenta la deuda de las propias Administraciones con las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Y para muestra, un botón. El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) adeuda, desde hace 18 meses, más de 8,5 millones de euros a las 17 constructoras que tiene contratadas para obras de mantenimiento y reformas.
Los afectados llevan más de 18 meses en silencio y sin parar de trabajar para atender las obras de rehabilitación previstas por el Ivvsa. Por ello, en el mes de marzo, los 17 afectados -10 empresas de Valencia y 7 de Alicante- le enviaron al entonces conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, un escrito en el que alertaban de la "grave situación" que había provocado en sus empresas "la negligencia presupuestaria del Ivvsa y su nefasta gestión en los impresionantes retrasos y su forma de pago, algo que, pos supuesto, no ha ocurrido en nuestra atención a sus obras presupuestadas o a aquellos partes de urgencia que nos han hecho atender con toda celeridad".

Y es que las empresas contratadas para la rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Ivvsa han cumplido con el trabajo acordado durante más de un año y medio, "y sin ver ni un euro, para hacer frente al pago de materiales, sueldos y facturas". Las pequeñas y medianas empresas afectadas aseguran que han cumplido su parte del contrato, con creces. Y ahora piden que les paguen con la misma moneda, o al menos, que les paguen.
La media que adeuda el Ivvsa a cada una de las empresas supera los 500.00o euros. "Hay muchos puestos de trabajo comprometidos", advierten los afectados, porque la situación "es insostenible para cualquier economía familiar y empresarial". Y es que "ni podemos negociar papel (pagarés, cheques o efectos aceptados) porque ustedes no nos los facilitan, ni podemos llevar más facturas de las pendientes como reconocimiento de crédito a nuestras entidades financieras porque los bancos ya no nos aceptan más recibos para realizar los anticipos de cobro, al ser insostenible la demora con la que el Ivvsa está abonando los importes, con el consiguiente gasto financiero, que no hace más que agravar nuestra situación de endeudamiento y liquidez", explican los 17 afectados en el escrito dirigido a Juan Cotino.
Pero ahí no acaba la cosa. Los empresarios añaden en el texto que tanto trabajadores como proveedores "están planteando demandarnos por falta de pago" y que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que son "nuestra única vía de escape", dejarían sin servicio las obras previstas del Ivvsa, por lo que "ambas partes quedaríamos perjudicadas".
Por ello, los empresarios añaden que necesitan una solución rápida "para poder darle una garantía a las entidades financieras, y con ello, evitar el descalabro de nuestras empresas". Es más, platean, incluso, que el Ivvsa, como empresa pública, medie con las entidades financieras "para que nos acepten las facturas a más plazo ya que nuestras propiedades y garantías personales no soportan tanto endeudamiento".

Compromiso escrito

Los promotores afectados aseguran que la propuesta más inmediata es solicitar al Ivvsa la liquidación de todas las facturas pendientes del ejercicio 2009 y formalizar un plan de viabilidad y compromiso escrito para afrontar las facturas pendientes del ejercicio 2010 y 2011 ya que, de esta forma, "tendríamos la confianza necesaria para dirigirnos a nuestras entidades financieras y solicitar una nueva negociación de nuestras pólizas, para que nos mantengan la clasificación necesaria, dentro de unos plazos prudenciales de pago comprometidos por el Ivvsa".
Por lo tanto, los empresarios contratados por el Ivvsa "necesitamos que nos faciliten ese plan urgente de cobro, que entendemos debiera ajustarse a la aplicación de la Ley de Morosidad, para dar el curso más inmediato a la liquidación de los recibos pendientes".
El escrito data de marzo, pero las empresas, a día de hoy, siguen sin cobrar, sin previsión de hacerlo y sin respuesta alguna ni del Ivvsa ni de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Por ello, antes de bajar definitivamente la persiana, han lanzado la voz de alarma.


* Levante - 26.09.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Fadesa sabía que el edificio coruñés con orden de derribo era ilegal

ELPAÍS* : Enorme es el embrollo al que se enfrenta el Ayuntamiento de A Coruña, ahora gobernado por el PP, para cumplir la sentencia en firme que ordena la demolición de uno de los edificios más grandes del centro de la ciudad, el Conde de Fenosa. Y no solo por lo costoso y la gran dificultad técnica que supone ejecutar ese fallo judicial irrevocable. Esta espinosa herencia urbanística dejada por el exalcalde socialista Francisco Vázquez puede también acarrear importantes responsabilidades penales y económicas tanto para los responsables o funcionarios municipales, por otorgar en 1997 una licencia urbanística ilegal, como para la promotora del inmueble, Martinsa-Fadesa cuando estaba bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove.
Hasta ahora, tras 14 años de litigio judicial y una década de recursos fallidos (ya no hay margen para más), nadie asumió responsabilidad alguna por este desaguisado nacido en la época dorada del vazquismo y del bum inmobiliario de A Coruña. Y hay múltiples indicios e incluso documentos que apuntan a que tanto en el Ayuntamiento como la propia inmobiliaria eran conscientes de la ilegalidad en la que incurrían al conceder y obtener, respectivamente, una licencia de obras que era contraria al Plan General de Ordenación Municipal vigente.

El puñado de vecinos que inició en solitario en los tribunales su cruzada contra esta urbanización cuando ni siquiera se habían iniciado las obras está dispuesto a seguir adelante, "exigiendo el cumplimiento de la sentencia y responsabilidades". El propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en su auto de diciembre de 2010, advierte de posibles responsabilidades penales si así estiman oportuno exigirlas los denunciantes. Su portavoz, Valentín Souto, es tajante: "No nos va a temblar el pulso en pedirlas, aunque esperaremos ahora a ver cómo se ejecuta la sentencia". La comunidad de propietarios del inmueble de tres bloques ocupado ahora por un centenar de viviendas, oficinas y locales también confían en que el Ayuntamiento halle una solución para cumplir la orden judicial evitando el derribo del inmueble. "Pero habrá que pedir responsabilidades, los políticos no se pueden ir de rositas", afirma a título personal Francisco Cabanal, dueño de uno de los bajos comerciales.

Todo comenzó en junio de 1997 cuando Fadesa compró a Fenosa, por 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros), el solar y edificio que albergó durante décadas, en el centro de A Coruña, la sede de la eléctrica. Cinco meses después, la promotora obtenía del Ayuntamiento, siendo concejal de Urbanismo el expresidente de la Diputación coruñesa y actual secretario provincial del PSOE, Salvador Fernández Moreda, la licencia para cambiar el uso del edificio, de terciario a residencial, y rehabilitarlo aumentando la superficie construida en 2.500 metros cuadrados.

Un incremento de la edificabilidad suculento pero que estaba prohibido en el plan en vigor, el de 1985. Establecía que no se podía aumentar el volumen de un edificio al rehabilitarlo, y menos alterar, como se hizo, el de su cubierta y fachadas. El propio proyecto técnico que presentó Fadesa para obtener la licencia, luego anulada por ilegal por los tribunales, incluía un informe del Ayuntamiento que advertía que al reformarse el edificio, "se deben respetar los límites de edificabilidad".

La inmobiliaria también reconoció en junio de 1998 que incumplía la norma sobre las edificaciones con patio interior, pero alegaba que estaba en trámite un nuevo plan (se aprobaría en octubre de ese año) que recogía la posibilidad de hacer las obras que pretendía. Un argumento que tumbó el Superior, como los intentos posteriores del Ayuntamiento por legalizar la reforma. Pero tardó cuatro años en emitir la sentencia que anula la licencia y ordena la demolición de un inmueble, que al no pararse nunca las obras, ya estaba terminado y habitado.

45 millones sin alternativas

El Gobierno municipal de Carlos Negreira (PP) trata de ganar tiempo para articular una solución ante "la herencia envenenada" que representa, según la definición del alcalde, la orden de derribo del céntrico edificio Conde de Fenosa. Pero las alternativas a una demolición que todas las partes quieren evitar son escasas y de muy difícil ejecución. La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando los últimos recursos es de julio, y aunque no la dio a conocer hasta el pasado viernes, el equipo de Negreira sabe que trabaja a contrarreloj para articular "la mejor solución para todos".

En mayo, el tribunal emitió un auto que daba 15 días al Ayuntamiento para informar de las medidas en marcha para ejecutar la sentencia. Y le advertía de que podía enfrentarse a multas coercitivas, que aumentan por cada día de demora en cumplir el fallo judicial.

No está en juego la demolición integral del edificio, ya que lo que se anuló, por ilegal, es una licencia de rehabilitación. Pero devolver el Conde de Fenosa a su estado original, es decir, al volumen que tenía cuando albergaba la sede de la eléctrica, supondría abatir 2.400 metros cuadrados de su actual superficie. Tras fallar reiteradamente los intentos del PSOE de legalizar la edificación, el BNG insta a Negreira a pedir ante el tribunal la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. "Reponer el edificio a la situación anterior resulta de imposible ejecución", afirma el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril.

Los tribunales, tanto el Superior de Galicia como el Supremo, no sólo anularon la licencia urbanística con la que Fadesa reformó en 1997 el edificio, sino también consideraron ilegales que tuviera menos plazas de garajes que viviendas, así como las dimensiones del patio interior de este inmueble de tres bloques. Rectificar esas ilegalidades tampoco es técnicamente fácil. Y el derribo de uno de los edificios más grandes del centro urbano de A Coruña puede abocar a las arcas municipales a la bancarrota: la operación podría costar entre 40 y 45 millones de euros. El Bloque asegura que es el titular de la licencia anulada, Martinsa-Fadesa, el que, por ley, está obligado a presentar un proyecto de demolición para ejecutar la sentencia.

La solución se anuncia difícil. Y más cuando los magistrados ya recriminaron a los responsables municipales por "alargar indefinidamente con recursos un asunto que ya está juzgado". Durante 10 años intentaron revocar la orden judicial de derribo. Y es algo que los denunciantes tampoco están dispuestos a pasar por alto sin que nadie asuma responsabilidades.


* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 26/09/2011
Foto: A Coruña, edificio Fenosa a derribar - laopinioncoruna.es

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Alicante.- La hija de Alperi controlará el Urbanismo en la provincia en plena investigación del caso Brugal

INFORMACIÓN* : En plena investigación sobre el supuesto amaño en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, la hija de Luis Díaz Alperi, al que la Policía sitúa en en el epicentro de una red de conexiones y contactos que tenían como objetivo principal controlar el planeamiento de la capital, será la responsable de dirigir el Urbanismo en el conjunto de la provincia. Elisa Díaz González, diputada en las Cortes Valencianas hasta los comicios del pasado 22-M, ya ha sido nombrada por la Generalitat para hacerse cargo de la dirección territorial de Urbanismo, un departamento que tiene competencias directas en las decisiones sobre el planeamiento de los 141 municipios alicantinos.
Pasados los comicios autonómicos, la dirección regional del PP, según explicaron fuentes populares, realizó un recuento de los diputados autonómicos que se habían quedado sin escaño y optó por distribuirlos, en función de su perfil, en diferentes ubicaciones de la administración autonómica. La hija de Alperi, que tomó posesión del escaño en la recta final de la pasada legislatura, es licenciada en Derecho y tiene un Máster en Ordenación del Territorio, explicaron fuentes del PP que, precisamente, aludieron al currículum como el principal motivo que justifica su designación para ese puesto en concreto.

Elisa Díaz González, en opinión de la cúpula regional del PP, cumple con el perfil. Su nombramiento, de hecho, quedó resuelto antes de las vacaciones de verano. Apenas ha podido ejercer a raíz de su maternidad. Pero lo cierto, sin embargo, es que llegó al cargo a sabiendas de que el planeamiento urbano de Alicante, cuya revisión fue impulsada por su padre desde la Alcaldía, está, en estos momentos, bajo sospecha.

Eso es, precisamente, lo que preocupa entre dirigentes populares consultados. Una cosa es que la exdiputada autonómica, que sonó con insistencia para ocupar un sillón de concejal, cumpla con un cierto perfil y disponga de la formación necesaria para asumir el cargo. Y otra muy diferente es que tenga el control sobre el Urbanismo en la provincia mientras Luis Díaz Alperi, que sí mantiene su escaño en las Cortes, figura, en todos los casos, en los diferentes informes policiales sobre la elaboración del PGOU de Alicante.
En el último, aparece, incluso, como propietario de una empresa -a través de la cual tiene la propiedad de un yate- cuya razón social es la iniciativa urbanística. Alperi tiene ahora en su poder la totalidad de la firma. Ahora mismo está dedicada a casi por completo a la gestión del catamarán. Pero, por ejemplo, en julio de 2010, el ex alcalde firmó un contrato de consultoría con Salvetti -el despacho del hermano de Castedo y del exsocialista Javier Gutiérrez hacia el que la Policía apunta en la investigación- para recibir asesoramiento urbanístico.
El exalcalde, además, mantiene relaciones muy estrechas tanto con Antonio Solana, que fue su socio en la empresa del barco; y con Enrique Ortiz, dos de los grandes constructores y promotores alicantinos. En este escenario, tendrá que moverse Elisa Díaz, directora territorial de Urbanismo, mientras la Policía investiga la actuación de su padre, el exalcalde Alperi, en el PGOU de la ciudad de Alicante.


* Información - 23.09.11
Foto: Alicante, Alperi y su hija - información

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Barcelona, ante la charlotada urbanística

ABC* : El blindaje, patrimonial y de usos, dificulta la reconversión de la Monumental, y el Ayuntamiento, ni quiere, ni puede, comprar la plaza de los Balañá.
A expensas de lo que pueda dictaminar el Tribunal Constitucional, el último festejo de ayer en la Monumental significará el fin de la Fiesta en Cataluña y puede que, a la vez, el inicio de lo que podría ser una nueva época dorada del toreo bufo o charlotada, esta vez en versión urbanística. Aquí, el protagonista no sería José Tomás sino la propia Monumental, un apetecible espacio en el centro de la ciudad, 10.000 m2, pero cuya calificación la convierte en un toro nada fácil, por así decirlo. La Monumental (1914) tiene un doble blindaje que complica su reconversión. Blindaje urbanístico por un lado, que impide destinarla a otros usos que no sean comunitarios (centros sanitarios, culturales, religiosos, deportivos, recreativos...); y patrimonial, por otro, que obliga a respetar tanto la fachada exterior como la estructura interior.

Así las cosas, desde sectores pro taurinos se tem que la administración pretenda una recalificación —como ya sucedió en la plaza de las Arenas— que sirva para pagar la indemnización en forma de lucro cesante que reclama la familia Balañá, propietaria del espacio. En declaraciones a este diario, Alberto Fernández, jefe del grupo del PP en Barcelona, advierte: «Hay que impedir que la voluntad de unos cuantos de acabar con los toros se pague a costa de perjudicar los intereses de la ciudad».

Frente a quienes alertan de un pelotazo urbanístico de dos orejas y rabo para compensar a los Balañá —clamorosamente ausentes en todo el debate sobre los toros—, otras voces señalan que la cifra millonaria que se ha barajado es del todo exagerada. Como mucho alcanzará unos cientos de miles de euros, señalan, teniendo en cuenta que, excepto algún festejo, la rentabilidad de los toros en Barcelona es muy cuestionable.

Entre unos y otros, en el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento se opta por la prudencia. Nadie está por arrimarse y, de entrada, se recuerda lo elemental, la Monumental «es propiedad de un privado», explica a ABC el concejal de Urbanismo, Antoni Vives, esperando que los Balañá den el primer capotazo de la lídia urbanística; «estudiaremos todas las propuestas que nos presenten». Por otra parte, y en una época de presupuestos públicos afeitados, es impensable que el Ayuntamiento compre la plaza, al menos antes de diez años, aseguraba ayer el alcalde, Xavier Trias. Con este cartel, el futuro de la Monumental de Barcelona, la ciudad que hizo mito a José Tomás, es tan incierto como una tarde de toros antes de que suenen los clarines.


* ABC - ÀLEX GUBERN / BARCELONA - 26/09/2011
Foto: Barcelona, la Monumental - abc

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