El PGOU de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de Castedo

ELPAÍS* : Todas las alegaciones tramitadas en el despacho fueron estimadas. Salvetti Abogados, despacho del que es socio el hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tuvo una actuación decisiva en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF) incluido en el caso Brugal revela el mecanismo a través del cual se solucionaban las alegaciones al plan presentadas por particulares.
El método para arreglar los problemas, según la UDEF, tuvo su origen en la adjudicación de una subcontrata por parte de la empresa adjudicataria de la redacción del plan a la sociedad G&M, de la que es administrador el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, quien, a su vez, es socio de José Luis Castedo en Salvetti Abogados. G&M era la responsable de evaluar las alegaciones. Según la policía, todas las presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" El informe de la UDEF concluye que existen "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".

El 90% de los ingresos de Salvetti Abogados entre los años 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula en más de tres millones de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad del cobro en varios millones de euros".

La policía registró el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe.El completo informe, de más de 350 páginas y 47 anexos con documentos que incluyen facturas, planos, y grabaciones, establece una relación directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gestión del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobación, hasta concluir una "comunión de intereses entre ambos". La policía apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle de Castaños de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Gutiérrez, la inscribió con domicilio en la avenida de Maisonnave de la ciudad.

La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentación intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza José Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jesús Quesada, redactor del Plan General.

Aunque no aparece relación fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigación descubrió la dirección joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha más información confiscada en el registro que "corrobora la vinculación inequívoca" con Gutiérrez. Además, recuerda que Castedo se incorporó en 2004 como técnico a la Consejería de Territorio, prestando servicios jurídicos en la delegación territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisión informativa de Urbanismo hasta el año 2008.

La policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión del exalcalde Luis Díaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran "aceptadas o estimadas parcialmente" en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que "las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe.

El monto que percibió el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podría alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relación de las mismas documenta la facturación cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestación de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad.

En Pla Xirau, Salvetti cobró 100.000 euros por conseguir la calificación como urbanizable de dicho sector. La policía encontró un boceto de contrato por 1.115.000 euros con Gestión de Puertos Deportivos, SA, por un proyecto modificado de ejecución de la construcción de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegación de la mercantil.

Otra empresa, Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL, abonó 65.036,56 euros por la "confección y estimación" de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediación pagó 116.000 euros por una serie de alegaciones, también aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en esa misma zona la policía tiene constancia de la facturación de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvettí firmó en un contrato de prestación de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pagó 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisión de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el 14 de abril de este año el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.

Alegaciones redactadas por Salvetti y estimadas por G&M

- Pla Xirau. Salvetti Abogados cobró 100.000 euros más IVA a dos sociedades vinculadas a imagen Valenciana.

- Puertoamor. La policía encontró un boceto de contrato de arrendamiento de Gestión de Puertos Deportivos, SA, que preveía el pago de 1.115.000 euros.

- El Bosqueto. Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL pagó 65.036,56 euros por una alegación en La Condomina.

- Sra. Rodríguez Montagut. Facturó 1.044 euros por una alegación desestimada.

- Dianium. Salvetti facturó 4.060 euros por una serie de alegaciones.

- Tabarca. 116.000 euros en 2008 y 66.829 en 2009 pagó Fincorp Mediación por alegaciones aceptadas en la isla de Tabarca.

- Finca San Gabriel. Por una alegación estimada cobró 1.740 euros.

- Finca Urbanova. Pedro Agulló, en representación de Bahia Gold Beach, pagó 1.450 euros por una alegación.

- El Palamó. Jesús Castelo, en representación de Nyza, pagó 3.480 euros por dos alegaciones.

- Antonio Solana. Pagó 9.416 euros por una alegación a través de la sociedad Aqrabol.

- Grupo Ortiz. 90.480 euros, más otros 69.600 en factura proforma detectada.

- Bancaja. Contrato de arrendamiento de servicios por 200.000 euros como provisión de fondos.

- Fontcalent. 1.160.309 euros en diferentes facturas y conceptos.


* EL País - E. MOLTÓ / A. BALAGUER - Alicante - 20/09/2011
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

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Bono entierra el ‘caso Seseña’ y se libra del Tribunal de Cuentas por un solo voto

ELCONFIDENCIAL* : Por los pelos y sin más votos que los propios, el Grupo Parlamentario Socialista ha sacado adelante el carpetazo parlamentario al 'caso Seseña' con una resolución en la que el Congreso mira hacia otro lado en las responsabilidades políticas y administrativas de la Junta de Castilla-La Mancha (de José Bono y José María Barreda) en el escándalo y que han sido denunciadas por el Tribunal de Cuentas. Al final, los grupos nacionalistas e IU, que habían firmado el texto en cuestión, no dieron la cara y dejaron solos a los socialistas. Bono se libró de que el máximo órgano fiscalizador del Estado continuara con el caso por 19 votos de sus compañeros de filas frente a 18 del Grupo Popular.
Las 192 irregularidades o infracciones de leyes y normativas urbanísticas registradas por el tribunal en el macroproyecto impulsado por Francisco José Hernando ("El Pocero") en la localidad toledana próxima a Madrid, más el aviso que hacía el mismo órgano de que el Gobierno autónomo competente podía haber evitado muchas de ellas si hubiera cumplido con sus obligaciones, quedan como caso cerrado en el ámbito parlamentario.

La legislatura concluye la semana próxima y al PSOE le basta con que la Cámara inste al Gobierno a que, "conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Municipios, inicie una reflexión sobra las posibilidades de mejorar el ejercicio de las competencias y funciones que, sobre todo en el ámbito urbanístico, les tiene encomendado nuestro ordenamiento jurídico a las distintas administraciones". Esa es la resolución aprobada en la comisión Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas: la reflexión y el propósito de enmienda.

Bono tenía garantizado el carpetazo al caso desde la semana pasada pero los nacionalistas con quienes pactó para que firmaran el texto ayer no se molestaron ni en entrar a la comisión. Cualquier baja o retraso entre los socialistas hubiera dado un vuelco a la sesión y, por tanto, al cierre de un problema que el presidente del Congreso quiso agilizar desde que Zapatero anunció la disolución de las Cortes en septiembre. El PSOE, por un solo voto, evitó que se aprobara la resolución que defendía el Grupo Popular para instar al fiscal del Tribunal de Cuentas "a que impulse la depuración de responsabilidades correspondientes que pudieran deducirse del contenido del informe de fiscalización aprobado".

Responsabilidades de la Junta

Aunque no se daban nombres ni cargos de los políticos que estaban al frente de la comunidad autónoma, en la información remitida por el tribunal a Las Cortes sobre lo ocurrido en Seseña entre 1996 y 2007 (dos millones de metros cuadrados rectificados sin orden ni concierto) se destacaba que el gobierno regional había dejado de ejercitar sus competencias de "ordenación, control, inspección, sanción e intervención" en la materia y que si no hubiera hecho se habrían evitado buena parte de los desmanes.

El PP señala a Bono y Barreda

El portavoz del Grupo Popular, Juan Antonio de las Heras, denunció "el pasteleo" que, a su juicio, había hecho el Grupo Socialista para dar carpetazo a un informe de fiscalización concienzudo que apuntaba evidentes responsabilidades políticas en el "caso Seseña". El senador puso nombre y apellidos de los gobernantes de la época.

Así recordó y destacó que José María Barreda tuvo cargos durante toda la etapa que abarca la fiscalización, entre 1996 y 2007: presidente de las Cortes, secretario general del PSOE en la región, vicepresidente del ejecutivo autonómico y, por último, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "O no se enteró de nada, o no quiso enterarse o se lo ocultaron", dijo De las Heras sobre el papel de Barreda en el escándalo, sin olvidarse de que cuando Bono dejó su cargo autonómico se había cometido el grueso de las irregularidades. De las Heras denunció que las responsabilidades políticas del caso eran evidentes pero quedaban sin dilucidar con el "patético" "paripé" de la resolución impuesta por los socialistas.


* El Confidencial - Ángel Collado.- 20/09/2011
Foto: Seseña (Toledo) aérea - ladrillos

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Málaga.- La ruina de los Baños del Carmen se debe a que las constructoras Vera y Acha no han invertido un euro durante los 23 años que los gestionan

ELOBSERVADOR* : El declive de los Baños del Carmen obedece a la absoluta falta de inversión que desde hace más de 20 años adolece el que ha sido el balneario más famoso de Málaga. Este abandono tiene su primer culpable en la empresa concesionaria Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen SA, controlada por los grupos constructores malagueños Vera y Acha. EL OBSERVADOR desentraña las maniobras y especulaciones urbanísticas que han llevado a la ruina este privilegiado paraje del litoral malagueño.
La gestión de las instalaciones del balneario de los Baños del Carmen se inicia con una concesión realizada dos años después de su inauguración, en 1920, y por un periodo de 99 años a una familia malagueña, los Gómez, que después dieron a la ciudad el que fuera entre 1937 y 1939 el primer alcalde de la dictadura franquista, Enrique Gómez Rodríguez. En 1988 un grupo de constructores locales decide comprar las acciones de la sociedad anónima Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen a la familia Gómez, y beneficiarse de la centenaria concesión. Esta operación conjunta se realizó con vistas a hacer negocio a largo a plazo con un posible gran ‘pelotazo’ urbanístico y su diseño mercantil corrió a cargo del abogado, José Manuel Cabra de Luna, a la sazón ex presidente del Consejo Social de la UMA y vicepresidente de la fundación Málaga Ciudad Cultural.

Cabra de Luna entró a formar parte de Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen SA de la mano del que era entonces su cliente, Rafael Ortega Pascual, pero a los pocos años abandonó esta aventura empresarial que, con la crisis del 93, pasarían a dominar el Grupo Vera y el grupo Acha. En aquellos años -según señalan a esta revista dos fuentes que conocen de primera mano lo ocurrido- el grupo que dirige Francisco Vera y los promotores de Añoreta Golf se hicieron con el control de la sociedad. Y así lo corrobora la información del Registro Mercantil consultada por EL OBSERVADOR, en la que entre administradores y apoderados encontramos al propio presidente del Grupo Vera, junto al director financiero de la constructora, Francisco Luis García Hurtado, o al director de Alei, la inmobiliaria de Vera, Juan Maldonado Taillefer, entre otros. Por parte de la familia Acha Yagüe figuran Felipe y José Luis, como apoderado y administrador respectivamente.

Estos promotores realizaron continuas presiones para sacar adelante la construcción de un puerto deportivo que se situara justo delante del balneario, en el morro del Morlaco. Pero estos intentos fracasaron no tanto por la negativa del Ayuntamiento -es sabido que el actual alcalde Francisco de la Torre ha luchado y clamado por la construcción de este puerto- si no por las reticencias de Costas dadas las afecciones medioambientales que conllevaría, y no menos decisivo, por la rotunda negativa que destacadas familias de la urbanización de lujo la Torrecilla mostraron a que este proyecto se plantara justo frente a sus viviendas, ya que conllevaría a la fuerza nuevas construcciones. Así que la idea de hacer “un minibanús”, como lo define una de las fuentes, se desvaneció.

Los constructores Vera y Acha han estado a cargo en los Baños del Carmen de un negocio ‘pequeño’ con el restaurante, el camping ilegal que se puso en marcha en primera línea de playa, o el alquiler de pistas de tenis y el aparcamiento, pero sus ojos han estado centrados en el proyecto de reforma y las posibles plusvalías que podría obtener la construcción en esta zona. No obstante, el balneario ha sido un espacio sensible a la opinión pública, un pequeño tesoro diferenciado del resto de la ciudad que se ha querido mantener al margen de grandes operaciones urbanísticas, por lo que los anuncios y globos sonda sobre proyectos de torres o gimnasios, han sido tajantemente rechazados por la ciudadanía.

Y con las dos administraciones competentes sobre el balneario, Ministerio de Medio Ambiente (Costas) y el Ayuntamiento de Málaga, empantanadas en la burocracia y el desacuerdo, la postura de los señores del ladrillo malagueño ha consistido en someter a las instalaciones a un lento pero inexorable declive, que se ha llevado a cabo de la forma más sencilla: abandonando todo conato de inversión. Esa ha sido precisamente su fuerza, dejar que los Baños del Carmen se degradaran hasta llegar a la insostenible situación actual.

Quizás esta sea la paradoja, el balneario figura como emblema de Málaga, es una de sus más reconocibles postales; ha sido objeto de especulación urbanística y ha sido espacio de resistencias sociales; es un terreno público pero gestionado por privados que han hecho fortuna con el ladrillo; y de ser un lugar de indiscutible belleza y aire romántico, se ha convertido en un espacio pestilente, un sucio vertedero incontrolado en el que un asentamiento ilegal siembra la violencia y la inseguridad entre el vecindario.

Como informaba ayer EL OBSERVADOR la primera culpable de que no hayan comenzado las obras de mejora del balneario es esta empresa concesionaria. En octubre de 2010 el secretario provincial del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, anunció la inversión de 400.000 euros en los Baños del Carmen gracias a que habían logrado incluir una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. El Gobierno había reservado 60.000 euros para adelantar el rescate de las concesiones, (incluida la de Astilleros Nereo), pero la propuesta de indemnización no sólo ha sido rechazada completamente sino que ha sido objeto de sendos recursos por parte de de Parque Balneario de Nuestra Señora del Carmen SA: uno contra la orden ministerial que aprobaba el proyecto de reforma y un segundo contra la declaración del proyecto como de utilidad pública.

Estos recursos han paralizado el rescate, y en consecuencia, el inicio de la reforma, y si los 400.000 euros no se gastan en 2011, tal y como va a ocurrir, corren el riesgo de perderse ya que este dinero queda a merced de lo que decida el nuevo Gobierno que resulte de las elecciones de 2012, que será, muy previsiblemente, del PP.


* El Observador - 21.09.11
Foto: Málaga, Baños del Carmen hoy - malagahoy

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Las protestas por los recortes educativos se extienden por media España

ELPAÍS* : Carteles de protesta, aulas vacías y profesores de verde, con la camiseta que aboga por la escuela pública. Es la estampa que ha podido verse esta mañana en numerosos institutos de la Comunidad de Madrid. De los 21.000 profesores de enseñanza secundaria pública que han sido convocados hoy, mañana y pasado a una huelga contra los recortes presupuestarios en educación -atienden a 230.000 alumnos de ESO, bachillerato y FP-, el 69% de los docentes la han secundado, según una estimación de este periódico; mientras que la Consejería de Educación ha rebajado el seguimiento al 43% y los sindicatos lo han elevado al 78%.
Y esta tarde, a partir de las 18.30, unas 40.000 personas, representantes de todo el sector (de todas las etapas, así como padres y alumnos) han recorrido el centro de la capital bajo el lema La Educación no es gasto. Es inversión. No a los recortes. Los manifestantes, que han pedido la dimisión de la consejera de Educación, Lucía Figar, han realizado una pitada multitudinaria al paso por la sede del Ministerio de Educación, informa F. J. Barroso. Es la segunda marcha en menos de una semana. Hace unos días, 30.000 personas salieron a la calle para protestar contra el tijeretazo.

Además de en Madrid, esta tarde se han celebrado concentraciones en todas las capitales de provincia de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y en Santander, Murcia, Palma de Mallorca y Melilla. Sin embargo, estas han sido mucho menos numerosas. Por ejemplo, unas 400 personas han salido a la calle en Zaragoza, 300 en Sevilla (3.500, según los sindicatos, en todas las capitales andaluzas), 200 en Santander, medio centenar en Valladolid y Palma de Mallorca, y varias decenas en Murcia.

En Galicia, donde mañana y el 27 de septiembre están convocados a una huelga 30.000 profesores de la escuela pública han protagonizado esta mañana media hora de brazos caídos para protestar por el incremento de las horas de clase. De las 37 horas y media que los profesores trabajan a la semana, 25 se contabilizarán como horario lectivo, cuatro más que las que acordó el bipartito (PSOE-BNG) en 2007. El pasado día 9, alrededor de 7.000 profesores se manifestaron en Santiago de Compostela.

Por su parte, los directores de los institutos de Navarra han decidido finalmente hoy no presentar su dimisión en bloque tal y como habían planteado el pasado junio, ante el anuncio del Gobierno foral de aumentar de 17 a 18 las horas de clase semanales de los profesores de Secundaria. En una asamblea extraordinaria celebrada esta mañana, los directores han considerado "por mayoría" que "en estos momentos la defensa de la enseñanza pública y su futuro podemos hacerla mejor permaneciendo en nuestros puestos de trabajo que dimitiendo". En junio, el Gobierno foral decidió aumentar en una hora las clases de los profesores, aunque esta mañana ha reconocido la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, que "quizá" sean necesarios "más esfuerzos" en educación, informa Amaia Arrarás.

En Extremadura, los sindicatos de la enseñanza han entregado a la consejera de Educación de la Junta, Trinidad Nogales, una declaración conjunta en defensa de la escuela pública durante un encuentro que han mantenido las organizaciones sindicales y la Consejería. El secretario general de FETE-UGT, Miguel Salazar, ha dicho a los medios que han transmitido a Nogales "la incertidumbre" que hay entre el profesorado "sobre todo por las declaraciones" de Aguirre, "poniendo en cuestión las condiciones laborales" de los educadores y "hablando de cofinanciación".

En Euskadi no ha sido convocada ninguna movilización, ya que no se han producido recortes en Educación, pero, pese a ello, responsables de las secciones de Enseñanza de CC OO y UGT han comparecido en conferencia de prensa en Bilbao para expresar su solidaridad con los docentes afectados y han señalado que esta comunidad es "una isla positiva" en el panorama educativo estatal.

En Castilla-La Mancha, donde al igual que en Galicia, Navarra y Madrid las escuelas se verán afectadas por el recorte de interinos (la Consejería ha admitido una reducción de 800), se está estudiando aún el calendario de protestas, ya sea en forma de huelgas o paros parciales.

La movilización docente en toda España es a favor de la enseñanza pública que, aseguran profesores y sindicatos, está amenazada por el aumento de horas lectivas a los profesores funcionarios para prescindir de interinos; lo han hecho en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña. "Apoyamos las protestas porque realmente creemos que la enseñanza pública se verá resentida si hay menos profesores", dijo ayer el presidente de la principal federación de padres, CEAPA, Jesús María Sánchez. El aumento de las horas lectivas afectará a la calidad de la educación porque se hará en detrimento de otras actividades: menos clases de apoyo, desdobles, refuerzos o menos tiempo para preparar las lecciones, explica. "Mucho nos tememos que los recortes se van a extender como la pólvora, y nuestros temores crecen con declaraciones como las de Esperanza Aguirre", añadió Sánchez.

La presidenta regional encendió ayer de nuevo los ánimos al decir que "si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser gratuita y obligatoria en todas las demás fases". Inmediatamente, las cabezas se giraron hacia las etapas que no son obligatorias, pero sí gratuitas en la enseñanza pública: el bachillerato y la FP. Poco después de esas declaraciones, hechas tras una audiencia con el Rey, Aguirre matizó en su cuenta de Twitter que se refería a los másteres universitarios (que no son gratuitos, aunque sí están en parte subvencionados). Pero entrada la tarde, en la presentación de un libro de Mariano Rajoy, volvió a echar leña al fuego al insistir: todo lo que no sea la educación obligatoria, de 6 a 16 años, hay que replanteárselo. La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, ha manifestado hoy que "bajo ningún concepto" se va a cobrar por la enseñanza hasta ahora gratuita.

Movilizaciones
- Madrid. Día 20 de septiembre: primer día de huelga en la enseñanza pública secundaria. Por la tarde, habrá una manifestación por el centro de la capital. 21 de septiembre: segundo día de huelga en los institutos. 22 de septiembre: tercer día de huelga, aún en el aire. Estarían convocados tanto los profesores de primaria como los de secundaria. 22 de octubre: los sindicatos han convocado a la comunidad educativa de toda España a manifestarse en defensa de la escuela pública y contra los recortes.

- Galicia. 20 de septiembre: paro testimonial de media hora entre las 10.00 y las 10.30 de la mañana. Días 21 y 27 de septiembre: huelga en toda la enseñanza pública.

- Castilla-La Mancha. Día 20 de septiembre: hoy se celebran asambleas provinciales de profesores para decidir posibles movilizaciones como huelga o la celebración de diversos paros parciales. A las ocho de la tarde en las cinco capitales de provincia de la comunidad manchega habrá concentraciones de profesores por la enseñanza pública. Se barajan ya dos fechas para las protestas: el 5 de octubre, Día Mundial del Docente, y el 22 de octubre, coincidiendo con la manifestación prevista en Madrid.

- Navarra. Aún no hay decidido un calendario de movilizaciones. Los sindicatos están discutiendo la posibilidad de hacer paros de una hora los días 18 y 25 de octubre y hacer huelga el día 27 de octubre.

- Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla. Día 20 de septiembre: concentraciones en todas las provincias ante las subdelegaciones del Gobierno de Andalucía. En Baleares y Extremadura serán frente a sus Consejerías de Educación, en Palma de Mallorca y Mérida, respectivamente. En Cantabria, frente al Parlamento autónomo. En Murcia, ante la Consejería de Hacienda. En Melilla, en la Delegación del Gobierno y en Castilla y León habrá concentraciones en cada provincia en centros "emblemáticos".


* JUAN ANTONIO AUNIÓN | EL PAÍS - Madrid - 20/09/2011
Foto: Un profesor del instituto Ignacio Ellacuría de Alcorcón (Madrid) luce una camiseta en favor de la escuela pública y un cartel anunciando la huelga en la biblioteca del centro- ÁLVARO GARCÍA - elpais

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Movilidad en tiempos de crisis: la ruinosa apuesta por el automóvil

ECOLOGISTASENACCIÓN* : Aprovechando la convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad (16-22 septiembre), Ecologistas en Acción quiere recordar que a pesar de la crisis y a pesar de los drásticos recortes sociales, seguimos dedicando una gran cantidad de fondos a grandes infraestructuras de transporte que favorecen el uso del coche en nuestras ciudades y zonas metropolitanas.
Pero la realidad indica, una y otra vez, la poca rentabilidad económica y social de estas descomunales inversiones y su baja generación de empleo, por no hablar de sus impactos ambientales y sus tremendos costes de oportunidad.
Si las virtudes que le asignan la mayor parte de nuestros políticos a las grandes infraestructuras viarias fueran ciertas (enorme generación de empleo, dinamización económica…), la situación en el Estado español debería ser muy distinta a la que es. Efectivamente, puesto que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas (y el tercero del mundo), no deberíamos tener una tasa de paro tan alta y la crisis apenas debería notarse. Justo lo contrario de lo que ocurre.Y es que la realidad en el tema de las infraestructuras de transporte no funciona como nos quieren hacer creer. Multitud de estudios concluyen que a partir de un cierto umbral en la dotación de grandes infraestructuras –que en España hemos superado hace tiempo y de largo–, cualquier inversión en nuevas obras puede ser contraproducente para el desarrollo desde una estricta visión economicista, sin hablar de su fuerte impacto ambiental y social.

Ecologistas en Acción considera que a pesar de nuestra sobredotación de infraestructuras de transporte, seguimos invirtiendo en ellas una enorme cantidad de fondos. Por ejemplo, en mayo de 2010 se aprobó el “decretazo” que, con fuertes recortes sociales, pretendía ahorrar 15.000 millones de euros en dos años, menos de la cantidad que sólo para ese mismo año, 19.300 millones, se presupuestó para infraestructuras de transporte desde el Ministerio de Fomento. Y además están los presupuestos que las distintas Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos dedican a facilitar el uso del coche (infraestructuras, asfaltados, aparcamientos, gestión del tráfico…).
Uno de los argumentos que siempre se baraja para justificar el apoyo al automóvil es el del empleo. Pues bien, según un estudio realizado por ISTAS, se demuestra que una estrategia de movilidad sostenible generaría muchos más puestos de trabajo que continuar con las políticas actuales. En concreto, podría haber 430.000 puestos de trabajo relacionados con la movilidad sostenible en 2020.
Para Ecologistas en Acción resulta claro que necesitamos inversiones en transporte, pero ni mucho menos las que se están acometiendo. Necesitamos mejores servicios de transporte, no más autovías. Necesitamos buenos servicios de cercanías ferroviarias, no más anillos de circunvalación. Necesitamos carriles bus, no autopistas metropolitanas con más carriles. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenible, no más listas de infraestructuras.

* Ecologistas en Acción - 19.09.11

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