El juez del 'caso Gürtel' abre ya la gran investigación a los pelotazos de Madrid

ELPAÍS* : Las operaciones urbanísticas más lucrativas para la estructura delictiva que montó el presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su red empresarial tuvieron como escenario la Comunidad de Madrid, en algunos municipios gobernados por el Partido Popular, fundamentalmente en dos, Boadilla del Monte (cuyos dos últimos alcaldes antes de las elecciones pasadas están imputados) y Arganda del Rey, con comisiones superiores a los 20 millones de euros. También hay un reciente informe que afecta al Ayuntamiento de Madrid, en el que se destapa que una de las firmas de la trama cobró un millón de euros.
En las últimas semanas, el magistrado Antonio Pedreira, que instruye desde hace más de dos años el caso, ha dado el paso adelante de imputar a los empresarios de Martinsa, UFC y Teconsa, tres de las constructoras con las que, según la investigación, hizo tratos Correa. El negocio del cerebro de la red corrupta consistía en servir de intermediario de estas constructoras ante Ayuntamientos gobernados por el PP, que supuestamente amañaban concursos para adjudicar terrenos para operaciones urbanísticas a los empresarios amigos de Correa.

En la caja B de la trama corrupta aparecían comisiones ilegales, entre las que destacaban por su cuantía las referidas a distintas operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid. Ahora, todos esos empresarios deberán declarar como imputados ante el juez. Algunos, como el dueño de Martinsa, Fernando Martín, ya lo han hecho negándose a responder a las preguntas de las partes. Otros, como el dueño de Teconsa, lo tendrá que hacer en los próximos días.El próximo 5 de octubre tendrán que declarar ante el juez que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, los directivos de Teconsa Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Administración pública. Teconsa es la empresa a la que la Junta de Comunidades de Castilla y León adjudicó en 2002 las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2.847.959 euros a cambio supuestamente de una comisión a Correa. Según las investigaciones, el jefe de la trama a su vez habría repartido el dinero recibido con el entonces consejero de Fomento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago, y con los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote. Ninguno de los tres permanece imputado en estos momentos.

La firma Teconsa también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama, como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006; y en la Comunidad de Madrid la construcción de numerosas viviendas en terrenos cedidos por la Empresa Municipal del Suelo (EMSV) de Boadilla del Monte y por el Ayuntamiento de Majadahonda, así como la adjudicación de edificios públicos en estas dos localidades.

Pero el principal pelotazo detectado por los investigadores en la Comunidad de Madrid, y en todo el sumario de la operación Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción ligada a un partido político de la democracia, el PP, se produjo en Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López dimitió tras ser imputado por el juez. Un informe policial indica que Correa cobró 12 millones de euros en Arganda, aunque nuevas investigaciones aumentan esta cifra hasta los 20 millones de euros. En este sentido, la información suministrada por el Gobierno de Suiza explica que el pago de los 12 millones de euros a Correa por el pelotazo de Arganda se hizo desde una cuenta identificada con el nombre de "finca", cuya titularidad era del dueño de Martinsa, Fernando Martín. Estos fondos, según el informe del Estado suizo, procedían de empresas radicadas en Panamá. En el municipio de Arganda del Rey también hicieron negocio empresas consideradas intermediarias de las sociedades de Correa, como por ejemplo el Grupo Rafael. Correa preparó para el Consistorio de Ginés López la comunicación municipal del festival Rock in Rio.

Otro de los presuntos pelotazos de Correa en la Comunidad, que en los últimos días están siendo investigados, es la adjudicación de una parcela municipal por parte del Consistorio de Boadilla del Monte, encabezado entonces por Arturo González Panero, a la promotora UFC, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en la causa, y que pudo haber pagado un millón de euros a Correa. Un informe de la Policía Judicial enviado al magistrado Pedreira, el pasado 29 de julio, aporta más información acerca de posible comisión pagada por Ulibarri tras adjudicarle el Ayuntamiento de Boadilla una parcela. En el informe explica que el dueño de UFC declaró que pagó un millón de euros a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, dirigida por el imputado Jacobo Gordon, empresa que forma parte de la trama, por acelerar una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, y según el informe policial, Ulibarri testificó que tras denegarle inicialmente el Ayuntamiento de Madrid la licencia de obras para la construcción de unos apartamentos turísticos en el distrito de San Blas, este se puso en contacto con Gordon para que realizara gestiones para desbloquear la obra, algo que consiguió "pactando verbalmente unos honorarios de un millón de euros", según el informe.

Posteriormente, el director financiero de otra de las empresas presuntamente relacionadas con la trama, la constructora Begar, dio instrucciones para que Gordon confeccionara dos facturas por un millón a UFC. No obstante, la policía considera que el millón de euros que pagó Ulibarri no procede de la intermediación en Madrid, como alega Ulibarri, sino de la operación de Boadilla.


* El País - TONO CALLEJA - Madrid - 19/09/2011
Foto: Caso Gürtel, F.Correa - el país

.................................... Leer más...

«Te puedo decir precio; vamos a mitad y mitad. Yo soy el abogado, pero tú no digas nada»

LAVOZ/Vigo* : Cientos de fotocopias de correos y diálogos entablados a través de Facebook circulan por Vigo desde hace días revelando un presunto trato de favor en gestiones urbanísticas municipales y supuestas recomendaciones para acceder a puestos de trabajo en el Concello.
Los interlocutores de dichos diálogos cambian. Todos menos uno. Roberto Ballesteros, funcionario municipal de urbanismo, miembro de la ejecutiva del PSOE vigués y alcalde pedáneo de Bembrive, aparece en todas las conversaciones, para hablar de urbanismo, de contrataciones, de política. Él admite sin tapujos que las frases que se le atribuyen son efectivamente suyas, pero también que están tergiversadas y no prueban ayudas irregulares a terceros. No duda de que quien lo denunció fue quien capturó esas conversaciones, ahora en manos de la Policía Judicial y también de la Fiscalía, que desde esta semana ha empezado su investigación. Montse C. G., la denunciante, mantiene que alguien las depositó en su buzón.

La validez de las pruebas marcará la evolución judicial del caso, pero la simple ayuda que Ballesteros se ofrece a prestar a sus interlocutores puede llegar a propiciar diferentes interpretaciones. «Ya sabes que por lo de urbanismo no hay problema, y en lo que pueda os ayudo, pero tenéis que ser responsables, jejejejeje. Yo os mando un inspector colega y no hay problema», dice a unos amigos que tramitan permiso para un local de copas.

«Si me dices de qué va el caso te puedo decir precio, vamos a mitad mitad, yo soy el abogado, pero tú no digas nada, jejejeje, bueno, abogado, asesor urbanístico», se señala en otro mensaje también en manos de la Policía Judicial.

La denunciante aportó a la investigación un correo en el que el funcionario aparentemente le dice que pasa trabajos urbanísticos a un estudio, y pone como ejemplo la tramitación de una obra: «Me llevo mi parte, que lo gestioné yo, espero 3.000 euros, pero claro, yo no aparezco en ningún lado», se puede leer en esa conversación.

Decenas de mensajes son intercambiados con un arquitecto para sugerir clientes que necesitan tramitaciones legales, recomendar acciones para captar trabajos o facilitar información sobre la situación de expedientes en el Concello.

Preguntas de examen

En su papel de político, las conversaciones que se atribuyen a Ballesteros reflejan también petición de su mediación en contrataciones o pruebas laborales municipales. En un caso le preguntan si a él le pasaron el examen o las respuestas. «Las preguntas», se indica en su Facebook, para a continuación asegurar que le facilitarán también las preguntas reclamadas por su interlocutora.

«Si ganamos vuelve a ser como antes, contratamos nosotros. Los fachas estos lo hacían por una empresa privada», dice sobre la contratación de limpiadores de montes, mientras a una pareja le señala que en las entrevistas previas a la contratación es donde tiene «mano».

El PP de Bembrive ultima una moción para que la entidad menor repruebe a Ballesteros en su condición de alcalde pedáneo. El denunciado mantiene que no dimitirá, pese a haber causado baja en el PSOE a petición propia, y también haber solicitado el traslado del departamento de Urbanismo del Concello de Vigo, siendo atendidas ambas peticiones.


* La Voz de Galicia - 18.09.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

.................................... Leer más...

El fiscal pide prisión al exalcalde de Campos y al promotor de Trampolín

LAVERDAD/Murcia* : Será el primer juicio vinculado a la frustrada urbanización Trampolín Hills Golf Resort de Campos del Río, pero no será el último. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para el exalcalde socialista de Campos del Río, Ricardo Valverde Almagro, y una pena igual para su exconcejal de Urbanismo, Juan Luis Peñalver Candel, además de otros dos años y medio de cárcel para el promotor del 'resort', Antonio Martínez González. Todos ellos están acusados de haber falsificado un documento oficial para favorecer la tramitación del expediente urbanístico sobre Trampolín Hills.
En su escrito de calificación, al que 'La Verdad' ha tenido acceso, el fiscal anticorrupción hace constar que en el año 2004 la sociedad mercantil Solera el Trampolín, cuyo administrador único era Rafael Aguilera, presentó ante el Ayuntamiento de Campos del Río una solicitud de modificación puntual de las normas subsidiarias, «con la finalidad de reclasificar como urbanizable unos terrenos en el paraje Carril de Abajo», lo que fue tramitado como 'Modificación puntual nº8 de las Normas Subsidiarias de Campos del Río'.

A lo largo de la tramitación del expediente se firmó además un convenio urbanístico, con fecha 31 de mayo de 2005, que fue posteriormente rectificado para ampliar la superficie a reclasificar. Fue entonces cuando comenzó a aparecer en los documentos la mercantil Trampolín Hills Golf Resort, cuyo administrador era Antonio Martínez González.
Hecha la ley, hecha la trampa
Durante la tramitación del expediente urbanístico se produjo, sin embargo, un hecho que amenazaba con demorar la buena marcha del proyecto urbanístico: la aprobación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 'Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente', cuya Disposición Transitoria Primera «podía acarrear trabas y nuevos requisitos ambientales a los proyectos cuyo primer acto preparatorio formal fuera anterior a la fecha 21-7-2004», según recuerda el representantes del Ministerio Público.
Una circunstancia negativa que, según todos los datos, afectaba de lleno al 'resort' promovido por Antonio Martínez.
«Con la finalidad de burlar la aplicación retroactiva de la mencionada ley, en fecha no determinada entre los meses de septiembre de 2006 y marzo de 2007, los acusados Ricardo Valverde y Juan Luis Peñalver, respectivamente en su condición de alcalde y concejal de Urbanismo de Campos del Río, puestos previamente de acuerdo con el promotor Antonio Martínez, decidieron elaborar y firmar un mendaz documento, fechándolo el 2-6-2004», relata el fiscal.
En el escrito consignaban a Antonio Martínez como administrador de la mercantil Solera el Trampolín, pese a que no lo era, según el Ministerio Fiscal, y además confeccionaban de esa forma un texto «que daba cumplida respuesta a los requisitos exigidos» en la nueva ley sobre evaluaciones de impacto ambiental.
«Una vez elaborado el documento mendaz -insiste el fiscal anticorrupción-, el alcalde ordenó y el concejal de Urbanismo entregó dicho documento al nuevo secretario municipal, para que certificara a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma que el primer acto preparatorio formal de la Modificación Puntual nº 8 de las normas subsidiarias de Campos del Río era ese documento de fecha 2-6-2004». El secretario municipal así lo hizo y en marzo de 2007 emitió un certificado que fue aceptado por la Comunidad Autónoma.
Más pena a los cargos públicos
Juan Pablo Lozano considera que los hechos son constitutivos de un delito de falsedad en documento público y oficial, de los que serían responsables el exalcalde Valverde, el exconcejal Peñalver y el promotor Martínez. Para los dos primeros solicita condenas de cuatro años de prisión, multas de 4.500 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante otros cuatro años. Debido a la condición de funcionarios públicos de ambos acusados, estas peticiones de pena son sensiblemente superiores a la que se solicita para Antonio Martínez, que se queda en dos años y medio de cárcel, y un año y nueve meses de inhabilitación, aunque la pena de multa solicitada se eleva hasta los 67.500 euros.
Consciente de que la mercantil Trampolín Hills Golf Resort está en situación de concurso de acreedores y de que su principal activo son precisamente los terrenos que fueron recalificados, el fiscal ha solicitado que los administradores judiciales de la sociedad sean alertados de que se va a celebrar este juicio, y de que se ha pedido la nulidad del documento presuntamente falsificado, por la posible repercusión negativa que ello pudiera tener en el expediente urbanístico y en el valor de los terrenos.


* La Verdad - 20.09.11
Foto: Campos del Río (Murcia), Trampolín Hills (archivo) - laverdad.es

.................................... Leer más...

El polémico complejo de golf del Rosario (Málaga) tiene nuevos inversores

MÁLAGAHOY* : El polémico proyecto que contemplaba un campo de golf de 18 hoyos y duplicar la población de Villanueva del Rosario con mil nuevas viviendas, y que desde el principio estuvo salpicado por las sospechas de presuntas irregularidades urbanísticas, podría volver a retomarse pese al rechazo institucional con el que se topó y a que el asunto terminó incluso en los tribunales. Dos empresas internacionales han establecido contacto con el Ayuntamiento del municipio para interesarse por relanzar de nuevo el macrocomplejo urbanístico Valle del Rosario Golf que preveía urbanizar una superficie de 1.754.523 metros cuadrados, tres veces más de la urbanizada actualmente en el municipio, y que en su día se calculó una inversión necesaria de más de 120 millones de euros.
Los dos posibles inversores, de los que aún no ha trascendido el nombre, estarían dispuestos a asumir esta cantidad para retomar el proyecto que quedó paralizado hace unos años como consecuencia de la crisis económica en la que se vieron inmersas las dos empresas promotoras y de la implicación de una de ellas, Aifos, en el caso de corrupción urbanística que se destapó con la operación Malaya en Marbella.

La noticia ha sido acogida con cautela por el nuevo equipo de gobierno del PSOE que desde el pasado mes de junio dirige el Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, máxime cuando la anterior alcaldesa socialista, Encarnación Martínez, y las empresas promotoras en aquel momento se encuentran a la espera de juicio por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, respectivamente, cometidos en relación a este macrocomplejo.

El alcalde del municipio, José Antonio González, confirmó el interés demostrado por estas dos empresas, aunque advirtió que el Consistorio sólo lo respaldará "si se demuestra que es un proyecto viable y vamos de la mano de alguien de confianza como son los bancos". En estos momentos son el Banco Popular y Cajasol los que tienen la sartén por el mango en lo que a este proyecto se refiere, ya que "son ellos los que pueden embargar los terrenos y venderlos después a los nuevos inversores si lo consideran factible", aseguró.

El primer paso será la reunión que pretenden mantener las partes a finales de este mes y que determinará el futuro del último campo de golf que fue autorizado por la Junta de Andalucía en la comunidad. De salir adelante, el alcalde del municipio cree que puede ser "la solución para los graves problemas financieros por los que atraviesa el Ayuntamiento". Pero señaló que no a cualquier precio y que a las empresas que acometan el proyecto "les exigiremos unos plazos para ejecutarlo para que el pueblo perciba los beneficios lo antes posible".

No será tarea fácil. El proyecto se topó en su momento con el rechazo de la Junta de Andalucía, los ecologistas de la zona y los propios vecinos que llevaron el asunto a los tribunales por presuntos delitos cometidos por parte de las empresas promotoras -en ese momento el Grupo Mirador y Aifos- al haber afectado parte de la superficie de la vía pecuaria Vereda del Camino de Málaga y haber destruido un extenso sotobosque mediterráneo compuesto principalmente de encimas.

El estudio de impacto ambiental fue rechazado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente que exigió al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario que el proyecto fuera revisado y que corrigiera la documentación urbanística y planimétrica para afectar a la zona protegida, algo que no llegó a hacerse nunca.

Pero de las presuntas irregularidades denunciadas, una de las de mayor gravedad fue el incumplimiento de las normas subsidiarias de planeamiento aprobadas por el propio Consistorio sobre las condiciones de gestión o desarrollo del sector llamado PP-T-1 -aprobadas en el Pleno municipal del 28 de mayo de 2004- y que determinaban taxativamente que antes de tramitar cualquier licencia para uso residencial debía cumplirse la ejecución total del equipamiento turístico privado, es decir, el campo de golf. Esta exigencia también fue reiterada por el propio arquitecto municipal en el informe que realizó el 17 de septiembre de 2003, aunque tampoco se tuvo en cuenta.

Aún así, el Ayuntamiento concedió a las empresas la licencia para alzar al menos 200 de las mil viviendas previstas en la primera fase del proyecto Valle Rosario Golf, de las que se encontraban vendidas el 70% y que se quedaron sin terminar.

A las supuestas irregularidades urbanísticas se unía otro problema que hacía en su momento inviable el proyecto. La entonces Cuenca Mediterránea Andaluza consideró que el referido campo de golf era inviable mientras no se asegurase que pudiera ser regado íntegramente con agua reciclada, algo prácticamente imposible en aquel tiempo porque Villanueva del Rosario no tenía la depuradora terminada y porque contaba con alrededor de 3.000 habitantes, cifra bastante alejada del mínimo necesario -entre 8.000 y 15.000 habitantes- para poder generar la suficiente agua residual.

El informe de la Consejería de Medio Ambiente emitido en 2006 advertía de que los acuíferos donde se localiza este macrocomplejo mostraban "un fuerte desequilibrio entre los recursos hídricos y las demandas". Y más cuando en ese momento el municipio estaba padeciendo las consecuencias de la grave sequía que se había iniciado un año antes y hubo zonas que sufrieron incluso restricciones.

Este déficit se debe a que Villanueva se encuentra sobre un acuífero aislado, es decir, que se alimenta sólo de agua de lluvia. Además, su suelo calizo hace que la descarga de agua varíe de 1.300 litros por segundo en épocas lluviosas a apenas 10 durante el estiaje.

La solución que el Ayuntamiento planteará ahora si se saca adelante el proyecto será acordar con las empresas promotoras la construcción de una tubería que lleve el agua residual desde la depuradora -que entrará en funcionamiento en enero del año que viene- hasta el campo de golf para poder regarlo. La obra costaría 700.000 euros. Pero además del campo de golf y las mil viviendas, también habría que garantizar el agua para la zona hotelera, la zona comercial y otros equipamientos, algo que aún no se ha concretado.


* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 19.09.11
Foto: Villanueva del Rosario (Málaga) - ecologistas en acción

.................................... Leer más...

Manises.- El juez ordena a la policía que busque a un imputado que cobró 15 millones de Emarsa

ELPAÍS/Valencia* : El juez Vicente Ríos, que investiga un fraude de más de 17 millones de euros en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), ha ordenado a la policía que averigüe el paradero de Jorge Ignacio Roca Samper, propietario de tres sociedades que facturaron a la empresa pública, dependiente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), 15 millones de euros supuestamente por trabajos no realizados entre los años 2005 y 2010.
Roca Samper resultó ser el administrador único de las firmas Etwas Eigentlich, Erwinin y Printergreen, dedicadas a la asesoría fiscal y la compra de fincas las dos primeras, con sede en el mismo domicilio en Barcelona, y a los vehículos de tracción mecánica la tercera, domiciliada en Igualada. En algunos de los casos, el concepto por el que facturaron esas compañías a Emarsa fue "lodos".

La orden del juez de localizar a Roca Samper forma parte de sendas providencias en las que cita a declarar como imputado al ex director gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, el próximo día 7 de octubre y al exdirector financiero, Enrique Arnal, el 13 de octubre. En fechas posteriores hasta el 18 de octubre cita a otros cinco imputados mientras difiere la declaración de otro porque no se ha resuelto aún un recurso. Del 19 al 27 de octubre, el juez ha citado a más de una docena de personas en calidad de testigos.

La investigación sobre Emarsa comenzó al presentar una querella el presidente de la Emshi y de la empresa en aquel momento, Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP, tras estallar el escándalo de pagos por trabajos no realizados, obras y mantenimientos no ejecutados, suministros sobrevalorados y regalos y viajes poco explicables. Crespo fue sustituido al frente de la entidad metropolitana tras las elecciones locales de mayo pasado. En el procedimiento se han personado los socialistas valencianos como acusación popular.


* El País - ADOLF BELTRAN - Valencia - 19/09/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia

.................................... Leer más...

Casi un centenar de personas se manifiestan en Ravella (Vilagarcía)

LAVOZ/Pontevedra* : Casi un centenar de personas presenciaron anoche el acto convocado por la Comisión cidadá pola recuperación do patrimonio de Vilagarcía, en protesta por la desaparición de los bancos de Ravella. Su presidente, Juan Carlos Porto, quiso agradecer en primer lugar el compromiso de los ciudadanos asistentes a la manifestación, asegurando que Vilagarcía «leva perdendo valores dende hai anos, sen terse en conta o patrimonio da vila para as futuras xeracións». El presidente insistió en que el pueblo de hoy en día lo conforman personas formadas por todo lo recibido por las generaciones anteriores, dando a entender que las restauraciones llevadas a cabo en el simbólico parque vilagarciano fueron desacertadas y contrarias a lo que el pueblo desea. Para finalizar su breve discurso, volvió a agradecer la asistencia del público y presentó al gaiteiro Christian, natural de Bamio, quien ejecutó dos piezas antes de que Manuel Morales, portavoz de la Comisión do Patrimonio, tomase la palabra.

Este último quiso demostrar su descontento con la reforma desde el principio de su discurso, haciendo especial hincapié en la demolición de los bancos característicos de Ravella. Morales se refirió al parque como un jardín histórico, parte fundamental de la esencia cultural vilagarciana. «Las obras realizadas carecen de sentido y gusto», afirmó con visible enfado y resignación.

Además, aseguró que Patrimonio ha autorizado la recolocación de los bancos anteriores.

Morales expresó su malestar con el proceder de la anterior alcaldesa y del concejal de urbanismo, acusándolos de un trato despectivo hacia la Comisión cuando esta expuso sus motivos y razonamientos para impedir que el parque de Ravella fuese sometido a cambios.

Por eso ahora, como manifestó el portavoz, la asociación ha pedido públicamente que la arquitecta Isabel Aguirre, que llevó a cabo los actos de restauración, efectúe la recuperación de los tradicionales bancos y demás elementos característicos del parque. De no ser así, como aseguró Morales, «solicitaremos al alcalde que se termine la obra, y una vez terminada, pediremos que se retiren los bancos de hormigón que pretenden poner».


* La Voz de Galicia - 17.09.11
Foto: Vilagarcia de Arousa (Pontevedra), vista - riadearosa

.................................... Leer más...