Sandokán entra en el órgano que dirige el urbanismo en Córdoba

ELPAÍS* : Rafael Gómez, el constructor y joyero conocido como Sandokán, imputado en el caso Malaya y multado con 26,4 millones de euros por construir cuatro hectáreas de naves ilegales en Córdoba, va a entrar en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta ciudad. Reciclado en político populista, Sandokán es, desde el mes de mayo, el líder de Unión Cordobesa, la segunda fuerza política de la ciudad, tras conseguir cinco concejales; por delante de los cuatro de IU y los cuatro del PSOE. El Ayuntamiento lo gobierna el PP con mayoría absoluta.
Con su entrada en el consejo, el protagonista de la infracción urbanística más grave de la ciudad formará parte del órgano máximo de gestión municipal en este campo. Y lo que es más importante para él, tendrá acceso a su propio expediente de infracción, tramitado a su empresa constructora Arenal 2000. Y también a cualquier expediente de planeamiento o patrimonio que vaya al consejo de la gerencia.

Su designación se produjo ayer en el transcurso de un pleno ordinario del Ayuntamiento. Prácticamente pasó inadvertido, camuflado entre otros muchos puntos de la orden del día y el tecnicismo del lenguaje usado para efectuar el nombramiento. Debido a la forma en que fue tramitada su designación por parte de Unión Cordobesa, los grupos políticos se pronunciaron sobre el hecho en el pleno. Al término, Gómez restó importancia a su nombramiento y descartó que se vayan a producir críticas por estar imputado por cohecho en el principal caso de corrupción municipal de España y pesar sobre él la multa del Ayuntamiento de Córdoba por construir de forma ilegal.

Pero se equivocó. Francisco Tejada, portavoz de IU y ex presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la pasada legislatura, lamentó la designación del imputado y destacó las profundas contradicciones que entraña. "Es algo condenable y nada ético que Rafael Gómez pueda estar en ese órgano. Porque por un lado tiene intereses inmobiliarios propios y va a estar donde se gestionan los mismos. Y además, Rafael Gómez ha cometido infracciones urbanísticas y va a estar en el órgano que vela por la legalidad de esta actividad", explicó el edil.

Juan Pablo Durán, portavoz del PSOE, reconoció la legitimidad que dan las urnas para que los partidos políticos tomen este tipo de decisiones pero aconsejó a Rafael Gómez ausentarse "en determinados temas que trate el consejo rector, al menos por ética y estética política".

Gómez tiene una deuda global con el Ayuntamiento de Córdoba que ronda los 30 millones de euros. El grueso responde a la multa de 24,6 millones. Pero tiene otra de seis millones por su proyecto de la Carrera del Caballo.

Polémico viaje del alcalde a Nueva York
Rafa Nadal llegó ayer a Córdoba donde se espera que juegue las semifinales de la Copa Davis, que enfrentan a España y Francia. El jugador llegó desde Nueva York, donde perdió la final del US Open. El partido lo vio en directo el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, del PP. Su viaje ha generado una polémica política desde que él mismo lanzase la noticia en Twitter, el domingo.

Nieto explicó que iba invitado por la Federación Española de Tenis y que su viaje no suponía ningún gasto a las arcas municipales. El PP destacó que la gestión de Nieto por el evento ha servido para generar un retorno económico en la ciudad de entre 10 y 15 millones de euros. El PP también recordó ayer un viaje de la exalcaldesa Rosa Aguilar a la misma ciudad en 2006 para presentar la maqueta del Palacio del Sur, que no se ha llegado a construir. "¿Para qué sirvió aquel viaje?", se preguntó ayer el portavoz, Miguel Ángel Torrico.

Pero estas explicaciones no han sido suficientes para apaciguar la polémica y Ucor (el partido de Rafael Gómez), IU y PSOE lo criticaron. El portavoz de IU, Francisco Tejada, lamentó que Nieto no acudiese al pleno de ayer a causa del viaje y subrayó que el Ayuntamiento ha pagado 700.000 euros a la Federación de Tenis para que se juegue en Córdoba la Davis. El portavoz del PSOE, Juan Pablo Durán, señaló que "no hay nada que justifique la falta del alcalde en el pleno por el capricho de asistir" a la final de Nueva York.


* El PAÍS - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 14/09/2011
Foto: Fuengirola (Málaga), monumento al especulador Sandokán - burbuja.info

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Miño intenta evitar pagos millonarios a afectados por una promoción de chalés

ELPAÍS/A Coruña - El gobierno municipal de Miño, presidido por Juan Maceiras (PP), aprobó ayer en solitario una nueva tentativa para intentar legalizar una de las mayores promociones urbanísticas de Galicia, cuya adjudicación a Martinsa-Fadesa y la expropiación de los solares ahora ocupados por 1.287 viviendas y un campo de golf fueron declarados nulos por los tribunales. Maceiras pretende que la inmobiliaria siga con este macrourbanización casi acabada y evitar así que sean las ya muy mermadas arcas municipales de esta localidad de apenas 5.000 habitantes las que tengan que asumir en solitario las indemnizaciones millonarias -más de 20 millones- que sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ratificadas por el Supremo, reconocen para los afectados por unas expropiaciones que se hicieron indebidamente y se pagaron muy por debajo de lo que establecen los jueces.

Amparándose en un informe jurídico de la Diputación coruñesa, el PP (siete ediles) recurrió a su mayoría absoluta para aprobar ayer en pleno pedir al alto tribunal gallego que le autorice a ejecutar la sentencia que declara nula la adjudicación en 2002 a Fadesa aprobando un nuevo pliego de condiciones y un nuevo contrato "a la única empresa" que en su día se presentó para la construcción de esta macrourbanización.

Para los socialistas (seis ediles), la maniobra del gobierno local de Miño es "una burla a la justicia" sin viso alguno de salir adelante. "Pide a los jueces que legalicen así lo que ya declararon nulo de pleno derecho en sentencia firme, cuando lo que debería hacer el gobierno local es sentarse con los afectados para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial", argumenta el portavoz de la oposición, Manuel Vázquez Faraldo. Recordó que los vecinos, que tras una larga batalla judicial lograron que se les reconozca 25,9 euros por metro cuadrado en vez de los 6,3 que le pagó por sus solares el Ayuntamiento, nunca lograron abrir un diálogo con el alcalde.

El edil socialista asegura que hace unos días, Martinsa-Fadesa, recien salida de un concurso de acreedores, ya reclamó 70 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de Miño para liquidar el contrato y no poder terminar esta macropromoción, llamada Costa Miño Golf y ubicada entre San Xoán de Vilanova y Perbes. Mientras, los vecinos afectados por las expropiaciones siguen sin ver un euro de las cuantiosas indemnizaciones, más intereses de demora, que los tribunales les reconocieron. Si no prospera este último intento del gobierno local de legalizar la adjudicación a la inmobiliaria, los expropiados podrán reclamar a mayores un 25% más de indemnización para compensar el hecho de perder unos solares destinados a la construcción de una urbanización que resulta ser ilegal.

Para un ayuntamiento con un presupuesto anual inferior a los seis millones de euros, esos pagos podrían abocarle a la quiebra económica.


* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 13/09/2011
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es

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El Gobierno echa un capote a la banca: ultima una norma que legitima el 'suelo' de las hipotecas

ELCONFIDENCIAL* : El Ministerio de Economía y Hacienda está tramitando el proyecto de Orden Ministerial (OM) de 'Transparencia Bancaria' que legitimará a las entidades financieras para la inclusión de los 'swaps' y las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, ambas prácticas pendientes de calificación en los tribunales, según el texto de la OM, al que tuvo acceso Europa Press.
"Si la orden sale adelante tal y como está planteada dará munición a la banca ante los tribunales", comenta a El Confidencial, Antonino Joya, portavoz de la OCU, organización de consumidores que tiene abiertos varios frentes judiciales por las 'cláusulas suelo'.
Precisamente, la noticia se conoce después de que un juez de Madrid declarara 'no abusivas' las cláusulas suelo del Banco Popular y el BBVA -tal y como demandaba la OCU- en línea con una sentencia anterior de Alicante, pero en contra de lo dictaminado por un juez de Sevilla y otro de León.

El pasado 29 de julio, Economía y Hacienda publicó esta OM y abrió el periodo de audiencia pública, que finalizó el pasado 6 de septiembre. La nueva legislación podría ser aprobada antes de la disolución de las cortes y la celebración de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La propuesta de OM, que pretende sustituir a la actual Orden de Transparencia de 1989, permite incluir en las hipotecas los 'swaps' (seguros frente a la subida de los tipos de interés) y las cláusulas suelo (límite a la bajada de los tipos) con la única obligación de que sea el notario el que informe al cliente y controle la legalidad de las cláusulas antes de firmar el préstamo. Tanto unos como otros tienen abiertos varios procedimientos judiciales y algunos magistrados ya se han pronunciado y cuestionado la legalidad de ambos.

¿Qué pasará entonces con los procedimientos judiciales abiertos?

"Antes de que se apruebe hay que ser cautelosos", comenta a El Confidencial Pilar Sánchez-Bleda, abogada y socia directora de Legal & Media Advisers. "Además, será clave si la normativa tiene carácter retroactivo o no".

Por su parte, Javier Sevillano, experto en derecho bancario y consumo del mismo bufete llama la atención sobre la disposición transitoria que deberá acompañar a dicha normativa. "En ella se deberá regular la aplicación de la orden en procesos iniciados pendientes de sentencia. Lo más probable es que se aplique a los procedimientos que se encuentren en segunda instancia -audiencias provinciales".

"Hasta ahora y ante la ausencia de normativa concreta que lo regulara, un tribunal podía determinar si estos productos o cláusulas eran ilegales por abusivas, desequilibradas o confusas", comenta Sevillano, "si se aprueba la orden ministerial tal y como está planteada, habrá que demostrar, caso por caso, que ha habido vicio o cláusulas poco claras, engaño o confusión en la contratación. Si el banco o la entidad consigue determinar que el cliente conocía el producto y los riesgos del mismo, no habrá posibles recursos".

Desde la OCU -organización con varios procedimientos judiciales abiertos por las cláusulas suelo-, Antonino Joya, manifiesta a El Confidencial su malestar ante la posibilidad de que dicha normativa salga adelante tal y como está planteada. "La orden dice que cuando un consumidor vaya a firmar una hipoteca, el notario deberá informarle sobre la existencia o no de un suelo. Si recoge esta posibilidad reconoce que este tipo de cláusulas son legales". "Nosotros lo que venimos demandando es que por ley se determine que este tipo de cláusulas son abusivas". Y advierte que la OCU "seguirá adelante con las demandas con todas las de la ley".

Quejas del sector financiero y organizaciones de usuarios

La OCU y otras asociaciones de consumidores han mostrado su malestar al respecto, pero no son las únicas. Junto a las patronales del sector financiero (AEB y CECA) acordaron ayer durante la celebración del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consensuar un escrito de rechazo a su aprobación, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del acuerdo.

Las mismas fuentes explicaron que los motivos de rechazo de las entidades financieras y los representantes de los consumidores son "radicalmente distintos", pero ambos coinciden en rechazar la "precipitación".

El sector financiero considera que esta legislación podría ser más restrictiva que las Directivas Europeas de transparencia bancaria, mientras que las asociaciones de consumidores mantienen que supone un peligro para los derechos de los clientes y avala prácticas bancarias que los tribunales están pendientes de determinar si son o no "abusivas".


* El Confidencial - E. Sanz.- 13/09/2011
Foto: Hipotecas, récord de embargos - elmundo

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Calp cierra una empresa que gastó 600.000 euros sin hacer nada

ELPAÍS/Alicante* : El equipo de Gobierno de Calp acordó ayer liquidar la Empresa Pública Municipal que creó el Ayuntamiento en 2006 para promover viviendas protegidas sin que haya construido ninguna, aunque la mercantil ha gastado en estos cinco años años los 600.000 euros de capital que le inyectó el Consistorio. El portavoz municipal, Paco Cabrera, afirmó que "a día de hoy no queda ni un euro de esta empresa y no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial". Cabrera indicó que tomarán las medidas necesarias para devolver esta fallida inversión a la legalidad, empezando por respetar los derechos de la Banda de Calp, que en su día cedió el solar para edificar pisos.

También deberán nombrar a los liquidadores, porque "en marzo se inició la fase de disolución sin tomar las medidas complementarias ni especificar los derechos de la banda". Cabrera recordó que "la gerente de la empresa sigue empleada porque nadie ha rescindido su contrato, pero no cobra desde hace tiempo porque en la empresa no hay dinero".

Además de este asunto, la Junta de Gobierno Local confirmó la clausura de la planta de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos del Barranc Salat, propiedad de Colsur.

También deberán nombrar a los liquidadores, porque "en marzo se inició la fase de disolución sin tomar las medidas complementarias ni especificar los derechos de la banda". Cabrera recordó que "la gerente de la empresa sigue empleada porque nadie ha rescindido su contrato, pero no cobra desde hace tiempo porque en la empresa no hay dinero".

Además de este asunto, la Junta de Gobierno Local confirmó la clausura de la planta de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos del Barranc Salat, propiedad de Colsur.


* El País - Alicante - 13/09/2011
Foto: Calpe (Alicante) - elpais.com

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La demolición del Algarrobico, más cerca

ECOLOGISTASENACCIÓN* ha pedido hoy al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Almería que ejecute la sentencia –de fecha 5 de septiembre de 2008– que ordena al Ayuntamiento de Carboneras que declare nula de pleno derecho la licencia de obras que concedió en 2003 a la urbanizadora Azata para construir el Hotel del Algarrobico.
En la sentencia cuya ejecución se pide ahora, este Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Almería falló que la licencia era ilegal por tratarse de un espacio protegido no urbanizable y por invadir la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas.
Más aún, la sentencia es contundente contra la Junta de Andalucía, a la que acusa de llevar a cabo “la burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN oficialmente publicada por otra en la que se ubicaba los terrenos en una zona, la D2, en la que no resultaba incompatible el uso urbanístico, permitiendo, de esta guisa, la construcción de un hotel en suelo de especial protección y con laminación de la servidumbre de protección estatuida en la Ley de Costas”.

Con la ejecución de la sentencia el Ayuntamiento de Carboneras se verá obligado a declarar ilegal el hotel y a iniciar los trámites para su demolición puesto que el edificio es ilegal e ilegalizable y las administraciones están obligadas a restablecer la legalidad urbanística.

Una vez declarado oficialmente ilegal el hotel, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no tendrán obstáculo legal para proceder a su demolición en cumplimiento del acuerdo alcanzado recientemente entre ambas administraciones.
Ecologistas en Acción recuerda que el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía prevé que la Administración autonómica pueda demoler los inmuebles ilegales que se hayan construido en espacios protegidos, sin esperar a sentencia firme. Este es el caso del Algarrobico por lo que una vez ejecutada la sentencia, la Administración ya no tendrá disculpas legales para mantener el edificio en pie.


* Ecologistas en Acción - 13.09.11
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org

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