La Fiscalía cuestiona la ley que permite legalizar viviendas condenadas al derribo

DIARIOMONTAÑÉS* : La Fiscalía de Cantabria ha puesto en entredicho la reforma legal que permite legalizar algunas de las urbanizaciones con sentencia de derribo, porque puede generar «inseguridad jurídica», un efecto contrario al que pretendía el legislador cuando la aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en julio de 2010. Esta iniciativa parlamentaria fue acompañada de otra, la llamada Ley de Derribos, que posibilitaba indemnizar a los propietarios de viviendas ilegales antes de proceder a su demolición, texto cuya constitucionalidad ha cuestionado el Tribunal Superior, que ha elevado una consulta al Alto Tribunal.
Con ambas leyes el Parlamento pretendía dar una salida a las 663 viviendas que hay en Cantabria afectadas por una sentencia de demolición. Hasta ahora se conocían las dudas de los jueces sobre uno de los textos. La fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, nunca se había pronunciado en público al respecto, a pesar de que la Memoria Fiscal ya había sido difundida en parte el pasado mes de junio a través de los medios de comunicación.

Ha sido una pregunta del portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, formulada a Calvo en su comparencia, la que ha desvelado los reparos de la Fiscalía al texto legal. En la Memoria, a la que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía no entra a valorar la política de protección ambiental de los organismos legislativos, pero muestra su preocupación por la iniciativa que permite legalizar algunas urbanizaciones, al crear «inseguridad jurídica».
De la Sierra pidió a la fiscal superior una «aclaración» sobre el motivo de una afirmación «tan negativa», y quiso saber si en el año de vigencia que tiene la norma se ha producido algún caso de inseguridad jurídica. La respuesta de Calvo fue lacónica. Se limitó a decir que alude a «conceptos jurídicos indeterminados que a veces pueden ser un elemento distorsionador a la hora de enfocar una determinada conducta». Tras la comparecencia, en una reunión de café, los parlamentarios obtuvieron más explicaciones.
El texto normativo (Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo) fue aprobado con el apoyo de los tres grupos políticos. Su objetivo era que los ayuntamientos adaptaran sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral (POL), circunstancia que los diputados aprovecharon para evitar la demolición de viviendas que creaban un impacto sobre el paisaje y que, por situaciones sobrevenidas motivadas por cambios en el entorno, eran susceptibles de ser legalizadas. La mayor parte de ellas se sitúan en los municipios de Piélagos y Argoños.

Peritos independientes
En su intervención, la fiscal superior de Cantabria reclamó la constitución de un cuerpo de peritos especializados vinculados a la Fiscalía en los casos de delitos contra el medio ambiente y ordenación del territorio, ya que al resultar imputados representantes de los ayuntamientos, se necesita la colaboración de arquitectos independientes.
El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, pidió también una aclaración sobre este asunto, ya que podía ponerse en duda «la independencia de los funcionarios». Calvo aseguró que la expresión ha podido ser «desafortunada», pero que en ningún momento se ha puesto en duda la independencia del funcionario público. «Se trata de crear equipos de trabajo dentro de la figura del fiscal instructor, que requiere una investigación diferentes», matizó. Los grupos políticos elogiaron también el trabajo de los fiscales.


* Diario Montañés - 2.09.11
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización Las Llamas con sentencia de derribo (archivo) - eldiariomontanes.es

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Ecologistas en Acción denuncia de nuevo el aire en Madrid

ELPAÍS* : La mayoría de las estaciones de la red de Madrid, 14 de 24, supera el nivel máximo exigido por la normativa europea en dióxido de nitrógeno (NO2), establecido en 40 microgramos por metro cúbico de media anual, según Ecologistas en Acción. El grupo basa sus calculaciones en los datos que ofrece el Ayuntamiento y ve "como inevitable" la superación en 2011 de los baremos exigidos por la Unión Europea en lo referente al NO2, igual que en 2010. Los ecologistas destacan que la media de la red se encuentra en 42 microgramos por metro cúbico a fecha de 31 de agosto y consideran que "irá aumentando hasta final de año en razón del aumento del tráfico en Madrid en este periodo".
Según la nota de prensa las estaciones más céntricas registran valores por encima del citado límite: Escuelas Aguirre, 59 microgramos por metro cúbico; Elíptica, 59; Cuatro Caminos, 55; Ramón y Cajal, 52. La media de la red baja en razón de las estaciones menos urbanas: El Pardo, 19 microgramos por metro cúbico; Parque Juan Carlos I, 26; Casa de Campo, 27. Además recuerda las quejas sobre "las estaciones desmanteladas en zonas críticas de tráfico", que ahora "no aportan sus altos niveles a la media de la red".

Ecologistas en Acción critica al Ayuntamiento por "su falta de ambición para combatir esta situación de forma efectiva" y afirma que "solo actuaciones contundentes para reducir el tráfico en Madrid podrán rebajar los niveles de contaminación que sufre la capital. Además reprocha que el consistorio no tiene objetivos "más allá de pedir una prórroga para seguir incumpliendo la ley". Finalmente recuerda los problemas de salud que la contaminación del aire puede provocar.


* El País - DAVID R. NELSON - Madrid - 01/09/2011
Foto: Contaminación en Madrid (archivo) - S.Burgos (El País)

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El Defensor del Pueblo rechaza el urbanismo por decreto-ley

DIARIODEIBIZA* : El Defensor del Pueblo ha advertido a las Cortes Generales de que «no se pueden neutralizar» sentencias judiciales sobre cuestiones urbanísticas a través de la aprobación de leyes en los parlamentos». «Hemos expresado a las Cámaras nuestra preocupación respecto al proceder de los poderes públicos en materia de ordenación territorial, urbanística y ambiental, por la tendencia observada en la función legislativa de aprobar disposiciones legislativas [...], lo cual puede dificultar el acceso a la Justicia y reducir sustancialmente la participación del público», dice el Defensor del Pueblo en respuesta a la denuncia presentada por el Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturalesa (GOB).
En su respuesta, el Defensor del Pueblo reconoce que no puede intervenir en el asunto que el GOB plantea (la aprobación de urbanismo a la carta a través de decretos-ley coartando la participación de los ciudadanos), ya que «la queja no se refiere a una actuación administrativa presuntamente irregular, sino al contenido de varias leyes y al uso de normas de rango legal para aprobar proyectos concretos».

En todo caso, el Defensor del Pueblo informa al grupo ecologista de que, en su informe anual de 2010, ya comunica a las Cortes Generales su preocupación por esta práctica de los poderes públicos que altera los procesos administrativos habituales en la toma de decisiones en cuestiones de territorio y urbanismo.

El GOB da a conocer este informe del Defensor del Pueblo (de junio de este año) después de que el Govern haya aprobado cuatro decretos-ley en la primera sesión extraordinaria del Parlament y haya anunciado un nuevo decreto que permitiría la autorización de distintos proyectos urbanísticos. «Se debe dar voz a la exigencia del derecho de la participación ciudadana en los asuntos que afectan al territorio y evitar el urbanismo a la carta», dice el GOB.


* Diario de Ibiza - 2.09.11
Foto: La ordenación de sa Coma se aprobó mediante un decreto-ley.- diarioibiza

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Zaragoza.- Otras dos denuncias se añaden al expediente del vertedero ilegal

ELPERIÓDICO/Aragón* : La investigación sobre el gran vertedero clandestino descubierto a primeros de agosto en un campo de cultivo en Cuarte ha derivado en dos nuevas denuncias que tramitará el Ayuntamiento de Zaragoza y que se sumarán al expediente sancionador abierto por el Gobierno de Aragón. En una parcela de regadío del término de la capital y junto al río Huerva, el mismo infractor gestionaba, al parecer sin licencia alguna, un almacén de entrada de residuos que derivaría posteriormente al vertedero ilegal, también de su propiedad, en lugar de a un gestor autorizado.
Casi un mes después de conocerse la existencia de este basurero, siguen intactos los hasta ocho metros de altura que alcanza la montaña acumulada en la parcela de Cuarte, con residuos peligrosos, como uralitas, neumáticos, escombros, plásticos y, sobre todo, restos industriales no peligrosos (maderas y materiales procedentes del proceso de fabricación). Aunque el acceso ha sido cerrado con movimientos de tierra para impedir que cualquier ciudadano pueda entrar al mismo.

Presuntamente, esta basura procedería de los contenedores que el infractor tiene en una parcela de regadío de Zaragoza, en donde separaba y almacenaba las distintas fracciones. Sin embargo, carece de licencia para dicha actividad y se ubica en una zona considerada de cauce de crecida, es decir, inundable, por lo que la pequeña edificación que se estaba levantando es ilegal. Ambas denuncias las tramitará ahora Gerencia de Urbanismo.

La publicación por este diario, el pasado 10 de agosto, del hallazgo del vertedero y de las denuncias interpuestas por la Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza, a petición de la Policía Local de Cuarte, hizo que el Departamento de Medio Ambiente de la DGA enviara a inspectores y forestales a comprobar in situ tanto la ubicación catastral de la parcela como la identidad del propietario y autor de la infracción medioambiental.


EXPEDIENTE SANCIONADOR
Su informe llevó a que abrieran un expediente sancionador tras comprobar que el solar y el denunciado no estaban incluidos en el registro público de los gestores autorizados de la comunidad autónoma. Y se ordenó abrir un procedimiento por infracción de la nueva Ley de Residuos, cuya entrada en vigor fue a finales de julio.

El servicio provincial del departamento de Medio Ambiente en Zaragoza es quien tiene que resolverlo. Por un lado, debe decidir la cuantía de la multa que se aplicará al responsable de la instalación ilegal. Y, por otro, la manera como deberá restaurarse el terreno para devolverlo a su situación original. De este modo, el espacio ocupado por el vertedero ilegal debe quedar libre de todo residuo.


* El Periódico Aragón - 2.09.11
Foto: Zaragoza, vertedero ilegal - elperiodico

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Jaén.- La Audiencia no salva del derribo a los chalés ilegales de Plaza de Armas

DIARIOJAÉN* : Los chalés ilegales construidos junto al yacimiento ibero de Plaza de Armas tienen los días contados. La Audiencia de Jaén ha desestimado los recursos en los que dos propietarios pedían suspender las demoliciones ordenadas por la Justicia. Son los primeros casos, pero suponen un antecedente.
José Miguel E. G. fue condenado en firme en febrero de 2008. Levantó un edificio de 150 metros cuadrados, con vallado y piscina, en un suelo no urbanizable y protegido por estar lindando con el yacimiento de Plaza de Armas. Además de la pena de prisión, la Justicia ordenó demoler el chalé. El propietario intentó salvar su casa con una inesperada tabla de salvación lanzada por el Ayuntamiento de Jaén. En noviembre de 2010, el pleno aprobó el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que incluía la legalización de determinadas urbanizaciones. Esta ha sido la fórmula elegida por decenas de condenados por delitos contra la ordenación del territorio para impedir que sus casas se convirtieran en escombros. Presentaron informes redactados por la Gerencia de Urbanismo en los que se hacía constar que sus chalés estaban en parajes que, actualmente, son rústicos, pero que se convertirían en urbanos en función del futuro planeamiento urbanístico. La cuestión no era baladí.

De hecho, los magistrados de la Audiencia llegaron a celebrar un pleno para unificar criterios y adoptar una postura común. La decisión fue sorprendente: accedieron a la petición de suspender el derribo, pese al criterio contrario de la Fiscalía.
La medida podría suponer una especie de “amnistía general” para los propietarios de chalés ilegales condenados a la demolición. Sin embargo, esa doctrina no ha servido para los propietarios del paraje de Plaza de Armas. Dos recientísimos autos de la Audiencia Provincial desestiman los recursos presentados por sendos propietarios en los que hacían constar esos argumentos. Los magistrados los “tumban”, en una resolución que, aparentemente, es contradictoria con el criterio común acordado hace unos meses. En esos autos, los jueces justifican su decisión con dos ideas: la primera es que todos los casos son distintos y deben ser analizados por separado. La segunda hace referencia a la especial protección que existe sobre el yacimiento de Plaza de Armas: “Es un suelo de especial protección por su valor cultural y, en consecuencia, está sometido a una norma de rango superior que le excluye del ámbito del Plan General de Ordenación Urbana y de la posible legalización futura en tal ámbito”, dice literalmente la resolución. Estos autos originan que el proceso para ejecutar la sentencia de demolición siga su curso y, además, crean un precedente para otros casos similares.

El “galimatías” del Puente Tablas
Son vecinos. Tienen sus chalés en el mismo carril del Camino del Realejo, a apenas 500 metros del yacimiento ibero de Plaza de Armas, en el Puente Tablas. Sin embargo, entre sus casas hay grandes diferencias, y no precisamente en el aspecto exterior. Una está condenada a ser demolida por orden judicial. El otro chalé, igual de ilegal por sentencia firme, seguirá en pie por siempre. Esta contradicción forma parte del galimatías en que se han convertido las decisiones de la Justicia sobre el urbanismo del Puente Tablas. Hay constancia de, al menos, una decena de sentencias que ordenan la demolición de lo construido al margen de la Ley. Lo curioso es que los jueces también firmaron otras diez resoluciones en las se condenaba a los propietarios, pero no se establecía el derribo de los edificios.
Sin embargo, hay todavía más contradicciones. Hay algunos vecinos que han sido embargados para cumplir con las sentencias de demolición. De hecho, las máquinas han entrado en sus casas y las han convertido en escombros. A su lado, hay otros propietarios también condenados que están consiguiendo alargar el procedimiento gracias al avance del Plan General. No obstante, los recientes autos de la Audiencia desvanecen sus esperanzas de que las casas sigan en pie.


* Diario Jaén - 31.08.11
Foto: Jaén, panorámica - webjaen

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