Valladolid.- Urbanismo analizará con las constructoras el fallo del Supremo que anula la recalificación de los terrenos de Ebro

NORTECASTILLA* : El tribunal confirma que el alcalde debió abstenerse al ser consejero de la compañía. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, convocará a las tres constructoras afectadas por la sentencia que anula la recalificación de los terrenos de Ebro frente al centro comercial Vallsur, para buscar las posibles soluciones y ejecutar el fallo. La edil, quien ayer estaba en Madrid, está pendiente de analizar a fondo la sentencia del Supremo, que ratifica una anterior del TSJ, antes de tomar decisiones.
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la operación urbanística por la que se modificó el PGOU en las zonas de la Azucarera de Santa Victoria y en la antigua Fábrica de Piensos Cía, un terreno donde hay construidas más de 400 viviendas en un gran bloque. El acuerdo alcanzado en 2002 entre el Consistorio y Ebro establecía que el Ayuntamiento se quedaba con la propiedad de las nueve hectáreas que ocupaba la factoría de la Azucarera Santa Victoria para la construcción del parque de Las Norias. A cambio, daba su visto bueno al traslado de más de 30.000 metros cuadrados de edificabilidad de esta parcela a la fábrica de Piensos Cía, en el Paseo de Zorrilla. Así, se construyeron más de 400 viviendas donde en principio únicamente cabían 160.

En la sentencia del Supremo, de fecha 28 de junio, se desestiman los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento de Valladolid y las promotoras Parquesol, Edificasa 2000 y Metrovacesa contra la sentencia del TSJ de Castilla y León de 2007, que anuló la orden de la Consejería de Fomento de aprobación de esa modificación del PGOU. El Supremo confirma todos los extremos de la sentencia del TSJ. Entre ellos, que el alcalde debió abstenerse en la votación, ya que era también miembro del consejo de administración del Ebro y podía haber interés personal en su decisión.
En principio, Vidal descarta por completo la demolición de este inmueble residencial. La solución para ejecutar la sentencia podría pasar por la cesión de suelos por parte de las constructoras al Ayuntamiento para compensar el exceso de edificabilidad o bien el pago en metálico, ya que la finca de Piensos Cía debió clasificarse como suelo urbano no consolidado en vez de consolidado, lo que llevó aparejado menos cesiones de suelo para dotaciones públicas.
El PSOE aseguró que esta sentencia es otra muestra de la política urbanística de León de la Riva, quien «tensa la cuerda hasta romperla». Acusa al regidor de ser el culpable de esta situación, porque «votó en ambos lados de la mesa, como propietario de los terrenos al ser del consejo de Ebro y como alcalde».


* El Norte de Castilla - 27.07.11
Foto: Bloque residencial afectado por la sentencia - nortecastilla

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La viabilidad de las propuestas 'indignadas' sobre alquileres, desahucios e hipotecas

LAVANGUARDIA* : El analista Gonzalo Bernardos considera que "los bancos viven en otro planeta" y defiende iniciativas como la transformación de pisos embargados en alquiler social.
Una de las metamorfosis más visibles del movimiento 15M, tras la etapa de acampadas, son las concentraciones de apoyo a familias amenazadas por un desahucio. En el último mes, grupos de activistas de toda España han impedido ejecuciones hipotecarias en Carabanchel, Sevilla, Badalona, Orkoien, Palma de Mallorca y Vallecas, por citar algunos ejemplos. Últimamente, sin embargo, la contundencia policial ha superado la resistencia pacífica de los 'indignados', como se ha visto en Clot esta semana y en Madrid la anterior.
Sin embargo, sus reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda van mucho más allá. Aunque con matices según las proposiciones literales que aprobó cada asamblea local, en conjunto defienden que deben abolirse las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler e hipotecas, que las entidades bancarias deben estar más y mejor controladas, que la tasación de los pisos debe ser objetiva tanto al comprarlos como al confiscarlos por impago. También propugnan la derogación de la Ley de Desahucios Exprés y la aprobación de la ILP sobre dación en pago en caso de impago hipotecario, con opción a que los que han perdido el piso puedan quedarse en él como inquilinos.

Para explorar los caminos por los que podrían hacerse realidad estas peticiones, hemos hablado con Gonzalo Bernardos (Barcelona, 1962), analista y consultor económico e inmobiliario, vicerrector de Economía de la UB, profesor de esta facultad, de la UOC y del centro IBEI y director de varios másters. Próximamente media docena de académicos y profesionales en activo nos ayudarán a otear caminos de viabilidad en el resto de ámbitos de reivindicación del 15-M, como el mercado laboral, los derechos de autor o la Ley Electoral.

Éstas son las principales demandas de los 'indignados' en materia de vivienda y las conclusiones de Bernardos:

1) 'Control ciudadano' de las entidades bancarias
Se puede conseguir indirectamente, a través de una adecuada supervisión del Banco de España, que lo ha hecho muy mal estos años. Primero, porque permitió que se dieran créditos a quien no se debía. Segundo, porque pensó sólo en los resultados a corto plazo. Y tercero, porque se olvidó de la función primordial de la banca, que es trasladar el ahorro hacia la inversión, sin pasar por la especulación. Los ejecutivos de los bancos y cajas, además, tampoco se portaron nada bien. Pero aún así no hubiéramos tenido esa enorme burbuja inmobiliaria si el Banco de España hubiera impedido, como le tocaba, que más del 40% del crédito que se dio en los años de bonanza fuera directo al sector inmobiliario. Tenía que haber actuado con criterios más técnicos y menos políticos.

2) Fin de las cláusulas abusivas
Hay que regularlas con una normativa y con un código ético, ambas cosas. Las hay manifiestamente ilegales que los notarios no deberían firmar. Antes de firmar tú una hipoteca, el notario la valida con su firma. ¡Y hay un montón de cláusulas que tienen una pinta terrible! Por ejemplo, tener que poner otros bienes tuyos como garantías extraordinarias por si el precio del piso cambia bruscamente. Un juzgado puede tumbar muchas de estas cláusulas por ser abusivas, además. También hay que hacer obligatorio que los contratos sean claros, sencillos y breves. ¿Cómo puede ser que tu contrato hipotecario ocupe cuatro páginas de letra minúscula y en lenguaje técnico? Así nadie los entiende y se acaban firmando por confianza, no por comprensión de las consecuencias. Además, cada entidad te impone sus cláusulas y siguen inventándose nuevas condiciones para protegerse aún más.

3) La Ley de Desahucios Exprés
La ley actual no diferencia a los morosos circunstanciales e involuntarios de los jetas profesionales. Estoy de acuerdo con que se desahucie cuanto más rápido mejor a un moroso, porque sino ese piso quizá no vuelva a ponerse en alquiler. Y eso nos perjudica a todos, porque si baja la oferta de pisos en alquiler, subirán los precios. Pero la cosa cambia si hablamos de alguien que está hipotecado y se queda sin poder pagar las cuotas. Hay que buscar alternativas, como mantenerle en el piso como alquilado, para evitar el doble trauma que ahora vive: perder la propiedad de su piso y encima quedarse en la calle.

4) Dación en pago y transformación de hipotecas en alquileres sociales
Todo aquello que los bancos perdonen a los ciudadanos podría ir a cambio de lo que nosotros cada año les regalamos. Si perdonan 15, les daremos 15. ¡Pero sólo 15! No tiene sentido que la sociedad les regalemos un montón de dinero y ellos sean incapaces de perdonar nada a nadie. Además, ¿alguien cree que llegarán a cobrar las deudas todavía pendientes de los que han perdido su piso? Ahora amenazan con no dar hipotecas, pero bueno, ya las darán. Sin hipotecas no hay negocio. Es la tipología de crédito con menos riesgo asociado, así que si no quieren concederlas, en un periquete vendrá la banca extranjera a ofrecerlas corriendo. Nuestros bancos viven en otro planeta, porque si no, no lo entiendo. Con el prestigio por los suelos y la oposición social en la calle, ¿creen que podrán seguir como hasta ahora muchos años? ¡Si yo fuera banquero no tendrían que convencerme! No son conscientes que se arriesgan al surgimiento de una banca pública o a la nacionalización de algunas entidades.

5) Reducción de la deuda hipotecaria en proporción a una tasación objetiva del inmueble
Las empresas tasadoras hacen la tasación que les dice el banco, muy a la baja, porque así éste se queda el piso embargado al 50% del precio tasado, que en realidad es una cifra mucho menor a la mitad del precio original. Se lo están al 30% o 25% en vez de lo que marca la ley, que es el 50%. Para que se tome como referencia el precio real, hace falta que la empresa tasadora sea realmente independiente. Y eso se conseguiría con agencias estatales que no tengan intereses en el mercado.

6) Reforma de la LAU para que el precio de los alquileres no supere el 10% de los ingresos de la unidad familiar
No me parece adecuado para el mercado libre, porque cada familia o individuo debe poder tomar sus decisiones, responsabilizarse y calcular qué puede asumir. En los pisos sociales es diferente y hay cosas que mejorar. Se calcula en los últimos cuatro años se han acumulado un millón y medio de pisos nuevos en manos de promotores, bancos y constructoras. ¡Y muchos de ellos son invendibles, que no se engañen! En especial si están a más de 30 kilómetros de Barcelona o son de veraneo. Y tenerlos cerrados tres o cuatro años sí les cuesta dinero, aunque ahora no lo vean. En poco tiempo habrán perdido casi todo su valor, porque se habrán deteriorado, habrán entrado okupas... Se nota que los bancos no tienen ni idea del mercado inmobiliario y encima muchos están fichando a profesionales que tuvieron poco éxito en este sector. En vistas de lo que se les viene encima, lo mejor que pueden hacer es transformar su estoc en pisos sociales, mediante un acuerdo con la Generalitat para que ésta los dinamice. ¡Más vale cobrar algo y regularmente, aunque sea poco dinero, que no cero y con riesgos!


* La Vanguardia - MERITXELL M. PAUNÉ - 28.07.11
Foto: Barcelona, indignados frente Hospital - elperiodico

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El juez halla indicios de prevaricación en decisiones urbanísticas del alcalde de Arona

ELPAÍS/Tenerife* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Arona ha abierto diligencias previas contra el alcalde, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, al que se le imputan varios delitos relacionados con la ordenación urbanística además de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se desprende que de las diligencias de investigación ha quedado acreditada, en relación con Reverón y de otros 30 imputados que conformaron la junta de gobierno del Ayuntamiento de Arona desde 2003 a 2007, la comisión de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. El juez observa indicios de prevaricación en la actuación de los miembros del gobierno local, quienes votaron "sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, reformado de obras, demolición y licencias de primera ocupación" a pesar de los informes desfavorables tanto de los técnicos del Servicio de Urbanismo como del secretario.
Según el auto judicial, las investigaciones preliminares han acreditado la comisión de un presunto delito continuado de tráfico de influencias y prevaricación por parte del alcalde, quien presuntamente favoreció a su primo Manuel Reverón González, edil de Coalición Canaria desde 2007 en el consistorio aronero.

El auto judicial describe cómo Manuel Reverón González, primo del regidor, construyó en 2001 una vivienda ilegal de la zona de Buzanada, por lo que fue sancionado con una multa de 150.000 euros y la orden de demoler la construcción, pero el alcalde "trató de influir en su compañera de partido, María del Pino de León, consejera de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, a fin de conseguir que la sanción impuesta no se llevase a la práctica".

El abogado que denunció el caso, Felipe Campos, espera que se celebre pronto el juicio y se "castigue el desastre que han realizado en este municipio". El caso Arona ha tenido una honda repercusión en Canarias, pero ello no ha impedido que Reverón sea alcalde con mayoría absoluta.

El caso Arona dura ya cuatro años. Se destapó tres meses antes de las elecciones municipales de 2007. A finales de 2006, el Partido Socialista de Canarias (PSC) puso en conocimiento de la fiscalía los expedientes relativos a la concesión de unas 200 licencias de obras permitidas a pesar de los informes desfavorables por parte de los servicios jurídicos y de la secretaría, además de unas 80 contrataciones de obras públicas también, al parecer, con el informe contrario de Intervención. En la localidad al sur de la isla de Tenerife ya regía el mismo equipo de Gobierno.


* El País - PEDRO MURILLO - Santa Cruz de Tenerife - 28/07/2011
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es

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Los indignados denuncian a las agencias de calificación

PÚBLICO* : En pleno verano, bajo el sol abrasador del mediodía, más de 150 indignados se han concentrado en las inmediaciones del Banco de España para realizar un recorrido por las diferentes sedes de las agencias de calificación de riesgo que se encuentran en Madrid.
A las 12:00 se iniciaba la marcha tras haber entregado en el Banco de España un manifiesto en el que reivindican su postura acerca de la deuda contraída por los Estados. Los indignados consideran que la situación crítica de las arcas públicas ha sido provocada por la temeridad premeditada de las agencias de calificación, mucho más benevolentes con las calificaciones que otorgan a los grandes bancos, y la permisión de las grandes entidades europeas.
Aprovechando que la institución, por ser pública, tiene la obligación de admitir a trámite los documentos de los ciudadanos, han registrado y sellado una copia del manifiesto, que más tarde leerían en cada una de sus paradas reivindicativas, para que llegase a manos del director de la entidad, Miguel Ángel Fernández Ordoñez.

Según el itinerario previsto, los indignados se han colocado a las puertas de Fitch, Standard&Poors y Moody's para denunciar la responsabilidad de estas agencias de rating en lo que consideran un "endeudamiento orquestado" de los Estados. Unas agencias contra las que el pasado mes de febrero varias organizaciones presentaron una querella criminal ante la Audiencia Nacional que ha sido recientemente intervenida por la Fiscalía Anticorrupción, al no considerar que haya indicios suficientes para la tramitación de la demanda.

Y ha habido espacio para la espontaneidad. A su paso por las sedes de Barclays y la Comisión Europea, los indignados se han detenido para leer también allí su manifiesto. Además, continuando con la iniciativa que ayer llevaron a cabo un grupo de indignados, que decidieron aparcar su vestimenta habitual para pasar desapercibidos como activistas e introducirse en el Congreso, varios de ellos se han 'puesto guapos' para la lectura del texto.

También ha estado allí el profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Álvarez, que ya había ofrecido una conferencia en el I Foro Social del Movimiento, celebrado el pasado lunes en el Parque del Retiro. A él se le ha pasado el megáfono a su llegada a la agencia S&P para que leyese el manifiesto.

El momento artístico de la jornada se ha producido justo después, cuando han realizado una pequeña performance. Tumbados en el suelo, las decenas de indignados se han dejado arrollar por un euro gigante de poliespan, en lo que pretendía ser un acto simbólico.

Los miembros del movimiento, escoltados por la policía durante el recorrido, han comunicado a Público.es que su relación con ellos ha sido cordial en todo momento y que incluso han reivindicado sus derechos, que "pueden verse perjudicados por los recortes públicos que augura el Pacto del Euro", ha afirmado un portavoz de la comisión madrileña de economía.


* Público - THAÏS MUÑOZ Madrid 28/07/2011
Foto: Madrid, indignados manos arriba - elpais

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Aguirre considera improbable "levantar" la M-501

ELPAÍS/Madrid* : La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado esta mañana "bastante improbable" que su Gobierno "mande las maquinas a levantar la carretera" M-501, a pesar de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a deshacer las obras realizadas y a dejar la carretera como estaba por considerar la zona de protección ambiental. Aguirre, que ha hecho estas declaraciones tras el Consejo de Gobierno regional, ha explicado que procederá del modo que dicten los servicios jurídicos de la región.
El TSJM ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia de este mismo órgano judicial dictada en 2008 y que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la llamada carretera de los pantanos e insta a que los terrenos se restituyan a su estado inicial, según informó ayer Ecologistas en Acción. Es más, le da 15 días para hacerlo.

Los servicios jurídicos de la Comunidad analizan desde ayer el auto del TSJM y, según informa un portavoz de la Consejería de Transportes, presentarán alegaciones para "garantizar" la defensa de los intereses de los madrileños en cuanto a seguridad vial y conservación del medio ambiente. La comunicación del TSJM se produce después de que el pasado 12 de junio venciera el plazo legal concedido para que la Comunidad cumpliera "de forma voluntaria" con la sentencia.

El proyecto regional fue declarado también ilegal hace cinco meses por el Tribunal Supremo, por incumplir los trámites administrativos, informa Jesús Sérvulo González. La ampliación de la carretera de los pantanos, M-501, acumula un largo historial de procesos judiciales. Fue un proyecto personal de la presidenta. En 2005 defendió el desdoblamiento entre Quijorna y Navas del Rey debido al "interés general, por razones imperiosas de seguridad vial".

La presidenta obvió los informes en contra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -suscrito en 2006 por más de 150 científicos-. Aguirre emprendió las obras en medio de una zona de alta protección ambiental, el parque regional del río Guadarrama. Y desoyó las recomendaciones de los expertos que proponían medidas para reducir los accidentes menos agresivos para el entorno.

Enseguida las asociaciones ecologistas comenzaron la batalla para frenar el proyecto. En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la organización ecologista y ordenó la paralización de las obras, que costó unos 100 millones. La sentencia ordenaba "reiniciar el proceso administrativo y, en su caso, restituir a su estado anterior la zona afectada".

La Comunidad de Madrid se resistió a cumplir la sentencia y buscó todos los resquicios jurídicos para justificar su decisión. Recurrió la decisión del tribunal. Elaboró una declaración de impacto ambiental sobre el proyecto. Este documento obligatorio, que el Gobierno regional evitó entregar hasta el final, recoge las afecciones ambientales en la zona y sus posibles soluciones. Mientras tanto, la Consejería de Transportes terminó la obra de desdoblamiento de la veintena de kilómetros e inauguró el tramo por todo lo alto.

Al ver que la Comunidad de Madrid eludía el cumplimiento de la sentencia del TSJM, Ecologistas en Acción reclamó ante los tribunales su ejecución y así lo han hecho. Desde Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto señala que la orden del TSJM "deja en evidencia la falsedad de los responsables regionales que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia". .


* El País - 28.07.11
Foto: Un tramo desdoblado de la M-501, conocida como carretera de los pantanos.- elpais

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"Manos arriba, esto es un atasco"

PÚBLICO/Sevilla* : El centro de Sevilla volvió a erigirse ayer como punto de reunión para los indignados de la capital hispalense. Más de 400 personas se reunieron ayer frente al Ayuntamiento de Sevilla para protestar contra la derogación del denominado Plan Centro, que imponía desde finales del pasado 2010 un acceso restringido al casco antiguo hispalense para los vehículos privados, con lo que se descongestionaba el centro. El Gobierno municipal, liderado por el conservador Juan Ignacio Zoido, optó por levantar la medida de forma unilateral y a tan solo tres días del pleno del Ayuntamiento.
Zoido cumplía así una promesa electoral que abanderó durante la última campaña electoral, pero se ganaba la enemistad de los ciudadanos que reprobaban su medida respaldados por miembros del Movimiento 15-M, Ecologistas en Acción y diversas asociaciones de vecinos.
Moisés Olmedo, coordinador local de Greenpeace pidió a Zoido "que al menos escuche a los vecinos, debata con la oposición y lo lleve a pleno" antes de que "aumente la contaminación acústica y atmosférica del casco histórico de Sevilla".

Adriana Espinosa, vecina del centro, desmentía que la derogación favoreciera a los comerciantes del distrito: "cuando empiecen los atascos, los pequeños comercios van a ver como la gente se va a las grandes superficies a comprar porque es más cómodo". Según sostuvo Espinosa, gracias a "esta medida revanchista contra el PSOE", volverán los atascos al centro.

Durante la protesta, los manifestantes, al grito de "manos arriba, esto es un atasco", realizaron una performance a modo de cuento en la que usaron tres coches y un autobús de cartón para recordar que "el centro de la ciudad se hizo antes que los vehículos y sus calles angostas no están hechas para que circulen los coches".

Imposición por "decretazo"
Unas horas antes de la manifestación, Francisco Pérez, portavoz del grupo conservador en el Ayuntamiento de Sevilla, tildaba en rueda de prensa al Plan Centro de "fraude con irregularidades desde el principio". Pérez se defendió de las acusaciones del PSOE que inculpaba a su partido de haber aplicado la derogación mediante un "decretazo". "El Ayuntamiento emite resoluciones de alcaldías y eso es lo que hemos hecho, no se podía derogar de otra manera", sostuvo el portavoz del PP, quien reconoció que durante el pleno que se celebra el próximo viernes se tratará el asunto, aunque no avalarán un plan que, según sostuvo está "preñado de irregularidades".

Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, defendió la permanencia del plan por sus efectos beneficiosos a "la salud, el medioambiente y para la conservación del patrimonio artístico". "Le pedimos al Gobierno que nos sentemos a dialogar en septiembre para abordar las posibles modificaciones en una mesa de trabajo".

La forma en que el PP ha finalizado con la medida tampoco ha sentado bien entre los sevillanos. Ricardo Marqués, presidente de A Contramano, criticaba la medida de Zoido "en forma y contenido". "El alcalde ha tomado esta decisión sin argumentos, sin alternativas sobre la mesa y sin dialogo", concluyó Marqués.


* Público - FRAN GRIMALDI SEVILLA 28/07/2011
Foto: manifestantes ante el ayuntamiento de Sevilla para protestar contra el decreto que deroga el denominado Plan Centro. EFE

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