Greenpeace denuncia que los puertos son la mayor amenaza del litoral español

ELPAÍS* : Más de doscientos kilómetros, el equivalente a la distancia que existe entre Valencia y Mallorca. Eso es lo que ocupan los puertos del Estado en el litoral español, una superficie nada desdeñable si se comparan los 20 kilómetros de la dársena de Vigo con los 2,3 que tiene el complejo Marina d'Or, símbolo de la desnaturalización del litoral. Sin embargo la infraestructura portuaria sigue creciendo y casi el total de los muelles (20 de 28) está ejecutando o tiene planificados proyectos de ampliación, 14 de los cuales implican ganar terreno al mar, en contra de la política de racionalización de infraestructuras que propugna el ministerio de Fomento. La organización ecologista Greenpeace ha realizado un análisis de la situación de estas instalaciones en su informe anual Destrucción a toda costa y ha concluido que el exceso de proyectos portuarios está generando una burbuja infraestructural que da el relevo a la especulación inmobiliaria. "Muchos están tan próximos que compiten entre sí para acaparar el comercio marítimo, lo que terminará por gestar puertos fantasma que no tendrán barcos en el futuro", señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de la ONG.

El documento revela que solo cuatro autoridades portuarias -Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao- concentran más del 70% del tráfico de mercancías. Esto contradice la alerta de autoridades portuarias que lleva anunciando desde 2004 el colapso de estas instalaciones, tal y como señala Marcos.

El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros. Sin embargo, de este porcentaje solo un 38% se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, según la información que maneja Greenpeace. Sólo en el año 2010 Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias a pesar de que en 2009 el transporte marítimo internacional bajó un 4,5%, situándose en un nivel inferior al de 2007. También la Unión Europea financia muchos de estos proyectos, concretamente entre los años 2007 y 2013 va a otorgar a los Puertos del Estado una cantidad superior a los 800 millones de euros. "Los Fondos Europeos no deben continuar financiando la destrucción ambiental, sino integrar políticas transversales de medio ambiente con las de desarrollo de infraestructuras", defiende Pilar Marcos. "No sólo la generosidad europea ha contribuido a la financiación de los proyectos, también la especulación ideada por ayuntamientos y puertos ha contribuido en gran manera a financiar puertos y a destruir el litoral", ha añadido. Puertos del Estado se defiende de esta acusación y remite al ministerio de Fomento que mantiene que todos los proyectos de ampliación respetan la normativa vigente.

Intereses políticos y especulación del suelo

La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace ha denunciado que los puertos del Estado están regidos por lo que denomina "puertas giratorias". "El nombramiento del director de la Autoridad Portuaria es político y lo realiza el Gobierno de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Estas cabezas visibles cambian con las elecciones y carecen de un conocimiento profundo de la logística y el tráfico marítimo", recuerda Marcos. Como ejemplo de la falta de independencia política, la ONG destaca el caso de Corina Porro (PP), alcaldesa de Vigo entre 2003 y 2007, que después fue presidenta de la Autoridad Portuaria para pasar después a la cabeza de lista del Partido Popular de Vigo en los comicios de 2011. Citan también a Miguel Buen, diputado por el PSOE en el Parlamento vasco entre 2004 y 2007, y presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia desde 2009 a 2011, cuando dejó la presidencia para presentarse a las elecciones para Diputado General por Guipuzkoa mientras un pacto entre PSOE y PNV insta a la ampliación del puerto exterior de Pasaia.

"Es necesario un cambio de la actual política de hormigón en el litoral. Seguimos invirtiendo dinero público en infraestructuras nocivas que son pan para hoy y hambre para mañana. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca", ha declarado Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace. Gutiérrez sostiene que una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año y lo hace basándose en el informe de Valoración de los activos naturales de España, realizado por el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo.

La destrucción costera también afecta a las especies de la zona y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático. Por ese motivo, Greenpeace solicita un cambio de modelo en el que se apruebe la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa para armonizar todas las actividades en la franja costera (turismo y pesca), se ponga freno a los fondos europeos que financian infraestructuras de gran impacto ambiental, se apruebe una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos que evalúe el impacto de las dársenas y sus estructuras asociadas y que se apueste por una reforma fiscal verde para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra.

La situación de los puertos del Estado por Comunidades Autónomas
El informe destaca a Andalucía por la privatización de playas de uso público del Puerto de Almería, el dragado del Guadalquivir o los intentos por destruir el Parque natural del Estrecho en Algeciras. Greenpeace ha denunciado cómo los puertos han privatizado la primera línea de la costa y algunos municipios netamente marineros han perdido el acceso a la fachada marítima, como los puertos de Málaga, Algeciras y Alicante.

Cataluña es un caso a tener en cuenta por la constante expansión del puerto de Tarragona sobre espacios protegidos como Els Prats de Vila Seca y la privatización en Barcelona de suelo portuario para la construcción de hoteles de lujo como Port Vell.

La Comunidad Valenciana es el ejemplo más claro de "despilfarro y construcción desmedida". Greenpeace lamenta "los planes faraónicos" de su autoridad portuaria para ampliar el puerto, ocupando una superficie mayor que el de Hong Kong pese a que moverá "un volumen de contenedores diez veces menor".

En la Región de Murcia, el informe alerta sobre el impacto ambiental del muelle de Escombreras, que ha destruido 50 hectáreas de fondo marino, y se hace alusión al proyecto de macropuerto en El Gorguel con 1.500 millones de euros de presupuesto, promovido por la AP de Cartagena.

Pasaia es el puerto exterior más preocupante del País Vasco, ya que los planes de construcción incluyen la destrucción de varios espacios naturales protegidos como el monte Jaizkibel.

En Galicia se hace referencia al presupuestario para la construcción del puerto exterior de Langosteira en A Coruña, que ha pasado de un presupuesto inicial de 479 millones de euros a unos 1.000 millones; así como el relleno ilegal de hormigón ejecutado por la AP de Marín o la depredación sin parangón del AP de Vigo con 20 kilómetros de la ría ocupados por sus infraestructuras.

Por último, en las islas Baleares se menciona el impacto ambiental de la ampliación del puerto de Ibiza y las inviables medidas correctoras sobre la Posidonia oceanica que está siendo destruida con la obra; mientras que en Canarias, el puerto de Granadilla promovido por la AP de Santa Cruz de Tenerife, se considera "el mejor ejemplo de todo el país" de una infraestructura portuaria sin justificación ambiental ni económica.


* El País - AURORA MUÑOZ - Madrid - 20/07/2011
Foto: Pasaia (Guipuzcoa).- Durante las décadas de los sesenta y los setenta, fue un puerto bacaladero de gran importancia, con una flota de altura de 280 embarcaciones y miles de trabajadores. Greenpeace critica que hoy la flota pesquera ha disminuido drásticamente y que la ría es uno de los puntos de la costa vasca donde la contaminación es más grave debido a la proximidad de las áreas urbanas e industriales.- GREENPEACE / COLECCIÓN PRIVADA/ PEDRO ARMESTRE

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Valladolid.- El Constitucional congela la estación de Meseta Ski

PÚBLICO* : El Tribunal Constitucional le ha parado los pies a la Junta de Castilla y León en su intención de abrir una estación de esquí en Valladolid. En un auto publicado el martes, el alto tribunal confirma la suspensión de una ley aprobada en 2010 en el Parlamento regional gracias a la mayoría absoluta del PP y que daba vía libre a la estación Meseta Ski, una instalación edificada sobre un monte de Villavieja del Cerro (Valladolid) que se quemó en 1999. El proyecto, cuya construcción está casi terminada, había sido paralizado antes por vulnerar la Ley de Montes, que prohíbe edificar sobre terreno quemado durante 30 años.
El auto confirma "la prevalencia del bien jurídico ambiental, expresado en este caso en la regeneración de la masa forestal, sobre el desarrollo de determinadas actividades económicas". La decisión supone el cierre cautelar de la estación hasta que el tribunal dicte una sentencia definitiva. También prolonga un culebrón judicial que comenzó en 2006, cuando los ecologistas interpusieron las primeras denuncias contra el proyecto, promovido por la Diputación de Valladolid.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó el proyecto por vulnerar la Ley de Montes pero la ley aprobada por la Junta en 2010, presidida por Juan Vicente Herrrera y que también contó con el apoyo del PSOE, permitió reiniciarlo.

En marzo, fue el Abogado del Estado quien, en nombre del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, denunciaba la inconstitucionalidad de la norma, lo que obligó a congelar el proyecto cinco meses. El Constitucional amplía ahora esa congelación hasta que dicte sentencia, lo que puede llevar años, según Ecologistas en Acción, que celebró hoy la decisión. "La ley vaciaba de contenido la Ley de Montes y abría el camino para recalificar terreno quemado", explicó este lunes Miguel Ángel Ceballos, portavoz de la organización ecologista.


* Público - 20.07.11
Foto: Villavieja del Cerro (Valladolid), proyecto Meseta Ski - publico

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Citan como imputado al exconseller balear de Trabajo

QUÉ/Palma* : El titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, ha citado a Huguet a las diez de la mañana y, una hora después, ha pedido la comparecencia de un comercial de la empresa Sener, José Luis Cardona, han informado a Efe fuentes jurídicas. Estas citaciones responden a la operación policial Poseidón dirigida por la Fiscalía Anticorrupción el pasado junio, que deriva del caso Mar Blau de supuesta corrupción en torno a la adjudicación de varios concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.
En esta ramificación se investiga un concurso concedido supuestamente de forma irregular a la empresa Sener por parte de la Dirección General de Puertos del Govern balear cuando Huguet era el responsable de este departamento (desde 2003 hasta 2004, momento en que Matas le nombró conseller de Trabajo).

La operación Poseidón concluyó con la detención de tres personas: el exdirector de la Autoridad Portuaria Ángel Matías, defendido por José Zaforteza; el ingeniero Justo Aguado, representado por Carlos Barceló, y el comercial de Sener José Luis Cardona.

Antes que director de Puertos, Huguet fue conseller de Obras Públicas, Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en el Consell de Menorca durante el mandato 1991-95 que presidió Joan Huguet y, en 1997, durante la primera legislatura de Jaume Matas, fue nombrado director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Govern.

Con la imputación de Huguet, son ya seis (de trece) los consellers del Govern presidido por Matas durante la legislatura 2003-2007 encausados en diferentes casos de supuesta corrupción.


* Qué - Efe - 19.07.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com

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El juzgado ejecuta el desahucio de Maria Jose gracias a la ocupación policial del barrio de Pueblo Nuevo

AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : Ejemplar respuesta de la ciudadanía, que en una manifestación espontánea marcha hasta la junta de distrito de Ciudad Lineal.
Esta noche, María José del Coto y sus dos hijos no podrán regresar a la casa en la que habitaban desde hace 25 años para pasar la noche. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, que va a recibir 2.800 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha conseguido esta mañana su objetivo de hacerse con la vivienda de esta familia humilde. No lo ha tenido fácil. Tras un primer intento de desahucio que fue frenado por 200 personas el pasado 6 de julio, hoy ha tomado posesión de la casa gracias a un operativo policial digno de final de la Champions. Al menos 12 furgonetas de la brigada antidisturbios de la Policía Nacional y una dotación de los nuevos antidisturbios de la Policía Local han impedido a los centenares de solidarios que han tratado de acercarse al nº140 de la calle Virgen del Lluc bloquear a la comitiva judicial encargada de ejecutar el desalojo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid condena este abrumador despliegue policial y resalta que se persiga, reprima y hostigue a las personas más vulnerables, mientras los “ladrones de guante blanco” que originaron la actual crisis, entre los que se encuentran numeroso bancos, no sólo campan a sus anchas sino que reciben ayudas públicas millonarias.

De la misma forma, muestra su repulsa por la actitud de la jueza titular del Juzgado de Primera Instancianúmero 31 de Madrid, que ha usado un procedimiento de urgencia para dictar una segunda orden de desahucio y expulsar a María José y sus dos hijos de su única vivienda. En un hecho sin precedentes, la jueza había solicitado “todos los medios necesarios” para llevarlo a cabo.

De esta manera, a las 8h, media hora antes de la acción convocada por la PAH y las asambleas del 15-M de Ciudad Lineal para paralizar el desahucio de esta familia de Pueblo Nuevo, más de 10 furgonetas de antidisturbios han irrumpido ante el domicilio de María José. Decenas de agentes se han lanzado nada más llegar a por las diez personas que en ese momento se encontraban ante el portal, que han resistido abrazadas y en el suelo unos minutos su traslado. Mientras tres solidarios encadenados acompañaban a María José dentro de su vivienda, unas 400 personas se concentraban en tres puntos de acceso a la calle de la vivienda, ante un imponente cordón policial, un operativo que sólo ha generado temor entre los vecinos del barrio. Esta vez, los secretarios judiciales cumplieron su poco digna tarea de echar a una familia sin recursos a calle. Tras el desahucio, María José, además de agradecer a los manifestantes su solidaridad, resumió su situación y la que hoy en día viven miles de familias en España: “No soy una morosa, soy pobre”.

Tras el desahucio, los concentrados se han dirigido hasta la sucursal que le concedió el crédito hipotecario, en la calle José del Hierro, y, después de dejarla llena de pegatinas con la rúbrica “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa” se han trasladado hasta la Junta Municipal de Distrito. Para ello, en una improvisada y ruidosa manifestación, cortaron dos de los carriles de las calles Arturo Soria y Hermanos García Noblejas. En la sede municipal, 132 personas registraron una petición para que el Ayuntamiento de Madrid, como institución más cercana a la familia desahuciada, encuentre una solución habitacional para ésta.

La PAH, que trabaja mano a mano con las asambleas del 15 M en este tipo de acciones, quiere resaltar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que con su desobediencia pacífica ha logrado de nuevo visibilizar la enorme injusticia que supone dejar a una familia en la calle mientras los bancos llenan sus arcas con dinero de todos y todas. Tal y como indicó uno de sus portavoces tras el desahucio, “esto no es una derrota. Cientos de personas se han manifestado contra esta injusticia. Y así seguiremos. Tratando de parar desahucio tras desahucio, exigiendo que se respete uno de los derechos humanos básicos, el de no ser despojado de la vivienda sin alternativa habitacional”.

Por ello, aunque no la organiza, la PAH invita a la ciudadanía a la acción que la Asamblea de Carabanchel del 15-M organiza para el próximo viernes 22 para bloquear el desahucio de una inquilina del IVIMA.


* Afectados por la Hipoteca - 20.07.11
Foto: protesta Plataforma afectados en Madrid - afectadosporlahipoteca


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Pacto con penas mínimas y sin prisión para la exconcejal de Obras de Chipiona

DIARIODECÁDIZ* : La Audiencia Provincial de Cádiz escenificó ayer un episodio más de tolerancia y permisividad con las construcción ilegal de viviendas. Margarita Lorenzo, exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Chipiona llegó al Palacio de Justicia para enfrentarse a una petición fiscal de cuatro años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Estaba acusada de prevaricación y falsedad documental por haber facilitado agua y luz a más de cien viviendas enclavadas en suelo no urbanizable. Poco después, Lorenzo salió de la Audiencia con una condena mínima. Los mismos delitos pero nada de prisión sino 15 meses de suspensión de empleo o para cualquier cargo de elección. También inhabilitación pero sólo para trabajar o ejercer un cargo relacionado con el área de Urbanismo.
Antonio Blanco, encargado de Obras y Servicios Municipales, acusado también de los mismos delitos y con las mismas penas en la petición fiscal, logró una condena como la de la exedil.

Los abogados defensores de ambos pactaron con la fiscal y obtuvieron así una sentencia de conformidad que no pasará desapercibida para otros imputados por hechos similares ocurridos en otro municipios que están pendientes de procesamiento y de juicio.

La Sección Cuarta redactará ahora la resolución pactada entre la Fiscalía y las defensas de los dos procesados. Si no hay algún cambio no comentado ayer, recogerá como hechos probados los que relata la calificación provisional de la Fiscalía. Esto es, que la entonces concejal delegada de Obras y Servicios y el encargado de ese área municipal hicieron exactamente lo contrario de lo que dispone la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: en lugar de impedir que les fuese facilitada agua potable y energía eléctrica a los propietarios de viviendas construidas ilegalmente, elaboraron resoluciones e informes destinados a que el agua y la luz llegase a esas casas.

Las resoluciones se dictaban sin tramitar ningún expediente, sin contar con informe jurídico que avalase esa actuación y en la mayoría de los casos contaban con un informe tipo que invariablemente y de forma estereotipada aludía a una supuesta escasez de recursos económicos e ingresos de los solicitantes, a una supuesta situación social difícil, a supuestas situaciones de insalubridad higiénico sanitarias para el caso de no concederse la luz y el agua y a un supuesto nuevo desarrollo urbanístico de la zona que en todos los casos estaba "en vías de solución".

Las autorizaciones eran realizadas para burlar lo dispuesto en el artículo número 175 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece la obligación de que las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y servicios de telecomunicaciones exijan, para la contratación provisional de los respectivos servicios, la acreditación de licencia de obras y, para la contratación definitiva, la licencia de ocupación o de primera utilización.

Pese a que las autorizaciones eran concedidas en ocasiones para parcelas en las que no había construcción alguna o para cuartos de aperos, señala el escrito de acusación de la Fiscalía, el informe del encargado de Obras y Servicios Municipales mencionaba siempre la existencia de una "vivienda en zona consolidada urbanísticamente de hecho".


* Diario de Cádiz - 19.07.11
Foto: Chipiona (Cádiz) - uca.es

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Hipotecados, desahuciados y precarizados

ENRIC LLOPIS* : Terminó el festín inmobiliario y llegó la resaca. No queda rastro de la época –entre 2003 y 2005, el periodo central de la burbuja- en que el estado español construía más viviendas que Reino Unido, Francia y Alemania juntos. La banca y las grandes constructoras alimentaron un modelo, con la ayuda de los gobiernos de todo signo y administración, que al reventar a finales de 2008 ha dejado tasas de paro superiores al 20% y medio millón de hogares que según Cáritas han agotado todos los sistemas de ayuda.
Un paradigma fundamentado en el consumo a crédito y que aspira a convertir al ciudadano en propietario de una vivienda, por encima de otras fórmulas como el alquiler, contiene en potencia una dramática secuela: los desahucios. Y es lo que ha ocurrido al pinchar la burbuja inmobiliaria. Desde 2007 al primer trimestre de 2011 se han iniciado unas 300.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, cerca de un millón de personas han perdido la vivienda al no poder afrontar el pago de la hipoteca. En el primer trimestre de 2011 se han producido 15.600 desahucios, el triple que en el mismo periodo que el año anterior (una media de 175 desahucios diarios).
Las cifras en frío no debieran esconder el drama humano que subyace a cada caso. Para hacer frente a esta “vulneración de los derechos fundamentales” y apoyar “a las familias que se quedan en la calle o se les condena a una deuda perpetua”, nació hace dos años en Barcelona la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), una organización que –al calor de la recesión y los embargos- crece exponencialmente (a fecha de hoy trabajan 25 plataformas en todo el estado). Además, sindicatos, partidos de izquierda, más de 100 ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, organizaciones vecinales y de consumidores, colectivos de jueces y colegios de abogados, ONG, el movimiento 15-M y Democracia Real-Ya han defendido públicamente los postulados de la plataforma.

¿Cuáles son estos planteamientos? El más inmediato y consabido, la dación en pago; esto significa la cancelación de la deuda hipotecaria, dada la imposibilidad de asumirla, con la entrega de la vivienda al banco; No es ninguna novedad pues ya se aplica en algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos. La propuesta tiene un matiz: se aplicaría sólo en los casos de residencia habitual y deudores de buena fe. “Se trata de un objetivo de mínimos que con el tiempo se ha convertido en un clamor popular”, afirma Rosana Montalbán, portavoz de la PAH en Valencia. En los casos de las personas ya desahuciadas se debiera, según esta organización, poner en práctica la dación en pago con carácter retroactivo.

Pero una idea tan elemental como la dación en pago se ha topado con la oposición radical de la banca, que incluso ha filtrado informes interesados sobre la supuesta hecatombe que implicaría esta medida. ¿Tiene fundamento este alarmismo? Estudios de la Plataforma señalan que si se aplicara la dación en pago, el sistema financiero tendría que asumir pérdidas que oscilan entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros, cuando los beneficios de los cinco grandes de la banca española en 2010 rondan esta última cifra. Por tanto, “el problema no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar adjudicándose unas viviendas a precios de saldo, en lo que constituye un claro ejemplo de acumulación por desposesión”, explica Montalbán.

Además, hay argumentos más que sobrados para achacar a los bancos gran parte de la responsabilidad en la actual crisis, pues tasaron las viviendas por valores claramente inflados, concedieron muchas veces las hipotecas por un importe superior en un 80% al valor de tasación, a plazos que podían alcanzar los 50 años, y, para rematar, aplicaron cláusulas abusivas. La portavoz de la plataforma de afectados se lamenta de la impunidad de las entidades financieras: “Parece que estamos obligados a sufragar la negligencia e irresponsabilidad de una banca que además de generar la crisis, expulsa de sus viviendas a centenares de miles de familias”.

Otros interrogantes quedan por despejar en la actuación de la banca. ¿Por qué se ejecutan las hipotecas de familias con pocos recursos y no a las empresas del ladrillo? Más aún cuando constructoras y promotoras concentran el 73% del crédito moroso de los bancos (80.000 millones de euros), mientras que el de las familias no pasa del 27% (30.000 millones). Y, según la PAH, el valor de los activos recogidos en el balance de los bancos como garantía de los préstamos suma 48.000 millones de euros en el caso de las grandes constructoras, el doble que los de las familias. Argumentos y alternativas no faltan pero la banca se ceba con los más vulnerables.

El otro bastión contra la dación en pago lo configuran los partidos políticos mayoritarios –PSOE y PP- que, con el apoyo de CIU, han bloqueado de manera sistemática en el Congreso su aprobación. “Por si hubiera pocas pruebas –explica Yolanda Prats, otra de las portavoces de la Plataforma- este rechazo ahonda en la crisis de representatividad de la que adolece la democracia española”. El gobierno de Zapatero, más débil que nunca y en pleno frenesí desregulatorio, sólo se ha atrevido a arbitrar dos medidas que Prats califica de “insuficientes” y “cobardes”: ascender el límite inembargable de 641 a 961 euros y aumentar del 50 al 60% el porcentaje por el que el banco puede adquirir la vivienda embargada que no sale a subasta.

Si la dación en pago es la idea que suscitado la mayor parte de los debates y la atención mediática, ciertamente no es la única. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas exige asimismo una moratoria inmediata de los desahucios por motivos económicos; el alquiler de las viviendas embargadas a las familias por una renta nunca superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar; la expropiación por parte del estado de las viviendas ejecutadas con el fin de realojar a las familias; y la creación de un parque público de viviendas de alquiler social. Además, se plantea una Auditoría social que aclare dónde han ido a parar los beneficios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Hasta aquí la parte propositiva. La otra vía, práctica y sobre el terreno, consiste en poner freno a los desahucios con métodos de desobediencia cívica en la misma puerta de los domicilios. De esta manera se han impedido unos 65 desalojos de personas o familias, casi siempre con muy pocos recursos, desbordadas por las obligaciones de la hipoteca. El Movimiento del 15-M y la PAH lograron paralizar el pasado mes de junio en su casa de Parla el desalojo de Luis, un pensionista de 74 años que vivía solo, sin familiares en España y con un grado de minusvalía del 65% que le dejo discapacitado hace dos años para continuar trabajando. Luis acumuló una deuda de 250.000 euros con el banco y llevaba dos años sin poder afrontar el pago de la hipoteca.

También fue sonado el caso de Luis Martí, vecino de La Bisbal del Penedés (Tarragona), al que se forzó a abandonar la casa en la que residía con su hijo al no poder abonar una deuda de 48.000 euros con el banco, y no conseguir una refinanciación. Tenía previsto irse a vivir a una caravana, cuando una veintena de vecinos logró la moratoria del desalojo. Pero la crisis y la voracidad bancaria no dan tregua y las amenazas surgen por doquier. Por ejemplo, sobre Fernando (en paro desde hace año y medio) y Elizabeth, dos colombianos residentes en el barrio marinero de El Cabanyal (Valencia), con 4 hijos menores, y cuya vivienda se subastará en septiembre. La sucursal del BBVA en la que firmaron la hipoteca se ha negado ya en dos ocasiones a concederle la dación en pago.

Y suma y sigue. En un país donde la Constitución reconoce, en su artículo 47, el Derecho a la Vivienda y existen, según el Ministerio de Fomento, unas 700.000 viviendas nuevas sin vender, este bien de primera necesidad se ha convertido en un lujo. Conquistar el sentido común es la primera de la batallas.

* Rebelión - Opinión - 20.07.11

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