Indignados 15-M - El Roto




* El País - Viñeta el Roto - junio 2011

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Las detenciones de pirómanos se quedan en papel mojado

LAOPINIÓN/Murcia* : Ninguno de los 22 detenidos o imputados por su vinculación con alguno de los 57 incendios declarados el pasado año en la Región acabó condenado. Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo 2010, en la que se describe y detalla el funcionamiento de dicha Fiscalía así como los aspectos más destacados de sus diferentes secciones en todas las Fiscalías de España.
En el conjunto del país, fueron 302 las personas detenidas o imputadas por su vinculación con alguno de los 11.465 incendios forestales que se declararon en España en 2010, una cifra menor (en 374) que la registrada en 2009.
En 2010 las fiscalías de medio ambiente de toda España incoaron por incendios forestales 1.780 procedimientos judiciales, lo que supone un 18% menos a igual periodo de 2009. Según la Memoria de la Fiscalía, un 68% de los incendios fueron originados por negligencia o imprudencia. La mayoría de ellos se debieron a la quema de restos de residuos forestales, agrícolas y generación de pastos (62,21%).

Los fumadores, vehículos y trabajos forestales suman la segunda causa que más siniestros origina (18,02%); el empleo de máquinas de corte en el medio forestal así como otras circunstancias suman un 15,70%, y el mantenimiento de líneas eléctricas, un 4,07%. En cuanto a los siniestros de origen intencionado, en 2010 se han mantenido los porcentajes (32%) respecto al año anterior (32,63%).

No obstante, la Memoria de la Fiscalía presta especial atención a los incendios provocados por pirómanos (45,66%) y a las venganzas (28,38%), por la dificultad a la hora de evitarlos, informa Efe.

Este informe se da a conocer en la época de riesgo más elevado de incendios forestales en la Región, que es la comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Para afrontar esta temporada ‘incendiaria, ya se ha puesto en marcha el dispositivo del Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región, para el que se cuenta con el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y las brigadas forestales de defensa contraincendios, de intervención rápida, helitransportadas, y de pronto auxilio, además de los voluntarios de Protección Civil.


* La Opinión Murcia - 4.07.11
Foto: La Región sufrió en 2010 un total de 57 incendios forestales, como este en el paraje de Calblanque.- laopinion

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Chiclana.- Las casas ilegales, otra vez en el limbo

LAVOZ/Cádiz* : Mejor no pensar las cosas en caliente. Por lo menos ayuda el jarro de agua fría que aunque esperado ha sido un duro golpe para el urbanismo de la ciudad y especialmente para las 15.000 casas que se encuentran en el proceso de regularización. El fallo del Tribunal Supremo por el que se declara nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, deja en el limbo de nuevo a todas esas casas puesto que lo más probable es que se derogue la ordenanza que precisamente rige el proceso de regularización de las viviendas.
Un grave problema cuya solución tendrá que volver que llegar tras remar contra viento y marea. Al menos los propietarios ya son conscientes de ello e incluso el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) que precisamente aglutina a los vecinos que tienen este problema. De hecho, desde la formación ya se apunta cuál será uno de los principales problemas que puede acarrear la decisión del Supremo, el aumento en el precio de la regularización de las propiedades. Un aumento que vendrá acompañado de un retraso en los plazos dados para que el proceso se lleve a cabo, o mejor dicho el retraso que se producirá a consecuencia de la sentencia encarecerá los precios acordados de la regularización. «Lógicamente se anula todo lo que dependía de este plan y entre ello se encuentra las ordenanzas por la que se rige el proceso de regularización. Somos conscientes que esto va a significar un retraso y posiblemente a encarecer las acometidas que necesitan muchas zonas de servicios mínimos como el agua, el alcantarillado o la luz», expuso Miguel Pérez Sastre, uno de los responsables de la formación.

Lo que desde el partido también se quiere dejar claro es que tampoco es necesaria una paralización del proceso de regularización ya que considera que las normas subsidiarias, por las que a partir de ahora volverá a regirse la ciudad, dejan margen para que se pueda hacer al menos una reestructuración concreta de las zonas sobre todo de aquellas como es el caso de la Rana Verde. «Lo que está claro que a partir de ahora hay que hablar de núcleos de población de forma separada para tratar su regularización y que se puede llevar a cabo por el margen que dejan las normas subsidiarias. Hay que estudiar caso por caso y buscar soluciones, pues lo que no se puede esperar es que todo se quede en un limbo mientras no se hace el nuevo PGOU».
Sobre todo si se tiene en cuenta que el nuevo documento no estará listo al menos hasta el año 2013, demasiado tiempo para no conseguir ningún avance en un proceso del que dependen unas 15.000 familias en Chiclana. Por eso desde el PRVE se propone analizar de forma fría lo sucedido y en vez de dar un mensaje tremendista ponerse manos a la obra en buscar soluciones que permitan que se sigan dando pasos adelante.
Y es que otra cosa que se tiene clara desde el partido es que tampoco se puede acelerar la creación de un nuevo PGOU que herede los fallos del anterior por la premura. Sino que ahora es tiempo de analizar y existe la posibilidad de crear un documento consensuado que recoja las necesidades de una ciudad como Chiclana. «Es cierto que la ciudad necesita un Plan General y que no puede vivir con unas normas subsidiarias que son una fotografía fija para el municipio, pero tampoco podemos hacer las coas a la ligera sin consideraciones y sin un debate, sobre todo porque cuando pase a exposición pública se puede encontrar con miles de documentos en contra y alegaciones. Lo mejor es que todos los partidos tengan voz en este proceso y se llegue a un acuerdo».
En definitiva, la sentencia del Supremo hace que prácticamente el camino de la regularización de viviendas vuelva a la casilla de salida desde donde deberá partir para tomar un nuevo rumbo si no quiere estar años paralizados. Al menos es la intención del nuevo partido creado precisamente para buscar soluciones a este conflicto que se prolonga en el tiempo y que ha recibido un nuevo varapalo.


* La Voz Digital - 2.07.11
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales Pago del Humo - diariodecadiz.es

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Calp.- Fenoll: "Ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego convertirlo en B"

ELPAÍS/Alicante* : Las grabaciones de la pieza del caso Brugal que indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll a concejales y técnicos de Calp por la contrata de la basura incluye una serie de conversaciones entre el empresario y el intermediario de la red, Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, que dejan constancia del supuesto cohecho materializado a través del pago de comisiones y el blanqueo de las cantidades abonadas.
-Ángel Fenoll. (...) Porque ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego hay que convertirlo, sabes, cómo hay que convertirlo, convertirlo en B, ¿entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo?
-Francisco Artacho. No, no, si entra en la empresa.
-A. F. ¡Ah!
-F. A. Pero estamos hablando que yo puedo ir, coger el dinero en el Ayuntamiento y meterlo en una empresa de la cuenta de Colsur [propiedad de Fenoll] (...)
-Á. F. Tenemos que sacarlo, tenemos que convertirlo en B (...).

Las cintas también revelan las discrepancias y, a veces discusiones, entre ambos sobre las cantidades ya pagadas y cómo entregar el resto.

Ángel Fenoll. Tú date cuenta que nosotros llevamos ya, ¿cuánto llevamos desde que llevamos dándote?

Francisco Artacho. Catorce, al Ayuntamiento catorce (...)

Á. F. ¿Catorce nada más? Catorce (...)

F. A. Más lo de los terrenos.

Á. F. No, los terrenos aparte. Eso...

F. A. Luego, a mí me llevas dado cuatro (...)

En otro pasaje Artacho y Fenoll discuten porque el primero le pide más dinero y el segundo no se fía de su intermediación con el Consistorio calpino.

Ángel Fenoll. No, no. Hasta que no empecemos a trabajar yo no puedo dar más dinero. Ni un duro. Si para hacer esto... Como tú eso no se lo vas a decir, que hemos hecho...

Francisco Artacho. Yo eso no se lo voy a decir y Ángel, el día que se enteren...

Á. F. Si se enteran será porque tú lo dices.

F. A. ¿Yo qué voy a decir?

Á. F. Hombre. Coño.

F. A. Pero a ver si se te escapa en alguna vez que te llamen y digas, oye yo ya tengo puesto y tanto a Paco, sabes...

Á. F. ¿El qué?

F. A. Que te llame mi cuñado [Juan Roselló, entonces concejal del PP de Calp], y eso y tú digas, oye que yo ya tengo tanto puesto, y tanto a Paco y tanto a lo otro (...)

Á. F. Pero, ¿eso les llega a ellos o no les llega?

F. A. Si se lo dices tú, si. Si no, no.

Á. F. Je... ¿Te lo quedas?

F. A. No... ¿Esto? Esto está claro que les llega. ¿No les va a llegar? (...)

Á. F. Yo sé que te lo doy a tí, pero yo...

F. A. ¿Tú crees que me los quedo yo? Si yo estoy más mal que la hostia.

Á. F. Ya, pero como me has dicho a ver si...

F. A. ¿Qué, qué? Ahora mismo en el Ayuntamiento tú tienes catorce.


* El País - S. N. / A. B. - Alicante - 02/07/2011
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es

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Murcia.- Los dos pisos de la exconsejera García

LAVERDAD* : La Policía sostiene que el promotor sospechoso de regalar el 70% de un piso a Marqués hizo también una rebaja del 43% a la extitular de Hacienda.
No es lo que cualquiera hubiera esperado de un buen amigo, pero las cosas son como son, y no como uno desearía. Fue Francisco Marqués, ex delegado del Gobierno en Murcia y exconsejero de Sanidad y de Medio Ambiente en distintas legislaturas, quien, en marzo de 2009, tras ser detenido por su presunta implicación en el caso de supuesta corrupción conocido como 'La Zerrichera', puso a los investigadores tras los pasos de su excompañera del Consejo de Gobierno y, al menos hasta ese instante, buena amiga: la consejera de Hacienda, Inmaculada García. Si fue un desliz o fue a conciencia, o quizás un desesperado intento de justificar lo que parecía poco justificable, sólo Marqués lo sabe. El asunto es que, 'motu propio', sin que nadie le preguntara, fue de su boca de donde surgió el nombre. «Reconozco que el precio (del apartamento que en 2004 había adquirido en la Hacienda del Hornillo, de Águilas) fue muy bueno gracias a la amistad con Inmaculada García, consejera de Hacienda, que es prima del vendedor, Sebastián (Fernández Rabal, notario lorquino y constructor)», explicó al juez instructor. Y añadió: «Ella misma adquirió dos apartamentos encima del mío». Dando a entender, de alguna forma, que Inmaculada García se había beneficiado de la misma rebaja (en torno al 70%) que el promotor le había hecho a él y que, según se sospecha, fue un regalo (un supuesto cohecho, en términos legales) a cambio de posibles favores desde el cargo público que Marqués ocupaba.

La mención le supo a cuerno quemado a la entonces titular de Economía y Hacienda, quien en ese instante le habría hecho las cruces a su colega y primer valedor ante Ramón Luis Valcárcel (Marqués fue quien la presentó al presidente regional). Además se apresuró a desmarcarse de su examigo. «Yo hice una reserva de dos apartamentos, al mismo precio que todo el mundo, y además renuncié a ellos y no escrituré», señaló García. Y dejó zanjado el asunto.
Para quien no quedó zanjado, sin embargo, fue para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Dinero (UDEF-BLA), quienes, después de detener al promotor y notario Fernández Rabal por supuesto cohecho a Marqués y de registrar su vivienda y oficinas, se encontraron con los documentos relativos a la reserva de dos apartamentos que había realizado Inmaculada García. Por supuesto, les echaron un vistazo.
Ahora, dos años después, con el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera', se hace evidente que el asunto no cayó en saco roto. Uno de los informes policiales sostiene que la ya exconsejera de Hacienda se benefició también de una sustancial rebaja en el precio de los pisos, y además vincula el hecho a la supuesta voluntad del vendedor de obtener algún posible trato de favor respecto de los muchos intereses que él tenía en el urbanismo regional.
El citado informe policial (nº 74.187 UDEF-BLA-G24-A) desvela que Inmaculada García y su esposo reservaron el 24 de abril de 2004 los pisos 1º C y 1ºD de Hacienda del Hornillo, al precio de 163.000 y 222.000 euros. Lo primero que llama la atención es que en septiembre de 2004, cuando formalizan los contratos privados de compra y entregan una señal de 12.000 euros, los pisos experimentan ya una sustancial rebaja en el precio: el 1ºC se queda en 143.750 euros, y el 1ºD, en 186.719 euros, lo cual les supone un ahorro de 54.531 euros sobre el precio inicial. La consejera y su esposo aprovecharon ese momento para encargar alguna mejora en los materiales del apartamento, por importe de unos 37.000 euros, según el citado informe.
Como, además, los agentes se incautaron en el registro de los contratos de compraventa de otros clientes de esa urbanización, pudieron comparar los precios a los que éstos habían comprado. Y según establecen en el informe, eran bastante más elevados. Así, ponen el ejemplo de una mujer, que adquirió un 2ºC al precio de 215.000 euros, y también el caso del propio promotor, Sebastián Fernández Rabal, quien se quedó un 2ºD por el que pagó a la sociedad 258.000 euros.
«Un simple cálculo aritmético -exponen los autores de informe policial- nos permite determinar la diferencia hallada entre las dos viviendas aludidas y las correspondientes a Inmaculada García, suponiendo que adicionadas conforman una brecha de 142.723 euros, que en porcentaje nos lleva a cifrar en un 43,2% el 'descuento' practicado».
Es a partir de ahí cuando los policías se preguntan qué podía haber llevado a Fernández Rabal a hacerle una aparente rebaja que ni él mismo se hizo, y concluyen que sería por su interés en obtener posibles favores de la consejera de Hacienda.
«No he sacado provecho»
Inmaculada García no ocultó su estupor cuando este periódico le telefoneó el viernes para preguntarle por estas consideraciones policiales. «Yo reservé esos apartamentos en 2004, cuando ni siquiera había empezado el movimiento de tierras, y lo hice al mismo precio que tenían para todo el mundo. Los precios a los que compraron otras personas no se pueden comparar, porque depende el momento en que los adquirieran. Hay que recordar que en los años del 'boom' inmobiliario, todo subió muchísimo».
La exconsejera explicó que los dos pisos que ella pensó adquirir han sido vendidos recientemente «y han pagado por ellos menos de lo que yo iba a pagar». Y añadió que el promotor aún no le ha devuelto los 12.000 euros que entregó como señal.
Insistió en que ella no se ha beneficiado de nada, «ya que no llegué a escriturar, porque renuncié a los dos apartamentos». El mismo argumento que dio en 2009, cuando Marqués fue detenido. Lo que no señaló entonces García es que, después de mantener el contrato vigente cinco años, renunció a los dos pisos el 20 de febrero de 2009. Apenas dos semanas antes de que Marqués fuera arrestado. Una decisión, la de no escriturar los pisos, por la que ahora, visto lo visto, se estará felicitando.


* La Verdad - 3.07.11
Foto: Aguilas - bahía del hornillo - greenpeace 2006

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La rebelión pacífica de las personas ahogadas por las hipotecas

ÓSCAR CHAVES y GLADYS MARTÍNEZ* : En las últimas semanas, los desahucios frustrados por la acción ciudadana han crecido en la misma proporción y con la misma velocidad con la que se extienden las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) por todo el Estado. Un proceso de empoderamiento de las familias que no se entiende sin el empuje solidario del Movimiento del 15 de mayo.
Julio César Rodríguez ronda los 50 años, aunque por su rostro sombrío bien podían ser diez más. Originario de Quito, en 2006 se dejó seducir por una financiera sin escrúpulos y, a pesar de su modesto sueldo de peón, invirtió los 35.000 euros de ahorros de toda su vida en un piso en Aluche (Madrid), al que accedió gracias al aval cruzado de dos compatriotas. Al principio todo fueron facilidades y los bancos le concedieron créditos sin problemas, pero pronto comenzaron a apretarle, endureciendo las condiciones de los pagos. Luego todo fue de mal en peor. Se quedó sin trabajo, después sin subsidio de desempleo y, tras lograr paralizar in extremis la primera subasta de su casa, acabó perdiéndola en mayo de 2010 al no poder conseguir los 4.100 euros de costas judiciales que le demandaba el juzgado. Desde entonces, no sólo carece de vivienda, sino que acumula una deuda de 325.000 euros entre intereses, escrituras y costas de juicios contra sus avalistas, que están obligados a pagar parte de su deuda. Con cuatro hijos y tres nietos, ante la posibilidad de que sea retenida una posible nómina, parece abocado para siempre a la economía sumergida. “Yo sólo quiero poder volver a empezar de cero, pero dónde voy con esta deuda”, se lamenta Rodríguez, antes de maldecir a unos bancos “que no sólo reciben millones de ayudas del Estado, sino todo el dinero de gente como nosotros”.

De gente como Anuar Kalil, que gracias a la movilización de 500 personas, que acudieron al llamamiento realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, a la que pertenece junto a Rodríguez, consiguió el pasado 15 de junio paralizar el desahucio de su vivienda, en el madrileño barrio de Tetuán. Era el primer desalojo bloqueado por la sección madrileña de este movimiento, cuyo llamamiento fue apoyado masivamente por las asambleas de barrios nacidas del 15M. “Hemos ganado la primera batalla, pero vendrán muchos más desahucios. Vamos tomando fuerza. Van sensibilizándose muchas personas que durante tiempo estuvieron encerradas, sufriendo solas en sus cuatro paredes, sin la oportunidad de salir. Como afectados que hemos sido arrojados a la calle sin ninguna esperanza, consideramos que aquí, en la lucha, está la vida”, aseguró ese día Aída Quinatoa, portavoz de la PAH de Madrid.

A esta pequeña victoria le han seguido varias en diversas localidades. Como en Valencia, donde una PAH recién presentada paraba un primer desahucio el día 17, siguiendo así la estela de resistencia que las más experimentadas plataformas de Cataluña y Murcia han dejado a lo largo de los meses, bloqueando las expulsiones de decenas de familias que iban a quedarse en la calle, sin casa y con una deuda de por vida. Familias como las 15.491 que han sido desahuciadas por los bancos en el primer trimestre de este año, o las 500.000 que en los últimos cuatro años han entrado en una situación de ejecución hipotecaria, quedando en un total desamparo.

La primera, en Barcelona

Y es para hacer frente a esta situación como fueron naciendo las Plataformas de Afectados por la Hipoteca.La primera de ellas nace en Barcelona hace dos años y medio, formada por personas que trabajaban “en el ámbito de los derechos a la vivienda de diferentes colectivos, como V de Vivienda y las Oficinas de Derechos Sociales”, que detectaron un número cada vez mayor de personas en proceso de ejecución hipotecaria, según explica Ernest Marco. Hoy, uno de sus logros es que “hemos demostrado que con la organización de las personas afectadas, más los vecinos y otras asociaciones, gracias a la presión ciudadana, es posible paralizar los desahucios”. Ahora ya son 11 plataformas en Cataluña –con una actividad frenética en las últimas semanas, gracias a la que han conseguido frenar cinco desahucios en una sola semana– y siguen creciendo.

Desde las PAH de Cataluña y de todo el Estado también trabajan a contrarreloj para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para regular la dación en pago, una petición básica que supondría que, como ocurre en numerosos países, con la entrega de la vivienda, el afectado salda su deuda con el banco. A ello se oponen PP y PSOE, pero los afectados siguen luchando por conseguirlo, amparados ya por una sentencia de un tribunal de Navarra que dictaminó la dación en pago de un piso y calificó la actitud del banco como “moralmente rechazable”. Amparados también por asociaciones de juristas y por Jueces para la Democracia, que califica de “manifiestamente injusta” la situación actual. Y por la opinión pública, ya que esta propuesta de las PAH ha logrado generar un intenso debate, “y yo creo que con la presión social conseguiremos que algún día se haga efectiva”, afirma Ernest.

De todas formas, aclara Quinatoa, la dación en pago es un paso importante, pero sólo un paso. “No podemos permitir que la gente, familias con niños, se queden en la calle. Hay que garantizar el derecho a una vivienda”, indica la portavoz de la PAH madrileña, en cuyo origen ha jugado un papel clave la Federación de Asociaciones Vecinales, Democracia Real Ya y los ecuatorianos de CONADEE, que ya llevaban tres años trabajando con hipotecados. Por ello, reclaman medidas como la conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en casas de alquiler social o que el pago de la cuota mensual hipotecaria nunca sea superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar, a un plazo máximo de 20 años.

En la misma longitud de onda se encuentran las demás plataformas. María Jesús Martín pertenece a una asociación de El Palmar (Murcia) que da clases de apoyo a los niños por las tardes. Ante la ausencia cada vez mayor de niños, que no regresaban a las clases, saltaron las alarmas: “Empezamos a preguntar y nos enteramos de que había muchas familias a las que estaban echando a la calle porque no podían pagar la hipoteca. Entonces salimos con una megafonía para convocar una reunión sobre las estafas de las hipotecas”. Fue así como nació la primera PAH de la región, que hoy cuenta con 300 familias afectadas. Hoy son ya ocho plataformas coordinadas. El trabajo se ha multiplicado en los últimos tiempos, y ahora están ayudando al nacimiento de nuevas PAH, no sólo en Murcia, sino también en localidades de Alicante, Valencia, Jaén y Granada. “Ya no llegamos a todo, porque nos llaman de muchos sitios y cada vez tenemos más afectados”, explica Martín.

Ahora, las PAH de Murcia tienen varios frentes abiertos: el primero, la negociación con los bancos, caso por caso, para obtener la dación en pago, un alquiler con derecho a compra o una refinanciación. Si esto falla, las 300 familias pasan a la acción y se trasladan a cualquier punto de la región para impedir que otra familia se quede en la calle, ahora muy arropadas, como destaca Martín, por el movimiento 15M, “que han estado con nosotros desde el principio”. Es así como han logrado parar 16 desahucios en tan solo seis meses.

Ante una situación cada vez más grave, en una región que lleva luchando meses contra los recortes sociales impulsados por el presidente Valcárcel, la plataforma de Murcia se ha visto obligada a multiplicar sus funciones, haciendo de intermediaria con los servicios sociales para intentar lograr ayudas a familias en situación dramática, y también “de psicólogos, porque llegan llorando, desesperados, algunos se quieren pegar un tiro”, dice Martín, que explica cómo directores de escuela se ponen en contacto con ellos porque “los chiquillos se están cayendo de hambre en las escuelas”.

“Primero se han quedado sin trabajo, luego han empezado a dejar de pagar la hipoteca, después el desahucio, y luego ya no tienen ni para comer”, añade. Llegados a este punto, la plataforma también está trabajando para lograr que se abran comedores sociales en todos los pueblos de Murcia “para que por lo menos pueda la gente ir a comer a algún sitio gratis hasta que esto se pueda arreglar”.

Las dificultades a las que se enfrentan las plataformas son grandes. Organizadas en asambleas de afectados y personas solidarias, ofrecen asesoramiento jurídico gratuito y apoyo a todos cuanto lo necesiten, y debido al aumento vertiginoso de afectados, la carga de trabajo no cesa de aumentar. En Valencia, donde los desahucios se han multiplicado por cuatro desde 2007, la recién nacida PAH se afana en organizarse y lograr nuevos apoyos, en formar una comisión jurídica con abogados solidarios y otra para prestar apoyo psicológico a los afectados con ayuda de profesores y estudiantes de la universidad, nos explica Ana Blanco.

Pero uno de sus mayores problemas es la falta de fondos: “Somos una asociación que no recibe ayuda pública, y esto es una limitación porque tenemos que buscar recursos debajo de las piedras”, dice Ernest desde Barcelona. Es lo mismo que le ocurre a Murcia, que se financia con chapas que venden a un euro. “Así sacamos para gasolina, para ir a pueblos a hacer nuevas plataformas y para hacer fotocopias que entregamos al Defensor del Pueblo”.

Mirando al futuro

De este modo se siguen organizando para denunciar una situación que consideran insostenible, y solicitan también la apertura de investigaciones judiciales contra los bancos por una posible “estafa sistemática” materializada en las “hipotecas basura” y en cláusulas hipotecarias abusivas.

Pero también denuncian la responsabilidad de la Administración, que “favoreció que las personas se hipotecaran porque no tiene un parque público de viviendas ni impulsó la vivienda pública de alquiler”, explica Ernest. Sólo así se puede dar la paradoja de que mientras miles de familias son echadas a la calle, haya un parque de un millón de viviendas sin vender.

Hoy por hoy, el número de plataformas de afectados por la hipoteca se multiplica por todo el Estado, al calor de los triunfos ya obtenidos y de un aumento de la conciencia y la movilización. Por ello, afirma Ernest, “nuestro reto en los próximos meses es intentar coordinarnos entre las distintas plataformas, coordinar las campañas y las acciones” para lograr todos los objetivos marcados.

ORGANIZACIÓN DESDE 2008

Todo comenzó con un blog. En el verano de 2008, cuando el Gobierno todavía defendía que la crisis era una tormenta pasajera, el periodista ecuatoriano Erick Játiva montó la página anticrisis. es, motivado por la cantidad de hogares, como el suyo, que tenían que afrontar el problema de las hipotecas de forma aislada. En sólo una semana el blog se llenó de testimonios y solicitudes de asesoramiento. Nació así Ahorcados por la Hipoteca, la primera plataforma creada en el Estado español para reunir a los hogares con hipotecas imposibles de pagar. La ONG Aesco, próxima a al Partido Socialista de Madrid, prestó asesoría jurídica a los ‘ahorcados’, y cumplió un equívoco papel de dirección en las masivas asambleas que vivió el colectivo en el verano y el otoño de 2008. La desorganización, el ataque de Esperanza Aguirre a la justicia gratuita y, sobre todo, el impacto del desempleo y los retornos (hoy los impulsores de Ahorcados viven en Ecuador) hicieron que la llama no terminara de prender.

EL 15M EXPANDE EL MOVIMIENTO

La eclosión y desarrollo del movimiento 15M de las últimas semanas ha tenido un efecto multiplicador en la movilización de las personas “ahogadas por la hipoteca”. Su apoyo directo ha permitido que algunos bloqueos de desahucios promovidos por diferentes PAH en los últimos días se convirtieran en acciones de denuncia multitudinarias, y numerosas acampadas han activado grupos específicos sobre vivienda e hipotecas. En Madrid, buena parte de las asambleas de barrios y pueblos del 15M se ha marcado como una de sus prioridades articular “redes de apoyo mutuo” y activar respuestas locales ante futuros desahucios, y en distritos como Usera o Villa de Vallecas ya hay grupos específicos sobre la materia. Además, los “hacktivistas del 15M” que se han volcado en la cobertura y difusión de las últimas acciones de paralización de desalojos, preparan una “herramienta para bloquear desahucios en todo el país”. Por ende, en lugares como Santiago de Compostela, Avilés o Albacete, el movimiento 15M y sus acampadas están sirviendo de germen para futuras plataformas de personas afectadas por hipotecas abusivas.

COORDINACIÓN ESTATAL

El 18 de junio, medio centenar de delegados de las PAH de Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, Terrassa, Sabadell, Girona, así como de otros municipios catalanes, se reunieron en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona con objeto de avanzar en una mejor coordinación y consensuar nuevos pasos y estrategias colectivas. En un ambiente atravesado por los éxitos de la última semana, en la que frenaron diez desahucios en diferentes puntos del Estado, las PAH acordaron poner fin a su creciente dispersión comunicativa y crear una web unitaria, con un mismo dominio, que funcionará de paraguas para todas las plataformas. Además, presentarán en estos días en Barcelona, que hace las veces de centro neurálgico del movimiento, una campaña estatal para exigir la regulación legal de la dación en pago.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA
DACIÓN EN PAGO

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca están preparando una Iniciativa Legislativa Popular para llevar al Parlamento el debate de la dación en pago, que consiste en que al entregar el piso al banco se salde la deuda que se tenía contraída con él. Para ello necesitarán 500.000 firmas. En febrero, PP y PSOE rechazaron una moción de IU e ICV que proponía esta medida. Y el 15 de junio volvieron a rechazar una proposición de ley que regule la dación en pago propuesta por el BNG. Plataformas como la de Madrid reclaman una ley que aplique esta medida con carácter retroactivo.

STOP DESAHUCIOS

Una de las líneas de acción prioritarias en las PAH es frenar todos los desahucios posibles mediante el apoyo popular. Para ello es imprescindible la implicación de la persona amenazada. En Cataluña, se han frenado hasta el momento una veintena de desahucios mientras que en Murcia han conseguido parar 16 desde el 21 de diciembre de 2010. También se han logrado frenar dos desahucios en Madrid, uno en Palma y otro en Valencia, pero el número crece de manera incesante conforme se forman nuevas PAH . Cuando una plataforma recibe una fecha de desahucio, activa su red de voluntarios, con objeto de que ese día, un buen número de personas bloquee, de manera no violenta, el acceso de la comisión judicial a la vivienda. Ante esta situación, a menudo los funcionarios del juzgado desisten y aplazan unas semanas el desahucio.

MOCIONES

Las PAH de Cataluña lanzaron en 2010 una campaña para que los ayuntamientos se posicionaran a favor de la dación en pago y contra los desahucios. Hasta el momento, más de 40 consistorios en toda Catalunya y varios en el resto del Estado han aprobado ya estas mociones. En ellas se insta también a los gobiernos municipales a trabajar con asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales para evitar los desahucios o, en última instancia, realojar a la familia en condiciones dignas.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-rebelion-pacifica-de-las.html


* Rebelión - Diagonal - 2.07.11

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