Censura TVE1 Indignados Dry London 15-M




* YouTube - MrTortugueando - http://youtu.be/1pkDHA2Cc20

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Águilas.- Investigan si Casanova ocultó 21 millones a Hacienda con facturas falsas

LAVERDAD/Murcia* : El 'caso Zerrichera' puede acabar costándole caro al empresario Trinitario Casanova. Muy caro. En dinero y en más problemas con la Justicia de los que ya ha tenido. Las investigaciones puestas en marcha en 2007 con motivo de la supuestamente irregular recalificación de una finca de 250 hectáreas en el paraje de La Zerrichera de Águilas, en las que el citado promotor pretendía levantar unas 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf, han acabado dando origen a otra causa judicial, ésta por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y por falsedad documental.
El levantamiento del secreto del sumario que pesaba sobre doce tomos del 'caso Zerrichera' (unos 7.000 folios que están siendo analizados por este periódico) ha permitido conocer que, en noviembre de 2009, la Fiscalía Superior de Murcia presentó una nueva denuncia contra Trinitario Casanova por seis presuntos delitos fiscales, cometidos entre los años 2004 y 2006, así como por falsedad en documento mercantil.

Esta iniciativa de la Fiscalía está basada en diversos informes emitidos por inspectores de la Agencia Estatal para la Administración Tributaria (AEAT), que establecen que el promotor podría haber defraudado más de 21 millones de euros en esos tres años, tanto en concepto de Impuesto de Sociedades como en IVA, y que el método utilizado para cometer ese presunto fraude habría sido la compra y presentación de facturas falsas; esto es, por trabajos que le habían facturado otras empresas y que en realidad no se habrían realizado.

Por su complejidad, este asunto ha dado origen a una pieza separada de las Diligencias Previas 1.359/07, que son las que engloban las investigaciones sobre La Zerrichera.
En concreto, lo que sostienen los inspectores fiscales y respalda el fiscal en su denuncia, es que «Trinitario Casanova Abadía, en representación del Grupo Inversor Hispania, simuló durante los años 2004, 2005 y 2006 la celebración de distintos contratos de obras y servicios con empresas que le giraban las facturas presuntamente falsas».
Esos documentos presuntamente falsificados no sólo le habrían servido, siempre según la AEAT y la Fiscalía, para desgravarse algo más de 21 millones de euros en esos tres años, en concepto de Impuesto de Sociedades e IVA, sino que le podrían haber permitido justificar la salida de las cuentas de la empresa de ingentes cantidades de dinero; es decir, «para justificar movimientos de dinero cuyos destinatarios finales se desconocen».
«¿A quién pagaba Trinitario?»
Funcionarios en la diana
«¿A quién pagaba Trinitario Casanova?», se pregunta el Fiscal Superior, Manuel López Bernal, en un escrito dirigido al juzgado. «Si los pagos se hacían en el proceso de recalificación de La Zerrichera (se ha comprobado que algunas importantes salidas de dinero coinciden con fechas clave en la tramitación de la recalificación) parece a todas luces legítimo, e incluso obligado, sospechar que los pagos a 'Explotaciones El Trebolar' (una de las empresas sospechosas de emitir las facturas falsas) iban en realidad dirigidos a las personas que intervenían en la gestión urbanística de la misma».
«A mayor abundamiento -añade el fiscal- cuando en las actuaciones obra la denuncia del portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, de que el concejal del mismo grupo, Pedro Gil, le había ofrecido un millón de euros a cada uno de ellos por abstenerse en la votación del convenio (la aprobación provisional del plan parcial La Zerrichera tuvo lugar el 27 de octubre de 2005 por parte del Pleno)».
Como ejemplo de esas facturas supuestamente falsas que Trinitario casanova habría adquirido y presentado al fisco destaca la que el 26 de octubre de 2005 (un día antes de la citada aprobación provisional de La Zerrichera) abonó a 'Explotaciones el Trebolar', por importe de 2,2 millones de euros, «a cuenta de la gestión en la venta de las propiedades que se relacionan en el contrato de fecha 14-6-2005». Es decir, por su supuesta intermediación en la venta de La Zerrichera a la sociedad vasca Inverlur 5005 por 105 millones de euros.
Indicios de falsedad
Implicados que confiesan
La consideración de falsedad de muchas facturas de ese tipo (las mercantiles emisoras de las mismas son más de una docena) no parece gratuita. Hay indicios que apuntan a ello. Así, respecto de la mencionada factura de 'Explotaciones El Trebolar', los propios representantes de Inverlur 5005, que fueron quienes adquirieron La Zerrichera, han manifestado que nadie medió en la operación de compraventa y que negociaron directamente con Trinitario Casanova.
En otros casos, han sido los propios administradores de las empresas emisoras de facturas los que han reconocido ya que los documentos eran falsos y que no habían realizado para Grupo Hispania los trabajos que decían hacer efectuado. Más todavía, la AEAT advierte de que la mayor parte de esas empresas no tienen trabajadores ni apenas actividad y que, en algunos casos, ya estaban siendo investigadas anteriormente por fraudes al fisco y por la emisión de facturas falsas.
Se confunden en el nombre
Paraje de 'La Cernichuela'
Un elemento que no por curioso y simpático resulta menos revelador es que buena parte de las facturas de dudosa legalidad, emitidas por diferentes sociedades mercantiles, se refieren a trabajos que habrían realizado en lo que denominan la finca 'La Cernichuela'. Ese error en la forma de denominar a 'La Zerrichera' lleva a los inspectores a confirmarse en la hipótesis de que esas firmas no sólo no han realizado trabajo alguno allí, pues no saben ni cómo se llama la finca, sino que además todas las facturas podrían haber sido ordenadas por la misma persona.
Igualmente significativo se considera que algunos de esos hipotéticos trabajos en La Zerrichera sean movimientos de tierras, aplanamiento de terrenos... y otras labores similares, cuando Trinitario Casanova no disponía de permiso alguno para realizar ese tipo de obras y, más todavía, cuando esas labores habrían causado gran escándalo teniendo en cuenta la polémica que ya existía sobre ese proyecto. Más todavía, se hace constar que algunas de esas obras se realizaron cuando Trinitario Casanova una había vendido la finca Inverlur 5005, por lo que no tendrían sentido alguno.


* La Verdad - 2.07.11
Foto: La Zerrichera (Murcia) - ecologistasenaccion.org

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Fenoll logró la basura de Calp tras pactar un soborno de 600.000 € a ediles del PP y técnicos

LEVANTE/Alicante* : El empresario Ángel Fenoll, propietario de la mercantil Colsur e imputado por el caso Brugal, pactó con el cuñado del concejal calpino Juan Roselló, Francisco Artacho, que le entregaría en varios pagos una comisión total de 100 millones de pesetas (601.012 euros) que este último debería repartir entre los concejales del PP de Calp y los técnicos municipales que le habían facilitado el contrato de tratamiento y eliminación de basura.
Así se indica en las diligencias previas de la pieza del caso Brugal que investiga el titular del juzgado de instrucción nº1 de Dénia. El sumario incluye las grabaciones efectuadas por el propio Fenoll e intervenidas por el Grupo de Delincuencia Económica de Alicante y la Brigada de Blanqueo de Capitales. De esas grabaciones se desprende, según la policía, que Artacho ejerció de «enlace» e «intermediario» para que Fenoll obtuviera en 1998 el contrato de la basura (por 25 años), pese a que su oferta no era la más económica. Entonces la alcaldía de Calp la ocupaba Javier Morató, del PP, quien gobernaba con mayoría absoluta.

La investigación considera probado que el empresario oriolano pagó comisiones «a concejales y personas allegadas al ayuntamiento». Artacho tendría contacto directo con su cuñado Roselló, a quien se sitúa en un encuentro en el hotel Meliá de Alicante en el que supuestamente se acordaron las cantidades que percibirían los ediles y técnicos vinculados a la trama. En una conversación, Fenoll le recuerda a Artacho que él no quería ofrecer más de 90 millones de pesetas, pero en esa reunión del Meliá «ellos subieron diez».

Los encuentros entre el dueño de Colsur y el cuñado de Roselló son un tira y afloja en el que el segundo reclama siempre más dinero «para que nadie se rebote». Tras lograr el contrato y los permisos para la planta de transferencias, Fenoll avanzó a Artacho 18 millones de pesetas (108.182 euros). En las grabaciones, incluso se ven entregas de fajos de billetes. Artacho se quedó supuestamente cuatro millones de pesetas, aunque insiste una y otra vez en que su comisión pactada era de seis millones. Además, le pide a Fenoll que no se le escape nunca ante los políticos que él ha recibido ese dinero.

Los otros 86 millones de pesetas (516.870 euros) del soborno se debían sacar de engordar las facturas de basura que Colsur cobraba al ayuntamiento. En las conversaciones, Artacho dice que ha negociado con Llíber, Alfàs del Pi, Callosa d´En Sarrià y pueblos próximos a Dénia llevar su basura y pesarla en la planta calpina. También hablan de pesar las algas mojadas. Y finalmente aluden a un técnico municipal que supuestamente colabora con ellos y pesa al alza los residuos.

Las comisiones en esta caso no se abonarían de golpe, sino anualmente. En una de las conversaciones, los dos interlocutores admiten que con el fraude del pesaje se están beneficiando en 9 millones de pesetas (540.091 euros) al mes de los que destinan dos (120.020 euros) a atender la deuda pendiente con la trama. Además de los cien millones de pesetas, el «pacto» incluía que el empresario oriolano destinara 25 millones de pesetas al Calpe Club de Fútbol. Fenoll insiste en abonar cinco millones cada temporada, porque no se fía del presidente del club.
El cuñado de Roselló no se conforma con sacar su parte de la comisión. Le exige a Fenoll un sueldo fijo y que lo ponga a gestionar la planta de transferencias de Calp.

En esta pieza del caso Brugal hay once imputados, entre ellos los propios Fenoll y Artacho, el exalcalde Javier Morató, que ahora es edil independiente, y los exconcejales del PP Juan Roselló, José Perles y Fernando Penella.


* Levante - 1.07.11
Foto: Calp (Alicante), planta transferencia ilegal - levante

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Un imputado en el ‘caso Granadilla’, en busca y captura

CANARIASAHORA* : El titular del juzgado nº3 de Granadilla de Abona tomó este jueves declaración como testigos a varios de los que fueron técnicos del área de cultura del Ayuntamiento de esa localidad del sur de Tenerife durante la legislatura 2003-2007, durante el mandato de Jaime González Cejas (PSC) como regidor, al que se le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Este viernes prosigue la ronda de declaraciones.
Ya son once los imputados en esta causa después de que el juez haya ampliado la denuncia a dos empresarios de la empresa Vimédano Beach S.L., a la que González Cejas vendió sus acciones en la inmobiliaria Médano Beach por 57 veces su valor, de forma que amplió su patrimonio en 144.000 euros, según un informe pericial. Uno de esos imputados ya ha declarado y el otro está en busca y captura.

Sin embargo, en su interrogatorio de este jueves a los técnicos municipales, el juez estuvo solo porque la acusación particular que emprendió el propio Ayuntamiento, con Carmen Nieves Gaspar (CC) como alcaldesa, ha sido retirada, una vez que la alcaldía ha vuelto a las manos del propio González Cejas gracias a un pacto con el PP, cuyo concejal Esteban González González apoyo en su momento la denuncia de Gaspar. Hoy, Esteban González es primer teniente de alcalde.

La Fiscalía, que hizo suya la denuncia de Gaspar, no ha participado de la toma de declaraciones a los testigos, que no son sólo técnicos y funcionarios del área de Urbanismo, sino que la instrucción del magistrado se ha ampliado al área de cultura, tras incorporar a la causa parte de una auditoria encargada por Alternativa Sí Se Puede a la empresa externa Ernst&Young, partido que acompañaba a Gaspar en la anterior legislatura y que ahora, en la oposición, también parece descolgarse de la denuncia contra Cejas.

Jaime González Cejas, alcalde y concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, fue imputado cuando dejó el cargo en 2007 por la fiscal delegada en Anticorrupción, María Farnés Martínez. Junto a él fueron imputados su hermano José Antonio González Cejas, que había sido concejal de obras (dos delitos de prevaricación y uno de tráfico de influencias), y toda la Junta de Gobierno de Granadilla por prevaricación.

El motivo de la imputación es que el renombrado alcalde aprobó en diciembre de 2004 el plan parcial para una empresa inmobiliaria de la que era accionista, y seis meses más tarde, el plan provisional, lo que era competencia del Pleno municipal. De esa forma, Médano Beach pudo adjudicar al Ayuntamiento dos parcelas valoradas en 742.484,96 y 184.919,99 euros que, según la denuncia de la Fiscalía, el Ayuntamiento revendió a la misma entidad por un precio muy inferior al del mercado, a 272 euros el metro cuadrado en vez de los 558 euros estipulados en el mercado.

Al hermano del alcalde, José Antonio González Cejas, la Fiscalía le imputa que en 2005 votase en una junta de Gobierno a favor de una concesión de licencia de reformado para primera ocupación de 25 viviendas, local comercial y 25 aparcamientos, concedida a la empresa Evanosur S.L., de la que eran propietarias su esposa y su cuñada.

Cultura y subvenciones cuantiosas.

Si antes era el área de Urbanismo, el de Cultura ahora también ha quedado metido de lleno, La llamada a declarar a funcionarios de esa área se debe a que la investigación de la Guardia Civil señala pagos en subvenciones culturales sospechosos, como una subvención de 120.000 euros a una entidad uruguaya cuando lo máximo en otros ayuntamientos, como el de Santa Cruz de Tenerife, son 15.000 euros.

Aldo Pérez, el abogado que ejerció la acusación particular contra González Cejas y su junta de Gobierno en nombre del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, confirmó a CANARIAS AHORA que el pasado martes le fue notificado que su trabajo se acababa, lo que se esperaba “por pura lógica. El imputado ha vuelto a ser alcalde. Este es un asunto que puede quedar empantanado”, añadió, en referencia a la poca participación activa de la Fiscalía.


* Canarias Ahora - 30.06.11
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es

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Greenpeace insta al nuevo alcalde de Carboneras a reconducir la política urbanística

ECOTICIAS* : Ante la toma de posesión del nuevo equipo municipal del Ayuntamiento de Carboneras, que tendrá lugar el 1 de julio, Greenpeace insta al nuevo alcalde a que rectifique los errores del anterior gabinete (1). La organización ecologista pide que se reviertan las políticas obsoletas de desarrollo urbanístico desmesurado e ilegal que han hecho a Carboneras un ejemplo de destrucción de litoral y que declare El Algarrobico no urbanizable.
En la actualidad, el Ayuntamiento incumple el auto del 25 de noviembre de 2008 que restablece en El Algarrobico el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994, donde el suelo estaba clasificado como “Área Natural de Interés Natural”. El nuevo alcalde, el independiente Salvador Hernández, debe rehacer el Plan de General de Ordenación Urbana (PGOU). Hernández debe, según ya ha señalado la Justicia declarar la parcela de El Algarrobico como no urbanizable y no al contrario, como hizo su antecesor (2).

Greenpeace recuerda que el pasado 5 de mayo de 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) prohibía personalmente a Fernández “realizar cualquier actuación urbanística” en el sector de El Algarrobico, con el apercibimiento de incurrir en delito de “desobediencia”, una vez que el Ayuntamiento aprobó en agosto de 2009, las normas urbanísticas que rotulaban el sector como urbanizable.

El nuevo alcalde, en declaraciones a el periódico El Almería el pasado 22 de junio declaró que “...El Algarrobico tampoco iba a ser la salvación del empleo en Carboneras, dada la situación de los hoteles en Toyo, en Mojácar, que cierran y solo abren en temporadas”. Greenpeace celebra estas declaraciones ya que supone un cambio sustancial en la anterior apuesta del ejecutivo local por el urbanismo masivo. La organización recuerda que hay demasiados ejemplos fallidos en todo el Estado de grandes promociones urbanísticas como solución a la crisis económica para las zonas costeras.

“Carboneras puede y debe alcanzar un plan urbanístico de desarrollo local que incentive el turismo de naturaleza y rural y que tenga en cuenta el activo económico que significa el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”, ha subrayado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Es el momento de corregir errores y clasificar el entorno de la parcela de El Algarrobico como insta la ley, como terreno no urbanizable”.

NOTAS
(1) El independiente Salvador Hernández (GICAR) gobernará en coalición junto al Partido Popular (PP), al que le corresponde la Concejalía de Urbanismo.

(2) El exalcalde Cristobal Fernández (PSOE) vulneró el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo que le valió un apercibimiento del TSJA.

http://www.greenpeace.org/


* Ecoticias - Agencias - 1.07.11
Foto: El Algarrobico - Carboneras (Almería), aérea - greenpeace.org

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¿Se hace populismo con el mercado inmobiliario o es que no funciona?

KIKE VÁZQUEZ* : Ladrillo, ese oscuro objeto de deseo en España. Si durante los tiempos de bonanza hemos demostrado una importante irracionalidad, ahora que las cosas van mal, peor. “Por mi pisito MA – TO”, que se diría en la televisión de calidad de este país. Y es que la discusión sobre el mercado inmobiliario va en aumento, encuentra lugar tanto en una manifestación de “indignados” como en el Debate del Estado de la Nación, siendo ambos reflejo del incremento de la preocupación ciudadana por este tema. Pero, ¿se está haciendo demagogia con todo esto, como sostienen algunos sectores, o es que algo no está funcionando correctamente y provoca lo que vemos?
Todo esto no viene de ahora, sino de meses o incluso años atrás, cuando la morosidad empezó a repuntar de forma notable. Ahí mucha gente descubrió que en nuestro país “el sonajero” no está muy extendido, sonido que hacen las llaves cuando se las entregas al banco para irte saldando la deuda, o lo que es lo mismo “la dación en pago”. Si bien es cierto que es ahora cuando el debate está cogiendo fuerza a medida que la situación se deteriora y los casos aumentan. Pero, ¿es justa la ley española o mejor la dación en pago?
Bien, ni justo ni injusto, son sistemas distintos. En uno hipotecas el bien y si no puedes pagar te lo embargan y adiós, en otro te haces responsable de la deuda contraída y debes abonarla con el activo o con lo que puedas. Ambos son igual de válidos. Lo que sí hay que decir es que lo que defienden algunas personas de aplicar cambios entre un modelo y otro con efectos retroactivos es una barbaridad. Lo es a nivel jurídico, lo es para la solvencia de nuestro sistema financiero y lo es para todas esas personas que han sido responsables no hipotecándose en algo que no podían pagar.

Con ello no pretendo llamar irresponsable a quien por lo que sea no pueda hacer frente a su deuda, ni mucho menos, porque debemos ser empáticos y entender que eso al fin y al cabo le puede pasar a cualquiera y más tal y como están las cosas, pero también debemos entender que los demás no son responsables de nuestras circunstancias. Por ello, sintiéndolo mucho, nadie va a venir del cielo con una ley bajo el brazo que elimine nuestras obligaciones. Eso no va a pasar.

Ahora bien, ¿podría expandirse la dación en pago de aquí en adelante? Podría, de hecho la Ley Hipotecaria actual ya lo permite. Leía en La Voz de Galicia esta semana que el coste de optar por dicho supuesto es el doble que en las condiciones actuales, si no recuerdo mal, se cobra entre un 7% y un 9% por adquirir así un activo según sea tipo variable o fijo (si se concede la hipoteca claro). Además el “loan to value” o LTV pasa del 80% al 50%. Creo que a menudo se habla de la eficiencia de nuestro mercado hipotecario sin tener en cuenta las condiciones “leoninas” que presenta, y habría que saber qué diferencial se ofrecería en el extranjero con la ley española y viceversa. Esto último lo sabemos, y como vemos no es tan eficiente a igualdad de condiciones como en un principio podría parecer. Además, teniendo en cuenta la burbuja existente, algo se habrá hecho mal...

¿Quién sale ganando más ahora? No tengo duda alguna que nuestros bancos y cajas, ya que no solo presentan una morosidad relativamente baja en nivel residencial teniendo en cuenta la crisis que tenemos entre manos, sino que además las cédulas son una buena forma de financiarse al ser emitidas por ser bastante fiables, especialmente si las comparamos con “engendros” inventados por el extranjero. Ahora bien, también gana quien haya comprado una vivienda y la pague, ya que habrá accedido a unas condiciones crediticias mucho más ventajosas que en otros lugares. Y si bien sería discutible hasta qué punto el efecto neto es positivo, ya que las facilidades crediticias aumentan los precios inmobiliarios y es posible que el hipotecado al final pague más, no es esta la situación que nos espera en los próximos años y estamos hablando de un modelo para el futuro.

¿Cuál es el problema entonces? Obviamente quien finalmente no puede pagar, que puede ser una persona irresponsable o no, puede ser también una persona que tenía un trabajo lo perdió y se quedó sin ahorros a pesar de no realizar una operación arriesgada. Habrá gente que prefiera la dación por si pudiese darse ese caso, o simplemente porque no quiere tener unas condiciones tan duras, cada cual debe ser libre de decidir. Por tanto seguramente deba promocionarse la dación en pago, para dar más opciones, pero el tema crucial está en esta deuda resultante en el sistema actual, aquí es donde España hace aguas y donde más injusto es el sistema.

Expliquemos brevemente el proceso. Don Pepito compra vivienda por 200.000€, lleva pagado 50.000€ pero un día no puede más, el banco aplica la ley y pone la vivienda en subasta aunque nadie la quiere. En dicho caso la entidad financiera se adjudica el inmueble por el 50%, bien de los 200.000€, bien de un segundo valor acordado anteriormente en caso de subasta judicial. Cláusula que está en entredicho e indigna bastante a parte de la opinión pública. Lo demás quedaría a deber.

¿Cuál es el problema real aquí? ¿Que los bancos y cajas den palmas con las orejas por ser las mayores inmobiliarias del país? No, ya que ellos negocian con dinero y el ladrillo no les resulta cómodo, todo lo contrario. El problema real es que esa vivienda no encontró a nadie que la comprase por un valor lo suficientemente alto, que en la mayoría de los casos acabaría con la deuda y convertiría a nuestro sistema en uno muy competitivo. ¿Por qué? Como explica el blog “Subastas Judiciales” pujar por menos del 70% no interesa (y de ahí la doble cláusula anterior de las entidades financieras tratando de bajar este margen y que alguien les quitase de las manos las viviendas). Y lo peor no es que la ley provoque esto, es que la falta de seguridad jurídica existente en todo el proceso espanta al más pintado. Cuando hasta los profesionales tienen problemas qué nos pasaría a los demás…

Así, si bien es cierto que bancos y cajas se benefician de la actual ley, creo que mejorar notablemente el funcionamiento de nuestra justicia (utopía al poder) sería ventajoso para ellos y aún más para todos los demás usuarios. Podríamos seguir disfrutando de los actuales costes y en caso de suceder lo peor tendríamos más garantías de que no íbamos a arrastrar una deuda para el futuro, siendo en la mayoría de los casos la mejor opción a nivel internacional. Por ello creo que, si bien algo de demagogia hay en todo esto, cuando el río suena es porque agua lleva… y en este caso es así.

* Cotizalia - Blog - 1.07.11

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