La papeleta de la corrupción

ELMUNDO/Reportaje* : ¿Qué es la corrupción? El juez Miguel Ángel Torres, que destapó el mayor caso de corrupción en España, el 'caso Malaya', lo describió en una conferencia en abril de 2009 así: "La corrupción consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas (...) Nadie está ajeno a la corrupción, políticos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueves, fiscales, famosos en general (...) La corrupción supone sin más la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cáncer de la democracia y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia". Lo deja muy claro. Y es que si hay algo que haya marcado la política en España en los últimos años esa ha sido la temida corrupción. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan la sorprendente cifra de más de 800 imputados entre políticos, de todos los partidos, funcionarios o empresarios.
Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo vienen acompañadas, por tanto, de una lacra difícil de extinguir. En los últimos cinco años hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas.

Pero ¿cuánto dinero ha viajado en el maletín de la corrupción? Tres mil millones de euros. Una cifra más que considerable que representa sólo el valor de los bienes intervenidos durante estas operaciones. Detrás del cohecho, la malversación o el blanqueo, la cuenta se hace infinita. Y los que parecen que más tajada sacan son los propios representantes políticos de los españoles.

Según el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España realizado por la Agencia de Transparencia Internacional (TI), los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas las partes del mundo. Ocho de cada 10 personas consideran a las formaciones como corruptas o extremadamente corruptas. Lo que hace que España se sitúe en el puesto número 30 de 178 países en cuanto a corrupción en el año 2010.

"Dado que los altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos", asegura Huguette Labelle, presidenta de TI.

Todo ello tal vez explique los sorprendentes resultados de tres de los barómetros del CIS de 2009. La corrupción se colocó aquel año entre los problemas considerados como más importantes por los españoles, junto con los problemas económicos y el paro. Algo que no ocurría desde marzo de 1996.

Es decir, durante 13 años la corrupción nunca había sido incluida como problema por más del 3% de los encuestados. Sin embargo, casos como 'Gürtel', 'Palma Arena', 'Malaya' o 'Pretoria' han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad.

El fin del 'boom' inmobiliario, el urbanismo excesivo, y la falta de controles de los Ayuntamientos, provoca que junto a la autonomía de los gobiernos locales sea imposible controlar la corrupción.

La mayoría de los implicados se encuentran en las filas del PP, con más del 50%, y del PSOE, un 35%, aunque también los hay de otros partidos como CiU, CC, UM o el PAR.

Pero, ¿cómo está ahora la corrupción en España? ¿Qué casos están siendo juzgados y cuáles investigados? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo afecta la corrupción en unas elecciones? Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Valencia son las que más pesquisas policiales concentran. Además, medio centenar de Ayuntamiento están siendo investigados por este tipo de delitos, pero ¿cuáles son?

Andalucía

La comunidad con más imputados, pese al tirón del caso Gürtel, sigue siendo Andalucía, ya que la investigación que destapó la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella -'Caso Malaya'- y que, por primera vez en la democracia española, supuso la disolución de un Ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.

Pero, además del caso de corrupción más famoso y con más famosos involucrados, Andalucía tiene abiertas otras operaciones que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan a al menos siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Se trata de casos como el de los consistorios de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.

A estos hay que sumar el escándalo de los ERE por el que, según ex altos cargos de la Junta de Andalucía (PSOE) existía un 'fondo de reptiles' mediante el cual falsos prejubilados, su mayoría vinculados directamente o través de familiares con cargos del PSOE, recibieron dinero de este fondo para recibir prejubilaciones muchas de ellas falsas.

Gürtel

Sin duda, el caso que más expectación ha causado en estos últimos años es el conocido como caso 'Gürtel', liderado presuntamente por el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El bigotes', y que suma un total de 64 imputados.

De momento, la trama ha costado el cargo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y mano derecha de Francisco Camps, aunque finalmente va en las listas del PP valenciano; ha puesto en duda la transparencia del presidente valenciano y ha provocado un terremoto en el PP de Madrid.

El senador del PP, Luis Bárcenas, también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto con el diputado nacional Rafael Merino. Otros de los caídos han sido tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y tres alcaldes de algunos de los municipios afectados -Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas-.

Sin embargo, en Madrid siguen abiertas otras operaciones como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales y que cuenta con un centenar de imputados.

Baleares

Las islas Baleares también se han convertido en protagonistas de la corrupción con numerosos casos que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas (PP) o la presidenta del Parlamento Autonómico, María Antonia Munar (UM). En total hay 70 imputados.

La imputación de Matas está relacionada con el conocido como caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está involucrada en el caso 'Domenge'. Las islas tienen abiertos, por otro lado, otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el caso' Scala', sobre la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.

Comunidad valenciana

Aparte del caso 'Gürtel' que ha llenado páginas y páginas de periódicos, en la Comunidad Valenciana, otro de los casos más llamativos es el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante) (Independiente), Zarra (Valencia) (PSPV-PSOE) y Bigastro (Alicante) (PSOE).

Además, hay que sumar el conocido como 'caso Brugal' en Alicante cuyas investigaciones se remontan a mayo de 2007, cuando se detuvo al empresario oriolano Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela.

Los nuevos actores de la trama son el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.

Canarias

Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los más destacados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.

Uno de los más polémicos es conocido como la 'trama eólica', pero también han salido a la luz procesos como el caso 'Faycán', que afecta al municipio de Telde (PP), o los relacionados con las localidades de Santa Brígida (PP), Yaiza (PNL), Arona (CC), Mogán (PP), Arrecife (PIL y PSOE), La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.

Murcia

Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo a la localidad de Totana, que destapó una trama de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción.

Otras localidades murcianas también están siendo investigadas como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas.

Cataluña

La última trama de corrupción desarticulada corresponde a Cataluña, en particular el denominado caso 'Pretoria' en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentran el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). En este caso están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.

A este hay que sumarle la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundación Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.

El 'caso Pretoria' también ha desatado innumerables críticas. La trama de corrupción urbanística salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña.

Galicia

El municipio lucense de Castro Rei también se ha visto afectado por la corrupción. Aquí fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

En la Comunidad gallega también han sido detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por corrupción urbanística. Además, el fiscal ha solicitado dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, (PP) por un supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento.

Aragón

El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa (PAR) fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.

Cantabria

El caso más destacados afecta a las localidad de Castro Urdiales. En él existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal como el alcalde Fernando Muguruza (PRC) y su antecesor, el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (PSOE).


* El Mundo - 26.04.11
Foto: C.Valenciana, Camps y Fabra, imputados por corrupción

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La Xunta avala en Fisterra viviendas ilegales de promotoras vinculadas

ELPAÍS/A Coruña* : Familiares directos de alcaldes del PP que gobernaban en la Costa da Morte durante los años posteriores al vertido del Prestige supieron ver antes que nadie las oportunidades del ladrillo en un paraje idílico que los medios de comunicación habían expuesto al mundo. Al tiempo que sus parientes amparaban desde las alcaldías un despegue urbanístico sin precedentes en la zona, fundaron promotoras inmobiliarias para edificar urbanizaciones a pie de playa, con las que seducir a veraneantes foráneos. Seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de declarar ilegales otras tantas promociones inmobiliarias en Fisterra, máximo exponente de la fiebre urbanística en la Costa da Morte donde las edificaciones se incrementaron un 444% después de 2002. Cuatro de las urbanizaciones ilegalizadas que deberían ser derribadas si la Xunta solicitase la ejecución de la sentencia y prosiguiese el pleito iniciado por el bipartito -algo que según anunció ayer el Gobierno gallego no va a hacer- pertenecen a sociedades participadas por sobrinos del entonces regidor de Muxía y ahora portavoz municipal y candidato popular, Alberto Blanco, como Miguel Pose y Manuel Muiño Pose. De esa empresa era socio también cuando se levantaron los edificios, Daniel Domínguez, hijo del por entonces alcalde de Cee, Antonio Domínguez.

Lo que los jueces acaban de determinar es que las fincas donde el regidor del PP de Fisterra, de entonces y de ahora, José Manuel Traba, permitió levantar 168 pisos, carecían de servicios básicos cuando se aprobaron las licencias y que, por tanto, debían haber sido calificadas como suelo urbano no consolidado, y por tanto vedadas a las grúas.

En lugar de seguir esa instrucción, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y después hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudió a los tribunales y los jueces le han dado la razón, cinco años después. Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Muxía y Cee. Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que salió de fusionar la constructora de Ramón Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Muxía y en la que también tenía participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta última firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.

Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. Los tribunales todavía deben pronunciarse sobre otros dos centenares de pisos que el Gobierno de Fisterra autorizó en ese mismo emplazamiento y que también fueron impugnados por la Xunta de Emilio Pérez Touriño. Un tercio de ellos pertenecen a estas dos inmobiliaras vinculadas al PP.

El crecimiento desaforado del ladrillo llevó al regidor de Fisterra a admitir en 2006 que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Traba entonaba entonces el discurso de que las normas subsidiarias -anteriores a 1997, fecha de la modificación de la ley del suelo- se habían quedado obsoletas para responder a la espectacular demanda de suelo que registraba el municipio. Entretanto seguía dando permisos para edificar. Cuando recibió la notificación de la Xunta para que revisase de oficio todas las licencias con la amenaza de que, si no lo hacía, acabarían en los tribunales, el regidor despejó el problema con el argumento de que los técnicos del Gobierno gallego habían realizado mal las mediciones.

Ayer el alcalde, en declaraciones a Radio Nordés de la Cadena SER, redujo el problema a la tardanza en ejecutar el saneamiento que precisan las nuevas promociones. Obvió que seis sentencias certifican que los edificios son ilegales.
La Xunta evita demoler los edificios

Al igual que sucedió en Barreiros, el Gobierno de Feijóo ha decidido amparar las ilegalidades urbanísticas que promotoras vinculadas al PP cometieron estos últimos años en Fisterra. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández admitió ayer a este periódico que las distintas sentencias certifican que las licencias para levantar 168 pisos en Fisterra "están mal otorgadas porque no se ha acreditado la suficiencia de servicios". El mismo portavoz oficial de la consellería asegura que el tribunal "no ordena demoler". "Por tanto, la consellería no instará la demolición si el Ayuntamiento acredita que se han solventado los problemas que llevaron a la anulación de esas licencias".

Lo que anuncia el Gobierno gallego es que no va a pedir la ejecución de la sentencia que conllevaría el derribo de las urbanizaciones ilegales. Los seis fallos de los jueces certifican claramente que el suelo sobre el que se asentaron los edificios tenía la clasificación de urbano no consolidado, que nunca se debió construir ahí y que la adaptación de los servicios a posteriorio "es irrelevante" de cara a legalizar las obras.

La decisión del Ayuntamiento de Fisterra que ahora refrenda el Gobierno gallego permitirá a las promotoras implicadas ahorrarse el dinero equivalente al 10% de la edificabilidad (seis bloques con 168 viviendas) que tienen la obligación de ceder para uso público al Ayuntamiento. Pese a que el Ejecutivo de Feijoó ha decidido mirar para otro lado y desiste de seguir hasta el final en el pleito iniciado por el bipartito (con el consiguiente gasto para la Administración) hasta instar el derribo de los inmuebles, la situación de ilegalidad de los edificios no cambia puesto que cualquier regularización debería pasar por aprobar una nueva licencia.

También, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, aseguró ayer que no contempla la demolición de las urbanizaciones ilegales. El regidor también pasa por alto los fallos del Tribunal Superior de Xustiza que le acusan de dar licencias ilegales y rebajó el problema a unas deficiencias de saneamiento "subsanables".

Traba no aclaró ayer si la construcción de las infraestructuras básicas como el saneamiento que debieron asumir las constructoras serán pagadas por fondos públicos o si exigirá a las inmobiliarias el dinero para sufragar las obras.


* El País - 27.04.11
Foto: Fisterra (A Coruña), concejal_Obras detenido (archivo) - elpais

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Amnistía Internacional denuncia la violación de derechos en El Cabanyal

ELPAÍS/Valencia* : Amnistía Internacional considera la situación del barrio de El Cabanyal, en Valencia, uno de los ejemplos de violación de derechos en su último informe sobre España, presentado ayer. En el barrio marinero, señaló Rubén Martínez Dalmau, miembro de la organización y profesor de Derecho Constitucional, se ha producido "una degradación urbana provocada por las Administraciones, seguida de derribos y de desalojos forzosos". Y para llevar a cabo algunos de esos desalojos, siguió, hubo una serie de cargas policiales caracterizadas por la "brutalidad". El informe de Amnistía Internacional, titulado Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España, describe la situación que desde hace años vive el barrio, cuyo conjunto urbano se encuentra amenazado por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que pretende el Ayuntamiento de Valencia. "Varias asociaciones de vecinos y la Plataforma Salvem el Cabanyal han denunciado el deterioro provocado en su entorno, reivindicando el carácter cultural e histórico de dicho barrio y el derecho a la vivienda en su integridad, lo que en su opinión debiera implicar su conservación y rehabilitación, no su destrucción", señala Amnistía.

"Los vecinos del barrio han intentado sin éxito que las autoridades locales y autonómicas tengan en cuenta los derechos que les asisten en la defensa del barrio. La reanudación de los derribos y la carga policial contra quienes se oponían a estos se produjeron en circunstancias en las que incluso existían actuaciones judiciales en curso", recuerda el informe.

Marià Ferrer, vecino del barrio y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez, participó en el acto, celebrado en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para contar su propio caso. El tipo de arquitectura de pocas alturas de El Cabanyal y las relaciones sociales que dicha trama urbana contribuyó a suscitar, afirmó, representan lo contrario al estilo de vida derivado de la burbuja inmobiliaria que ha estallado con la crisis. Ferrer responsabilizó a las Administraciones local y autonómica de la "degradación de la convivencia" que ha padecido el barrio, y que habría seguido un esquema clásico "que figura en cualquier libro de geografía urbana". La venta de drogas, citó como ejemplo, se producía hace años en una esquina del barrio, mientras que hoy alcanza la calle del Progreso y ronda la de José Benlliure, en el corazón de El Cabanyal.

El informe recoge otros casos concretos que Amnistía considera violación de derechos sociales, económicos y culturales: los desalojos en la Cañada Real de Madrid; las 270.000 ejecuciones hipotecarias que se han iniciado desde que empezó la crisis, la falta de cobertura sanitaria de ciertos colectivos...

Martínez Dalmau destacó que, pese a que esa clase de derechos sociales y económicos (como el de la vivienda digna) se encuentran recogidos en la Constitución, a diferencia de los derechos fundamentales, no resultan directamente exigibles ante los tribunales. Ello a pesar, agregó, de que su aplicación también podría ser directa a través de los tratados internacionales firmados por España, que así lo establecen.


* El País - 28.04.11
Foto: Valencia, contraste barrio del Cabanyal - EFE

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Los jueces vascos anulan las cláusulas abusivas de decenas de hipotecas

DIARIOVASCO* : «¿Qué es un 'swap'?», preguntó el juez. La respuesta de la entidad financiera figura en el informe pericial que presentó durante la vista: «En la línea con las mejores prácticas de valoración de este tipo de instrumentos -indicó-, para poder estimar los pagos futuros asociados al comportamiento del activo subyacente, se asume como hipótesis de su evolución un proceso estocástico browniano geométrico compuesto por un factor determinista y otro aleatorio». ¿Han entendido algo? El cliente que había pleiteado contra la entidad financiera por haberle colocado un 'swap', tampoco; y la Administración de Justicia, otro tanto. Los tribunales del País Vasco han dado ya la razón, al menos, a medio centenar de particulares y de pequeñas empresas que habían demandado a varios bancos y cajas de ahorro por haberles vendido ese producto financiero como si fuera un 'seguro' que se incorporaba a la hipoteca de un piso o a una línea de descuento de una empresa, en teoría para cubrirse contra subidas de los tipos de interés; en realidad, no les aclararon que la situación era distinta si bajaban.

A la postre, se trataba de una operación de alto riesgo, conocida también como 'click', permuta financiera, etc., con la cual no sólo no se protegieron, sino que han acabado pagando más dinero, aparte del préstamo. Y sin poder hacer nada, ya que los costes de cancelación eran onerosos.
En el conjunto de España, las anulaciones judiciales de los 'swap' -con la obligación de devolver el dinero cobrado además del crédito-, ya se cuentan por varios cientos (unas doscientas sentencias aparecen en la web de afectados 'www.asuapedefin.com). Fue la Audiencia de Álava la primera que confirmó en Euskadi una condena de este tipo en 2009, a raíz de una demanda civil presentada por la asociación Ausbanc. Pero ya son varios los juzgados vascos de Primera Instancia y también la Audiencia de Vizcaya los que han puesto en el punto de mira esos productos, difíciles de explicar en los juicios incluso para las entidades que los habían vendido. Traducido a un lenguaje sencillo, los litigios consisten en que, bien un particular que quería contratar o renovar una hipoteca de interés variable, bien una pequeña empresa que tenía un préstamo, crédito o línea de descuento en análogas condiciones, fueron animados a apostar, sin tener conciencia de ello, a que el euribor subiría por encima de un nivel, y hasta un determinando punto, en cuyo caso el banco se comprometía a pagarles una suma.
Con esa contrapartida, los clientes creían haberse asegurado una cobertura para la hipoteca o el préstamo frente a los aumentos del precio del dinero, pero muchos no caían en la cuenta de que si los tipos bajaban por debajo de cierto límite, entonces serían ellos los que deberían abonar una suma adicional, además del importe de la operación crediticia. Y ese montante añadido se calcularía a través de unas fórmulas ininteligibles para un profano. Estas ofertas aparecieron en la mayoría de bancos y cajas de ahorro -pero no en las cajas vascas- desde mediados de la pasada década, tanto antes como después de la crisis de las hipotecas 'subprime' en 2007. En algunos casos, sobre todo a partir de 2008, solían ser la única posibilidad de obtener un préstamo o de renovarlo, y se planteaban a los clientes cuando la tendencia del precio del dinero ya no era a subir, como había ocurrido en 2006, sino a bajar. Los perjuicios no tardaron en aparecer cuando el Euribor viró a la baja y los afectados descubrieron las consecuencias de lo que habían firmado.
Derivados financieros
Los 'swaps' -se calcula que se han formalizado tres millones de en España- son derivados financieros y se llaman así porque equivalen a cruzar una apuesta sobre algo: a que el tipo de interés subirá o bajará, a que una moneda se depreciará o no, a que un crédito será fallido a no... Esa fórmula ha permitido a inversores profesionales y a empresas de gran tamaño alcanzar cierto de grado de cobertura en sus operaciones. En ocasiones esos productos se revenden en los mercados secundarios en paquetes complejos, opacos y desregulados, una práctica a la que se achaca el descarrilamiento financiero internacional de 2008. Warren Buffet, el inversor más rico del mundo, aseguró que no quería saber nada de esas operaciones porque no las entendía.
«Pero en el País Vasco se han vendido 'swaps' incluso a alguna persona que no sabe leer ni escribir», asegura un abogado bilbaíno que representa legalmente a ciudadanos que se consideran engañados por los bancos y que afirman haber sufrido perjuicios a causa de ello. Marisa Gracia, delegada de Ausbanc en el País Vasco, asegura tener «unas 300 demandas sólo en esta comunidad autónoma», a las que habría que añadir los casos que llevan otros bufetes. El perfil de los demandantes de Ausbanc no es, precisamente, el del cliente que asume un alto riesgo, una circunstancia que las entidades financieras han estado siempre obligadas a verificar, aunque ahora lo hacen en virtud de una regulación europea recogida en la legislación española. Esos clientes damnificados son parejas corrientes con la hipoteca de un piso, pequeños empresarios, un ganadero, un fabricante de quesos, un zapatero... Y no faltan profesionales versados en cuestiones legales, como abogados y hasta un miembro de la carrera judicial.
Actualmente, los jueces están dando la razón a la mayor parte de los ciudadanos que han presentado demandas contra los 'swaps' y que han pedido la anulación de esos contratos. Ahora bien, para ganar el caso hay que demostrar que se ha producido el 'vicio de consentimiento' recogido en el Código Civil; es decir, hay que dejar claro que a alguien le han vendido una cosa sin que supiera que se trataba de otra; y, además, sin haber tenido la posibilidad de enterarse, ya sea porque no le han informado de todo, ya porque le han hablado de manera equívoca o incomprensible ('el proceso estocástico browniano geométrico', por ejemplo).
No obstante, una sentencia de la Sala Primera de la Audiencia de Álava y que anula un 'swap', va un poco más allá y aprecia la existencia de dolo en un procedimiento; eso significa que, según el tribunal, ha existido un engaño urdido por la entidad financiera. «En definitiva -reza la resolución-, el ofrecimiento de un producto con una finalidad diferente a la real, ocultando las consecuencias negativas que supone para el cliente suscribirlo, y el ofrecimiento de una ampliación del crédito para vencer su natural prudencia, son constitutivas de la maquinación o insidia de las que habla el artículo 1.269 del Código Civil, porque nunca hubiera contratado sin la insistencia del banco, sin el convencimiento de que era una especie de seguro, y sin la oferta de ampliar el crédito que previamente ya disponía».
En principio, las resoluciones sobre los 'swaps' sólo se pueden recurrir al Tribunal Supremo (TS) si la reclamación excede los 250.000 euros. No obstante, el TS ha admitido un recurso contra una sentencia de la Audiencia de Asturias, en el que se considera como la cuantía en juego todo el préstamo.


* Diario Vasco - 26.04.11
Foto: Muchos damnificados son parejas que contrataron una hipoteca para pagar el piso - diariovasco

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La policía de Marbella detectó a los investigadores de Malaya

ELPAÍS* : Nada de lo que ocurría en Marbella (Málaga) escapaba al entorno del ex asesor de Urbanismo y máximo imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca. Dos de los agentes que participaron en la investigación del caso relataron ayer al tribunal que el juez instructor, Miguel Ángel Torres, les pidió el máximo sigilo y que, aún así, a los dos días de comenzar la investigación sus agentes fueron detectados. Los dos policías declararon como testigos en el segundo bloque del juicio, centrado en examinar los delitos de blanqueo de capitales. Un comisario, responsable de la sección de blanqueo de capitales de Málaga durante la investigación, relató que el entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, "consultó las matrículas" de algunos de los vehículos que estaban realizando labores de vigilancia y después de saber que eran policías les preguntó si estaban investigando algo. "Me parece que se le contestó que estábamos en una investigación de tráfico de drogas", mantuvo.

"Me hicieron retirar el dispositivo", continuó uno de los dos investigadores que llevaron el peso del caso. "A partir de entonces tocó guardar cautela y más cautela", añadió. Ese cuidado arrancó en la propia comisaría provincial, donde sólo seis agentes tenían una visión global del asunto. "Nunca hablábamos de los investigados por sus nombres, cuando íbamos a citas concretas cambiábamos de vehículos". Tampoco acudían a "fuentes locales" de investigación, como al Registro de la Propiedad, y se limitaron a hacer consultas de información en Internet.

Las defensas pidieron al tribunal que este investigador declarara en solitario y no junto al otro inspector que también ha participado activamente en la investigación, como había solicitado el fiscal Anticorrupción.

Solo pudo hablar el primero, que respondió durante dos horas a las preguntas del Ministerio Público. El agente habló de la forma en la que se hicieron las intervenciones telefónicas, los registros y la custodia de la documentación, aspectos en los que las defensas ven fallos.

El policía insistió en que tenía una "comunicación directa y diaria" con el instructor y habló del reparto de tareas con los agentes de Madrid. "Ellos se encargaban del blanqueo, nosotros de los cohechos (...) Era una separación más policial que real", dijo. También aseguró que en la contabilidad hallada en la sede de la sociedad Maras Asesores, clave para determinar la red de cohechos, se podía apreciar que "para el señor Roca el Ayuntamiento era una empresa más".


* El País - 26.04.11
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur

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El 'ladrillo' acumula más de la mitad de los créditos morosos del sector financiero

20MINUTOS* : El 'ladrillo' acumula más de la mitad de los créditos morosos del sector financiero, por delante del comercio, con el 12,5% del total, o la industria, con el 12,3%. Así lo asegura un informe sobre morosidad financiera de Detectys (una de las mayores corporaciones de detectives privados de Europa) a partir de informes de deudas superiores a los 6.000 euros en el primer trimestre de 2011. Concretamente, el 45,4% de estos créditos dudosos se corresponden con el sector de la construcción, mientras que otro 5,7% está depositado en actividades inmobiliarios. Estos datos contrastan con los de otros sectores como el de los profesionales (4,7%), la hostelería (4,4%) o la información y las comunicaciones (2,1%). El informe señala también que el 65,5% de la morosidad se corresponde con particulares, mientras que las empresas y los autónomos son responsables del 34,5% del total de estos créditos.

Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que más del 25% de la morosidad familiar corresponde a extranjeros, aunque sólo el 0,65% de los deudores está fuera de España. En el apartado de los medios de vida, el 39,9% de los morosos está en paro, mientas que el 26,7% trabaja por cuenta ajena y el 7,5% son pesionistas jubilados. Sólo un 1,1% son funcionarios.

Sólo el 13,6% son insolventes

En cuanto a las empresas morosas, un 63,7% sigue activa y un 32,8% está inactiva, mientras que el 2% se encuentra en concurso de acreedores, un 0,8% no es solvente y el 0,7% está en liquidación.

Por otro lado, el informe señala que en el 13,6% de los casos, el deudor es insolvente y en el 26,4% existen posibilidades de solvencia. Por su parte, el 58,5% no tiene problemas, está libre de cargas o tiene ingresos susceptibles de embargo.

Ahora bien, en casi el 40% de los casos el domicilio en el que la entidad trata de contactar con el cliente es incorrecto, lo que hace inútiles sus esfuerzos en la etapa de cobro amistoso y el 7% de ellos permanecen ilocalizables después de la investigación.


* 20 Minutos - EP. - 25.04.11
Foto: Bloques en construcción - diariomallorca

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