La policía halla pruebas documentales de los sobornos en la Costa da Morte

ELPAÍS/A Coruña* : Para los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que investigaron la Operación Orquesta, no hay duda de la trama de corrupción en municipios de la Costa da Morte. Hay pruebas más que suficientes, consideran, para avalar la imputación por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho de 23 personas, entre ellas los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y cuatro ediles de Obras. Las imputaciones del juez de Corcubión Andrés Lago contra estos siete cargos públicos, todos en libertad provisional desde el 31 de enero y candidatos a la reelección en los comicios de mayo por el partido de Independientes por Cee y por el PP en los casos de Fisterra y Mazaricos, "han quedado más apuntaladas si cabe", destacan en sus conclusiones finales los investigadores policiales, tras cotejar las conversaciones telefónicas intervenidas con la abundante documentación incautada en los ayuntamientos y las declaraciones de los imputados.

Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores. Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial. Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama. Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.

En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras. Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro. Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".

En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras. Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía. Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra".

La policía, tras analizar el expediente de esa contratación de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), concluye que "es impoluto el desarrollo formal de ese procedimiento" de adjudicación. Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos".

Malversación y fraude fiscal del alcalde de Cee

Las actividades delictivas del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quedan de sobra probadas para los investigadores policiales. Hay evidencias reiteradas en cada uno de los seis delitos que se le imputan, subrayan los agentes en sus conclusiones finales. Tres de esos presuntos delitos los comparte con los regidores de Fisterra y Mazaricos (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación). Pero a Vigo se le acusa además de otros tres, entre ellos falsificación en documento, por preparar facturas falsas, con la complicidad de otro imputado, el agente artístico Jorge López Lago, para defraudar una subvención de la Xunta. "Queda acreditado" también que el alcalde de Cee malversó dinero público con su controvertida gestión de la comisión de las fiestas patronales de A Xunqueira durante los dos últimos años. Y se calcula que el regidor independiente defraudó a Hacienda más de 120.000 euros, lo que constituye un delito de fraude fiscal, advierte la policía.

Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B". "Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.

Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta. "Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos. "Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal.


* El País - 22.04.11
Foto: Cee (A Coruña), archivo detención alcalde - elpais

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Cádiz.- Indignación ecologista por la ordenación de Costa Noroeste

DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción emitió ayer un durísimo comunicado en contra del PT de la Costa Noroeste aprobado en plena Semana santa por el Consejo de Gobierno de la Junta después de cuatro años de estudio. Para los ecologistas, lo apriobado por la administraciónr egional no se separa ni un ápice de los Planes Generales esbozados por cada uno de los cuatro ayuntamientos afectados y que "consagra una ocupación del territorio. No solo no reconsideran las previsiones de crecimientos urbanísticos que incluían en sus respectivos planes, sino que optan por más de cinco mil nuevas viviendas, además de las previstas en los respectivos PGOU, sin el más mínimo estudio de las demandas existentes, y cuando existen miles de viviendas sin vender".

Además, los ecologistas denuncian que la Junta se contradice a sí misma, ya que el Plan de Ordenaciónd el Territorio de Andalucía, aprobado en 2006, afirma, entre otras cosas, que "el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta..."; que hay que "dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes..."; o que hay que "considerar las instalaciones turísticas singulares… (campos de golf…) desde su propio valor añadido en cuanto instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas". Todo esto, según la asociación ecologista, se incumple en la Costa Noroeste.

Pero a todo esto se viene a sumar que el POT aprobado no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que fueron presentadas por los ecologistas, como es el caso del Codo de la Esparraguera, en Trebujena, para el que se solicitaba el área de interés ecológico, de modo que se completaba el Espacio Natural de Doñana. Para ellos, esto es "una actitud incomprensible, ya que son terrenos públicos afectados al Dominio Público Marítimo Terrestre donde crían especies en peligro de extinción tan emblemática de los humedales andaluces como la Cerceta pardilla y la Focha moruna".

Otras alegaciones que se han quedado en el tintero hacen referencia a los "estudios sobre la viabilidad de la conexión marítima con Matalascañas, ni la implantación de eólicas marinas, al menos a nivel de recomendación".

Tampoco entienden que se plantee una reserva para la ampliación del Puerto de Bonanza, sin tener en cuenta, a la luz de los últimos estudios sobre la dinámica y la morfología del Estuario del Guadalquivir, los impactos que ello tendría para el conjunto del sistema y su propia viabilidad.

Por último, aunque aparece la reinundación de las marismas, "se mantiene la posibilidad de nuevas roturaciones agrícolas y aprovechamientos agrarios intensivos, cuando deberían quedar expresamente prohibidos".


* Diario de Cádiz - 21.04.11
Foto: Humedal del Codo de la Esparraguera, cuyas alegaciones ecologistas no han sido tenidas en cuenta.- diariodecadiz

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Miranda.- Servicios Funerarios «ya trabaja» para poder reabrir el crematorio

DIARIODEBURGOS* : Equipamiento polémico. Diez meses después de que el crematorio de Miranda cerrara sus puertas por orden judicial, su reapertura puede estar muy cerca. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, ha dado luz verde a la aprobación definitiva del cambio de catalogación de la parcela de la carretera de Orón en la que se ubica el tanatorio. La notificación llegó el martes al Ayuntamiento y una vez que esta modificación quede publicada en el Bocyl, dicho terreno pasará de suelo agrícola con protección agropecuaria a urbano. Este cambio -que recibió el visto bueno en febrero aunque estaba a la espera de un informe de Cultura en el que se detallaba que no había evidencias de restos arqueológicos en la zona- da la llave a Servicios Funerarios de Miranda para poder reabrir la instalación.

El alcalde avanzó ayer que esta empresa «ya está trabajando» para solicitar al Ayuntamiento la reapertura del crematorio. Y el Ayuntamiento le daría ese permiso siempre y cuando «presentaran esa solicitud y se ajustara a la nueva legalidad», destacó Fernando Campo. No hay un plazo definido para hacerlo, pero se entiende que la empresa funeraria, por su propio interés, lo formalizará cuanto antes. «El suelo ya está calificado como tal y ahora son ellos los que tienen que presentar la petición», añadió. Pero la polémica con el crematorio no queda aquí, porque al margen de este trámite administrativo que inició el Ayuntamiento hace unos meses, en los juzgados está pendiente la resolución del recurso que el Ayuntamiento presentó en noviembre contra la orden de derribo del crematorio. El atasco existente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la implantación de la nueva oficina judicial está dilatando este proceso.
Ayer Campo avanzaba que se iba a informar al juzgado acerca de este cambio de suelo y el regidor está convencido de que el magistrado lo tendrá en cuenta, y para bien, a la hora de dictar sentencia. No lo ve de la misma manera los vecinos de El Crucero que llevaron al Ayuntamiento a los Tribunales. Su abogado, Jesús Ángel Sáez, apostilla que el juez lo tendrá en cuenta «pero para percatarse de que han burlado su sentencia». «La pena», añade, es que el juez que dictó la anterior sentencia se ha trasladado a Valladolid, pero aun así los vecinos «confiarán de nuevo en el trabajo de la justicia».
Y es que no están dispuestos a que el Ayuntamiento se salga con la suya y se pueda reabrir el crematorio. Por eso, y una vez que esta modificación del PGOU se publique en el Bocyl, el abogado se reunirá con los vecinos para decidir qué medidas tomar. Se da prácticamente por seguro que se recurrirá este cambio de suelo. «Además de que es una burla a la sentencia, creemos que no hay ninguna justificación para el cambio del uso del suelo y que además únicamente se declare suelo urbano la parcela de Servicios Funerarios de Miranda. ¿Por qué solo esa parcela y no todo el terreno que hay subiendo al hospital? El Ayuntamiento tiene que mirar por el interés público, no por el privado», subraya, y añade que la Ley regional de Urbanismo prohibe que se creen «islas urbanas, que es lo que se está haciendo aquí».


* Diario de Burgos - 21.04.11
Foto: El servicio de crematorio, que comparte instalaciones con el tanatorio, está cerrado desde junio del pasado año - diariodeburgos

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El Ayuntamiento de Jaén se lava las manos con las casas ilegales

ELPAÍS* : Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de Jaén han dejado en manos de la Junta de Andalucía la solución política al conflicto de las viviendas ilegales en las zonas residenciales, principalmente en los alrededores de los Puentes. Un resquicio legal consensuado a última hora permitió ayer la aprobación de la Agenda Local 21, un documento que habrá de incorporarse al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con el que IU -impulsor del texto desde el área de Medio Ambiente- se había desmarcado de su socio de gobierno, el PSOE, y del PP. IU había planteado la demolición de todas las viviendas construidas en suelo protegido o en zonas inundables, una medida que la portavoz de la coalición de izquierdas, Isabel Mateos, consideraba "irrenunciable" y a la que se oponían PSOE y PP.

Sin embargo, los portavoces de los grupos acordaron introducir en el documento de la Agenda Local 21 la cláusula que insta a actuar "según normativa legal". Esta treta legal permitió a IU sacar adelante su documento, que ha contado con la participación de más de 1.500 personas, y al PSOE y al PP evitar cualquier coste electoral en plena precampaña de los comicios del 22-M.

De este modo, el Consistorio jiennense deja cualquier solución al espinoso tema de las viviendas ilegales a lo que marca la llamada ley del Suelo de Andalucía. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ya advirtió recientemente que habrá que tirar "lo que sea necesario" y señaló que en cualquier proceso de legalización los propietarios de las viviendas deben asumir los gastos de urbanización, algo a lo que se opusieron PSOE y PP. El Ayuntamiento pretende regularizar unas 5.000 viviendas construidas en los Puentes, de las que una cifra aún por determinar se consideran ilegales.


* El País - 21.04.11
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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Málaga.- Las dudas del PGOU, sin solventar

MÁLAGAHOY* : El instrumento estrella de planificación de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), entra en su recta final después de que ayer, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE, se aprobase el documento de subsanación de parte de los defectos detectados por la Junta de Andalucía en el documento. Analizada la cuestión en el seno de la última Comisión de Movilidad y Urbanismo del presente mandato, el informe, tras ser ratificado en el Pleno, será remitido a la Administración autonómica, que, una vez estudiado, deberá dar luz verde a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un paso que convertirá en efectivo el documento. Pero la tramitación última no evita que el PGOU siga marcado por no pocos interrogantes, puesto que las subsanaciones realizadas por Urbanismo afectan sólo a cuestiones de menor entidad incluidas en informes sectoriales de organismos como la Agencia Andaluza del Agua, Carreteras de la Junta, Aviación Civil, entre otros, sin entrar en los aspectos suspendidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua).

Y entre los que se incluyen propuestas como la construcción de 3.500 viviendas en sectores de Churriana, Campanillas, Santa Rosalía y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua".

El rechazo se mantiene sobre "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas, y la reclasificación de la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exige que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". Al tiempo se descarta clasificar como urbano la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo.

Queda por responder a qué ocurrirá con éstas cuestiones y sobre ciertos proyectos a los que se ha opuesto de manera continuada la Administración autonómica y que han sido recurridos judicialmente por el Consistorio. En este ámbito se sitúan, por ejemplo, la construcción de medio millar de casas al norte de la ronda este o la posible ocupación de los terrenos de Arraijanal, que la Junta ha logrado finalmente que queden contemplados como parque metropolitano.

A ello hay que agregar la sombra generada por la inseguridad de cobrar los convenios urbanísticos que se han suscrito en los años pasados con el PGOU como telón de fondo. Conforme a los calendarios manejados, en las semanas posteriores a la entrada en vigor del Plan General, el Ayuntamiento deberá cobrar alrededor de 170 millones de euros, extremo para nada claro ante las dificultades económicas por las que atraviesan algunas de las promotoras responsables de estos acuerdos. No obstante, el equipo de gobierno del PP insiste en que reclamará cada euro de los pactados y en la fecha prevista.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, defendió ayer las bondades del planeamiento, mientras el concejal del PSOE Sergio Brenes volvió a denunciar la ausencia de zonas verdes y equipamientos en el documento. Al tiempo, insistió en que se trata de un documento diseñado "a golpe" de convenios urbanísticos.


* Málaga Hoy - 21.04.11
Foto: Malaga vista - Julo (wikipedia.org)

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