La policía registra el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante por el 'caso Brugal'

ELPAÍS* : Agentes de la Policía Judicial registraron ayer, durante casi siete horas, el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo. El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción nº5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.

Los agentes informaron de que se trataba de una "inspección rutinaria" ordenada por el juzgado que se efectuó en estas oficinas, en la Casa Salvetti de la calle Castaños de Alicante. Según fuentes del caso la Policía se llevó abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros, según publican hoy los diarios Información y La Verdad.

El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.

Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.

En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente al empresario Enrique Ortiz.


* El País - 15.04.11
Foto: Alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es

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La Audiencia juzga al ex concejal de Urbanismo de Tías para el que la Fiscalía pide 6 años de prisión

DIARIODELANZAROTE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías, José A.Reyes, se sentará el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 27 de abril acusado de un delito de falsedad documental en un expediente sancionador a Indelasa por el que la Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión. El origen del caso se remonta al año 2000. En septiembre de ese año, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) emite un informe en el que concluye que un depósito de áridos en suelo rústico potencialmente productivo construido por Indelasa no cuenta con calificación territorial del Cabildo ni con licencia municipal. Al mes siguiente, el Ayuntamiento de Tías abre un expediente sancionador a la empresa y ordena, entre las medidas sancionadoras que podrían llevarse a cabo, “la reposición de la realidad física alterada” como consecuencia de las obras.

Por su parte, y a la vista de que tampoco contaba la empresa con permiso de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico, la Apmun decide suspender las obras y precintarlas el 6 de octubre del año 2000. Al mismo tiempo, da un plazo a Indelasa para que trate de legalizarlas.

En julio de 2001, la Agencia de Protección del Medio se dirige al Ayuntamiento de Tías para conocer “si se había procedido a la demolición” de las obras. La respuesta municipal la ofrece el entonces concejal de Urbanismo, según la Fiscalía, “con la palmaria intención de faltar a la verdad en el ejercicio de su cargo público”.

Reyes indica a la Agencia, en agosto de 2001, que el procedimiento sancionador a Indelasa “había finalizado con el abono de la correspondiente sanción” y que las obras “habían sido legalizadas”. Esa contestación, según el fiscal, “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos” por cuanto las obras ni se habían legalizado ni hubieran podido legalizarse.

En ese sentido, el fiscal recuerda en su escrito de acusación que el Cabildo denegó en 2004 la calificación territorial. Y que el acusado envió a la Agencia de Protección del Medio una documentación que no tenía nada que ver con las obras “construidas ilegalmente por Indelasa” sino con una solicitud de “vallado y plantación de palmeras”.

“Maniobra de engaño”

La Fiscalía considera que está clara “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado” y añade que “con esta maniobra de engaño se pretendía, en definitiva, hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística”.

Así, añade el fiscal en su escrito de acusación, lo que supuestamente hizo el entonces concejal de Urbanismo y hombre fuerte del PSOE de Tías fue impedir “la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”.

Por ello, el Ministerio Fiscal solicita que sea condenado por un delito de falsedad documental a una pena de seis años de prisión, inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 14.400 euros.


* Diario de Lanzarote - 16.04.11
Foto: Tías (Lanzarote) - clubrural

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Málaga.- La crisis y el retraso del PGOU impide llenar los vacíos industriales

SUR* : Hace mucho que su poderío industrial se esfumó, pero la transición de Málaga como ciudad manufacturera a la urbe turística, tecnológica y de servicios que pretende ser en el siglo XXI aún no se ha completado. Y no lo habrá hecho hasta que los vacíos que dejó el ocaso de la actividad fabril queden cubiertos por otros elementos urbanísticos más acordes a esa nueva definición de ciudad. A vista de pájaro es fácil identificar las grandes cicatrices que ha dejado en la ciudad la desaparición de sus mayores infraestructuras industriales: los depósitos de Repsol, la Térmica, la fábrica de teléfonos Citesa, Confecciones Sur, la industria química del Amoniaco y los talleres de Hitemasa, entre otras. El espacio que un día ocuparon aquellas industrias tan señeras está hoy baldío, transformado en enormes solares que, según la estación del año, ofrecen un aspecto embarrado, terrizo o herboso. Y no por falta de ideas sobre qué hacer con estos terrenos, pues sobre ellos están diseñados algunos de los proyectos urbanísticos que más podrían contribuir a cambiar la imagen de la ciudad.

Pero los continuos retrasos en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, sobre todo, la crisis han congelado su desarrollo. Actualmente, la mayoría de las iniciativas para construir torres de viviendas, oficinas, hoteles o parques empresariales donde un día humearon fábricas están completamente en el aire.
El ejemplo donde más claramente se observa la nefasta conjunción de la mala coyuntura económica y las trabas burocráticas es el de las torres de Repsol. En 2006, el Ayuntamiento de Málaga firmaba el convenio urbanístico más cuantioso ligado al nuevo PGOU: un acuerdo con la promotora Comarex abría la puerta a la construcción de los primeros rascacielos de la ciudad -cuatro bloques con 1.300 viviendas- en los terrenos de los antiguos depósitos de petróleo, en lugar del gran parque que en principio se había proyectado. A cambio, el consistorio se embolsaría 82,3 millones de euros. Cinco años después, el PGOU sigue sin estar totalmente aprobado, al Ayuntamiento le faltan por embolsarse 70,3 millones y la situación económica ha cambiado mucho, demasiado. De hecho, la promotora del proyecto, que ya no es la misma que en 2006 -ahora lo lideran Caixa Galicia y el Grupo Dae-, ha pedido revisar la cantidad a pagar.
Las cuentas no salen
Y es que las cuentas no salen. Los pisos no se venden al mismo precio que hace cinco años; es más, ni siquiera se venden. El mismo problema le han mostrado al Ayuntamiento los promotores de Citesa y La Térmica, también condicionados al nuevo plan de ordenación urbana. La antigua fábrica de Martiricos fue demolida el año pasado a toda prisa después de que surgieran voces que pedían su protección arquitectónica, pero el proyecto para construir dos rascacielos, un edificio de VPO y un parque aún no tiene fecha de inicio puesto que sus promotores, Espacio y Unicaja, están negociando una rebaja de los 11,6 millones de euros que deberán abonar al Consistorio cuando entre en vigor el PGOU.
El extenso solar que dejó La Térmica quedará pronto desocupado cuando las instalaciones de Limasa se trasladen a su nueva ubicación en Los Asperones. Pero el proyecto para construir viviendas, oficinas y hoteles en esta zona está ligado a un convenio de 40,6 millones de euros que Endesa debe pagarle al Ayuntamiento cuando se publique el nuevo PGOU. Y esa cantidad de dinero también está en cuestión.
Más compleja aún es la situación urbanística del enorme solar de la fábrica del Amoniaco. Parte del terreno está destinado a albergar la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías, mientras que otra parte previsiblemente servirá para reubicar las naves del polígono San Rafael. Unas actuaciones que están vinculadas a un acuerdo que firmaron hace nada menos que 12 años el Ayuntamiento y la Entidad Estatal de Suelo Sepes, y que ahora está dando sus primeros y tímidos pasos. Una tercera zona de este sector, destinada a albergar viviendas, está vinculada al nuevo PGOU.
Otras actuaciones proyectadas sobre suelos industriales no se han visto retrasadas por trabas urbanísticas, sino simplemente por la crisis inmobiliaria. Es el caso de Innova Park Málaga, el parque empresarial diseñado sobre los terrenos de Hitemasa. En 2008 debería haberse puesto en servicio la primera fase de este ambicioso proyecto, cuya inversión prevista superaba los 120 millones. Pero los problemas internos de su promotora -un consorcio liderado por ING- y la falta de perspectivas de comercialización dieron al traste con todos los plazos. Hoy sigue sin saberse cuál será su futuro.
Los bloques de viviendas proyectados en el espacio que ocupaba Confecciones Sur y el complejo de oficinas planteado en Cervezas victoria -una de las pocas fábricas que aún sigue en pie, aunque en desuso- también están en el aire por problemas financieros de sus promotores o, simplemente, por la falta de una coyuntura económica apropiada.


* SUR - 17.04.11
Foto: Málaga, terrenos Repsol vista aérea - laopinionmalaga

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Vigo.- El TSXG ratifica derribar una urbanización en Navia proyectada como residencia estudiantil

FARODEVIGO* : El Tribunal Sup. de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado un serio varapalo a los dueños de una urbanización con medio centenar de apartamentos en la parroquia de Navia y a solo 500 metros de la playa de Samil. La alta instancia judicial desestima el recurso presentado por la comunidad de propietarios contra una primera sentencia ya condenatoria del Juzgado de lo Contencioso nº2 de Vigo, y ratifica el derribo decretado por el Concello en 2008. Los bloques integrados en el recinto, denominado Residencial Gran Lar y situado en la calle Redondo, fueron construidos en 1995 con una licencia para residencia de estudiantes, y el TSXG emitió tres años después una dura sentencia en la que anuló el permiso al resultar acreditado que el fin al que se dedicaron los inmuebles era el de "urbanización destinada a la venta y subsiguiente adquisición en régimen de propiedad privada de cada una de las viviendas y apartamentos que la integran", reza el texto. La nueva resolución señala que es inviable la legalización "ante la evidente incompatibilidad de lo construido con los usos permitidos por la ordenanza".

Los promotores pidieron licencia de rehabilitación de cuatro inmuebles ya existentes en la parcela y la construcción de un quinto edificio. La superficie edificada ronda los 6.000 metros cuadrados. Ya en el momento de solicitar los permisos de primera ocupación, en septiembre de 1995, se produjeron informes municipales negativos al constatar los técnicos que no se estaba dedicando la urbanización a residencia de estudiantes y se evidenciaba la existencia de apartamentos en un régimen de propiedad horizontal incompatible con esos usos. Una inmobiliaria recurrió el acuerdo de concesión de la licencia, el Tribunal de Xustiza la anuló, y el Supremo desestimó la casación. La Concejalía de Urbanismo instó en una orden del 31 de enero de 2008 a los propietarios a ejecutar el derribo en función de la citada sentencia del TSXG.
Los afectados recurrieron esta orden a los tribunales, y entre otros motivos alegaron que la urbanización podría legalizarse con el nuevo Plan Xeral, que establece para la parcela la consideración de suelo urbano consolidado sujeto a una ordenanza de carácter residencial. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Vigo descartó esta posibilidad en una sentencia de 19 de octubre de 2009 y concluyó que las obras son "incompatibles con el ordenamiento urbanístico, tanto si se toma como referencia el Plan Xeral de 1993 –en vigor cuando se construyó la zona residencial– como con el planeamiento vigente en la actualidad, aprobado con posterioridad a la terminación de las obras y a la firmeza de la sentencia que anula la licencia".
El magistrado señala en aquel fallo que el problema no se ciñe al uso, sino que existe "una conducta dirigida a crear una apariencia constitutiva de fraude de ley anterior a la obtención de la licencia, de manera que se trata de una licencia viciada porque, no siendo autorizable el uso residencial, se solicita y se obtiene al amparo de una presunta utilización permitida, referida a los alojamientos colectivos como el de residencias, colegios mayores y edificios análogos". Agrega que, aunque se hicieron cambios en los planos y se creó una asociación destinada a promover actos culturales y sociales dentro del recinto, "es una urbanización de viviendas y apartamentos". Respecto a la ordenanza del nuevo PXOM, tampoco sería aplicable por superar lo construido "el fondo máximo edificable".
El fallo reciente del TSXG avala los argumentos del emitido por el juzgado vigués y establece que "se trata de obras carentes de licencia y no legalizable, no apreciándose un supuesto de fuera de ordenación sino de una obra ilegal con la que se corresponde adecuadamente la orden de demolición".


* Faro de Vigo - 15.04.11
Foto: Vigo, residencia a derribar en Navia - farodevigo

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PSOE cómplice de la corrupción en Grazalema

ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : Estando finalizándose las Diligencias Previas que instruyen el Juzgado de Ubrique por el caso de presunta corrupción urbanística en Grazalema, la jueza ha dictado un auto en el que asegura estar “acreditado inicialmente que el arquitecto técnico del Ayuntamiento cobraba comisiones a constructoras y otros profesionales de la construcción por la concesión para la realización de obras”. La causa abierta por el Juzgado de Ubrique a raíz de la operación “Pinsapar” que desarrolló la Guardia Civil, tiene su origen en las denuncias presentadas en octubre de 2005 por Ecologistas en Acción por el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de Grazalema para permitir la construcción de un bloque de pisos al que el Ayuntamiento de Grazalema concedió una licencia ilegal en agosto de 2005, siendo alcaldesa Mª José Lara.

Un bloque construido anteriormente, también ilegal, contó con licencia de su antecesor y tío Antonio Mateos. Tras dichas denuncias, la alcaldesa se vio obligada a paralizar las obras, provocando un escándalo que terminó en los juzgados en 2006 con acusaciones mutuas entre los constructores, el técnico municipal y alcaldesa.

Tras cinco años de instrucción, la jueza entiende que el ex arquitecto técnico municipal, los promotores del bloque de pisos de la Plaza de la Asamblea -la empresa Inmocentral-, el anterior alcalde, la actual alcaldesa y dos concejalas más pudieron incurrir en sendos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y contra la ordenación del territorio.

La existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Grazalema era del perfecto conocimiento del anterior alcalde, de la actual alcaldesa y de los máximos responsables del PSOE gaditano. Desde el año 2000 Ecologistas en Acción ha venido presentando numerosas denuncias por infracciones urbanísticas en Grazalema, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno. Al investigar la inactividad municipal ante estas ilegalidades, pudimos comprobar como desde la Oficina Técnica se elaboraban informes que, falseando las normas municipales, aseguraban sistemáticamente que las obras denunciadas eran legales. La respuesta del entonces alcalde Antonio Mateos fue apoyar al técnico municipal Juan Prieto.

Cuando Prieto se construyó una casa manifiestamente ilegal en suelo no urbanizable del Parque Natural fue denunciada por Ecologistas en Acción. El anterior alcalde le pidió al mismo Prieto un informe, en el que concluía que su casa era legal. Al final han tenido que abrirle expediente y decretar su demolición, reconociendo los promotores de los mencionados bloques de la Plaza de la Asamblea que realizaron las obras de forma gratuita como pago de los favores recibidos.

Ante estos graves hechos, en noviembre de 2003 remitimos una amplia denuncia al alcalde en la que, tras hacer una pormenorizada relación de los informes ilegales que venía realizando el técnico municipal para favorecer a determinados promotores, concluíamos:

“Es por tanto evidente la veracidad de las acusaciones efectuadas por Ecologistas en Acción, en el sentido de que la Oficina Técnica de ese Ayuntamiento viene realizando informes que contradicen la legislación urbanística y medioambiental vigente… por tanto le solicitamos que inicien las acciones legales oportunas contra el responsable de dichos informes, ya que se podría estar incurriendo en posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos”.

Desde entonces Ecologistas en Acción ha venido solicitando de forma infructuosa que se nos informe de las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento ante estas denuncias, Ni antes Antonio Mateos, ni después Mª José Lara, hicieron nada al respecto, habiendo desaparecido todas las denuncias de Ecologistas en Acción de los archivos del Ayuntamiento, a pesar de que constan en el registro de entrada del Ayuntamiento y tenemos copia sellada de las mismas. Dichas denuncias han sido aportadas a la instrucción y constan como prueba de cargo.

El Ayuntamiento nunca abrió expediente alguno por estas infracciones urbanísticas ni por la actuación manifiestamente ilegal de la Oficina Técnica, pero acometió una campaña de acoso contra el principal denunciante de esta trama de corrupción, Juan Clavero, llegando la actual alcaldesa a decretar la demolición de la vivienda de su familia en Benamahoma, represalia de la que tuvo que dar marcha atrás ante la demanda judicial que le presentaron.

En vista de esta situación, Ecologistas en Acción presentó denuncia en numerosos organismo –Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Consejería de Obras Públicas, Delegación del Gobierno de la Junta, Diputación provincial…-, sin que ninguno abriera investigación alguna por los graves hechos denunciados. Ya en diciembre de 2001 Ecologistas en Acción remitió a Francisco González Cabañas, en su calidad de secretario general del PSOE de Cádiz, un escrito donde se le exponía las actuaciones urbanísticas ilegales del Ayuntamiento de Grazalema. Nunca nos contestó. Ante nuestra insistencia, su Jefe de Gabinete, Francisco Aído, nos remitió al entonces Diputado del Área de Cooperación Municipal, y actual consejero de Gobernación Francisco Menacho, para que nos atendiera. Hasta la fecha.

Ecologistas en Acción entiende que por acción u omisión existe una clara responsabilidad política de los máximos dirigentes del PSOE a nivel local y provincial por la trama de corrupción que se ha destapado en la localidad de Grazalema, y no se entiende que personas que desde responsabilidades políticas han amparado la corrupción, no actuando cuando se ha denunciado, se vuelvan a presentar de nuevo para ostentar cargos públicos. El PSOE tendrá que dar explicaciones.


* Ecologistas en Acción Cádiz - 14.04.11
Foto: Grazalema (Cádiz), Guadalete - Ecologistas en Acción

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Tiburones en Arrecife

DOMINGO GARCÍA/Lanzarote* : De repente, Arrecife, se llena de tiburones. Esperan dar el zarpazo y comerse de una mordida la capital y todo lo que en ella huela a riqueza. Nunca se había visto tanto potentado, disputándose la Alcaldía de Arrecife. El negocio se les ha quedado pequeño y necesitan abrir nuevas vías de enriquecimiento. El dinero, mucho dinero, no parece bastarles para ser felices. Necesitan darse un atracón a costa de los bienes públicos. Quieren sentirse, no sólo ricos, sino además, poderosos y que nosotros lo sepamos. Me sorprende y me mosquea tanto interés por parte de tanto magnate, queriendo ocuparse de los problemas vecinales. Me resulta extraño, que salgan de su boca, palabras como servicios sociales, pobreza y marginalidad. Es admirable, que en tiempos de crisis económica, los pudientes se acuerden de los pobres, parados y desheredados de la sociedad. A esa gente, que ellos tanto han exprimido en tiempos de opulencia, le vienen ahora a decir, que no se preocupen, que ellos, los sanadores de todos sus males, realizaran, de manera desinteresada, un sobreesfuerzo, para sacarles de la miseria en que se encuentran enterrados. Eso sí, sin decirles que la culpa de tanta miseria ha sido el egoísmo de esos mismos salvadores.

Ahora, cuando se está en el camino de resolver la principal incógnita que tiene la ciudad, que es el Plan General de urbanismo, se meten todos en listas electorales. Y no en el puesto 18, ¡ni de coña!, en el primero, que no es plan de tentar a la suerte y ver que los vecinos no te votan, y te quedes compuesto y sin novia.

Verles hablar de resolver el transporte público, cuando siempre han viajado en primera, hablar de guarderías, los que siempre han tenido niñeras, o de educación pública, a los que han vivido en internados suizos resulta, como poco, impertinente. Fachendosos y cínicos a la hora de plantearnos sus pródigas propuestas, llevarnos a todos al paraíso, sin salir de la calle Real.

Como iluminados, nos tratan de convencer de que no tenemos mejor cosa para salir de la crisis que fiarnos de quienes se enriquecen a costa de expoliar al pueblo. Ejemplos claros: impedir que se construyan nuevas superficies comerciales, mientras se fabrica la propia, bajo dudosa legalidad. Otra: aprovechar una determinada posición política en el ayuntamiento para ensanchar aceras, quitar aparcamientos públicos, a la vez que se levantan aparcamientos privados de su propiedad. Y la más escandalosa: que un alcalde se convierta en el intermediario de un terrateniente con sueños de gran arquitecto.

Difícil de entender que en la pecera de Arrecife puedan caber tantos tiburones juntos. Ellos, los tiburones, cazan en grupos, al igual que los adinerados metidos a políticos. Tratan de sentar sus reales posaderas en los salones del poder para participar en un festín, sin límites ni control. Ya no se conforman en poner a sus intermediarios, quieren estar presentes en lo que pretenden pudiera ser el saqueo de las arcas públicas y el reparto de la ciudad.

Tiburones que huelen la sangre de las instituciones, nadan a favor de la corriente. Conocedores de que la población está demasiado ocupada en rebasar el día a día vienen con sus cantos de sirena, cuando la realidad es que llegan con sus dientes ensangrentados, dispuestos a darse la gran panzada.

Ellos, que pretenden un gran icono, cuando los barrios se ahogan si caen cuatro gotas. Sueñan con un superpuerto deportivo, mientras los barcos huyen de Los Mármoles cuando sopla el viento, o se recrean en una fotografía de un auditorio, cuando los niños en las escuelas, asustados, no saben si se les vendrá encima.

De ellos, no me preocupa que sean ricos, ni que quieran ser lo más. Me preocupa que esa riqueza la quieran buscar en el Ayuntamiento.


* La Voz de Lanzarote - Opinión - 13.04.11

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