La UE condena a España por no sanear aguas residuales

ELPERIÓDICO* : España recibió ayer un nuevo y severo varapalo de la Unión Europea en materia medioambiental. En esta ocasión, la reprimenda está motivada por sus persistentes carencias en la depuración de aguas residuales, concretamente en 38 ciudades repartidas por todo el país, a pesar de las reiteradas advertencias de la Comisión Europea desde hace más de seis años. El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por no respetar la directiva de 1991 de saneamiento de aguas residuales urbanas, pese a los sucesivos requerimientos que el Ejecutivo comunitario emitió en los años 2004, 2007 y, nuevamente, en el 2008, como detalla la sentencia. Las estaciones de depuración de aguas residuales debían de haber estado ya en funcionamiento como muy tarde el 1 de enero del 2001, hace más de una década. Si España no corrige en breve esas deficiencias, la Comisión Europea abrirá un nuevo expediente y solicitará al Tribunal de la UE la imposición de elevadas sanciones económicas.

La sentencia del tribunal precisa que España no ha podido demostrar en sus alegaciones que Arenys de Mar disponga de un sistema de tratamiento adecuado y que en su respuesta a los requerimientos de la Comisión Europea el Gobierno reconoció que "la instalación de depuración que existe en la aglomeración no tiene capacidad suficiente para llevar a cabo el tratamiento secundario de las aguas residuales".

Respecto a Pineda de Mar, el Gobierno español aseguró, en sus alegaciones a las amonestaciones, que la estación depuradora ya ha entrado en funcionamiento. Pero el Tribunal de la UE señaló que las obras se finalizaron en un plazo posterior al fijado por la Comisión Europea, por lo que España "incumplió" la directiva y no respetó los dictámenes del Ejecutivo comunitario.

GALICIA, ANDALUCIA Y LEVANTE El Tribunal de la UE indicó que tampoco se respetó la obligación de depuración de las aguas residuales en ciudades tan importantes como A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Baiona, Tui, Noia, Irún, Llanes, Gijón , Tarifa, Chipiona, Barbate, Estepona, Nerja, Elx, Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Alcossebre y Ceuta.

La sentencia indica que el Gobierno reconoce que aún está elaborando los proyectos o iniciando la construcción de las depuradoras de la mayoría de las 13 ciudades andaluzas denunciadas por la Comisión Europea. España también anunció que ya ha iniciado el concurso para las obras de las depuradoras de Llanes y Gijón--en el este en Asturias-- y para la ampliación de las del valle de Guerra y la licitación de la del valle de Güimar, ambas en Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno, asimismo, aseguró en sus alegaciones que las depuradoras pendientes de Castellón y de Alicante estarán finalizadas en el 2013. Además, España reconoce que debe mejorarse la depuradora de Irún y que la licitación de las obras para las depuradoras de Vigo y Santiago aún están pendientes de licitación.


* El Periódico - 15.04.11
Foto: La riera de Arenys, en Arenys Munt, ayer - elperiodico

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´La planificación territorial en Canarias favorece la corrupción´

LAPROVINCIA* : El "perverso" sistema de planificación territorial que hay en Canarias favorece que se multipliquen los delitos vinculados a la corrupción urbanística. Javier Varona, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), considera que el "fracaso" del sistema en las Islas ha provocado que el suelo sea el más caro del mundo, que haya aumentado la especulación urbanística y que la protección medioambiental sea aún insuficiente. Para Varona, "hay un poder político y unos planificadores omnímodos que con sus lápices y cambiando las rayas del planeamiento de un sitio a otro pueden generar o destruir millones de euros en plusvalías, esto supone una tentación muy grande y lo normal es que el que tiene la tentación acabe delinquiendo".

Canarias es una de las comunidades con mayor número de delitos de corrupción asociados al urbanismo y el Código Penal actual no favorece que se castiguen las infracciones como se debiera. El magistrado Varona echa de menos un mayor incremento de las penas para los que cometen delitos de cohecho o prevaricación porque, pese a las reformas que se han realizado del Código Penal, "realmente la figura de los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos ha experimentado una sola reforma en el Código de 1995 y se contemplan penas de inhabilitación o multas pero las de prisión son escasas".

Javier Varona cree que la superposición de leyes y planes entorpece la ordenación territorial de las Islas. En su opinión, el texto refundido del año 2000 de las leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias es "complejo, engorroso y prolijo", lo que la convierte en una de las leyes más complicadas que existen.

Ejemplos
El magistrado se ha enfrentado en su trabajo a problemas relacionados con esta situación y pone como ejemplo el caso de un inversor extranjero que quería saber lo que se podía hacer en una parcela en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana. Realizó una consulta urbanística al Ayuntamiento y a la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y, tras más de un año de espera, recurrió a la Justicia ante la falta de respuesta de la Administración.

"Entre menos leyes y más cortas mejor", advierte Varona, lo contrario de lo que sucede en Canarias, donde "las leyes son malas y se han multiplicado desde que se redactaron las primeras normas sobre el territorio en los años 80". En los últimos 30 años "las leyes se han sucediendo una tras otra y todas han sido malas y han provocado lo contrario de lo que se pretendía", advierte el juez de lo contencioso.
Tampoco la moratoria turística ha solucionado las cosas, más bien al contrario. Varona recuerda que la víspera de su aprobación por el Parlamento los ayuntamientos aprobaron cientos de licencias para construir camas turísticas. Además, la ley de Directrices es una norma "cómoda" que emplaza la ordenación territorial a la redacción de planes y que, 10 años después, se ha incumplido.

Javier Varona participará mañana en una mesa de debate con motivo del III Congreso de Derecho Urbanístico, que se inaugura hoy en el Auditorio de La Oliva, en Fuerteventura, junto a otros expertos y especialistas en urbanismo y territorio.


* La Provincia - 14.04.11
Foto: Mogán (Gran Canaria), excesos urbanísticos - google

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Europa medita quitar fondos a Andalucía por las casas ilegales

ELALMERÍA* : A Helen Prior jamás le pasó por la cabeza que algún día habría de sentarse en el Parlamento Europeo para reclamar sus derechos. Ayer lo hizo acompañada de la presidenta de AUAN, Maura Hillen, en la Comisión de Peticiones. Al finalizar ambas sus intervenciones, todos los parlamentarios europeos intervinientes ayer en el Comité coincidieron en afirmar que había sido realmente emotivo escuchar el relato de las comparecientes y, en especial, el de la señora Prior que narró los sucesos vividos desde que compraron una parcela en el municipio de Vera, con sus licencias urbanísticas. "El abogado, el banco, el Ayuntamiento", explicaba Helen, "nos afirmaron que todo estaba en regla y en octubre del mismo año comenzamos la construcción". El resto de la historia es conocida internacionalmente: su casa fue derribada a petición de ejecución de sentencia por parte de la Junta de Andalucía. A fecha de hoy los señores Prior esperan una solución que parece no llegar.

La Presidenta de AUAN resumió el, a su juicio, asunto de abusos urbanísticos en el Levante y Almanzora almerienses para, a continuación, expresar que "consideramos que estamos hablando de un ataque a los pilares fundamentales de la legislación comunitaria, en relación con la libertad de circulación de capitales y de personas. Tenemos ciudadanos europeos que invierten en España, que proceden de países bien regulados y donde existen verdaderas salvaguardias y esperan que este tipo de normas se apliquen en España. Luego, se encuentran con que las cosas no son así".

Maura Hillen se refirió a una posible "discriminación directa, dadas las observaciones de la Consejera de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía que, cuando debatió este problema, se refirió a una serie de personas que se han asentado 'ilegalmente' en nuestro territorio".

De otro lado, Hillen realizó críticas acerca de incumplimientos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El parlamentario europeo británico Roger Helmer, expuso que "la hora de la acción ha llegado, basta ya de palabras. Hago un llamamiento a esta Comisión para que elabore una Resolución pidiendo que los fondos de ayuda a las Comunidades Autónomas españolas donde ocurren estos acontecimientos, se congelen. Le pido al Primer Ministro británico que se una a esta solicitud para que retenga las contribuciones a la Unión Europea para satisfacer a estas personas". A esta petición se unieron parlamentarios europeos, como Marta Andreasen, quien añadía además que "el Estado de Derecho no se ha cumplido en España, se están comportando como bandidos. Esto es un despropósito escandaloso".

Otra de las intervenciones especialmente duras fue la del parlamentario Michael Cashman: "es totalmente inaceptable lo que está ocurriendo. Las autoridades españolas no han cumplido con su deber, por exceso de celo o por falta del mismo. Si un Ayuntamiento no sabe lo que se está construyendo en una parcela de diez mil metros cuadrados en su municipio, es que no hace su trabajo y no representa correctamente a los que supuestamente tiene que representar".

Unas declaraciones que ha llevado a todos los grupos políticos en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a estudiar en su próxima reunión de mayo si trasladar al pleno de la Eurocámara el debate sobre estos presuntos abusos urbanísticos.


* El Almería - 15.04.11
Foto: Hellen Prior y Maura Hillen durante su intervención en el Parlamento - elalmeria

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Crítica unánime a la pasividad de los fiscales ante los delitos urbanísticos

DIARIOMONTAÑÉS* : Las críticas al papel de los fiscales en la persecución de los delitos urbanísticos; las limitaciones del Derecho Penal como 'muro' de contención de los desmanes cometidos; el riesgo que supone que la mayor parte de las competencias residan en las administraciones municipales y la necesidad de que un pacto de estado permita «esclarecer los conceptos jurídicos y clarificar las reglas urbanísticas» españolas fueron algunas de las ideas en torno a las cuales giraron, ayer, los debates de la sesión de clausura de las jornadas 'Encuentros frente al mar: el acoso al territorio', celebradas en la Universidad de Cantabria con la presencia de medio centenar de expertos en Derecho Penal y Administrativo, en su mayoría titulares de cátedras en varias universidades. Sobre el papel de los fiscales y sobre las limitaciones del Derecho Penal se dijeron algunas cosas. «Somos plenamente conscientes de que la vía penal no va a solventar los problemas del urbanismo»», aseguró Gonzalo Canales, presidente de Arca. «Ir al fiscal es ir a chocar con la clase política», porque «al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno de la Nación» y «la independencia de la Fiscalía está cuestionada». «Pretender dejar en manos de la Fiscalía casi en exclusiva la acusación constituye un grave error», añadió Javier Álvarez, que, además de profesor universitario y director académico del seminario, es miembro de Arca.

Esta situación -la presencia en los debates de la parte demandante en la mayoría de las sentencias de derribo dictadas en Cantabria y la ausencia de los afectados-, provocó una crítica pública por parte de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), quien acusó a la Universidad de Cantabria de «trato discriminatorio» y de tratarles como «testigos molestos» o «mendigos en un barrio bien», que «molestan».
Pacto de Estado
Sobre el papel de los fiscales y sobre las limitaciones del Derecho Penal hubo otras opiniones, como la de Ana Sánchez Lamelas, directora general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, quien reconoció que, en un tema como los delitos urbanísticos, en donde las cosas «no son ni blancas ni negras», el Derecho Penal «va a entrar sólo en lo que es negro-negro».
Más optimista fue la visión de Fermín Morales Prats, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, que consideró que «el Código Penal ha hecho hasta cierto punto los deberes».
«Ahora, hace falta una reflexión para esclarecer el concepto jurídico, la creación de reglas... Y ahora es el momento histórico para hacerlo, porque el mercado inmobiliario está muerto». Morales Prats, una de las 'estrellas' del seminario, defendió un 'pacto de estado' para abordar las cuestiones relacionadas con los desmanes urbanísticos.
A su juicio, este acuerdo nacional pasaría por rescatar de manos de los ayuntamientos las competencias de los ayuntamientos -algo que ya se propuso la víspera por otros expertos- y clarificar los procedimientos, eliminando figuras como la del convenio urbanístico, que calificó de «artefacto» donde «todo es posible».
Mecanismos de control
«Mientras no se resuelva el tema de la financiación municipal, la mayor parte del problema va a seguir estando», añadió en esta misma línea el profesor Jordi Jaria, de la Universitat Rovira i Virgili.


* El Diario Montañés - 15.04.11

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Estepona.- La Policía cree que R.Galeote dio contratos a Gürtel a cambio de viajes

ADN/Málaga* : La Policía cree que el exconcejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, "valiéndose de su situación" en el Ayuntamiento otorgó contratos a las empresas de la red Gürtel a cambio de viajes a Munich o al Caribe que pagaba la agencia Pasadena del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. Así consta en un informe fechado ayer y al que ha tenido acceso Efe, en el que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla sus investigaciones sobre las relaciones entre Galeote y la organización de Correa a la que atribuye el pago de desplazamientos y alojamientos del exconcejal del PP y de personas vinculadas a él entre 2001 y 2003 por valor de 7.969,96 euros. En concreto, el informe menciona varios viajes en avión desde Málaga a Múnich o Londres en 2001 y otro a la República Dominicana, valorado en 2.898 euros en 2002.

Las facturas de la Agencia Pasadena que reflejan el pago de estos servicios turísticos figuran a nombre de Annette Pichlmaier, que, según recuerda la Policía, era "una persona vinculada" a Galeote en esa época.

La UDEF sostiene que la utilización de su identidad en los recibos "responde al interés del propio Galeote en ocultar su vinculación con los servicios prestados y no aparecer de forma directa en los documentos mercantiles".

Otra de las personas que figuraron como beneficiarias de los servicios turísticos pagados por la red de Correa fueron María Isabel García Caballero, con la que realizó un viaje al Caribe, así como una hermana del exconcejal.

El propio Galeote, cuando declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de la causa, explicó que había viajado a Santo Domingo con una ex pareja suya de la que se acababa de divorciar y que por eso la invitó.

La Policía concreta el papel de Galeote desde su posición como concejal de Turismo y Director de la Sociedad Turismo y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Estepona, que contrató distintos productos y materiales, entre ellos el suministro de "moquetas, plástico y carpas", a la empresa Special Events, y servicios turísticos a través de Pasadena, propiedad de Correa, de quien recibía contraprestaciones económicas destinadas a viajes particulares.

"Ha obtenido un provecho propio y para personas de su entorno mediante la percepción de servicios de carácter turístico por parte de la sociedad Pasadena; viajes pagados con los fondos procedentes de las comisiones percibidas por el suministro de materiales", concluye la UDEF.

Precisamente hoy, Ricardo Galeote, hermano del exeurodiputado Gerardo Galeote -también imputado en el "caso Gürtel, al igual que su padre José Galeote- ha declarado ante el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que le ha imputado un delito de blanqueo de capitales.


* ADN - EFE - 15.04.11
Foto: EStepona - google

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Imputado el exalcalde de Montcada por la polución de la cementera

ELPAÍS/Barcelona* : El exalcalde de Montcada i Reixac César Arrizabalaga y la actual concejal de Medio Ambiente, Eva Gonzalo, declararon ayer como imputados por la contaminación ambiental y acústica generada por la cementera Lafarge de la localidad. Según la fiscalía, el Consistorio fue "pasivo" ante los elevados índices de polución, que superan lo permitido por la ley. Los regidores apuntaron ayer a la Generalitat como máxima responsable del problema. En 2008, entidades de Montcada denunciaron el caso ante el fiscal, que se querelló por un delito contra el medio ambiente. Además de Arrizabalaga y Gonzalo, el Juzgado de Instrucción nº2 de Cerdanyola ha imputado al entonces director de la fábrica, Osvaldo Pereda, por prevaricación.

Los Mossos constataron que las emisiones a la atmósfera de polvo de cemento generan "una evidente contaminación sobre las viviendas y los habitantes" del barrio de Can Sant Joan, el más próximo a la fábrica. Lo mismo pasa con el ruido, que "vulnera" de forma "reiterada" los límites.

Frente a las acusaciones de la fiscalía de "actitud de tolerancia, complicidad y pasividad", el exalcalde y la concejal declararon ayer que presionaron a Lafarge y a la Generalitat para que resolvieran los problemas. Ambos admitieron que conocieron diversos "episodios de polvo negro" procedente de la fábrica, pero se justificaron aduciendo que es el Gobierno catalán el que tiene las competencias en materia de contaminación atmosférica.


* El País - 14.04.11
Foto: Montcada (Barcelona) - montcadapost

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"En la actualidad, el urbanismo se ha convertido en una profesión de riesgo"

ELDÍA/Entrevista* : El fuera de ordenación, como consecuencia de los planes generales, será el tema sobre el que disertará Eduardo Risueño Díaz, gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, en el marco del III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se desarrollará en el Auditorio de La Oliva de Fuerteventura.
-¿Qué efectos tiene el fuera de ordenación en una edificación?
-El régimen jurídico aplicable a estas construcciones depende del plan general de cada municipio, porque la normativa urbanística remite esa decisión a cada instrumento de ordenación, por lo que depende de la voluntad de cada ayuntamiento. En el caso de Santa Cruz, se establece un régimen más flexible que el previsto en la normativa urbanística, por lo que en las edificaciones que queden fuera de ordenación se podrán hacer obras de consolidación, modernización y mejora, pero no incrementos de su volumen. A la hora de reconstruirlas, tiene que hacerse según el nuevo planeamiento.

¿Por qué hay tantos municipios que aún no han aprobado sus planes de ordenación?

El principal motivo es la sucesión de normas que se ha producido tanto en el ámbito autonómico como nacional. Se trata de leyes a las que los planes se han tenido que ir adaptando de forma sucesiva, lo que implica que, cuando ya se tiene hecho un trabajo, hay que volver atrás para adaptarse a la nueva normativa y, además, seguir la tramitación que marca el nuevo criterio. Otro problema es la falta de presupuesto de los propios municipios para poder afrontar la formulación de instrumentos.

¿La falta de aprobación de PGO paraliza las ciudades?

Sin los planes no se pueden obtener licencias, por lo que se frena el desarrollo. Por ello, aprobar los planes generales de ordenación ayuda a renovar y dinamizar la ciudad desde un punto vista urbanístico, económico y social. Cabe señalar que, conforme al plan anterior, se pueden seguir otorgando licencias, lo que ocurre es que el plan nuevo de alguna manera establece las necesidades actuales de la ciudad, por lo que muchos promotores no piden licencias conforme al planeamiento anterior.

¿Qué ocurre con el plan general de Santa Cruz?

Es cierto que en Santa Cruz la tramitación del plan general se ha dilatado en exceso, pero también es que ha habido una serie de periodos de información pública sucesivos que no han tenido otros instrumentos de ordenación. Santa Cruz, al ser una capital de provincia, es una ciudad compleja con un territorio diverso, donde hay espacios naturales protegidos, suelo urbano consolidado y suelo pendiente de desarrollo. A esta diversidad territorial que no tienen otros municipios de las islas, se suma la existencia de movimientos ciudadanos que están en contra del PGO por diversas razones que pueden ser legítimas.

¿Se debería simplificar la tramitación urbanística?

Creo que debemos simplificar los trámites, pero también la normativa, pues hay un exceso de normas concurrentes sobre una misma parcela. Esto significa que los promotores tienen que ser auténticos expertos en toda esta normativa. Por ello, lo primero que deberíamos hacer es una reflexión calmada sobre cuáles son los cambios necesarios en la Ley del Suelo, aunque el principal problema está en esa concurrencia de normas municipales y supramunicipales sobre ámbitos coincidentes.

¿Hay que poner freno definitivo al crecimiento urbanístico de los municipios turísticos?

Desde el año 2001 se ha pretendido incrementar la calidad frente a la cantidad, y de ahí derivan las medidas de moratoria turística y de contención del crecimiento. Pero esto no significa una paralización absoluta, sino que las actuaciones que se realicen sean de la mayor calidad. Ese es el caso de la moratoria, cuyo objetivo es la renovación turística en ciudades obsoletas, como pueden ser Puerto de la Cruz o Corralejo. Estas renovaciones hay que fomentarlas a través de inversiones públicas y de la legislación, pues se debe ofrecer alguna compensación normativa a quien se comprometa con este objetivo.

Desde el punto de vista urbanístico. ¿Cuál es su idea de ciudad ideal?

Una ciudad diversa donde los ciudadanos, que tienen también unos estilos de vida muy diversos, puedan desarrollar su vida sin limitaciones frente a los demás. Esto implica compatibilizar ocio con descanso y con atractivos dentro de la ciudad. Una ciudad de calidad implica una movilidad adecuada, donde no existan colas para poder desplazarse de un lugar a otro y con un transporte público adecuado. Todo esto pasa por una planificación previa, pues una ciudad adecuada necesita unos sistemas de ocio que admitan la demanda que exista y que sean aptos para la población existente.

¿Deberían sacarse de las ciudades las actividades industriales y las grandes superficies?

Las grandes superficies, hasta cierta capacidad, pueden estar perfectamente integradas en una ciudad, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta el extraradio, pero las que superen esa capacidad deben estar fuera. Respecto a las actividades industriales, han existido siempre, y de alguna manera dan una visión de la ciudad que tenemos y es la que siempre hemos vivido. Otra cosa son las actividades que sí perjudican, por el ruido o la contaminación que producen, y deberían estar en lugares adecuados.

Parece que está de "moda" imputar a políticos.

En la actualidad el urbanismo se ha convertido en una profesión de riesgo. Ya es raro el día que no vemos en los periódicos que se haya imputado a alguna persona que se dedique a esta labor. Más que una moda, creo que es una pena, porque estoy seguro de que en un 98% los profesionales del urbanismo son igual de honrados que los de otros sectores. Hay una difusión excesiva de la posibilidad de resultar condenado por determinadas cuestiones, y estas muchas veces no llegan, aunque se le da menor difusión a las absoluciones. Es un problema de la sociedad, pues parece que nos regodeamos con el mal ajeno.

Quizás el problema sea las facilidades que da ley para imputar.

Imputar es una garantía, lo que ocurre es que en determinados ámbitos se asocia imputación a precondena. Sin embargo, el derecho penal está ahí, y en mi opinión determinadas personas lo utilizan de una manera excesiva y fraudulenta. El derecho penal está regido por el principio de intervención mínima, que es el que debe seguirse, y mientras existan otros órganos jurisdiccionales donde se puedan discutir los conflictos respecto a las acciones administrativas, deberían ser esos los que decidieran esas cuestiones.


* El Día Tenerife - 14.04.11
Foto: La Oliva (Fuerteventura), Plan Majanicho anulado - laprovincia

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