Las Teresitas.- Una investigación titánica

LAOPINIÓN/Tenerife* : Seis años, más de 70.000 folios, centenares de testigos, los pinchazos a más de una treintena de teléfonos, el análisis de más de 300 cuentas bancarias y el estudio de los movimientos de capital hacia 21 países no han servido para demostrar que en el caso Las Teresitas se pagaron comisiones para influir en las decisiones políticas.
La propia fiscal anticorrupción, María Farnés, admite en sus conclusiones que la magnitud del caso y el tardío inicio de las investigaciones policiales –cinco años después de que el Ayuntamiento comprara a Inversiones Las Teresitas los terrenos– impidieron demostrar cualquier indicio de cohecho en los imputados.
La denuncia final del ministerio público que llegará al Supremo es la misma que cuando se levantó parte del secreto de sumario, el 19 de enero del año 2008. Los agentes policiales llegaron a rastrear casi 400.000 movimientos bancarios solo en el entorno del empresario Ignacio González Martín y que hasta tomaron declaración a los trabajadores de los concesionarios que vendieron vehículos a algunos de los implicados en los años posteriores al presunto pelotazo de Las Teresitas.

Y eso que en los informes de las diligencias previas, los policías dicen haber encontrado pruebas del supuesto enriquecimiento irregular de los principales actores, como que el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, adquiriese en solo 15 días 145 décimos de lotería que resultaron premiados en los sorteos del Navidad y El Niño de 2001.
La causa principal llega al Supremo con un total de 13 imputados por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Estos son los principales argumentos de la Fiscalía contra ellos.

E Miguel Zerolo
Zerolo, como responsable último del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, decidió y puso en marcha, según María Farnés, los mecanismos administrativos cuya única finalidad eran la compra por parte del Consistorio de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas, "a un precio desorbitado y mediante la firma de un convenio que suponía un beneficio para la parte privada y un grave perjuicio al erario".
Anticorrupción denuncia la absoluta falta de motivación del que era alcalde para llevar a cabo la expropiación, solución que habría evitado un gasto de dinero público desmesurado de 8.750 millones de pesetas. Además, lo hizo aún a sabiendas de que había tres informes que reducían ese valor a menos de 3.000 millones y de que más de 9.000 metros cuadrados eran de dominio público, tal y como había confirmado la demarcación de Costas.
E Manuel Parejo
"Contribuye de una manera decisiva a la resolución que posteriormente se adopta" de comprar el frente de playa a un precio desorbitado al ser el consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo en la fecha en que ocurrieron los hechos y al dar todas las directrices a los funcionarios para que realizaran los informes para amparar el precio pactado con los empresarios. Es conocedor de la contradicción de las valoraciones económicas de las parcelas.
E Juan Víctor Reyes
"Colabora con el hecho delictivo pese a no dictar la resolución, pero siendo consciente de que mediante su aportación presta la ayuda necesaria", señala Anticorrupción. Era secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo cuando realiza un informe que niega la posibilidad de expropiación, con apreciaciones equivocadas, y firma el informe de valoración que le interesa a los empresarios pese a no ser arquitecto municipal.

E Antonio Messía
Era interventor general del Ayuntamiento en el momento de los hechos delictivos. Emite un informe para justificar el precio pagado a los empresarios y está presente en el pleno en el que se aprueba la compra de las parcelas.

E José Eugenio de Zárate
Colaboró en los hechos delictivos siendo secretario general del Ayuntamiento. Las partes firman ante él un convenio que en esa fecha no existía en el Consistorio.

E José Tomás Martín
Era el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento. Sabía que 9.000 metros cuadrados de las parcelas eran de dominio público y solicitó una tasación a CajaCanarias siendo conocedor de que la entidad era parte interesada en la operación.

E José Luis Roca
Era el interventor delegado de Urbanismo. Omite su obligación legal de incoar un expediente debidamente justificado que diera lugar a una propuesta de gasto y de pago a Inversiones Las Teresitas.

E Ignacio González y Antonio Plasencia
Colaboran de una forma decisiva, como socios de Inversiones Las Teresitas, en la resolución del Ayuntamiento y son los grandes beneficiados al lograr 8.750 millones de pesetas por una parte de los terrenos que habían comprado tres años antes por 5.500 millones. Todas las decisiones del convenio fueron tomadas por ellos aunque no firman ni este documento ni la escritura de compraventa. Participan personalmente en diversas reuniones llevadas a cabo con autoridades y funcionarios para acordar el precio de la compra y son conocedores de los informes que rebajan a menos de la mitad el verdadero valor de los terrenos. Mostraron sumo interés porque la operación se llevara a cabo por el precio fijado por ellos unilateralmente.

E Pedro González y Carlos Plasencia
Actúan de una forma decisiva en la resolución del convenio al ser los apoderados de Inversiones Las Teresitas y al mismo tiempo hijos de los también imputados Ignacio González y Antonio Plasencia.

E Emilio Fresco y José Emilio García Gómez
Estuvieron presentes en varias reuniones donde se llega a un acuerdo con la parte privada de la negociación. Están presentes y votan a favor en la sesión plenaria de julio de 2001 en la que se aprueba la compra de los terrenos del frente de playa a Inversiones Las Teresitas.


* La Opinión Tenerife - 11-12-11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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