Vigo.- Los jueces critican la "dejadez" institucional con la Cidade da Xustiza y urgen que se desbloquee

FARODEVIGO* : "El tiempo transcurrido indica que ha habido una dejadez bastante importante". El juez decano vigués mostró ayer públicamente su preocupación por la situación de punto muerto en que está la Cidade da Xustiza por falta de entendimiento entre Xunta y Concello. Germán Serrano alertó de que "ha pasado mucho tiempo" desde que se dio a conocer el proyecto sin que haya habido avances e instó a ambas administraciones a que "se pongan de acuerdo". Las posturas, sin embargo, parecen por ahora inamovibles. La delegada de la Xunta Lucía Molares anunció que se remitió al Ayuntamiento una carta pidiendo una reunión "urgente" para "desbloquear" la situación, pero reiteró el ultimátum ya lanzado por el Gobierno autonómico: o el Concello inicia "ya" las expropiaciones para poner los terrenos a disposición de la Xunta, o la partida de quince millones de euros reservada para construir el edificio se destinará a otras necesidades. El Concello, a través de su gerente de Urbanismo, contestó ayer a la misiva con otra carta en la que muestra su disposición a una entrevista. Pero en la misma se insiste en que procede la declaración de supramunicipalidad, lo que deja en manos de la Xunta el coste total del proyecto, incluyendo la expropiación de las parcelas.

La Cidade da Xustiza empezó a fraguarse en 2003, su proyecto se presentó en 2007 y la inauguración llegó a ser anunciada para el pasado año. Pero cuando ya está a punto de finalizar 2011, la situación parece más enquistada que nunca. Germán Serrano lamentaba ayer este escenario tras mantener una reunión con Lucía Molares y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez. El encuentro fue convocado por estos últimos. "Pasamos de ser la ciudad pionera en Galicia al hablarse de Cidade da Xustiza a quedarnos atrás, pues otras como Santiago o A Coruña ya han puesto los terrenos a disposición y la Xunta va a acometer la nueva edificación", advirtió, para añadir que este "tiempo transcurrido" sin avances evidencia una "dejadez" en la ejecución de un proyecto necesario para "dar solución" a los problemas de espacio que hay en los dos edificios judiciales.
¿Y cuál es la situación actual? El traslado del Registro Civil al Casco Vello –comprometido para 2013 y que permitirá ganar sitio en los inmuebles– y la "mala perspectiva" en cuanto a creación de nuevos juzgados debido a la crisis económica daría un respiro pasajero a la asfixia de espacio judicial. Serrano reconoce que "a medio plazo" se podría salir adelante, pero hasta ahí. "Después ya habría que tirar de la Cidade da Xustiza", advierte el juez, quien pese a todo muestra su confianza y apela la "buena voluntad" de Xunta y Concello "para que se llegue a una solución satisfactoria".
Posturas
Por lo de pronto, las posturas parecen irreconciliables. La del Gobierno autonómico la dejó ayer clara una vez más Lucía Molares tras la reunión con el decano: "El alcalde de Vigo debe hacer los deberes y poner los terrenos a disposición de la Xunta". Lo hizo tras recordar el antiguo compromiso de Abel Caballero de ceder las parcelas tras unas expropiaciones que en su día valoró en seis millones de euros y que ahora, en un "cambio de rumbo" y "basado en nada", señala Molares, cifra en 21 millones.
La Xunta volvió a esgrimir el informe técnico que hizo público la pasada semana en el que se valoran las expropiaciones en cinco millones –muy por debajo de los 21 que ahora defiende el Ayuntamiento– y en el que se indica que con el procedimiento de ocupación directa de las parcelas, estas estarían libres en seis meses. El tiempo corre y Molares lanzó un ultimátum al regidor: o inicía "ya" las expropiaciones y "desbloquea" la situación o la partida reservada para 2012 para levantar el edificio no se podrá ejecutar, lo que dejaría en el aire la Cidade da Xustiza. "Si no hace la parte que le corresponde, nosotros lo que no vamos a hacer un año más es perder una partida de 15 millones en un momento en el que hay tantas necesidades", alertó.
"Si el proyecto no sale adelante, no es por la Xunta", insistió la delegada, desvelando también que el pasado viernes había enviado una carta a la Alcaldía solicitando una entrevista urgente "con las personas que se considere oportunas" para tratar de "desbloquear" la situación. La contestación a la misiva salió ayer del Concello. Firmada por la gerente de Urbanismo, María Carneiro, y dirigida a Molares, en la misma también se deja clara la posición municipal de no asumir el coste de la expropiación.
La carta acepta el encuentro planteado por la Xunta. "A los efectos de discutir y explicarle personalmente todos los detalles de un proceso de competencia autonómica y de gran importancia para esta ciudad, estaré encantada de reunirme cuando lo estime oportuno, con una simple llamada para que fijemos fecha y hora", dice la gerente de Urbanismo, exponiendo en la comunicación el acuerdo plenario de 2009 "aún en vigor" por el que se decidió –a propuesta del PP, recuerda– solicitar a la Xunta que procediera a la expropiación de los terrenos para la Cidade da Xustiza, y por lo tanto, a su pago íntegro a través de la declaración de supramunicipalidad del proyecto.
Supramunicipalidad
La misiva también reitera que el proyecto presentado por la Xunta no se adecúa al actual diseño del PXOU, lo que, se añade, también obliga al Gobierno autonómico a proceder a este plan de supramunicipalidad "que por supuesto nosotros apoyaríamos desde esta gerencia". Fuentes de la Delegación de la Xunta señalaron ayer por la tarde que aún no habían recibido esta carta del Concello en contestación a la remitida por Lucía Molares.


* Faro de Vigo - 11.11.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)

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