'Malaya': Roca se revuelve contra el fiscal para proteger su cartera

MÁLAGAHOY* : Los empresarios pagaron a Juan Antonio Roca 30,9 millones de euros entre 2004 y febrero de 2006. El exasesor de urbanismo ha reconocido que, cuando menos, esta cifra, que aparece recogida en su contabilidad secreta de Maras, “es aproximada”. Sin embargo, ayer acudió al banquillo de los acusados del caso Malaya cuchillo en ristre para defender la legalidad de estos cobros.
Después del extraordinario balón de oxígeno que regaló a la Fiscalía Anticorrupción el lunes aceptando que había pagado sobornos a los concejales, Roca sacó ayer su lado más bronco para enfrentarse sin miramientos al fiscal Juan Carlos López Caballero en una batalla para defender estos 31 millones.
El Ministerio Público arrancó su interrogatorio sobre los pagos de los empresarios interesándose por los negocios que mantuvo con Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos protagonizaron espectaculares pelotazos urbanísticos en los que el exasesor de urbanismo de Marbella solía tener parte. El fiscal entiende que porque allanaba el camino para que consiguieran licencias ilegales.

Roca, en cambio, sostiene que simplemente se aventuraba en operaciones inmobiliarias que salían bien, pero que todo era legal. En cualquier caso, los archivos de Maras indican que Sánchez y Liétor pagaron al exasesor de urbanismo 5,3 millones de euros por negocios en los que había participado con ambos.

Una de las operaciones expuestas por Anticorrupción durante el interrogatorio al que sometió ayer a Juan Antonio Roca fue la de Vente Vacío. En 1996 el principal procesado en el caso Malaya compró una finca rústica al banco Banesto por la que pagó 4 millones de pesetas. Tres años después se la vendió a Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF 21) por cinco millones de pesetas, aunque la venta no la escrituraron hasta enero de 2003.

Casualmente el Ayuntamiento necesitaba urgentemente una parcela para instalar un vertedero municipal y optó por esta finca. El 10 de septiembre de 2002, incluso antes de que se formalizara en documento público la venta de la finca, el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, firmó un convenio con Andrés Liétor y Carlos Sánchez para cambiar la finca rústica por dos solares de propiedad municipal en la milla de oro.

Lo curioso es que un terreno que había sido vendido por 30.000 euros en 1999 fue tasado a efectos de permuta en septiembre de 2002 (15 día después de firmarse el convenio) en 1,89 millones de euros. En julio de 2003 Juan Antonio Roca, a través de Masdevallía, compró a Carlos Sánchez y Andrés Liétor los suelos entregados por el Ayuntamiento. Una semana más tarde vendió uno por 1,8 millones de euros y año y medio después el segundo por 1,5 millones. En conjunto obtuvo plusvalías de 904.000 euros que Anticorrupción considera que fueron posibles gracias a su “capacidad para disponer de los aprovechamientos municipales”, a la sobrevaloración de la finca rústica y la valoración a la baja de las parcelas municipales.

Anticorrupción interrogó también ayer a Roca sobre otras seis operaciones inmobiliarias realizadas por Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la Marbella del GIL que, según la Fiscalía Anticorrupción, implicaron importantes pagos para Juan Antonio Roca a cambio de su mediación para modificar las características urbanísticas de estos suelos. El procesado, en cambio, sostuvo en todo momento que no medió ante el equipo de gobierno, sino que simplemente participó en estos negocios que le reportaron suculentas ganancias.

Las operaciones Ranchotel y Elviria centraron parte de un interrogatorio que tuvo momentos de tanta tensión que el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, acabó suspendiendo la sesión a las 11:20 de la mañana para dar un respiro a las partes y que se calmaran los nervios.

El asunto de Ranchotel y Elviria arrancó en 1992. Jesús Gil no había hecho más que tomar las riendas del Ayuntamiento cuando en junio de 1992 aprobó en pleno cambiar tres parcelas municipales por la finca La Mina, propiedad del Banco Exterior de España (BEX). Dos de estas fincas acabaron años después en manos del asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

Según Anticorrupción, en diciembre de 2000 Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF21) compraron Ranchotel y Elviria a Juan Antonio Roca (Mediterránea de Inmuebles) en una complicada operación de compra de un crédito litigioso que el exasesor de urbanismo reclamaba a Gesinar, filial inmobiliaria del BEX. La operación comprendía la cesión del crédito y la entrega a cambio a CCF 21 de varios bienes, entre ellos un cuadro de Sorolla y la finca Ranchotel que en ese momento se valoró en 18.000 euros.

El 14 de marzo de 2001, tres meses después, CCF21 vende Ranchotel a otra empresa por 2,8 millones de euros. La particularidad, según la versión de la Fiscalía, es que 12 días antes la comisión de gobierno había expedido a la compradora final del terreno licencia de obra para levantar 63 viviendas, aunque la licencia fue recurrida por la Junta de Andalucía y ha sido objeto de un procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Marbella.

En todo caso, Roca anotó en la contabilidad doméstica que llevaba en Maras un ingreso de CCF21 de 60.000 euros. Ayer admitió que se produjo este pago aunque, en contra del criterio del Ministerio Público, explicó que esta suma correspondía a sus ganancias en este negocio porque en su momento el Ayuntamiento había permutado con el BEX la parcela para comprar el hotel Pueblo Andaluz y como el municipio tenía todo su suelo embargado él entró a título particular en la operación.

Mal rollo en el banquillo
¿Qué le llevó a Juan Antonio Roca a admitir que ha pagado sobornos a los concejales de Marbella? ¿Cómo reaccionarán los concejales? ¿Y los empresarios? El ambiente bulle. La nueva estrategia defensiva del exasesor de urbanismo (pagó cohechos a los ediles pero cobró por negocios legales a los empresarios) ha desestabilizado el banquillo del caso Malaya. Hay quien entiende la nueva posición de Juan Antonio Roca como una traición a acusados que ya han declarado, han sido leales y negado que los archivos de Maras sean una contabilidad secreta, como él ahora admite. Ahora se ven haciendo equilibrios en el vacío. Otros entienden que el cambio de Roca encierra un pacto o al menos una declaración de intenciones prenegociada. En cualquier caso, los concejales han quedado en una situación difícil: les ha atribuido un delito de cohecho, leve, pero cohecho. Los empresarios también están inquietos. Temen que el tribunal dé crédito a parte de la declaración de Roca (los archivos de Maras son la contabilidad oculta) pero no a las explicaciones sobre el dinero que le entregaban (que cobraba cantidades millonarias por informes discutibles o que hacían juntos negocios). Incluso hay quien entiende que es una cuestión de oportunidad: a cambio de “regalar el pleito al fiscal” aligera el disfrute de permisos carcelarios.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 09.11.2011
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE

0 comentarios :