'Malaya': Roca admite que cobró de Aifos para legalizar el hotel Guadalpín

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca se presentó ayer como un hombre sin escrúpulos que con una mano negociaba convenios con los promotores de Marbella y, con la otra, cerraba con ellos negocios que cada día lo hacían más rico. El principal procesado en el caso Malaya siguiendo la estrategia defensiva que inició la semana pasada trata de poner a salvo los más de 30 millones de euros que en solo unos años le entregaron los empresarios, aunque para eso tenga que hacer complicadas filigranas entre la ilegalidad y la inmoralidad.
Ayer admitió que el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, le entregó en su despacho de Maras Asesores 2,6 millones de euros en efectivo entre enero y junio de 2004. Roca justificó estos pagos en un supuesto contrato "verbal" con la promotora malagueña para asesorarle porque el hotel Guadalpín Banús excedía los límites de edificabilidad y la compañía le encargó un estudio del potencial de esta parcela con vistas a su legalización. No obstante, explicó que su asesoramiento era privado y no incluía la legalización del Guadalpín Banús, sino sugerir un convenio urbanístico "que fuese asumible" por el Ayuntamiento. En cualquier caso, cobraba en metálico, sin factura y no declaraba.

A partir de junio de 2004 las entregas de dinero de Francisco García Lebrón siguieron hasta completar la suma de 4,8 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que eran sobornos pagados por Aifos a Roca para conseguir favores urbanísticos. El acusado, en cambio, sostuvo que si los primeros 2,6 millones fueron retribuciones por su asesoramiento privado en el Guadalpín, los 2,2 restantes respondían a los negocios que compartía en Murcia con García Lebrón.

Durante la tercera sesión consecutiva en la que el fiscal le interroga sobre los supuestos sobornos que dieron lugar a la trama de corrupción de Marbella, Roca también confesó que recibió otros cinco millones de euros del promotor granadino José Ávila Rojas, pero, de nuevo, buscó una fórmula para darle sustento legal a unas entregas de dinero de las que sólo existe constancia en la contabilidad que llevaba en Maras Asesores y que hasta el lunes de la semana pasada no reconocía como tal. Roca indicó que tenía negocios a medias en Marbella con Ávila Rojas, en los que él aportaba el suelo y el empresario granadino la construcción. Esos intereses, según dijo, eran particulares y nada tenían que ver con los convenios urbanísticos que al mismo tiempo negociaba, en su calidad de asesor de urbanismo, con este mismo promotor.

El cuarto empresario al que ayer aludió Juan Antonio Roca fue al dueño del centro comercial La Cañada: Tomás Olivo. Por el momento es el único al que no ha involucrado en pagos legales o ilegales.

La Fiscalía Anticorrupción indica en su escrito de acusación que Tomás Olivo aportó 2,4 millones de euros al asesor urbanismo que quedaron reflejados en su contabilidad secreta. De esta suma, 600.000 euros eran por licencias y los 1,8 millones restantes por ser el adjudicatario final de un edificio que el Ayuntamiento poseía en Puerto Banús.

Esta es una historia compleja que arranca con la permuta de este inmueble municipal en Puerto Banús por unos locales en los que se querían instalar las oficinas del servicio de urbanismo. La Agencia Tributaria estima en 6,3 millones el precio del edificio institucional que se entregó a una empresa de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor, a cambio de otro local valorado por Hacienda en 3,5 millones

En la permuta, sin embargo, ambos inmuebles se valoraron en 4,8 millones, por lo que Anticorrupción cree que Marbella perdió en esta operación 2,7 millones, aunque ayer Roca afirmó que no sólo no fue así, sino que el Ayuntamiento salió ganando porque el edificio municipal era bastante menos valioso. En cualquier caso la permuta se realizó el 1 de abril de 2004 y en julio de 2005 Sánchez y Liétor se lo vendieron a Tomás Olivo por 8,3 millones.

El fiscal, siguiendo las anotaciones contables de Maras apunta que en esta operación se pagaron dos comisiones a Roca: Carlos Sánchez y Andrés Liétor le entregaron 1,2 millones, mientras y Olivo otros 1,8 millones.

El acusado, sin embargo, negó que esto fuera así. Argumentó que la anotación de 1,8 millones de Olivo fue un "lamentable error" de su administrador fiduciario, Óscar Benavente, porque el dinero lo recogió en efectivo en el despacho del dueño de La Cañada, pero de manos de Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que acababan de venderle a Olivo el edificio institucional de Puerto Banús. Con estos 1,8 millones Sánchez y Liétor supuestamente saldaban con Roca la compra de otra parcela.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 15.11.2011
Foto: El promotor Tomás Olivo, en una imagen de archivo, llegando a la Audiencia de Málaga.

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