Málaga.- El ladrillo deja tras de sí 11 alcaldes condenados y 19 pendientes de juicio

MALAGAHOY* : Los tribunales tienden a inhabilitar a los acusados e imponerles pena de multa, a lo sumo condenan a un año de prisión.
El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se sentará en el banquillo el próximo 3 de noviembre por un delito contra la ordenación del territorio. El 28 de noviembre será de nuevo juzgado por otra causa similar. El 20 de octubre el Juzgado de lo Penal nº2 condenó al ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) por autorizar licencias para edificar en suelo no urbanizable. El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín (PP), y su concejal de Urbanismo están acusados en un juicio que comenzó el 22 de octubre y previsiblemente concluirá en enero por delitos relacionados con la gestión del territorio. Cuando termine esta vista oral podrá celebrarse la que se tuvo que suspender, entre otras causas porque la Fiscalía no da abasto, contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza). El exalcalde de Ronda Antonio Marín Lara (PSOE) fue detenido el 27 de septiembre acusado de corrupción político urbanística. Mientras tanto, el juicio por el caso Malaya, por corrupción político urbanística en Marbella durante los tiempos del GIL, sigue celebrándose desde hace ya más de un año.

Además, el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para cumplir dos años y tres meses de cárcel por una docena de causas urbanísticas. Ha aceptado nueve meses por delito, beneficiándose del sistema que le permite cumplir el triple de la pena mayor, o sea 27 meses. A comienzos de octubre se comprometió a ingresar en la cárcel a partir del 6 de octubre aunque, por el momento, no se han tenido noticias de que se haya producido su ingreso en la prisión. El negocio del ladrillo se ha detenido, pero la cara oculta del boom vivido desde finales durante la última década pasa ahora factura a los alcaldes.

En enero de 2010 había cinco alcaldes condenados por delitos contra la ordenación del territorio. Desde entonces otros seis han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por periodos que oscilan entre los siete y nueve años en sentencias que además incluyen multas y excepcionalmente un año de prisión. En resumen, a estas alturas hay 11 alcaldes condenados: Benalmádena, Gaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Carratraca, Cómpeta, Marbella, Ojén, Salares, Valle de Abdalajís y Viñuela. De ellos , cuatro pertenecen al PP (Canillas de Albaida, Cómpeta, Salares y Valle de Abdalajís), tres al PSOE (Canillas de Aceituno, Ojén y La Viñuela), uno al Partido Andalucista (Gaucín) y dos independientes (Julián Muñoz, GIL; y Enrique Bolín, GIB). En cualquier caso, las sentencias dictadas hasta la fecha indican que los tribunales tienden a apartar del ejercicio público a los regidores acusados de permitir por acción u omisión las edificaciones en suelo no urbanizable o protegido, en detrimento de la privación de libertad.

No obstante, en este periodo también han sido archivadas antes de llegar a juicio las causas por prevaricación urbanística que se seguían contra los alcaldes y ex alcaldes de Cártama (José Garrido, PSOE), Casares (Juan Sánchez, IU), Torrox (Francisco Muñoz, PSOE) y Estepona (David Valadez, PSOE), mientras que los tribunales han absuelto a regidores y ex regidores de Villanueva del Trabuco (Antonio Vegas, PSOE), Cártama (Leonor García Agua, PP) y Sayalonga (José Luis Navas, PSOE, que tiene otra causa pendiente). Sin embargo, todavía quedan 19 alcaldes imputados en procedimientos urbanísticos. La mayoría han sido acusados de conceder licencias para edificar en suelo no urbanizable en pequeños municipios y no tienen aparejados otros delitos que los vinculen a la corrupción política. La excepción son los de Marbella, Estepona, Manilva, Alcaucín, Alhaurín el Grande y Ronda en los que se sospecha que se han cobrado sobornos a cambio de decisiones relacionadas con el urbanismo.

Tan sólo en estos seis procedimientos hay imputadas cerca de 300 personas. Entre ellos destacan los 95 que son objeto de enjuiciamiento en Malaya (de ellos dos ya condenados tras un acuerdo de conformidad y otro absuelto) y los 20 que se sientan en el banquillo del caso Troya. Además, el caso Astapa contra la corrupción en Estepona, que todavía sigue en instrucción suma ya 99 acusados. También sigue abierto el caso Arcos en Alcaucín. La investigación se ha ampliado a las licencias expedidas en este Ayuntamiento durante la última década, de ahí que lacifra crezca esté en permanente aumento. Finalmente, el caso Acinipo en Ronda ha arrancado con siete sospechosos.


* Málaga Hoy - 30.10.11
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento (archivo) - J.Domínguez, EFE

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