El Puerto.- Ecologistas, a favor del cumplimiento de las sentencias de demolición de ilegales

BAHÍADECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha mostrado su oposición y rechazo al reciente acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María favorable al indulto de cuatro constructores de viviendas ilegales y evitar así su demolición.
“Es lamentable que se tenga que recordar a los políticos que las leyes están para cumplirse y más cuando se trata de conductas gravísimas, que en ocasiones pueden incurrir en delitos tipificados en el Código Penal”, apostillan desde el colectivo verde.
“Si primero se prometió por parte del PSOE e IP legalizaciones a mansalva, después el PP, con el aplauso vergonzoso del Pleno, prometió que paralizaría las sanciones a los que han construido de forma ilegal en suelo no urbanizable, y ahora, de nuevo con el apoyo lamentable del Pleno (PP, PA e IP), solicita el indulto para evitar la demolición de varias viviendas ilegales. Todo menos cumplir la Ley, que obliga de forma taxativa a derribar las construcciones ilegales, y si no la derriba el propietario, a imponer multas coercitivas hasta que lo haga, y si no lo hace, demoler por la administración repercutiendo el coste en el propietario”, remarca Ecologistas en un comunicado remitido a Diario Bahía de Cádiz.

De este modo, se lamentan que en El Puerto “no se derriba nada, el Ayuntamiento no ha demolido ni una sola de las miles de viviendas ilegales, muchas con orden de demolición amparada por los tribunales”. Este convencimiento de impunidad “es el que ha provocado la proliferación de este cáncer que ha destruido parte de nuestro territorio e hipotecado de forma irreversible el ordenamiento de nuestro municipio”.

Ecologistas en Acción llama la atención de la irresponsabilidad que supone el anuncio tanto de la suspensión de sanciones como la de apoyo a indultos de demoliciones “ya que va a provocar una nueva avalancha de construcciones ilegales al saberse inmunes a los expedientes ya que a medio plazo se paralizarán o en todo caso las multas se descontarán de sus gastos de urbanización o en último término si se dicta sentencia de demolición, ésta no se llevará a cabo por la aplicación de un indulto”.

Esta asociación conservacionista tiene claro que la única arma eficaz contra esta lacra de la construcción ilegal es la aplicación estricta de la ley “con la demolición de lo construido e imposición de multas”. De hecho, estas medidas sancionadoras y el envío a Fiscalía de varios casos de construcciones irregulares “es lo que ha paralizado en parte en estos tres últimos años este fenómeno en El Puerto”.

CONTRAVIENE CASOS COMO EL DE LAS BEATILLAS

El concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, explicó que en este caso se trata de una vivienda construida en la zona conocida como Hoyo 15, zona considerada en el documento de Aprobación Provisional III del PGOU como suelo urbano no consolidado, “lo que conlleva, en caso de que la Junta lo apruebe tal y como queda, su legalización tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos que determina el plan”.

En la moción aprobada en el Pleno se explica que la sentencia fue dictada en aplicación de una determinada normativa, pero que ésta “es previsible que sea modificada al llegar la ejecución de la sentencia, por lo que si bien es cierto que la demolición sería totalmente posible, la realidad jurídico material devendrá en legal en el transcurso del procedimiento jurídico”.

A juicio de Ecologistas, este argumento para apoyar este indulto “es una medida que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo en casos como el de Las Beatillas”. En el fallo judicial que ordena su derribo, rechazaba que la demolición sea una medida “desproporcionada” y consideraba que evitar el derribo supondría ratificar “una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable”. También la Fiscalía de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de condonar las casas ilegales por fomentar “el efecto llamada” sobre este tipo de delitos.

Y por si no estuviera claro cuales son las responsabilidades de las administraciones públicas, el Tribunal Constitucional ha fallado en casos similares que no se puede suspender la ejecución de una sentencia firme de derribo de una edificación ilegal por el mero hecho de que se vayan a acometer cambios en la normativa urbanística del municipio para regularizarlas. “Es una importante sentencia que sienta una jurisprudencia, y que afecta de forma sustancial a los miles de expedientes existentes contra viviendas ilegales en municipios de la provincia de Cádiz –sobre todo en El Puerto y en Chiclana-, y que los respectivos ayuntamientos pretenden paralizar en base a futuras legalizaciones. Ningún Ayuntamiento, ni ningún Tribunal, pueden platear estos indultos de viviendas ilegales con la excusa de que están pendientes de regularización por modificaciones en sus planeamientos municipales” insisten desde este colectivo.

Por último, Ecologistas en Acción ha requerido al Ayuntamiento portuense para que informe sobre los expedientes que se han abierto, multas impuestas así como órdenes de demolición dictadas en los últimos cuatro años bien de oficio o a instancia de las numerosas denuncias que han sido presentadas todo ello en cumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).


* Bahía de Cádiz - 9.11.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com

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