C.Valenciana.- Los municipios podrán dedicar el dinero de la venta de su suelo a otras inversiones

LEVANTE* : La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente va a aprovechar la aprobación del decreto ley de actuaciones estratégicas (actuaciones de calado previstas en la Estrategia Territorial) para adelantar tres remiendos que afectan a la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y a la Ley de Vivienda. Se trata de varias modificaciones que son muy demandadas por los ayuntamientos y que no pueden esperar a que se apruebe el texto refundido de las leyes urbanísticas que prepara la conselleria, según explicó su titular Isabel Bonig tras el pleno del Consell.
Uno de los cambios legislativos afecta al Patrimonio Municipal de Suelo (PMS). A partir de ahora los ayuntamientos podrán destinar el dinero que obtengan de la venta de solares a «inversiones públicas» distintas a la vivienda de protección oficial (VPO). El detalle de esta medida se conocerá cuando se publique el decreto. Pero la consellera adelantó que en el concepto «inversión pública» incluirá necesidades municipales como «urbanizar una calle, construir un centro social, una residencia o un jardín».

El patrimonio municipal de suelo es una especie de caja fuerte local en la que los ayuntamientos están obligados, por ley, a ingresar los terrenos que obtienen en cada actuación urbanística (el conocido como 10% de aprovechamiento), las expropiaciones, las permutas o las cesiones de suelo. Además de los terrenos, también se ha de ingresar el dinero que obtenga un ayuntamiento por la venta de terrenos, el que se cobra en metálico por el 10% del aprovechamiento o, incluso, el importe de las sanciones urbanísticas. Todo este patrimonio debe destinarse a garantizar el derecho a una vivienda digna. Aunque ésta es la teoría prevista en la Ley Urbanística Valenciana (2005) y en la Ley del Suelo estatal (2007). Pero la realidad es que la caja fuerte del patrimonio municipal de suelo es el gran agujero negro de la financiación local. El Tribunal de Cuentas detectó en 2006 (en un informe publicado en 2009) que las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana y seis de los municipios con más de 20.000 habitantes destinaron el 65% del suelo o dinero que recibieron de los planes urbanísticos a «fines no previstos en la ley como inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes o financieros». La Generalitat ya intentó regular este descontrol en 2003, con la creación del Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo cuando Rafael Blasco dirigía la Conselleria de Territorio. La medida fue un fracaso por la dejadez municipal. En 2009 sólo 26 ayuntamientos declaraban tener suelo público (estaban obligados a registrarse los municipios con más de 10.000 habitantes). Y 235 ayuntamientos obligados a aportar los datos, como Valencia, Gandia o Xàtiva, no habían aportado ningún dato pese al boom urbanístico y la proliferación de PAI.

El nuevo decreto también se usará para otros cambios en la LUV que permitan «fraccionar las actuaciones urbanísticas para garantizar su viabilidad», flexibilizar las aportaciones de los promotores y regular la suspensión temporal de los programa de actuación integrada (PAI) con motivo de las crisis.

La Generalitat dice que tramitará los proyectos estratégicos singulares en un año
El pleno del Consell aprobó ayer el «decreto ley de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas que tendrá una tramitación exprés e incentivos fiscales». La Conselleria de Territorio, que dirige Isabel Bonig, define en este decreto el concepto de proyectos estratégicos que incluye «las zonas logísticas, los complejos de turismo rural de calidad, las bodegas de diseño que promuevan el etnoturismo o el "oilturismo", proyectos urbanos ligados a la atracción de talentos o "talents hub", polígonos de servicios mancomunados o de cooperación entre empresarios, polígonos tecnológicos con "diseño de ciudad" o actuaciones muy singulares en primera línea de playa». Incluso se podría aplicar esta tramitación exprés al corredor mediterráneo. Bonig añadió que algunos inversores internacionales han propuesto cuatro o cinco proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana «con unos 500 millones de inversión que podrían crear 20.000 puestos de trabajo». Si hasta ahora algunos de estos proyectos podían tardar «hasta 8 años en tramitarse», la intención es reducir este proceso a sólo doce meses.


* Levante - 5.11.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

0 comentarios :