'Caso Brugal'.- Más jueces que juicio

INFORMACIÓN* : Cuatro meses y un mundo separan las resoluciones dictadas por los dos magistrados que en estos momentos están llevando los dos asuntos troncales del llamado caso Brugal, el mayor proceso abierto en la provincia por corrupción en el que aparecen implicados políticos, empresarios, abogados y técnicos municipales, entre otros, en supuestos amaños del planeamiento urbano de Alicante y del plan de residuos de la Vega Baja.
Si el pasado junio el juez Carlos San Martín asestaba un golpe de muerte (al anular una buena parte de las escuchas) a la investigación que pretende aclarar si el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, maniobró a cambio de prebendas con los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz para adjudicarle a este último la planta de residuos de la Vega Baja, su colega Manrique Tejada ha validado, sin lugar a dudas,todas las intervenciones telefónicas que dieron pie a la apertura de diligencias por las presuntas irregularidades del PGOU de Alicante. Unas escuchas que tienen en común el nexo entre ambas causas: las conversaciones interceptadas a Ortiz, quien supuestamente también habría recibido información privilegiada del futuro urbanístico de la ciudad de manos de la entonces concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, así como del en aquellas fechas primer edil, Luis Díaz Alperi.

A estas alturas del procedimiento, cuando el juez de Orihuela acaba de citar por segunda vez a los imputados y el de Alicante a punto está de enviar el asunto al Tribunal Superior (por el aforamiento de dos de los implicados, la regidora y su mentor, ambos diputados autonómicos), nos encontramos con dos resoluciones contradictorias dictadas por otros tantos jueces que, en última instancia, tendrán que someterse al criterio de la Audiencia pero también en dos salas distintas, una de Alicante y otra de Elche (a la que competen los temas de Orihuela), que han de confirmar o revocar las decisiones de los respectivos instructores.
Mientras eso ocurre, los imputados por la adjudicación de la planta de basuras, entre los que se encuentran, además de los empresarios Ortiz, Fenoll y Rafael Gregory, el actual presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, se enfrentan al sinsentido de haber sido citados (todos tendrán que comparecer ante el juez entre el 25 de octubre y el 5 de diciembre próximo) cuando aún no se ha resuelto si las conversaciones en las que la Fiscalía Anticorrupción asienta el grueso de la acusación son o no válidas. Y con la incertidumbre, por ende, sobre la conveniencia o no de declarar hasta que la Audiencia deje claro qué parte de las escuchas pueden ser utilizadas como pruebas de cargo.
La tesitura en que las nulidades decretadas por San Martín han colocado a los imputados unido a la rotundidad y a la profusión de argumentos con que su colega de Alicante ha validado las escuchas en el caso del PGOU (cuestión aparte es que se compartan o no sus tesis y hay letrados que ya tienen hilvanado el recurso contra criterios del magistrado como el de la conexidad entre los hechos de Alicante y de la Vega Baja) ha vuelto a reavivar las críticas hacia el juez de Orihuela a quien, incluso los supuestamente beneficiados por sus decisiones, consideran que el caso "le queda grande".
Entre los que critican, sin personalizar, el "déficit de formación de los jueces" y los que apuntan a la "inmadurez vital" de San Martín y a la "temeridad" con que se ha enfrentado a un asunto de este calado se sitúan aquellos que sentencian que, de haber contado con la experiencia de Manrique Tejada, el magistrado oriolano habría validado las escuchas (algunas de las cuales autorizó él mismo antes de que el asunto del PGOU se desgajara de la matriz del Brugal para ser remitido a Alicante y muy poco antes, también, de que pidiera, sin éxito, cambiar de juzgado) dejando la decisión sobre estas pruebas para la previa de la vista oral, es decir, para un tribunal superior. Algo similar, aunque con matices, a lo que ha hecho el magistrado Tejada al validar toda la investigación sobre el PGOU poniendo en manos de la Audiencia y, en último término, del Tribunal Superior, el dictamen definitivo sobre los pinchazos. Porque, a la par de la gravedad de las actuaciones que en este proceso se están investigando, se sitúa la inseguridad que esta disparidad de criterios (no exclusiva de este asunto, por supuesto) provoca y el hecho de no saber, en definitiva, a qué atenerse.


* Información - MERCEDES GALLEGO - 23.10.11
Foto: Alicante, presidente Diputación Ripoll detenido - google

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