El juez implica a 51 personas en una «trama de corrupción» en Castro

DIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El magistrado Luis Acayro Sánchez ha vuelto a dejar en evidencia la gestión municipal de las dos últimas Corporaciones de Castro Urdiales al tiempo que ha destapado una presunta trama de corrupción urbanística en la que están implicados políticos, técnicos municipales, constructores, y un notario. 51 personas en total.
Acayro puso fin ayer a la instrucción del 'caso La Loma', el de la presunta concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria. Y de esta instrucción salen imputaciones para 23 concejales y exconcejales, seis técnicos municipales y quince promotores y constructores, además de para un notario, un exsecretario y una secretaria del Ayuntamiento de Castro y otros cuatro técnicos (no municipales).
Diez son los delitos que Acayro imputa en su auto de procedimiento abreviado: prevaricación administrativa y urbanística, falsedad de documento público, estafa, delito contra la ordenación del territorio, cohecho, falsedad de documento mercantil, infidelidad en la custodia de documento público y malversación de fondos públicos.

Entre los imputados, están los alcaldes castreños de los últimos veinte años, Rufino Díaz Helguera (1991-2003) y Fernando Muguruza (2003-2011), además del candidato del PSOE a la Alcaldía en las últimas elecciones, Daniel Rivas. Díaz Helguera está imputado por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, ya que pudo beneficiarse de sobornos por valor de cerca de 150.000 euros que no ha justificado. Por su parte, Muguruza y Rivas están imputados por presunta prevaricación.
Dentro de este caso, también está imputado el constructor y exalcalde de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, que también fue designado por el PSOE como candidato a la Alcaldía de ese municipio en las pasadas elecciones.
Entre los imputados, el juez destaca al exsecretario municipal César Saiz, al que acusa de haber recibido comisiones y de haber obtenido un enriquecimiento ilícito de 1.087.334 euros sólo en este caso. Lo mismo dice de la responsable municipal de la disciplina urbanística, Yolanda Sánchez, sobre la que dice que existen indicios de que cobró sobornos que le permitieron ingresar hasta 442.000 euros. Y otro tanto atribuye al exarquitecto del Consistorio, Pedro Restegui, del que asegura que estaba «a sueldo de promotoras y despachos de arquitectos sobre cuyos proyectos tenía que informar».
En su auto, Acayro destaca que hay «indicios sólidos» como para «apreciar una trama de corrupción en la gestión urbanística de Castro Urdiales, integrada por personas que se han enriquecido en el desempeño de sus funciones públicas». Y alude a informes periciales que señalan que los responsables de varios departamentos del Consistorio «han podido recibir sobresueldos con fondos públicos».
El instructor sostiene que la responsable de disciplina urbanística, el de contratación, la técnico de rentas, el responsable de recaudación y, evidentemente, el encargado de elaborar las nóminas que debe canalizarlas, entre otros muchos, han recibido en conjunto, en los últimos años, «cientos de miles de euros de más en sus nóminas sin amparo legal alguno».
Otra de las conclusiones a las que llega Acayro es que indiciariamente «existe una nula voluntad de cumplimiento de la legalidad por parte de los responsables del urbanismo del Ayuntamiento de Castro, ya que se trabaja con un instrumento de planeamiento distinto al que está en vigor, con conocimiento de ello y se ha actuado en contra de las ordenanzas municipales aprobadas por ellos mismos».
Además, señala que un número importante de informes «han podido ser manipulados y que el registro de entrada y salida de documentación del departamento de urbanismo incumple los requisitos básicos de control de legalidad».
Perjuicios
El magistrado cifra en más de 9,6 millones de euros el perjuicio patrimonial al Ayuntamiento por las presuntas irregularidades urbanísticas en La Loma», principalmente por aprovechamientos que tenían que haber cedido al Consistorio varios promotores.
Según Acayro, el perjuicio al patrimonio municipal se debe a las tasas de licencias que no se recaudaron y a las cantidades que no se repercutieron a los promotores por daños a bienes públicos. El auto dice que la peritación de esas cantidades ha sido «extraordinariamente prudente», porque no se han incluido las cesiones de espacios libres de uso público de varios puntos de La Loma.
El magistrado destaca el papel que tuvo la hija del exsecretario municipal, María Ángeles Sainz, en la no liquidación de las licencias, puesto que «actuó en beneficio de los promotores». Acayro cifra en 226.336 euros la cantidad total que perdió el Ayuntamiento por tasas que no fueron recaudadas y por licencias de primera ocupación.

Los imputados

Cargos públicos
Rufino Díaz Helguera: Concejal electo de Acuerdo por Castro. Fue alcalde de Castro doce años. Es el concejal de Atención Ciudadana y está acusado dentro del ‘caso Santa Catalina’, donde se enfrenta a tres años de cárcel por falsedad de documento público.
Daniel Rivas: Concejal electo y secretario general del PSOE. Es su única imputación.
Fernando Muguruza: Alcalde de Castro en funciones. Está inhabilitado durante siete años y medio para empleo o cargo público. Está inmerso en una docena de causas judiciales. Estuvo en la cárcel 19 días ante el riesgo de destrucción de pruebas y por participar en asuntos urbanísticos pese a estar inhabilitado en esta materia, dentro del ‘caso La Loma’.
José Miguel Rodríguez ‘KyK’: Primer teniente de alcalde en funciones. También está inhabilitado para cargo público y el juez Acayro le prohibió tomar decisiones en materia de Personal y Contratación. También está inmerso en otras seis causas como el ‘caso Trapur’, que se juzgará del 20 al 23 de junio.
Pedro Revuelta: Concejal de Juntas Vecinales y compañero sentimental de la exconcejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico, a la que sustituyó en la Corporación castreña cuando fue cesada por el alcalde.
Concepción Carranza: Concejal de Educación y Cultura. Está inhabilitada durante siete años y medio para cargo público.
Salvador Hierro: Concejal de Tráfico y portavoz de Izquierda Unida. También está inhabilitado y está imputados en las dos investigaciones que hay en la zona de Santa Catalina.
Ana Zubiaurre: Concejal de Turismo y Comercio. Es la única imputación que tiene.
Víctor Echevarría: Concejal del PSOE en la oposición. Se enfrenta a una petición de un año y medio de prisión por un presunto delito societario.
Teresa Pérez Barreda: Exconcejal del PSOE.
Pedro Olano: Exedil del PSOE.
Socorro Andueza: Exedil del PSOE.
Ana Vélez: Exedil del PSOE.
Emilio Casas: Exedil del PSOE.
Pascuala San Miguel: Exedil del PSOE.
Elisa Dopico: Exedil del PP. Ha reconocido hace unos días que amenazó a una funcionaria municipal, testigo del ‘caso Trapur’, y ya le ha indemnizado con 20.000 euros. Tiene pendiente el juicio por el ‘caso Trapur’.
Jaime Díez Muro: Exedil del PRC. Está inhabilitado dentro del ‘caso Mioño’ por la adjudicación «a dedo» de los trabajos del túnel de Mioño, a la empresa que representaba su hermano.
Juan Tomás Molinero: Exconcejal del PRC. Acayro ordenó hace unos días su detención (finalmente no se produjo) por no acudir a una citación como imputado en el ‘caso La Loma’.
Marta González: Exedil del PRC.
Santiago Vélez: Exedil del IU. Está inhabilitado para cargo público en el ‘caso Mioño’.
Exconcejales
Elisa Cantero: Exconcejal de IU.
María Ángeles Blanquet: Exconcejal del Partido Socialista.
Guzmán Miranda: Exconcejal del Partido Regionalista.
Técnicos municipales
Mª Carmen Villanueva: Ingeniera.
Pedro Restegui: Exarquitecto.
Álvaro Pérez: Ingeniero.
Pablo Sopeña: Arquitecto.
Alicia García: Exgerente de Urbanismo.
Yolanda Sánchez: Técnico de Urbanismo.
César Sainz: Exsecretario.
María Ángeles Sainz: Secretaria.
Otros Técnicos
Javier Leonardo: Técnico.
Ramiro Amorrortu: Arquitecto.
Valentín Galdós: Arquitecto.
Javier Galdós: Arquitecto.
Promotores
Vicente Santamaría: Bifamiliares y Adosados Castreños.
Martínez Parra: Teconsa y Proinsa.
Juan Ramón López Revuelta: Nosur.(Es concejal del Partido Socialista en Laredo).
Javier Sáinz, Oteo Orive, Pérez Ibáñez : Norsur.
Colina Otero y Cardoni: Altos de Otañes.
Arce Rivas: Cenavi.
Puente Pelaz: Castro 16.
Santamaría Hierro: Quinorsa.
Quindós Aguirre: Quinorsa.
Gutiérrez Pozo: Quinorsa.
Valenzuela Sanz: Vallehermoso.
Granados Isusi: Graisu.
Notarios
José Graiño.


* El Diario Montañés - 10.06.11
Foto: La mayoría de los condenados a penas de inhabilitación para empleo o cargo público por el 'caso Mioño' están ahora imputados dentro del 'caso La Loma'.- diariomontañés

3 comentarios :

Alzheimer dijo...

Se me olvidaba una cosa: al equipo de gobierno y a la oposición les pido desde ya que fumiguen el ayuntamiento, que no quede ni un solo bicho vivo, que abran las ventanas, que indaguen en las redes corruptas, que expedienten a los funcionarios afectados, si los hay, que nos cuenten sin tapujos todo lo que en verdad se ha cocido en esa casa, y que se pongan en contacto con la Academia de la Historia para que en su próximo diccionario incluyan a ciertos elementos como ejemplos a no seguir.


diriomontañes

Hay que ser torpe dijo...

Para un político robar en este país debe ser relativamente fácil. Los habrá a cientos en todo el país. Si no eres muy abusón, seguramente nunca te pillen. Hay que ser bastante torpe y avaricioso para que te pillen, encima con pruebas, y te condenen. Pero ya, que te pillen, con pruebas, te condenen, que consigas un indulto a base de influencias y trato de favor, y que vuelvas a liarla parda, y te vuelvan a pillar, a imputar ... y probablemente a condenar ....... ¡¡¡ostras!!! eso está al alcance de muy pocos a nivel nacional .... yo diría que sólo al alcance de uno.


diariomontañes

Donjosé dijo...

Como vecino y contribuyente del lugar y creyente en la justicia cuando no mira para otro lado, me alegro infinito de estas noticias, el cerco a los corruptos, que según el auto se muestran insaciables. Confío además que, en su caso, la condena que pueda haber conlleve LA DEVOLUCION INTEGRA DEL BENEFICIO OBTENIDO y su asignación íntegra a las arcas municipales que, por su culpa, dejaron de ingresar aun mucho más. Y tratándose de gente arrogante que va por el mundo sacando pecho y perdonando la vida a quien les mira de frente, les aplicaría la pena de destierro a la isla Perejil. Por ejemplo.


diariomontañes