La 'marbellización' del norte de Lugo, paralizada por la Justicia

ELMUNDO* : La ordenación urbanística se ha convertido en uno de los escollos de las administraciones gallegas, dando lugar a procesos judiciales interminables. Tras años de litigios, concesiones de licencias y anulaciones, son dos los municipios costeros de Lugo que todavía permanecen a la espera de resoluciones que aclaren su situación urbanística. Se trata de las localidades de Foz y Barreiros, gobernadas por el PSdeG y el PP, respectivamente. Los dos municipios costeros multiplicaron sus viviendas sin que se registrase un aumento en la misma proporción en el número de habitantes. La problemática focense se remonta al año 2006 cuando el alcalde, el socialista José María García Rivera, autorizó en un solo día la construcción de 1.343 viviendas. Para ello hizo caso omiso de las recomendaciones de la secretaria municipal, quien advirtió al regidor de la "necesidad" del informe jurídico pertinente del que carecían los visados. Las concesiones de edificación fueron firmadas cinco días antes de que el pleno del Ayuntamiento aprobase la suspensión cautelar de licencias para la redacción de un nuevo plan de ordenación urbanística. En una sesión extraordinaria y tras una hora y cuarenta minutos, el regidor local aprobó todas las licencias, 1.343 viviendas, para una localidad con un censo de 10.000 habitantes. Los datos precedentes daban cuenta del despropósito urbanístico que vivía Foz, un municipio que pasó de construir 404 pisos en 2004 a visar más de 5.700 viviendas en el año y medio posterior

Las cifras dispararon las alarmas y por aquel entonces el Colegio de Arquitectos de Galicia alertaba de la presión urbanística a la que estaba sometida la Mariña lucense, concretamente el Ayuntamiento de Foz. Pedían a la Xunta que investigase el urbanismo de la costa de Lugo, lo que puso a la Dirección General de Urbanismo en alerta sobre "la legalidad" de los proyectos.

García Rivera se hacía responsable "de las irregularidades" que se pudieran detectar. Comenzaba una guerra entre la administración local y la autonómica, ambas del mismo color político. María José Caride, responsable de Urbanismo durante el Gobierno bipartito, requería al Ayuntamiento la anulación de las licencias al sostener que "se infringió el ordenamiento jurídico". Una vez terminado el plazo, y ante la negativa del alcalde de proceder en ese sentido, la Xunta interpuso un contencioso-administrativo cuya resolución no se conoce a día de hoy.

El regidor amenazó entonces con abandonar el PSdeG y "montar en cinco minutos" una candidatura independiente. En el medio del rifirrafe, la crisis motivó la paralización de parte de las construcciones, aunque alguna de ellas comenzó a crecer en Foz. El portavoz del BNG en el municipio, Xoán Carlos González Basanta, denuncia un pacto "entre PP y PSOE en materia de urbanismo", lo que "impide" conocer la situación actual del Ayuntamiento y su crecimiento.

Entre las licencias que el mismo alcalde convalidó en una Junta de Gobierno extraordinaria se encuentran una que supuestamente autorizan la construcción de un hotel propiedad de la familia del regidor. El secretario de organización del PSdeG por aquel entonces, Ricardo Varela, no dudaba en ratificar a Rivera como candidato llegando a afirmar incluso que no había cometido "ninguna ilegalidad". Nuevamente concurrirá a los comicios municipales del próximo día 22.
Barreiros, 'a tu aire'

El caso de Barreiros ha hecho que la responsable del Urbanismo del BNG, Teresa Táboas, compare lo acontecido con un capítulo de 'Corrupción en Miami'. En el año 2007 la Xunta, gobernada por PSdeG y BNG, decide suspender las normas municipales en materia urbanística. La razón, la concesión por parte del alcalde popular de 5.800 licencias de construcción en un municipio de poco más de 3.000 habitantes, una actuación que el bipartito gobernado por Pérez Touriño consideró "irregular".

A la entrada de la localidad hay una valla publicitaria en la que puede leerse 'Barreiros a tu aire'. Un eslogan duramente criticado por la oposición quien asegura que responde "exactamente a la vocación del alcalde". "Barreiros vivió una fiebre de la construcción comparable con lo que por aquel entonces ocurría en la Costa del Sol", resume el diputado del PSdeG, Isamel Rego.

Muchas de las obras de entonces no llegaron a despegar y es frecuente encontrarse carteles en los que se anuncia la venta de pisos. En Barreiros, la oferta supera la demanda pero el interés por la compra permanece adormecido.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia daba la razón a la Xunta recientemente, avalando la paralización de las licencias con la suspensión de las normas de planeamiento. Varias sentencias han ido declarando ilegales los permisos concedidos por el Ayuntamiento. Ahora, el caso coge un nuevo rumbo al conocerse la intención de la Xunta de dotar de servicios básicos a las casas levantadas en Barreiros antes del 2007, así como a aquéllas todavía pendientes de construir. Teresa Táboas (BNG) critica que "haya que pagar con recursos públicos los destrozos de los promotores".

Miembros del bipartito justificaron su intervención en la zona paralizando un urbanismo desorbitado que "destrozó" una de las partes más hermosas y vírgenes de la comunidad, la invasión del ladrillo en zonas costeras e incluso protegidas. Alguna de las construcciones "irregulares" que se planean se encuentra a sólo trescientos metros de la playa de las Catedrales, uno de los parajes naturales gallegos más extraordinarios.
La Xunta corrige 'anomalías urbanísticas'

Tal y como ha confirmado la Xunta, la dotación asciende a los 14,1 millones de euros que serán financiados en su mayoría por la administración autonómica, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento costero. Los socialistas creen que se avala "actuaciones ilegales" para "corregir anomalías urbanísticas", por lo que piden la anulación del convenio que autoriza el desarrollo de un plan sectorial de incidencia supramunicipal, cuya aprobación está prevista para el mes de mayo, tras haber recibido en los pasados días un informe favorable por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

El convenio incluye que los constructores renuncien a reclamar responsabilidades patrimoniales, ya que disponen de una licencia de obra del Ayuntamiento para sus promociones. A cambio, éstos exigen a la Xunta que retire todos los contenciosos. De este modo, la edificación en los solares en los que se concedieron las licencias podría reactivarse en cuestión de meses. Los constructores desconfían de esta opción ya que creen que, aunque ahora se retiren los contenciosos, "no se harán tres mil pisos porque no hay quien compre ni quien financie".

El presunto delito de prevaricación en la concesión de 44 licencias para construir 3.000 viviendas sigue su curso en el Juzgado de Mondoñedo. El alcalde, Alfonso Fuente, anunció además que recurrirá la sentencia del TSXG que avala la intervención que hizo la Xunta en el 2007. Es previsible que el ámbito judicial se demore varios años, tal y como indican otros recursos de casación por la vía contenciosa.


* El Mundo - 20.05.11
Foto: Vista de Foz en primer término, con Barreiros al fondo. | Efe

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