Condena de prisión por edificar en terrenos no urbanizables de Alcalá de Guadaíra

ELCORREO/Sevilla* : Es la segunda condena judicial por edificaciones en la Hacienda Clarevot. Los tres meses de prisión han sido sustituidos por otros seis meses de multa a tres euros por día y el pago de las costas. Nueva condena por construir en suelo no urbanizable en Alcalá de Guadaíra. Una sentencia del juzgado de lo penal nº10 de Sevilla condena a dos personas a pena de prisión como responsables de un delito contra la ordenación de territorio por levantar una construcción ilegal en la Hacienda Clarevot, próxima al municipio de Dos Hermanas.

El fallo del juzgado explica que los acusados, hombre y mujer, son condenados a una pena de tres meses de prisión y seis meses de multa a la razón de una cuota diaria de tres euros, aunque quedando sustituida la pena de prisión por otros seis meses de multa a razón de una cuota diaria de tres euros, más el pago de las costas procesales.

La jueza considera probado que estas dos personas, que estaban advertidas por un notario de que la finca que escrituraban era no urbanizable, procedieron a vallar la parcela y a edificar dos construcciones prefabricadas destinadas a vivienda con sus respectivas redes de saneamiento a fosa séptica, y suministros de agua que además obtenían de forma irregular.

La Hacienda Clarevot está calificada en el PGOU de Alcalá de Guadaíra como suelo no urbanizable común, no siendo las construcciones realizadas autorizables en ningún caso. Los acusados, no obstante, han reconocido los hechos y procedieron al derribo de las construcciones, además del vallado y la supresión de las redes de abastecimiento que se habían construido.

Cabaña. No se trata de la primera sentencia con pena de cárcel por una construcción ilegal ya que en diciembre otras dos personas fueron condenadas a seis meses de prisión y a pagar una multa de 2.160 euros por construir una cabaña prefabricada de madera de 25 metros cuadrados, en una finca situada también en el paraje de Cortijos de Clarevot.

En varias ocasiones el Consistorio también ha actuado en urbanizaciones como La Calerilla, La Ruana, Valdecabra, Clarevot, e incluso sobre construcciones de carácter industrial, también ilegales, por ejemplo en la zona de Palmete.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra explicó ayer, en un comunicado, que continuará actuando conforme a ley con las parcelaciones y construcciones ilegales en su término municipal tramitando los correspondientes expedientes.

Las construcciones ilegales carecen de licencia urbanística por que el suelo sobre el que se levantan es no urbanizable, y el Consistorio recuerda que debe actuar con igualdad para todos los ciudadanos, no permitiendo que "haya un grupo que sigue la ley y otro que no la acate y construya de forma ilegal".




* El Correoweb - 8.03.10
Foto: Una de las últimas construcciones demolidas por el Ayuntamiento de Alcalá por su ilegalidad. - M.J.C. - elcorreoweb.es

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Las 2.000 casas ilegales de Albalat dels Tarongers duplican su número de habitantes

LEVANTE/Valencia* : La proliferación de segundas residencias en una zona de montaña tan apreciada como la Sierra Calderona está en el origen de una ocupación del suelo en el interior de la comarca del Camp de Morvedre a menudo caótica y no pocas veces ilegal. Y si algún municipio es buena muestra de ello este es Albalat dels Tarongers. Nada menos que unas 2.000 viviendas se encuentran fuera de ordenamiento según las estimaciones del propio consistorio.

Una cifra que resulta llamativa por sí sola, pero que alcanza ya una dimensión de auténtico escándalo si se tiene en cuenta que este municipio de la subcomarca de la Baronia cuenta, según el último padrón, con 1.100 habitantes.
Esta situación, con todo, no preocupa al alcalde, Filiberto Prats (Bloc), quien ha reconocido su intención de regularizar cuantas casas sea posible, siempre que su construcción se remonte más allá del último lustro. En este sentido, el nacionalista asegura: "Todos los propietarios que han edificado fuera de ordenación desde que llegué a la alcaldía están en el juzgado".
En esta situación se encuentran seis construcciones que ya han sido derribadas, como otros cuarenta casos, la mayoría en la zona de influencia de la Sierra Calderona, cuyo expediente para tengan el mismo final se está tramitando.
Pero Albalat no es un caso aislado en la Baronia. Otra de las localidades donde se concentra un número significativo de casetas ilegales es Torres Torres, donde los servicios municipales han cuantificado en unas 150 las casas ilegales.
La falda de la montaña de Ponera en el término de Petrés es otro de los lugares donde se ubican edificaciones ilegales, unas 40. Mientras, en la otra montaña, la de la Rodana, existe una treintena de viviendas que esperan ser legalizadas una vez que concluyan los trámites del PGOU que desarrolla el gobierno socialista de Antonio Hernández. Otro municipio afectado por las construcciones ilegales es Algar de Palancia, donde en la zona de Els Planells se concentra cerca de una veintena de casas construidas fuera de ordenación urbana. Desde el ayuntamiento, sin embargo, no se tiene intención de actuar. El consistorio, mientras, sí ha intervenido contra tres casas de madera que se instalaron en parcelas protegidas urbanísticamente. En el caso de Alfara de la Baronia, la reciente aprobación del PGOU permitió regularizar cerca de 80 construcciones ilegales, un trámite que ha dejado la cuenta a cero. Por lo que respecta a Algímia d'Alfara o Gilet, este asunto está bastante controlado en los últimos tiempos.
En la primera existen sólo ocho expedientes abiertos, mientras que en Gilet, tres casetas están a la espera de resolver los expedientes de derribo, al igual que una casa de madera, que el consistorio no sabe dónde dejar una vez que se ha declarado la ilegalidad de su actual ubicación. En este apartado de buena práctica urbanística también destacan Estivella, donde no se levantan construcciones ilegales desde 1987, así como la subcomarca de la Vall de Segó -Faura, Benifairó, Quartell, Benavites y Quart.




* Levante-EMV - 8.03.10
Foto: Las 2.000 casas ilegales de Albalat dels Tarongers duplican su número de habitantes - cartociudad/fomento

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La cara y la cruz de las luchas vecinales

PÚBLICO* : Decenas de municipios se enfrentan al registro de propiedades y terrenos públicos por parte de la Iglesia. Desde la fortaleza de Xàbia, que el Arzobispado de Valencia hizo suya el año pasado –sin permiso municipal– hasta los 25.000 metros cuadrados que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, regaló al Arzobispado de Madrid para la construcción de un Minivaticano en terreno público, en una de las zonas más emblemáticas de la capital.

El clero católico ha engrosado su patrimonio en los últimos 12 años con centenares de propiedades y espacios públicos. La privatización de estos lugares en favor de una entidad religiosa ha encrespado a miles de vecinos, que denuncian que se les está robando parte de su “Historia”.

El registro de bienes públicos por parte de la Iglesia desata la polémica

La mayoría de las polémicas radican en que el clero ha registrado piezas artísticas, plazas o fincas públicas sin previo aviso, amparándose en una reforma legislativa impulsada por José María Aznar sin que la norma fuera refrendada en el Parlamento. Algunas, incluso, están salpicadas por la sombra de la especulación urbanística. A falta de un movimiento único organizado, las asociaciones vecinales han emprendido más de mil reclamaciones en los últimos tres años. El principal problema con el que se encuentran es la imposibilidad de demostrar que el dinero que se utilizó para la construcción o compra de muchas de estas propiedades ha salido históricamente de arcas municipales o de los bolsillos de particulares.

En algunos lugares, como la aldea de Ribadulla (A Coruña), el obispado castigó a los vecinos rebeldes con una denuncia y la retirada del sacerdote que impartió misa durante 30 años por la disputa de unos terrenos: o la misa o la propiedad. En la mayoría de los casos, el Registro de la Propiedad ha permitido a la Iglesia beneficiarse del trabajo, el esfuerzo y la inversión de los vecinos durante muchos años, que ahora califica de “donativos”.

ALICANTE
"El arzobispado nos ha robado la historia del pueblo"

Los vecinos de Xàbia (Alicante) sienten que les ha amputado una parte imprescindible de su historia: la que encierra los muros de la iglesia fortaleza de San Bartolomé. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo. Así de fácil. Siglos de historia pasaron de una mano a otra en el tiempo que tarda en efectuarse una rúbrica. Aunque sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, que ya ha anunciado que irá a los tribunales.

El arzobispado se apropió de este inmueble haciendo uso de la Ley Hipotecaria. Juan Carlos Generoso, concejal de Patrimonio, cuenta que el templo “siempre ha pertenecido a la localidad”, pero que en 1960 desapareció “misteriosamente” del Catálogo de Bienes Municipales. Un hecho del que no se percataron hasta que la diócesis se embolsó el edificio. “No creo en conspiraciones, pero tampoco en casualidades. Medio siglo de espera no es nada para una institución milenaria como la Iglesia”, opina Generoso.
Argumentos místicos

Por su parte, las autoridades religiosas han dosificado sus explicaciones con argumentos más cercanos a la mística que al concepto terrenal de los bienes y su usufructo. “La finca pertenece desde tiempo inmemorial al pueblo de Dios”, aseguraron en su día, aunque sin aportar un solo documento. Todos los intentos de este diario por contactar con la diócesis y ampliar este punto de vista han sido en vano.

"El arzobispado nos ha robado la historia del pueblo"

El templo de San Bartolomé es algo más que una iglesia para Xàbia. Enclavado en la plaza principal, junto al ayuntamiento y el mercado, su origen nada tiene que ver con la religión. Así lo demuestra un documento de 1308 donde Jaime II ordena la construcción de una torre defensiva. La edificación formó parte, dos siglos después, de una línea de 58 torres vigías salpicadas por todo el litoral valenciano para advertir y repeler ataques de los piratas berberiscos. Sobre todo en las costas de Xàbia, cuyo perfil abrupto y repleto de calas favorecía los desembarcos clandestinos.

Posteriormente, el edificio fue ampliado y renovado hasta convertirse en una joya del gótico civil gracias al mecenazgo de los vecinos más pudientes de la localidad. El ayuntamiento también conserva en sus archivos pruebas que constatan deudas contraídas durante el siglo XVIII para la reforma del templo. La documentación está en manos de Manuel Ortells, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, a quien el consistorio ha encargado la elaboración de un dictamen que justifique la propiedad municipal del inmueble. Sus conclusiones serán la base del recurso que el ayuntamiento prevé presentar a principios de mayo contra el arzobispado.

Estupor e indignación

En 1960 desapareció "misteriosamente" del Catálogo de Bienes Municipales

La Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor contestación ha generado. Nada más conocer la noticia, sus habitantes reaccionaron con estupor e indignación. Espontáneamente surgió el Movimiento Ciudadano para la Recuperación del Patrimonio Local, que ha reunido por el momento mil firmas. Su portavoz, Antoni Espinós, lo atribuye a los “entresijos de la diplomacia sibilina vaticana” y lo considera “un robo de la historia del pueblo”.

Esta repulsa social motivó que la Diócesis de Valencia reinscribiese en diciembre el templo a nombre de la parroquia de San Bartolomé, pero sin ceder la propiedad al ayuntamiento. “Una maniobra de maquillaje y de confusión”, asegura Espinós, quien se pregunta si los intereses de la curia son “espirituales o económicos”, ya que Xàbia es uno de los municipios más turísticos de la Costa Blanca, y la iglesia de San Bartolomé, declarada Monumento Nacional en 1930, su principal valor cultural. “Si se da un uso comercial y se organizan visitas, ese dinero ya no será para la localidad”, se lamenta Espinós.

CÁCERES
La amenaza da la excomunión

El Obispado de Plasencia ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. La mayoría de las veces, el asunto pasó desapercibido, a excepción de dos casos: Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera.

En el primer pueblo, los vecinos abrieron un expediente, en julio de 2009, para reclamar la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Se trataba de un área de 470 metros cuadrados que rodea el templo y donde ya se había edificado una casa parroquial. Esta iglesia data del siglo XV y, aunque ha sido reformada, mantiene la puerta de la Epístola como ejemplo de la arquitectura de esa época.

El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento

Llaman la atención dos óleos: uno de la Virgen de la Soledad, y otro de la Visión de San Antonio de Padua, que es copia decimonónica del original de Murillo. El obispado rechazó la reclamación del ayuntamiento, y el alcalde decidió “no continuar con el proceso” por dos motivos: la imposibilidad de demostrar que los terrenos fueran municipales y el uso que, desde hacía más de 20 años, hacía la Iglesia de los mismos, según explica Jesús Chaparro, secretario municipal.

En el segundo caso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Vera consiguió la devolución del atrio de la Iglesia Parroquial de Santa María de Fuentes Claras porque el templo se asienta sobre los restos de una fortaleza del siglo XIV. En algunas localidades, ha llegado a inscribir prácticamente toda la plaza que rodea a los templos. En Aldeanueva, incluso la casa parroquial. En Pasarón, los vecinos recogieron firmas pero fue el propio párroco de la localidad quien amainó la protesta al amenazar con la excomunión a los fieles.

A CORUÑA
El campo o la misa

Gran parte de las aldeas del norte de Galicia no tienen plaza central, por lo que cualquier encuentro vecinal, fiesta o romería se celebra en lo que se conoce como “el campo de la fiesta”. Este lugar va ligado a todas las celebraciones, a todos los recuerdos. El sentimiento es lo que movió a los 160 vecinos de Ribadulla, una aldea de Santiso (A Coruña), a enfrentarse al Obispado de Lugo por la propiedad de su “campo”, de 2.500 metros cuadrados.

‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García

Para su sorpresa, hace un año, un comunicado del obispado les informó de que se iba a vender la casa rectoral y “el campo de la fiesta”. “Nos dijeron: ‘Si no aceptáis, se dejará de impartir misa’”, recuerda Luis García, portavoz de los vecinos. La indignación fue general. “Lo que esperaba era que chantajeándonos con la fe, los vecinos le diéramos el campo”, cuenta Benedicto García, de 77 años. Pero pudo más el sentido de justicia que la fe, y todos los vecinos se unieron. Como protesta, no acudieron a la siguiente misa, la vieron por televisión o se desplazaron a otra parroquia. El sacerdote, que llevaba 30 años en el pueblo, se fue.

La historia viene de lejos. La primera iglesia de Ribadulla quedó hundida bajo la presa de Portodemouros hace 41 años. A cambio, la hidroeléctrica les construyó otra y dio 15.000 pesetas al cura para que comprara un nuevo campo para los vecinos. Nunca se preocuparon de titular el terreno, excepto por una anotación en el catastro a nombre de la Asociación de Vecinos. ¿Para qué registrarlo? Al fin y al cabo, todos, incluido el sacerdote, sabían que era público.

Los afectados, al enterarse de que el obispado quería inscribir la finca a su nombre por el procedimiento de la matriculación de bienes sin titularidad, acudieron al Registro de la Propiedad y la anotaron a nombre de todos los vecinos. El obispado denunció a 59 de ellos por apropiación indebida. La primera vista en el juzgado será el 25 de marzo. Hacienda avala la titularidad vecinal. “Aunque ganemos, el obispado recurrirá porque no quiere que otros sigan nuestro ejemplo”, afirma García.
LEÓN
El clero se queda el bote vecinal

La libreta de María Encarnación, de 59 años, tiene anotadas todas y cada una de las donaciones que los vecinos de Pardesivil –una pedanía de León, con 25 empadronados– realizaron para limpiar y reconstruir la ermita. En total reunieron 6.000 euros y, ahora, sólo les falta reconstruir el tejado. “Llevaba 35 años abandonada y la maleza la había cubierto por completo”, explica María, de 64 años y hermana de la tesorera. Por las tardes, después de trabajar, se reunían en el monte de la ermita para limpiar sus cantos rodados y reconstruirla. Con la colecta, financiaron la contratación de un albañil.

No existe documentación sobre quién la construyó, sólo la fecha de su levantamiento: 1630. Tras el abandono, el templo fue expoliado y desaparecieron algunas de las tallas de su interior.En 2009, los vecinos descubrieron que el obispado había registrado la ermita como propia, “pese a que siempre había sido una propiedad común, de todos”, reivindica María. “Nos dijeron que las obras las tenía que autorizar entonces el Obispado. Nuestro error fue no haberla registrado antes”, denuncia.

MADRID
Parroquia antes que servicio social

En el barrio de Butarque (Madrid), el ayuntamiento regaló en 2008 a la Iglesia católica una nueva parcela para la construcción de una parroquia. La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque e IU denunciaron que el consistorio regalaba espacio para templos en un barrio sin bibliotecas ni escuelas infantiles. En diez años, IU calcula que el ayuntamiento ha cedido al arzobispado suelo público por un valor de 120 millones de euros. Las críticas a estos privilegios de la Iglesia en la capital han tenido su máximo exponente en los últimos años en el polémico Minivaticano. Hace un año, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cedió 25.000 metros cuadrados.




* Público - 8.03.10
Foto: publico.es

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Un juez considera nulo el PGOU aplicado en Torremolinos desde 1996

ELPAÍS/Málaga* : Otro PGOU en el limbo jurídico. El contencioso particular y teóricamente menor entre el propietario de un edificio de apartamentos que en su momento fueron alquilados como alojamientos turísticos y el Ayuntamiento de Torremolinos, que le ha sancionado por supuesto cambio de uso indebido, ha deparado una resolución judicial con un alcance tan inesperado como trascendente, puesto que pone en cuestión el ordenamiento urbanístico aplicado en el municipio en los últimos 13 años.

Una sentencia dictada el pasado 19 de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga considera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos aprobado en 1996 no tiene vigencia puesto que no fue nunca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

No se trata de una sentencia anulatoria del PGOU, porque su vigencia no era el objeto del contencioso, sino que en los fundamentos jurídicos da por hecho que no es de aplicación. "Los planes urbanísticos, además de ser válidos han de estar vigentes, sin que tengan vigencia hasta su íntegra publicación en el Boletín correspondiente", argumenta el juez, que invoca una jurisprudencia al respecto "ampliamente consolidada".

El fallo anula un decreto del alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por el que en junio de 2008 multó a Torrehermosa Propertires por haber cambiado el uso del edificio del apartotel Las Palomas a viviendas particulares. El alcalde invocó que las normas del PGOU de 1996, el teóricamente vigente, lo impedían porque la parcela tiene uso hotelero y no residencial.

Pero el juez considera no conforme a derecho el decreto porque el PGOU de aplicación debe ser el último publicado, el de Málaga de 1983, en el que el suelo es residencial. Entonces Torremolinos aún no se había segregado de la capital. El asunto adquiere más singularidad por cuanto, según la sentencia, el plan aplicable en Torremolinos debe ser el antiguo de Málaga que ya no rige en Málaga, que tiene uno de 1998, después de la segregación.

El alcance de la resolución está en teoría limitado al no tratarse de una sentencia anulatoria del plan, aunque sí puede servir de reclamo para nuevos litigios que pidieran la anulación de actuaciones basadas en el PGOU.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de que los servicios jurídicos tienen en estudio la sentencia para determinar si es preceptiva alguna medida de garantías. Torremolinos tiene ya aprobado provisionalmente su nuevo PGOU, pendiente sólo del visto bueno definitivo de la Junta, que será en todo caso la solución definitiva.

Se trata del mismo caso de Marbella, cuando Jesús Gil no reconoció el PGOU de 1986 por no haber estado publicado para dar licencias de obras contrarias a él. Los tribunales lo admitieron y de hecho para evitar más confusión, la Junta publicó el plan de 1986 de Marbella en agosto de 2000.




* ELPAIS.com - 8.03.10
Foto: Torremolinos, vista aérea - SUR

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Ayamonte: La Fiscalía investiga un cambio de calificación de suelo en Isla Canela

HUELVAINFORMACIÓN* : La Fiscalía de Huelva ha abierto diligencias informativas para conocer la letra pequeña de un cambio de calificación de suelo que el Ayuntamiento de Ayamonte llevó a cabo en Isla Canela, en un espacio que el Plan de Ordenación Urbana en vigor establecía como zona verde (ubicada en primera línea de playa), y sobre el que actualmente asoman al mar varios conjuntos residenciales con aproximadamente unas 800 viviendas.

A alguna denuncia anónima que llegó a manos del Ministerio Público tras el verano de 2009 se sucedieron posteriormente otras que llevaban nombre y apellidos, como el de la organización ecologista Ojo con el Guadiana. Antes de iniciar cualquier proceso penal, la Fiscalía quiere confirmar (o descartar, en su caso) que existe algún indicio de delito, por lo que ya ha ordenado que se practiquen las primeras diligencias.

Fuentes de la investigación confirmaron que, de una parte, se ha encargado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que realice un informe que los expertos del Instituto Armado ya han comenzado (se han realizado vuelos sobre la zona). De otro lado, la Fiscalía ha solicitado a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Junta, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la documentación técnica del expediente.

Según ha podido confirmar este diario, a este departamento de la Junta llegaron las primeras noticias sobre el cambio de calificación de los terrenos en la primavera de 2008.

Las denuncias que tiene en sus manos la Fiscalía se retrotraen al anterior mandato, cuando el ex regidor Rafael González estaba al frente del Ayuntamiento.

En 2004, bajo el gobierno de González, se decidió junto la propietaria del suelo y promotora de la Junta de Compensación de la zona, la mercantil Isla Canela SA, que el espacio definido en el Plan General (en vigor desde su aprobación en 1993) como D-EL-1, con una superficie de 148.214 metros cuadrados y catalogada como zona verde, se destinara a uso residencial.

El cambio de calificación urbanística se llevó a cabo a través de un estudio de detalle (de ámbito municipal y que, por tanto, no llega a la Administración autonómica) en lugar de tramitar una modificación del Plan. Los denunciantes afirman que la Junta de Compensación encargó al arquitecto que redactara el referido estudio de la zona de Playa Central de Isla Canela, de la unidad en la que se encuentran los terrenos y que ocupa una extensión de 722.465 metros cuadrados.

El estudio vino a modificar, remarca la denuncia, tanto la situación física de las manzanas como la zonificación que contemplaba el plan vigente y, respecto a la zona verde D-EL-1, ubicada en primera línea de playa, la desplazaba y dejaba fragmentada para permitir la construcción de conjuntos residenciales.

El Ministerio Público tiene que constatar si el Ayuntamiento tomó la vía acertada con este instrumento urbanístico o sorteó las indicaciones que se establecen en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). "Han ignorado deliberadamente -afirman los denunciantes- todas las reglas de procedimiento establecidas en la LOUA y prescindido de cualquier intervención de la Administración andaluza en sus funciones de control de la legalidad urbanística".

En este punto, mantienen que los cambios que se llevaron a cabo hace seis años no cuentan con el dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene que dar todas las bendiciones en los supuestos de zonificación de suelo cuando se trata de espacios libres, parques o jardines.

A pesar de no pasar este filtro, el referido estudio de detalle contó con los informes favorables tanto de los servicios técnicos del Consistorio de Ayamonte, como de la Secretaría y de la asesoría jurídica. Finalmente, el grupo municipal que lideraba Rafael González (los diez concejales del PSOE) dio el visto bueno al documento, que fue aprobado en el Pleno en noviembre de 2004.

Abierto ya el camino para la construcción, en los meses siguientes el Consistorio concedió a la propietaria y promotora Isla Canela SA la licencia municipal de obras y se levantó en primera línea de playa un conjunto residencial, con espacios deportivos privados, en la zona que el Plan General de Isla Canela reservaba a espacios libres. La empresa consiguió del entonces equipo de gobierno ayamontino las licencias de ocupación.

Respecto al carácter vinculante de los dictámenes, el criterio establecido con carácter general por el Consejo Consultivo de Andalucía es que en los casos de modificaciones de figuras del planeamiento destinados a una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos previstos en un plan urbanístico, cuando la Administración consultante se aparta del dictamen, se puede contraer "una grave responsabilidad" por los efectos jurídicos que se pueden generar.





* Huelva Información - 8.03.10
Foto: Algunos de los edificios construidos en la zona. - huelvainformacion.es

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La colonia británica se blinda

ELPAÍS* : La colonia de residentes británicos en la Comunidad Valenciana, especialmente populosa en la provincia de Alicante, ha optado por reforzar su seguridad jurídica para prevenir posibles problemas en materia de urbanismo y sanidad. De esta forma, el consulado británico de Alicante contará a partir del próximo mes de abril con un funcionario español experto en legislación para proporcionarles asesoramiento en temas relacionados con el urbanismo, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esta iniciativa también se aplicará en el consulado británico de Málaga.

La medida es fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británicos y español con la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, informa Efe. Con ello se pretende evitar casos como el de Albox (Almería) donde hay una orden para derribar ocho viviendas en suelo no urbanizable propiedad de residentes ingleses o el caso de la masiva estafa de casas ilegales de Llíber también levantadas sobre suelo no urbanizable.

El anuncio se realizó al termino de un encuentro celebrado ayer en Málaga entre el secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant; el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Bryant, que animó los expatriados británicos a que se empadronen en España y ejerzan su derecho al voto, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera mundial, y en España ha habido, además, un "problema con el mercado inmobiliario".

Tras definirse como "un británico que ama a España", Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda". Y abogó por "buscar una solución antes de que los problemas lleguen al juzgado".





* ELPAIS.com - 8.03.10
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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¿La resurrección del ladrillo?

FRANCISCO POVEDA BLANCO* : El esplendor desmedido de la construcción nos ha llevado al postrero lugar que ocupamos en el ranking de salida de la crisis para los países desarrollados. Todas las bendiciones que se le prodigaron durante catorce años como excepcional motor en el crecimiento económico que nos permitió adelantar a países vecinos, se tornaron en escarnecidas críticas al llegar la crisis y con ella el ocaso del ladrillo. Nuestros indicadores económicos mostraron valores inesperados, para sorpresa de quienes ejercían de gurús o estaban interesados en la obtención de beneficios antes que en la sostenibilidad del sector. De nada sirvió que lo advirtiéramos, se nos tachó de alarmistas, pero ahora que somos centro de atención criticado, entre otros por el Financial Times, se reconocen los excesos.

Se ha afirmado que el volumen de stocks en vivienda no aconseja ayudar a la construcción; que es preferible invertir todos los esfuerzos en otros sectores para diversificar y modernizar nuestro endeble modelo económico. De modo que al ladrillo, causante de nuestros males, ni agua. Un disparate de esta naturaleza, porque ambos objetivos son compatibles, se escucha repetidamente, siguiendo una pauta de comportamiento muy generalizada en nuestro país: pontificar al objeto de nuestros deseos hasta la santidad, primero, para satanizarlo después, como si no existiese el término medio en el orden de valores.
La importancia del sector inmobiliario es indiscutible: cuando la construcción va, todo va, señala el dicho francés, porque se trata de un sector claramente multiplicador de la inversión, en cuya órbita se despliegan y viven múltiples oficios que lo complementan y desarrollan: electricidad, fontanería, gas y energías renovables, carpintería, pintura, cristalería, cerrajería, muebles, APIS, administradores de fincas, etcétera, que confieren carácter preferencial a su recuperación, sobre todo si, como ocurre, contamos con medios y capital humano muy cualificados de los que sería un despilfarro injustificable renunciar.
Otra cosa es que la recuperación de la construcción exija un cambio de modelo, una adecuación de la oferta a las necesidades de la población, mayor especificidad, profesionalidad y mejora en la calidad y el precio del producto, en beneficio de su continuidad y sostenibilidad, evitando incurrir en los graves errores del pasado. Como decía el profesor Andrés Pedreño, el pasado domingo en este diario "la economía valenciana no puede salir a corto plazo sin la construcción, pero hay que reinventarla".
Así las cosas, el Gobierno ha apostado por la construcción como medida estrella para crear empleo y propone fomentar la rehabilitación de viviendas para recuperar 350.000 empleos. Como Zapatero, tan solo una semana antes, había hecho "culpable del paro al urbanismo salvaje emprendido bajo la protección del PP", para evitar la controversia, la ministra Salgado matizó la medida diciendo que "hemos querido acabar con el ladrillo especulativo, sí, pero no con el ladrillo, porque la construcción es un sector muy importante".
Como hilo conductor al objetivo previsto propone el Gobierno una reducción del IVA al 8% para toda clase de obras de reformas durante dos años a partir del 1 de julio, a la vez que elevaría el umbral de renta de los contribuyentes que se acogiesen, de 24.000 euros anuales a 33.007,20 euros. Aun siendo positivo, algo más se debería hacer en la incentivación del sector inmobiliario si se busca la eficacia, y para ello convendría eliminar la discriminación fiscal que recibe de las Administraciones públicas, que se sirven los inmuebles como si de un maná se tratara.
En efecto, un inmueble es un producto derivado de la actividad constructiva, y, respecto a cualquier otro, soporta el peso de la tributación estatal por la adquisición de sus componentes, por la construcción, venta, arrendamiento, beneficios, plusvalías, etcétera. Pero además, se les exige lo que no al resto de los bienes, ha de pagar a los ayuntamientos una Tasa por Licencia de Obras como autorización, y un Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por la producción, además del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) de modo especial, porque sólo a la promoción de inmuebles se aplica, además de la cuota fija, una cuota variable por la superficie vendida. Tampoco a ningún otro producto se le exige por la venta un gravamen municipal sobre la plusvalía (IIVTNU), ni por el stock que, a su pesar, no se haya vendido el IBI, ni menos aún habrá de soportar el adquirente por su tenencia de forma vitalicia el mismo impuesto (IBI), ni cuando se repara o reforma, de nuevo el ICIO, ni tantas veces se transmita de nuevo la plusvalía municipal, aunque se obtengan pérdidas. Añádase la imposición autonómica por las transmisiones y formulación en escrituras públicas o por la suscripción de créditos hipotecarios.
Como no podía ser de otro modo esta sobreimposición diferencial, que se solapa con la estatal, motiva una incidencia desproporcionada en los precios finales. La grave situación del sector y la voluntad por recuperarlo, exigiría eliminar muchas de las cargas fiscales que sobredimensionan su precio, tanto más en el caso de viviendas cuyo derecho al disfrute viene dictado por nuestra Constitución. Es cierto que se habría de reformar la fiscalidad municipal, que se nutre básicamente de los inmuebles, pero eso ya se espera desde hace lustros, lo hemos denunciado y está reconocido por todos los gobiernos, que, pese a ello, han abandonado a la Hacienda local prestándole una escasa atención. Justo la contraria de la que merece.





* Información - Opinión - 7.03.10

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